La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.

La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.

Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?

El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.

No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.

La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.

La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.

Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.

La verdadera amenaza del narcotráfico no reside únicamente en las drogas que circulan por el territorio nacional, sino en los capitales ilícitos que pueden introducirse en la economía, distorsionar los mercados, corromper instituciones y comprometer el desarrollo del país.

La República Dominicana enfrenta un desafío que trasciende la persecución de los narcotraficantes y el decomiso de grandes cargamentos de sustancias prohibidas. Se trata de determinar hasta qué punto las ganancias del crimen organizado están encontrando espacios dentro de las actividades económicas formales, creando una apariencia de prosperidad que podría esconder profundas distorsiones.

El narcotráfico no representa solamente un problema de seguridad ciudadana. Constituye también una amenaza económica, social e institucional, porque el dinero que genera necesita circular, invertirse y, sobre todo, adquirir apariencia de legalidad.

Ese proceso puede involucrar operaciones inmobiliarias, establecimientos comerciales, compraventa de vehículos, proyectos empresariales y otras actividades susceptibles de ser utilizadas para el lavado de activos.

Esto no significa que las inversiones millonarias o el crecimiento de determinados sectores sean necesariamente producto de operaciones ilegales. Sin embargo, sería igualmente irresponsable ignorar que las organizaciones criminales buscan mecanismos para incorporar sus ganancias a los circuitos económicos legítimos.

Uno de los efectos más perjudiciales de esta práctica es la competencia desleal.

Mientras un empresario honesto debe enfrentar los costos de electricidad, salarios, impuestos, financiamiento, seguridad social y demás obligaciones, una estructura empresarial sostenida con capital ilícito puede soportar pérdidas, realizar inversiones aparentemente injustificables y competir bajo condiciones que distorsionan el mercado.

La consecuencia podría ser el desplazamiento de negocios legítimos y la concentración de actividades económicas en manos de quienes disponen de recursos cuyo origen no responde necesariamente a la productividad ni al esfuerzo empresarial.

El sector inmobiliario merece particular atención. La adquisición de propiedades mediante capitales ilícitos puede contribuir a presiones especulativas y dificultar el acceso a viviendas en determinadas zonas. No obstante, cualquier señalamiento concreto debe sustentarse en investigaciones, porque el aumento de los precios también responde a múltiples factores económicos legítimos.

Pero existe una consecuencia todavía más peligrosa: la capacidad del dinero del narcotráfico para penetrar las instituciones públicas y corromper las estructuras encargadas de combatirlo.

Cuando el poder económico criminal intenta comprar protección, influencias o impunidad, la amenaza deja de limitarse al mercado y alcanza directamente la credibilidad del Estado, la seguridad jurídica y la institucionalidad democrática.

Por eso, resulta insuficiente presentar las toneladas de drogas decomisadas como el único indicador del éxito de la lucha contra el narcotráfico.

La sociedad dominicana también necesita conocer cuántas investigaciones financieras concluyen con resultados efectivos, qué patrimonio de origen criminal ha sido identificado, cuántas sentencias definitivas sancionan el lavado de activos y cómo se garantiza la recuperación legal de los bienes vinculados con estas actividades.

La Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo proporciona instrumentos jurídicos para enfrentar este fenómeno. Sin embargo, la efectividad de una legislación no depende exclusivamente de su existencia, sino de la capacidad institucional para aplicarla de manera rigurosa, independiente y sin privilegios.

El Estado dominicano tiene la responsabilidad de fortalecer los mecanismos de supervisión financiera, la transparencia sobre los beneficiarios reales de las empresas y la coordinación entre las instituciones encargadas de investigar el crimen organizado.

También debe evitar que la lucha contra el lavado de activos se convierta en una persecución indiscriminada contra empresarios o inversionistas legítimos. La vigilancia debe sustentarse en evidencias, respetar el debido proceso y perseguir operaciones sospechosas mediante procedimientos legalmente establecidos.

No existen datos públicos suficientemente verificables que permitan establecer qué porcentaje de la economía dominicana depende de recursos procedentes del narcotráfico. Precisamente por ello, es necesario profundizar las investigaciones y producir información que permita dimensionar este riesgo sin recurrir a especulaciones.

Desde La República consideramos que el crecimiento económico pierde parte de su valor social cuando las instituciones no pueden garantizar que la riqueza se construya bajo reglas transparentes, competencia legítima y respeto a la ley.

Un país no alcanza el verdadero desarrollo simplemente porque aumenten las construcciones, circulen grandes cantidades de dinero o se multipliquen las inversiones. El progreso requiere que esas actividades generen bienestar, oportunidades, empleos dignos y confianza en las instituciones.

La República Dominicana no puede permitir que las ganancias del narcotráfico encuentren en la economía formal el refugio que las autoridades les niegan mediante la persecución penal.

Combatir el narcotráfico exige incautar drogas, pero también seguir la ruta del dinero, identificar sus beneficiarios y desarticular las estructuras económicas que permiten sostener las operaciones criminales.

Porque una economía puede aparentar prosperidad mientras el dinero ilícito debilita silenciosamente las bases sobre las cuales debe construirse el desarrollo nacional.

Y la gran pregunta que corresponde responder al Estado dominicano es inevitable:

¿Estamos combatiendo únicamente el tráfico de drogas o también el poder económico que permite al narcotráfico sobrevivir, multiplicarse y penetrar nuestra sociedad?

La incapacidad para imponer el cumplimiento de las normas de circulación no constituye únicamente un problema de movilidad urbana, sino una manifestación de fragilidad institucional que compromete la seguridad ciudadana, la autoridad pública y el Estado de derecho.

El desorden que caracteriza el tránsito vehicular en la República Dominicana se ha convertido en una de las expresiones más visibles de las dificultades del Estado para garantizar el cumplimiento de sus propias leyes, proteger la integridad de los ciudadanos y ejercer efectivamente su autoridad sobre los espacios públicos.

Las motocicletas que circulan en vía contraria, los conductores que irrespetan los semáforos, los vehículos estacionados sobre las aceras y las unidades del transporte público que se detienen indiscriminadamente constituyen manifestaciones cotidianas de una realidad que la sociedad ha terminado aceptando como normal.

Pero detrás de este comportamiento colectivo existe un problema mucho más profundo que los congestionamientos y las dificultades de movilidad: la progresiva pérdida de eficacia de la autoridad estatal para hacer prevalecer el orden jurídico frente a las conductas individuales.

La República Dominicana dispone de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, además de instituciones como el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

Por consiguiente, el problema no puede atribuirse exclusivamente a la ausencia de legislación ni de organismos responsables de hacerla cumplir.

La cuestión fundamental reside en la distancia entre la existencia formal de las normas y su aplicación efectiva, una contradicción que pone en evidencia las limitaciones de la capacidad institucional del Estado dominicano.

Un Estado verdaderamente funcional no se define solamente por su capacidad para promulgar leyes o anunciar operativos de fiscalización, sino por conseguir que sus disposiciones sean respetadas de manera permanente, incluso cuando no exista una autoridad presente para imponerlas.

Cuando los ciudadanos llegan a considerar que pueden infringir las normas sin enfrentar consecuencias, la ley pierde su capacidad disuasoria y la ilegalidad comienza a convertirse en una práctica social tolerada.

Y cuando la ilegalidad se normaliza, lo que se debilita no es únicamente la seguridad vial, sino el principio mismo de autoridad sobre el que descansa el Estado de derecho.

Resulta particularmente preocupante que esta realidad tenga consecuencias directas sobre la vida humana.

Los elevados niveles de mortalidad derivados de los siniestros de tránsito, señalados por organismos internacionales como el Banco Mundial, demuestran que el problema no puede continuar siendo tratado exclusivamente como una cuestión de circulación vehicular.

Cada muerte representa una tragedia familiar, una pérdida humana irreparable y, en numerosos casos, el resultado de riesgos que pudieron haberse reducido mediante políticas públicas efectivas.

Es cierto que la imprudencia de numerosos conductores contribuye significativamente a esta situación, pero tampoco puede ignorarse la responsabilidad institucional derivada de las deficiencias en infraestructura, señalización, fiscalización, educación vial y planificación del transporte.

La seguridad vial no depende exclusivamente de sancionar al infractor después de cometer una violación. Requiere un sistema de prevención capaz de reducir los riesgos antes de que se produzcan las tragedias.

En consecuencia, la realización periódica de operativos y el anuncio de miles de fiscalizaciones no pueden confundirse automáticamente con resultados satisfactorios.

Existe una diferencia fundamental entre un Estado que ejecuta operativos y otro que consigue establecer y mantener el orden.

La presencia de agentes policiales en determinadas intersecciones demuestra que la autoridad puede modificar temporalmente el comportamiento de los conductores. Sin embargo, cuando su ausencia provoca el retorno inmediato de las infracciones, queda en evidencia que todavía no existe una cultura sólida de cumplimiento.

La verdadera fortaleza institucional se manifiesta cuando los ciudadanos respetan las normas porque reconocen su legitimidad, comprenden su finalidad y saben que su incumplimiento tendrá consecuencias.

Hablar de un Estado fallido exige una evaluación mucho más amplia que la situación del tránsito. No obstante, resulta legítimo identificar en el desorden vial persistente síntomas de fragilidad institucional, especialmente cuando se observa una incapacidad reiterada para garantizar condiciones elementales de seguridad.

El Estado dominicano no puede continuar permitiendo que las vías públicas funcionen bajo la regla informal de que prevalece quien conduce más rápido, posee el vehículo de mayor tamaño o está dispuesto a imponerse sobre los demás.

Las calles, las avenidas y las aceras son espacios colectivos cuya utilización debe estar regulada por la ley y protegida por la autoridad legítima.

Por esta razón, resulta indispensable superar las respuestas circunstanciales y desarrollar una política integral que combine educación ciudadana, fiscalización constante, tecnología, mantenimiento de las infraestructuras, planificación urbana y aplicación efectiva de sanciones.

La República Dominicana necesita pasar de una cultura de operativos extraordinarios a un sistema permanente de prevención y cumplimiento de la ley.

Porque la fortaleza de un Estado no se demuestra únicamente cuando persigue grandes estructuras criminales, sino también cuando consigue que sus ciudadanos puedan desplazarse por una calle sin que sus vidas dependan de la imprudencia ajena o de la ausencia de autoridad.

El tránsito dominicano se ha convertido en un termómetro de la capacidad estatal para garantizar seguridad, imponer reglas comunes y proteger derechos fundamentales.

Y mientras el desorden continúe imponiéndose sobre la ley, persistirá una interrogante que las autoridades no deberían evadir:

¿De qué sirve disponer de instituciones, leyes y organismos reguladores si el Estado no consigue garantizar que sus propias normas gobiernen efectivamente la convivencia ciudadana?

La respuesta no puede seguir limitándose a nuevos anuncios y operativos. Tiene que expresarse en resultados, en vidas protegidas y en la recuperación de la autoridad legítima del Estado.

Porque cuando la ley pierde autoridad en las calles, también comienza a debilitarse la confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de protegerlos.