Editorial
El caos del tránsito dominicano: una peligrosa expresión de la debilidad del Estado
La incapacidad para imponer el cumplimiento de las normas de circulación no constituye únicamente un problema de movilidad urbana, sino una manifestación de fragilidad institucional que compromete la seguridad ciudadana, la autoridad pública y el Estado de derecho.
El desorden que caracteriza el tránsito vehicular en la República Dominicana se ha convertido en una de las expresiones más visibles de las dificultades del Estado para garantizar el cumplimiento de sus propias leyes, proteger la integridad de los ciudadanos y ejercer efectivamente su autoridad sobre los espacios públicos.
Las motocicletas que circulan en vía contraria, los conductores que irrespetan los semáforos, los vehículos estacionados sobre las aceras y las unidades del transporte público que se detienen indiscriminadamente constituyen manifestaciones cotidianas de una realidad que la sociedad ha terminado aceptando como normal.
Pero detrás de este comportamiento colectivo existe un problema mucho más profundo que los congestionamientos y las dificultades de movilidad: la progresiva pérdida de eficacia de la autoridad estatal para hacer prevalecer el orden jurídico frente a las conductas individuales.
La República Dominicana dispone de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, además de instituciones como el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).
Por consiguiente, el problema no puede atribuirse exclusivamente a la ausencia de legislación ni de organismos responsables de hacerla cumplir.
La cuestión fundamental reside en la distancia entre la existencia formal de las normas y su aplicación efectiva, una contradicción que pone en evidencia las limitaciones de la capacidad institucional del Estado dominicano.
Un Estado verdaderamente funcional no se define solamente por su capacidad para promulgar leyes o anunciar operativos de fiscalización, sino por conseguir que sus disposiciones sean respetadas de manera permanente, incluso cuando no exista una autoridad presente para imponerlas.
Cuando los ciudadanos llegan a considerar que pueden infringir las normas sin enfrentar consecuencias, la ley pierde su capacidad disuasoria y la ilegalidad comienza a convertirse en una práctica social tolerada.
Y cuando la ilegalidad se normaliza, lo que se debilita no es únicamente la seguridad vial, sino el principio mismo de autoridad sobre el que descansa el Estado de derecho.
Resulta particularmente preocupante que esta realidad tenga consecuencias directas sobre la vida humana.
Los elevados niveles de mortalidad derivados de los siniestros de tránsito, señalados por organismos internacionales como el Banco Mundial, demuestran que el problema no puede continuar siendo tratado exclusivamente como una cuestión de circulación vehicular.
Cada muerte representa una tragedia familiar, una pérdida humana irreparable y, en numerosos casos, el resultado de riesgos que pudieron haberse reducido mediante políticas públicas efectivas.
Es cierto que la imprudencia de numerosos conductores contribuye significativamente a esta situación, pero tampoco puede ignorarse la responsabilidad institucional derivada de las deficiencias en infraestructura, señalización, fiscalización, educación vial y planificación del transporte.
La seguridad vial no depende exclusivamente de sancionar al infractor después de cometer una violación. Requiere un sistema de prevención capaz de reducir los riesgos antes de que se produzcan las tragedias.
En consecuencia, la realización periódica de operativos y el anuncio de miles de fiscalizaciones no pueden confundirse automáticamente con resultados satisfactorios.
Existe una diferencia fundamental entre un Estado que ejecuta operativos y otro que consigue establecer y mantener el orden.
La presencia de agentes policiales en determinadas intersecciones demuestra que la autoridad puede modificar temporalmente el comportamiento de los conductores. Sin embargo, cuando su ausencia provoca el retorno inmediato de las infracciones, queda en evidencia que todavía no existe una cultura sólida de cumplimiento.
La verdadera fortaleza institucional se manifiesta cuando los ciudadanos respetan las normas porque reconocen su legitimidad, comprenden su finalidad y saben que su incumplimiento tendrá consecuencias.
Hablar de un Estado fallido exige una evaluación mucho más amplia que la situación del tránsito. No obstante, resulta legítimo identificar en el desorden vial persistente síntomas de fragilidad institucional, especialmente cuando se observa una incapacidad reiterada para garantizar condiciones elementales de seguridad.
El Estado dominicano no puede continuar permitiendo que las vías públicas funcionen bajo la regla informal de que prevalece quien conduce más rápido, posee el vehículo de mayor tamaño o está dispuesto a imponerse sobre los demás.
Las calles, las avenidas y las aceras son espacios colectivos cuya utilización debe estar regulada por la ley y protegida por la autoridad legítima.
Por esta razón, resulta indispensable superar las respuestas circunstanciales y desarrollar una política integral que combine educación ciudadana, fiscalización constante, tecnología, mantenimiento de las infraestructuras, planificación urbana y aplicación efectiva de sanciones.
La República Dominicana necesita pasar de una cultura de operativos extraordinarios a un sistema permanente de prevención y cumplimiento de la ley.
Porque la fortaleza de un Estado no se demuestra únicamente cuando persigue grandes estructuras criminales, sino también cuando consigue que sus ciudadanos puedan desplazarse por una calle sin que sus vidas dependan de la imprudencia ajena o de la ausencia de autoridad.
El tránsito dominicano se ha convertido en un termómetro de la capacidad estatal para garantizar seguridad, imponer reglas comunes y proteger derechos fundamentales.
Y mientras el desorden continúe imponiéndose sobre la ley, persistirá una interrogante que las autoridades no deberían evadir:
¿De qué sirve disponer de instituciones, leyes y organismos reguladores si el Estado no consigue garantizar que sus propias normas gobiernen efectivamente la convivencia ciudadana?
La respuesta no puede seguir limitándose a nuevos anuncios y operativos. Tiene que expresarse en resultados, en vidas protegidas y en la recuperación de la autoridad legítima del Estado.
Porque cuando la ley pierde autoridad en las calles, también comienza a debilitarse la confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de protegerlos.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.