Editorial
La Violencia y la Delincuencia Desgarran al País.
Por José Cabral
La violencia y la delincuencia aumentan en la República Dominicana de una forma espectacular, eliminando vidas útiles y que encarnan el futuro de la Nación.
Cada amanecer nos despertamos con la triste noticia de que alguien ha sido la nueva víctima de ese monstruo de mil cabezas llamado delincuencia con violencia.
El país luce atrapado, en un callejón sin salida, dado que el Estado no cuenta con los instrumentos eficientes para contrarrestar un fenómeno que se vuelve incontrolable.
Es un flagelo que daña las entrañas de los que tienen la misión de enfrentarlo, como la Policía Nacional y el sistema de justicia.
La víctima más reciente de este mal se trata de la ingeniera Francia Hungría, de apenas 28 años de edad, quien ha perdido un ojo y podría quedar totalmente ciega.
La herida lacerante infringida a la conciencia nacional con hechos como éste no hacen más que dejar la sensación de que todo está perdido, sobre todo si se parte de la premisa de que la principal causa del fenómeno es la pobreza y la exclusión social, acompañadas de un nivel de impunidad que hace que los tribunales no sean más que elementos decorativos de un país desgarrado por la violencia y la delincuencia.
Sin embargo, el despertar de nuestra gente, sobre todo de los jóvenes, ha puesto en movimiento un empoderamiento ciudadano que podría significar la chisma que encienda el fuego que habrá de eliminar los principales males que aquejan a la República Dominicana para bien de todos.
Esto así porque no creemos que en el país haya quién dude que los principales responsables de ese monstruo de mil cabezas de que hablamos es la clase política nacional.
Los mismos que promueven la violación a la ley, los privilegios, el tráfico de influencia, el contrabando, la venta y consumo de drogas y las demás vertientes de la corrupción generalizada que hoy nos arropa.
No nos cansaremos de repetir que sólo la promoción de ciudadanía y en consecuencia la transformación del Estado será la única garantía de que en la República Dominicana haya un cambio conductual, principalmente en aquellos que escogen el camino más fácil para mejorar sus condiciones de pobreza o miseria.
Sobre todo con la tranquilidad que produce en el que delinque la impunidad, desgracia consustancial de las naciones de escaso desarrollo de las fuerzas productivas y en consecuencia de la conciencia social, la cual es una aliada del descarrilado para no resarcir a la sociedad por los daños causados.
Hoy el dolor es por la víctima más reciente, una joven profesional que ahora ve tronchada su vida por la acción de unos vándalos creados, protegidos y promovidos por el propio sistema, caracterizado por unas asimetrías sociales que no garantizan otra cosa que precisamente la violencia y la delincuencia que no escoge otro recurso que la eliminación de la parte más sana de la vida nacional.
Todavía los dominicanos no hemos llagado a lo peor, faltan aún capítulos muy amargos de esta película de terror de la vida real que destruye los cimientos de la verdadera dominicanidad.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana
La educación superior dominicana, que como bien se establece en el reportaje que aparece en la sección “De Portada” de este diario, implica un problema que debe motivar profundas reflexiones para que el país se avoque a pasar de la deficiencia a la calidad de la enseñanza universitaria.
Pero este es un asunto que sólo puede solucionarlo el Estado, el cual no está en capacidad de dar los pasos para que al cabo de algunos años el cuadro pueda dar un giro positivo.
La tendencia entre los dominicanos es sólo ver lo que está frente a ellos, sobre todo en materia de educación universitaria, pero no hay forma de llevar su mirada crítica a lo que requiere de un esfuerzo más profundo y exhaustivo.
El gran problema de la educación superior del país es que no sólo la situación depende de la negligencia y la deficiencia del Estado, sino que además que no se cuenta con una cultura para crear un cuerpo profesoral preparado para impartir docencia a nivel universitario, aunque, naturalmente, una cosa depende de la otra.
De manera, que los resultados no pueden ser peores, cuyos egresados, penosamente, terminan su carrera con una formación tan precaria que en la práctica son analfabetos funcionales.
Lo peligroso del fenómeno es que la sociedad está frente a médicos que puedan matar al paciente, ingeniero civil que construya una obra que puede caerle en la cabeza en cualquier momento a sus propietarios y un abogado que no puede asesorar idóneamente a su clientes y en consecuencia poner en peligro, por su poca formación, la tutela judicial efectivo, el debido proceso y el derecho a la defensa.
De manera, que el asunto no es como se puede ver a simple vista, sino que se trata de una deficiencia que aparte de hablar muy mal de toda la sociedad, amenaza la seguridad nacional, todo como resultado de un problema integral que impacta a todo el Estado.
Lo grave del problema es que no se ven soluciones fáciles en el camino, porque además la explicación de una educación superior fundamentada más en el negocio vulgar que en un plan nacional para lograr los índices de desarrollo del mundo competitivo de hoy, es parte de una cultura nacional y de un neoliberalismo salvaje que se lleva de paso todo lo bueno.
La realidad es que no es posible poner en orden las universidades nacionales, ya que en el país todo está contaminado con la politiquería, de arriba hacia abajo y lo contrario, de abajo hacia arriba.
Se impone entonces la siguiente pregunta: ¿Quién nos sacará del tremendo tollo de la educación superior nacional, aunque la respuesta más realista es que no hay una respuesta convincente y que satisfaga.
No son pocos los conflictos originados en sindicatos, clubes culturales y deportivos, cooperativas de ahorros y préstamos y los propios partidos políticos, que son asaltados por grupos de personas que los usan con fines muy particulares.
Puede decirse que se trata de un cáncer que resulta complicado erradicar, con el agravante que esa mala práctica es reproducida cuando personas con la misma filosofía de vida llegan a la administración pública, lo que explica la gran cantidad de casos de sustracciñn de fondos del patrimonio público.
Realmente el país está copado por los que piensan que deben llegar a este tipo de instituciones, las cuales no tienen fines de lucro, para manipular sus recursos y creerse incluso que es algo que legítimamente les pertenece.
Un ejemplo muy elocuente al respecto son los partidos políticos, los cuales son manejados como empresas privadas y propiedad de particulares, pese a que en realidad se trata de una figura que está legalmente regulada y que no puede ser jamás un patrimonio personal.
Pero el mismo problema es encontrado por doquier, cuyos propiciadores de este tipo de conducta sumergen a la sociedad en un gran dolor de cabeza.
El asunto ahora se puede ver con lo que ocurre en el Patronato Cibao contra el Cáncer, cuya institución juega un papel de primer orden para combatir una enfermedad tan severa y mortal como esa.
El problema del Oncológico del Cibao ha entrado ya a los tribunales competentes y sólo se espera un desenlace que tal vez no sea la panacea al problema, porque se van unos con un criterio equivocado en el manejo de este tipo de organizaciones, pero llegan otros que no difieren, absolutamente en nada, en la forma de ver el asunto.
Independiente de cual sea la decisión del tribunal que conoce el caso, debe admitirse que la sociedad dominicana está frente a una cuestión que lesiona lo más profundo de la sensibilidad humana, sobre todo porque no hay ningún tipo de arrepentimiento.
Hoy ha salido a la superficie el conflicto en el Patronato Cibao contra el Cáncer, pero la raíz del conflicto, con una explicacion profundamente cultural, es que una gran cantidad de instituciones sin fines de lucro hoy permanecen asaltados por grupos de «vividores» que ponen en tela de juicio las bases de la dominicanidad.