Las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen uno de los pilares más importantes de la economía dominicana, pero paradójicamente también representan uno de sus sectores más vulnerables.

Detrás de cada colmado, taller, salón de belleza, cafetería, pequeña fábrica, tienda o empresa familiar existe mucho más que una actividad comercial. Hay empleos, inversión, obligaciones, familias que dependen de esos ingresos y personas que, en muchos casos, han colocado todos sus ahorros y expectativas de progreso en un negocio.

Por eso, cuando una MIPYME desaparece, no estamos hablando únicamente del cierre de una empresa.

Estamos hablando de empleos que se pierden, de ingresos familiares que desaparecen, de deudas que permanecen, de inversiones que se esfuman y, muchas veces, de proyectos personales construidos durante años.

Las cifras demuestran la magnitud del sector.

Las MIPYMES representan la inmensa mayoría del tejido empresarial dominicano, generan millones de empleos y tienen una participación relevante en la producción nacional. Sin embargo, son precisamente las empresas más pequeñas las que presentan mayores dificultades para mantenerse operando.

Ese dato debería obligar al Estado a mirar el problema con mayor profundidad.

No basta con celebrar cada año la creación de nuevos negocios.

El verdadero éxito de una política de emprendimiento debe medirse también por la capacidad de esas empresas para sobrevivir, crecer, generar empleos y consolidarse.

El crédito no puede ser la única respuesta

Durante años se ha presentado el acceso al financiamiento como una de las principales soluciones para las MIPYMES.

Y ciertamente lo es.

Pero prestar dinero no puede convertirse en la única respuesta.

Un empresario que recibe un préstamo con una tasa elevada y que posteriormente debe utilizar ese dinero para pagar nómina, alquiler, electricidad, combustible, suplidores o compromisos anteriores difícilmente estará utilizando ese financiamiento para crecer.

En esos casos, el crédito puede convertirse simplemente en una forma de prolongar una crisis de liquidez.

Lo que necesitan las pequeñas empresas es financiamiento en condiciones razonables, acompañado de asistencia técnica, capacitación, acceso a mercados, digitalización, innovación y políticas que permitan aumentar su productividad.

También necesitan un sistema de garantías que comprenda la realidad de quien tiene capacidad de producir y trabajar, pero no siempre dispone de grandes propiedades o activos que pueda ofrecer como respaldo.

Transparencia en el financiamiento público

El Estado dominicano dispone de programas dirigidos al financiamiento de las MIPYMES, y sería incorrecto desconocer esa realidad.

Sin embargo, tan importante como disponer de esos recursos es garantizar que su otorgamiento responda a criterios objetivos, técnicos y transparentes.

Los programas públicos de crédito no pueden convertirse en instrumentos sujetos a favoritismos, relaciones políticas o privilegios.

El acceso debe producirse sobre la base de la viabilidad del proyecto, la capacidad de generación de empleos, las posibilidades de crecimiento y las necesidades reales de los emprendedores.

Cada peso colocado por una institución pública en una MIPYME debe ser visto como una inversión destinada a producir empleo, riqueza y desarrollo.

Por eso, la transparencia en la asignación de esos recursos debe ser una obligación permanente.

Formalizarse no debe convertirse en una desventaja

Existe, además, otro problema que merece atención.

El país reclama correctamente que las empresas se formalicen, paguen impuestos, registren a sus trabajadores y cumplan con las obligaciones establecidas por las leyes.

Pero esa formalización tiene costos.

Mientras una empresa formal paga seguridad social, impuestos, permisos, servicios y obligaciones laborales, muchas otras unidades económicas compiten desde la informalidad sin asumir una parte importante de esos gastos.

Esa desigualdad termina castigando precisamente a quien intenta cumplir.

Formalizar una empresa no debe significar condenarla a competir en desventaja.

El Estado debe crear incentivos reales para permanecer dentro de la formalidad, especialmente durante los primeros años de operación.

El verdadero desafío es crecer

La economía dominicana no puede conformarse con tener cientos de miles de microempresas que permanecen durante décadas en condiciones de subsistencia.

Una política empresarial exitosa debería permitir que una microempresa pueda convertirse en pequeña; que una pequeña pueda convertirse en mediana y que algunas de ellas puedan transformarse posteriormente en grandes compañías.

Ese proceso requiere políticas públicas sostenidas.

Requiere acceso a capital.

Requiere capacitación.

Requiere mercados.

Requiere acompañamiento técnico.

Requiere innovación.

Y requiere también instituciones capaces de comprender que detrás de cada empresa existe una historia humana.

El fracaso de un negocio no se limita a un número dentro de una estadística empresarial.

Muchas veces significa la pérdida del ahorro de una familia, el desempleo de varios trabajadores y la desaparición de años de sacrificios.

Por eso, el debate sobre las MIPYMES debe superar los discursos y las estadísticas.

La República Dominicana necesita preguntarse cuántas empresas está ayudando realmente a crecer y cuántas simplemente están tratando de sobrevivir.

Porque crear empresas es importante.

Pero lograr que permanezcan abiertas, crezcan, generen empleos y produzcan riqueza es mucho más importante.

El verdadero desafío de las MIPYMES dominicanas no puede seguir siendo solamente sobrevivir.

Debe ser tener la oportunidad real de prosperar.

La República Dominicana es una nación eminentemente agrícola. Miles de familias dependen directa o indirectamente de la producción de plátanos, arroz, vegetales, frutas, café, cacao, habichuelas y otros rubros que diariamente llegan a nuestros mercados, supermercados y hogares.

Defender la agricultura nacional es, por tanto, defender empleos, comunidades rurales, producción y seguridad alimentaria.

Pero defender la agricultura también significa garantizar que lo que sale del campo y llega a la mesa de los dominicanos sea seguro para la salud.

Ahí comienza una responsabilidad que no admite indiferencia.

El uso de pesticidas y otros productos fitosanitarios es una realidad de la agricultura moderna. Su utilización puede resultar necesaria para controlar plagas, enfermedades, hongos y malezas capaces de destruir cultivos enteros.

El problema aparece cuando esos productos son utilizados sin suficiente orientación técnica, cuando se aplican cantidades superiores a las permitidas, cuando se emplean sustancias no autorizadas, cuando se realizan mezclas inadecuadas o cuando no se respetan los períodos establecidos entre la última aplicación y la cosecha.

Por eso, el debate no debe reducirse simplitamente a estar a favor o en contra de los pesticidas.

La discusión verdaderamente importante es otra:

¿Qué productos se están utilizando en nuestros campos?

¿Quién controla las cantidades aplicadas?

¿Quién verifica que se respeten los períodos de espera antes de cosechar?

¿Con qué frecuencia se analizan los alimentos que se venden a la población?

¿Qué sucede cuando un producto supera los límites permitidos de residuos?

Y una pregunta todavía más importante:

¿se entera el consumidor dominicano cuando ocurre?

No basta con aprobar reglamentos, emitir resoluciones o anunciar programas de vigilancia.

La efectividad de cualquier política pública se demuestra en el terreno.

Se demuestra mediante inspectores suficientes.

Laboratorios equipados.

Toma frecuente de muestras.

Personal capacitado.

Seguimiento a importadores y vendedores de agroquímicos.

Educación permanente a los productores.

Control de los productos utilizados.

Y consecuencias reales para quienes incumplan las normas poniendo en riesgo la salud de la población.

Nuestro reportaje sobre los pesticidas plantea una realidad que merece atención nacional: la protección debe abarcar toda la cadena, desde la importación y comercialización del agroquímico hasta su aplicación en la finca y la llegada del producto al consumidor.

Existe, además, un asunto que el país debe discutir con absoluta seriedad.

Los productos agrícolas dominicanos destinados a los mercados internacionales tienen que cumplir requisitos y límites de residuos establecidos por países compradores, particularmente Estados Unidos y los mercados europeos.

Entonces resulta inevitable formular una pregunta:

¿Por qué el dominicano habría de recibir un nivel de protección inferior al exigido para los productos que exportamos?

La salud del consumidor nacional no puede valer menos.

Un tomate destinado a la mesa de una familia dominicana debe ofrecer garantías sanitarias equivalentes a las que exigimos cuando pretendemos colocarlo en un mercado extranjero.

La inocuidad alimentaria no puede convertirse en un privilegio asociado al destino comercial de una cosecha.

Debe ser un derecho.

Tampoco corresponde crear alarma y transmitir la idea equivocada de que consumir frutas y vegetales representa necesariamente un peligro.

No es así.

Los alimentos agrícolas siguen siendo indispensables dentro de una dieta equilibrada y saludable.

La preocupación surge cuando existen malas prácticas, utilización incorrecta de sustancias o controles incapaces de detectar oportunamente un producto que no cumple los parámetros establecidos.

Y aquí existe otro aspecto que debe quedar perfectamente claro.

No podemos trasladarle al ciudadano una responsabilidad que corresponde fundamentalmente a productores, comercializadores y autoridades.

Sí, el consumidor debe lavar correctamente frutas y vegetales y adoptar prácticas adecuadas de higiene.

Pero ninguna familia posee un laboratorio en su cocina.

Una persona puede observar una lechuga perfectamente verde y no tiene manera de determinar visualmente qué sustancia fue aplicada sobre ella.

Puede mirar un tomate, tocarlo, lavarlo y todavía no saber qué producto químico fue utilizado durante su producción ni en qué cantidad.

Precisamente por eso existe el Estado.

Para regular.

Para inspeccionar.

Para analizar.

Para prevenir.

Y, cuando corresponda, para sancionar.

La República Dominicana necesita una agricultura productiva, competitiva y rentable.

Pero necesita, al mismo tiempo, una agricultura responsable.

No se trata de enfrentar al productor con el consumidor.

Ambos necesitan protección.

El trabajador agrícola merece manipular productos químicos con conocimiento, equipos adecuados y condiciones que no comprometan su salud.

El productor responsable merece reglas claras y asistencia técnica.

Y el consumidor merece comprar un alimento confiando razonablemente en que previamente alguien hizo el trabajo de verificar su inocuidad.

Esa confianza constituye parte esencial de cualquier sistema serio de seguridad alimentaria.

Por eso, el control de los pesticidas no puede verse únicamente como un problema agrícola.

Es un asunto de salud pública.

Es una cuestión ambiental.

Es un problema de seguridad alimentaria.

Y es, además, una obligación de transparencia.

Las autoridades deben informar no solamente cuando los resultados son favorables, sino también cuando los controles detectan irregularidades.

Una política de inocuidad realmente efectiva no debe temerle a la información.

Debe utilizarla para corregir, prevenir y generar confianza.

Garantizar que exista comida suficiente en las mesas dominicanas es fundamental.

Pero no basta.

También tenemos que garantizar que esa comida sea segura.

Porque la responsabilidad comienza mucho antes de que un producto llegue al mercado.

Comienza con lo que se importa.

Continúa con lo que se vende.

Pasa por lo que se aplica en nuestros campos.

Debe ser vigilada durante la cosecha y comercialización.

Y finalmente llega al lugar donde todas las políticas públicas relacionadas con los alimentos adquieren su verdadero sentido:

la mesa de cada familia dominicana.

En toda sociedad existen sentimientos capaces de condicionar la conducta de las personas. En la República Dominicana, dos de ellos merecen especial atención: el miedo y la vergüenza.

El miedo paraliza. La vergüenza oculta.

Uno puede impedir que una persona denuncie una injusticia; la otra puede llevarla a esconder durante años una realidad dolorosa por temor al juicio de los demás.

Ambos sentimientos forman parte de la condición humana. El problema comienza cuando dejan de ser reacciones circunstanciales y se convierten en fuerzas capaces de determinar la vida de las personas, silenciar problemas sociales y debilitar la capacidad de reclamar derechos.

Durante generaciones, la cultura dominicana ha convivido con una frase que resume buena parte de esa presión social: “¿Qué va a decir la gente?”

Detrás de esas pocas palabras se encuentra, muchas veces, una enorme carga emocional.

Por temor al “qué dirán”, algunas personas intentan aparentar una estabilidad económica que no poseen. Otras permanecen en relaciones deterioradas. Algunas familias esconden situaciones de violencia, adicciones, conflictos internos o dificultades financieras porque consideran que reconocer esos problemas públicamente constituye una vergüenza.

Así se construyen apariencias de normalidad mientras los verdaderos problemas permanecen ocultos.

Pero el miedo también ejerce su propia presión.

Existe miedo a denunciar al poderoso, miedo a perder el empleo, miedo a enfrentar intereses económicos o políticos, miedo a convertirse en objeto de represalias y miedo, simplemente, a quedarse solo cuando llega el momento de defender una posición.

Por eso, no todo silencio significa indiferencia.

Muchas veces el silencio es una forma de supervivencia.

El verdadero problema aparece cuando miedo y vergüenza coinciden.

La víctima de violencia puede temer a su agresor y, al mismo tiempo, sentir vergüenza de admitir lo que vive.

Quien ha sido estafado puede callar no solo por temor a perder más, sino por la incomodidad de reconocer que fue engañado.

Una familia en dificultades puede necesitar ayuda y, aun así, negarse a solicitarla porque teme ser señalada.

En esos casos, miedo y vergüenza terminan convirtiéndose en aliados de un mismo enemigo: el silencio.

Las redes sociales han añadido una dimensión nueva a esta realidad.

Hoy se exhiben viajes, vehículos, celebraciones, éxitos profesionales, relaciones sentimentales y estilos de vida cuidadosamente seleccionados. La sociedad digital ha convertido la imagen personal en una vitrina permanente.

Sin embargo, detrás de una fotografía de felicidad puede existir dolor. Detrás de una aparente prosperidad puede haber endeudamiento. Detrás de una pareja sonriente puede esconderse una relación rota.

El problema no está en compartir momentos positivos, sino en creer que la vida debe ser permanentemente perfecta para ser aceptada por los demás.

Esa presión fortalece nuevamente la vieja pregunta: “¿Qué van a pensar de mí?”

Una sociedad madura debe aprender a sustituir esa pregunta por otras más importantes.

¿Estoy actuando correctamente?

¿Estoy protegiendo mis derechos?

¿Necesito ayuda?

¿Estoy guardando silencio frente a una injusticia?

¿Estoy viviendo para satisfacer las expectativas de los demás o para enfrentar responsablemente mi propia realidad?

No podemos construir una sociedad libre si las personas sienten que denunciar es peligroso, pedir ayuda es humillante o reconocer un fracaso constituye una vergüenza.

Tampoco basta con pedirle valentía al ciudadano.

Las instituciones tienen la obligación de generar confianza. Quien denuncia debe sentirse protegido. Quien busca justicia debe encontrar respuestas. Quien necesita ayuda debe poder solicitarla sin ser humillado.

La familia, la escuela, los medios de comunicación y las instituciones públicas también tienen responsabilidades en la construcción de una cultura menos inclinada al juicio y más comprometida con la solidaridad.

El miedo y la vergüenza nunca desaparecerán completamente. Son emociones humanas.

Pero no podemos permitir que se conviertan en cárceles invisibles.

Cuando una persona deja de hablar por miedo, una injusticia puede continuar.

Cuando alguien oculta un problema por vergüenza, ese problema puede crecer.

Y cuando toda una sociedad comienza a guardar silencio, las consecuencias dejan de ser individuales y pasan a convertirse en colectivas.

Por eso, el verdadero desafío no consiste en determinar cuál pesa más, si el miedo o la vergüenza.

El verdadero desafío es construir una sociedad en la que ninguno de los dos pese tanto como para impedir denunciar, pedir ayuda, defender derechos, reconocer errores y volver a comenzar.

Tal vez haya llegado el momento de dejar de vivir pendientes únicamente del “qué dirán”.

Porque, frente a los grandes problemas de una sociedad, existe una pregunta mucho más importante:

¿Qué estamos dispuestos a hacer para cambiar lo que debe cambiar?