El INASE estaría adscrito al Ministerio de Agricultura y tendría a su cargo la regulación, certificación y control de la calidad de las semillas producidas, importadas y comercializadas en el país

Por Alberto Rodriguez

Santo Domingo, República Dominicana.– El Senado de la República aprobó este martes, en segunda discusión, el proyecto de ley que dispone la creación del Instituto Nacional de Semillas (INASE), una nueva entidad pública que tendrá como misión fortalecer la regulación y supervisión de la producción y comercialización de semillas en el territorio nacional.

La iniciativa, presentada por los senadores Félix Bautista y Héctor Acosta, busca establecer mecanismos que garanticen que las semillas utilizadas por los productores agropecuarios cumplan con los estándares de calidad requeridos, tanto las producidas en República Dominicana como aquellas provenientes del extranjero.

El proyecto establece que el INASE estaría adscrito al Ministerio de Agricultura y asumiría funciones que actualmente desarrollan dependencias de esa institución, entre ellas el Departamento de Semillas y la Oficina de Registro de Variedades y Protección de los Derechos del Obtentor.

De convertirse en ley, el personal, los bienes y otros recursos vinculados a esas áreas pasarían a formar parte de la nueva estructura institucional.

Registro y certificación

Entre sus principales atribuciones, el Instituto Nacional de Semillas tendría la responsabilidad de determinar y certificar la calidad de las semillas destinadas a la producción agrícola.

Para esos fines, se contempla la creación de un registro nacional para las personas físicas y jurídicas dedicadas a la producción, acondicionamiento, distribución y comercialización de semillas.

La entidad también estaría facultada para realizar inspecciones en campos de producción, almacenes y establecimientos públicos o privados, así como tomar muestras y retener productos cuando sea necesario verificar su calidad.

Sanciones por irregularidades

El proyecto contempla sanciones para productores, empresas o comercializadores que proporcionen información falsa sobre la calidad de las semillas.

Las infracciones podrían conllevar multas de hasta 100 salarios mínimos del sector público, además de la suspensión o cancelación de las licencias correspondientes, dependiendo de la gravedad del caso.

La propuesta legislativa establece igualmente mecanismos de protección para los compradores. En caso de comprobarse que una persona adquirió semillas cuya calidad fue presentada de manera fraudulenta, el vendedor tendría que devolver el dinero recibido, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran ejercerse.

Fondo para apoyar producción de semillas

La pieza legislativa también propone la creación del Fondo de Incentivo y Contingencia Semillera (FONICOSE), destinado a respaldar económicamente programas relacionados con la producción, multiplicación y utilización de semillas certificadas.

El fondo también podría ser utilizado para responder ante situaciones calificadas como “emergencias semilleras” y desarrollar campañas dirigidas a fortalecer la disponibilidad de material de siembra de calidad.

Según la propuesta, el FONICOSE recibiría anualmente recursos equivalentes al 10 % del presupuesto asignado al INASE.

Los promotores de la iniciativa sostienen que la creación del instituto permitiría fortalecer la institucionalidad del sector agropecuario y establecer un sistema más organizado de supervisión de las semillas utilizadas en la producción nacional.

El proyecto deberá continuar ahora su trámite legislativo en la Cámara de Diputados. En caso de ser aprobado sin modificaciones y posteriormente promulgado por el Poder Ejecutivo, entraría formalmente al ordenamiento jurídico dominicano.

Adriano Hernández López, fallecido en 2024, figura en el expediente presentado por el Ministerio Público, que sostiene que realizó transferencias millonarias relacionadas con la presunta estructura investigada.

Francisco Salcedo

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El nombre del doctor Adriano Hernández López, fallecido en 2024, aparece en la solicitud de medida de coerción correspondiente al denominado caso Senasa 2.0, aunque no figura entre las personas procesadas debido a su fallecimiento.

De acuerdo con las imputaciones contenidas en el expediente del Ministerio Público, Hernández López habría estado relacionado con el presunto esquema mediante el cual se sometían reclamaciones por procedimientos médicos utilizando formularios que, según la acusación, contenían firmas falsificadas de afiliados al Seguro Nacional de Salud (Senasa).

El órgano persecutor sustenta parte de sus señalamientos en testimonios de personas que aparecen como afiliados en formularios atribuidos al médico y que habrían negado la realización de determinados procedimientos.

Según la documentación citada por el Ministerio Público, cinco personas figuran en reclamaciones presentadas a nombre del doctor Hernández López, pero las firmas consignadas en esos documentos presuntamente no coincidirían con las de los afiliados.

TRANSFERENCIAS MILLONARIAS

Otro elemento señalado por los investigadores corresponde a los movimientos financieros que atribuyen al médico.

El Ministerio Público sostiene que Hernández López transfirió un total de RD$2,385,322 a una cuenta bancaria perteneciente a Ángel Luis Guzmán Vásquez, señalado por las autoridades como uno de los principales imputados en la investigación.

Asimismo, el expediente atribuye al fallecido médico transferencias por RD$2,091,950 a una cuenta de Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, quien también figura entre las personas imputadas.

Estas operaciones forman parte de las evidencias financieras utilizadas por el Ministerio Público para sustentar su teoría sobre la existencia de una estructura dedicada presuntamente a gestionar reclamaciones médicas irregulares.

INVESTIGACIÓN A MÉDICOS Y EMPLEADOS

El expediente de Senasa 2.0 involucra a médicos, empleados y otras personas que, conforme a la acusación, habrían participado en distintas fases del supuesto mecanismo utilizado para obtener autorizaciones y reclamar recursos al seguro estatal de salud.

Ángel Luis Guzmán Vásquez es señalado por el Ministerio Público como una figura central del presunto esquema y como responsable de un call center que habría intervenido en la gestión de autorizaciones para procedimientos médicos.

Entre las personas mencionadas en el proceso también figuran Angeury Guzmán Vásquez y varios empleados de Senasa, además de más de una veintena de profesionales de la medicina identificados por el órgano acusador.

La investigación continúa bajo conocimiento de las autoridades judiciales, por lo que las afirmaciones contenidas en la solicitud de medida de coerción constituyen imputaciones del Ministerio Público que deberán ser examinadas y debatidas ante los tribunales.

UN NOMBRE QUE NO LLEGARÁ AL BANQUILLO

El caso de Adriano Hernández López presenta una circunstancia particular dentro del expediente: aunque el Ministerio Público le atribuye participación en las operaciones investigadas, su fallecimiento en 2024 impide que pueda ser sometido a un proceso penal.

Su nombre permanece, sin embargo, dentro de la documentación utilizada por los fiscales para explicar cómo, según su teoría del caso, funcionaba el presunto entramado investigado en Senasa 2.0.

El jurista Luis Greco sostiene que la inteligencia artificial puede servir de apoyo a la justicia, pero considera jurídicamente problemático delegar en una máquina la responsabilidad de decidir sobre los derechos y la libertad de las personas.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El avance de la inteligencia artificial ha abierto nuevas posibilidades para modernizar los sistemas judiciales, pero también plantea una interrogante de gran trascendencia: ¿puede una máquina sustituir a un juez al momento de impartir justicia?

El tema fue abordado durante el VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia, organizado por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana (TC), que se celebra del 21 al 23 de septiembre en Santo Domingo y tiene como eje central el debido proceso constitucional en materia penal.

Durante la conferencia “El poder de juzgar sin la intervención de un juez: la imposibilidad jurídica del juez robot”, el jurista Luis Greco, de la Universidad Humboldt de Berlín, analizó las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial dentro de los tribunales, pero también advirtió sobre los límites que deberían imponerse a su utilización.

Greco reconoció que los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial generativa poseen capacidad técnica para intervenir en múltiples tareas relacionadas con la administración de justicia. Sin embargo, cuestionó que puedan asumir de manera autónoma una de las funciones esenciales del Estado: juzgar y decidir sobre los derechos de una persona.

El problema de la responsabilidad

Uno de los principales obstáculos señalados por el jurista es la ausencia de responsabilidad personal de una máquina frente a las consecuencias de una decisión judicial.

Mientras un juez debe fundamentar sus decisiones, responder institucionalmente por ellas y actuar dentro de un sistema de garantías constitucionales, una inteligencia artificial carece de conciencia, responsabilidad jurídica y experiencia humana.

Greco planteó que la relación entre poder y responsabilidad constituye un elemento fundamental del derecho y que esa conexión adquiere especial importancia cuando se ejerce la potestad de juzgar.

Desde esta perspectiva, la inteligencia artificial podría convertirse en una herramienta para ayudar a los jueces a procesar información, organizar expedientes, localizar precedentes o analizar grandes cantidades de documentos, pero la decisión definitiva debería permanecer bajo control y responsabilidad humana.

El jurista también alertó sobre el riesgo de que una utilización excesiva de estas tecnologías provoque una producción masiva de decisiones que termine dificultando una verdadera supervisión por parte de los jueces.

Inteligencia artificial y debido proceso

La discusión sobre el denominado “juez robot” trasciende el debate tecnológico. También involucra principios fundamentales como el derecho de defensa, la motivación de las decisiones judiciales, la tutela judicial efectiva, la transparencia y el debido proceso.

En República Dominicana, el artículo 69 de la Constitución reconoce las garantías de la tutela judicial efectiva y del debido proceso, estableciendo derechos que deben ser respetados por los órganos encargados de administrar justicia.

Precisamente sobre estas garantías se pronunció el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón R. Estévez Lavandier, durante la apertura del congreso.

El magistrado destacó que defender el debido proceso no equivale a promover la impunidad, sino a garantizar el respeto de la Constitución, la dignidad humana y los límites que deben acompañar el ejercicio del poder estatal.

Estévez Lavandier recordó además la importancia de concebir el debido proceso no como una simple formalidad, sino como un conjunto de garantías destinadas a asegurar que toda persona pueda ser escuchada, defender sus derechos y presentar legítimamente sus pretensiones ante un juzgador.

Más de 45 expertos debaten sobre justicia

El VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia reúne a más de 45 especialistas nacionales e internacionales vinculados al derecho constitucional, penal y procesal penal.

Participan juristas procedentes de Argentina, Costa Rica, España, Estados Unidos, Alemania, Perú, Puerto Rico, Colombia y República Dominicana.

La actividad se desarrolla del 21 al 23 de septiembre en el Hotel Jaragua, en Santo Domingo.

Durante la jornada inaugural también intervino el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, quien destacó la importancia de estos espacios académicos para analizar los desafíos que enfrenta el sistema judicial y el fortalecimiento de las garantías del debido proceso.

La tecnología como herramienta, no como sustituto

El debate plantea uno de los grandes desafíos que probablemente acompañará a la justicia durante los próximos años: determinar hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial dentro de un tribunal.

La tecnología puede facilitar investigaciones jurídicas, clasificación de expedientes, búsqueda de jurisprudencia y otras labores de apoyo. Sin embargo, la discusión cambia cuando se plantea entregar a un algoritmo la facultad de adoptar autónomamente decisiones capaces de afectar la libertad, el patrimonio y otros derechos fundamentales de una persona.

El desafío, por tanto, no consiste únicamente en determinar qué puede hacer técnicamente la inteligencia artificial, sino también qué debe permitírsele hacer jurídicamente.

En una administración de justicia cada vez más digitalizada, la pregunta permanece abierta: ¿hasta dónde puede llegar la tecnología sin desplazar la responsabilidad humana de juzgar?