Editorial
La Violencia y la Delincuencia Desgarran al País.
Por José Cabral
La violencia y la delincuencia aumentan en la República Dominicana de una forma espectacular, eliminando vidas útiles y que encarnan el futuro de la Nación.
Cada amanecer nos despertamos con la triste noticia de que alguien ha sido la nueva víctima de ese monstruo de mil cabezas llamado delincuencia con violencia.
El país luce atrapado, en un callejón sin salida, dado que el Estado no cuenta con los instrumentos eficientes para contrarrestar un fenómeno que se vuelve incontrolable.
Es un flagelo que daña las entrañas de los que tienen la misión de enfrentarlo, como la Policía Nacional y el sistema de justicia.
La víctima más reciente de este mal se trata de la ingeniera Francia Hungría, de apenas 28 años de edad, quien ha perdido un ojo y podría quedar totalmente ciega.
La herida lacerante infringida a la conciencia nacional con hechos como éste no hacen más que dejar la sensación de que todo está perdido, sobre todo si se parte de la premisa de que la principal causa del fenómeno es la pobreza y la exclusión social, acompañadas de un nivel de impunidad que hace que los tribunales no sean más que elementos decorativos de un país desgarrado por la violencia y la delincuencia.
Sin embargo, el despertar de nuestra gente, sobre todo de los jóvenes, ha puesto en movimiento un empoderamiento ciudadano que podría significar la chisma que encienda el fuego que habrá de eliminar los principales males que aquejan a la República Dominicana para bien de todos.
Esto así porque no creemos que en el país haya quién dude que los principales responsables de ese monstruo de mil cabezas de que hablamos es la clase política nacional.
Los mismos que promueven la violación a la ley, los privilegios, el tráfico de influencia, el contrabando, la venta y consumo de drogas y las demás vertientes de la corrupción generalizada que hoy nos arropa.
No nos cansaremos de repetir que sólo la promoción de ciudadanía y en consecuencia la transformación del Estado será la única garantía de que en la República Dominicana haya un cambio conductual, principalmente en aquellos que escogen el camino más fácil para mejorar sus condiciones de pobreza o miseria.
Sobre todo con la tranquilidad que produce en el que delinque la impunidad, desgracia consustancial de las naciones de escaso desarrollo de las fuerzas productivas y en consecuencia de la conciencia social, la cual es una aliada del descarrilado para no resarcir a la sociedad por los daños causados.
Hoy el dolor es por la víctima más reciente, una joven profesional que ahora ve tronchada su vida por la acción de unos vándalos creados, protegidos y promovidos por el propio sistema, caracterizado por unas asimetrías sociales que no garantizan otra cosa que precisamente la violencia y la delincuencia que no escoge otro recurso que la eliminación de la parte más sana de la vida nacional.
Todavía los dominicanos no hemos llagado a lo peor, faltan aún capítulos muy amargos de esta película de terror de la vida real que destruye los cimientos de la verdadera dominicanidad.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que deben ser evaluados tienen que someterse al tráfica de influencia y el modo operandi de los partidos políticos para ser elegibles.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.