Comunidad en el exterior
Gran Jurado decidirá si instruye a nuevos implicados en caso Quirino
NUEVA YORK. EE.UU.- Un Gran Jurado constituido en la Corte Federal del Distrito Sur, donde desde hace casi siete años se ventila el caso del ex capitán del Ejército Nacional Quirino Ernesto Paulino Castillo (El Don), volvería a reunirse en las próximas semanas para evaluar acusaciones contra un grupo de nuevos implicados en el sonado expediente y decidir si los instruye de cargos por narcotráfico internacional, conspiración y lavado de activos financieros.
Una fuente de la corte que rehusó identificarse, dijo que el Gran Jurado ha recibido los prontuarios de ex altos militares, empresarios y algunos dirigentes políticos que podrían ser pedidos en extradición por el Departamento de Justicia.
Respecto a los políticos, se teje la conjetura de que Estados Unidos evaluaría la incidencia de estos en el electorado a fin de no socavar el sistema de partidos y el liderazgo de importantes figuras de la vida pública nacional y consideraría mantenerlos vigilados y no reclamar sus extradiciones.
Luego que el Gran Jurado se reúna y determine contra quiénes del grupo habría causa probable para ser acusados y juzgados o negociar declaraciones de culpabilidad, se emitirían las órdenes de arresto correspondientes y la tramitación de las solicitudes al gobierno dominicano, vía Embajada en Washington para que sean apresados y entregados a la justicia estadounidense.
La fuente señaló que la convocatoria al Gran Jurado, que se reúne en secreto y nadie conoce las identidades de sus miembros, sería hecha por los fiscales a más tardar antes de fin de año o a comienzos de enero del 2013.
Quirino ha acudido 39 veces a vistas en esa misma corte, mientras sigue recluido en el Centro Metropolitano de Corrección (CMC) de Brooklyn, pero todo lo tratado en el tribunal se mantiene en fase secreta y los documentos sellados, lo que no permite acceso a las informaciones sobre la evolución de la causa.
Hace varios años, se divulgó que el ex militar dominicano, extraditado a comienzos del 2005 y acusado junto a otros 20 sospechosos, habría negociado con los fiscales a los que supuestamente reveló una lista de 37 personas vinculadas a su organización y a otras bandas del narcotráfico con conexiones a carteles de la droga en México, Puerto Rico, Colombia y otros países de Centro y Sudamérica.
De los 21, sólo tres, incluyendo a Quirino, continúan presos sin ser sentenciados todavía, lo que crea la percepción de que éstos siguen en negociaciones con la fiscalía que representa al gobierno estadounidense en el caso. Entre los que siguen en la cárcel, a Ernesto Bienvenido Guevara Díaz (Maconi), de quien se dice era cuñado de Quirino, los fiscales lo acusaron de ser el estratega el empaque y transportación de los 1,387 kilos de cocaína decomisados por la DEA en un camión propiedad de Quirino y que supuestamente se dirigía a una Zona Franca de Santiago de los Caballeros.
Maconi fue acusado por un Gran Jurado a final del 2008 y pedido en extradición en los primeros meses del 2009. Su expediente fichado con el número 08CRIM111, sostiene que también traficó cocaína, al menos 5 kilos, en aguas internacionales entre RD y Puerto Rico.
El caso Quirino retomó el escenario nacional después que DL publicara en exclusiva que el ex capitán no ha sido condenado en Estados Unidos y que se le está utilizando para identificar a muchos más integrantes de su propia organización y de carteles internacionales que le suplían miles de kilos en los años precedentes a su arresto en un operativo dirigido por la DEA, pero ejecutado por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en Santo Domingo.
Por agencias
NUEVA YORK.- El congresista estadounidense de origen dominicano, Adriano Espaillat, calificó de «inaceptable» la ocupación de un edificio de la Universidad de Columbia, en Nueva York, por estudiantes que protestan contra la guerra en Gaza.
«Los estudiantes tienen derecho a la libertad de expresión, pero el vandalismo es inaceptable», afirmó.
Advirtió en un comunicado que los estudiantes que ocupan edificios indebidamente, destruyen propiedad privada y perturban intencionalmente la vida en el campus deben rendir cuentas».
Y en ese sentido, instó a la Universidad de Columbia a «actuar con la mayor rapidez para sacar a los estudiantes que han participado en acciones ilegales».
«Seguimos trabajando con nuestros colegas para garantizar que el Congreso tome medidas reales para combatir el antisemitismo -proporcionando recursos a las agencias encargadas, entre otras cosas, de proteger a los estudiantes judíos, y a todos los estudiantes y profesores en el campus-, y dejar atrás los gestos vacíos y puramente simbólicos que los republicanos de la Cámara de Representantes nos han ofrecido hasta ahora», concluyó.
INGRESO DE LA POLICIA AL CAMPUS
Oficiales del Departamento de Policía de Nueva York ingresaron este martes por la noche a la Universidad para arrestar a los manifestantes propalestinos que se encontraban en un edificio del campus.
Los alumnos fueron atados con cremalleras y subidos a autobúses de la Uniformada.
El Departamento de la Policía recibió una carta de funcionarios de la Universidad con la autorización para que ingresaran al campus y arrestaran a los estudiantes que se han manifestado para que se termine la guerra en Gaza.
Los agentes utilizaron artefactos de distracción para poder entrar a Hamilton Hall que había estado ocupado por manifestantes desde las primeras horas de la mañana del martes.
Los estudiantes de Columbia fueron los primeros en iniciar con las manifestaciones pro-palestinas.
Comunidad en el exterior
“Estafa de abuelos”: Acusan a 11 dominicanos de estafar a estadounidenses desde call centers
Estados Unidos.-Dieciséis personas fueron acusadas en relación con una extensa “estafa de abuelos” para defraudar a estadounidenses de edad avanzada con millones de dólares, anunció este martes el Departamento de Justicia durante un anuncio virtual.
Entre los acusados figuran Juan Rafael Parra Arias, también conocido como Yofre, 41 años; Nefy Vladimir Parra Arias, también conocido como Keko, 39 años; Nelson Rafael González Acevedo, también conocido como Nelson Tech, 35 años; Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, también conocido como Max Morgan, 59 años; Miguel Ángel Fortuna Solano, también conocido como Botija, y Boti, 41 años; Félix Samuel Reynoso Ventura, también conocido como Fili, y Filly The Kid, 37; Carlos Javier Estévez, 45; Luis Junior Rodríguez Serrano, también conocido como Junior, 27 años; Miguel Ángel Vásquez, también conocido como Miguel Disla, 24; Jovanni Antonio Rosario García, también conocido como Porky, y Chop, de 45 años; y José Ismael Dilón Rodríguez, 34.
Según la acusación, revelada en Newark, Nueva Jersey, los acusados participaron en una estafa operada desde centros de llamadas en República Dominicana.
Otras cinco personas fueron acusadas mediante denuncia de conspiración para cometer fraude electrónico como parte del mismo plan. Estos son Endy José Torres Morán, de 21 años, de Brooklyn, Nueva York; Ivan Alexander Inoa Suero, 32 años, de la ciudad de Nueva York; Jhonny Cepeda, 27 años, de la ciudad de Nueva York; Ramón Hurtado, de 43 años, de la ciudad de Nueva York, y Yuleisy Roque, de 21 años, del Bronx, Nueva York.
Se alega que los cinco acusados en la denuncia actuaron como mensajeros que recogieron dinero en efectivo de víctimas defraudadas en Nueva Jersey, Nueva York y otros lugares.
“Como se alega, estos 16 acusados se aprovecharon del amor y la devoción familiar de los abuelos, estafándolos con millones de dólares”, dijo el Fiscal Federal Sellinger para el Distrito de Nueva Jersey.
“En esta ‘estafa de abuelos’, los acusados supuestamente se hicieron pasar por nietos en apuros, alegando, por ejemplo, que habían sido arrestados después de un accidente automovilístico que involucró a una mujer embarazada que luego tuvo un aborto espontáneo, y que necesitaban efectivo inmediato para pagar la fianza o un abogado. Los abuelos, presas del pánico, pagaron rápidamente, a veces decenas de miles de dólares. Mi oficina está comprometida a proteger los derechos de todas las víctimas y procesaremos implacablemente a quienes supuestamente se dirigen a personas mayores vulnerables para robarles los ahorros que tanto les costó ganar”.
“El anuncio surge del presunto ataque cruel de los acusados contra víctimas de edad avanzada que fueron engañadas colectivamente para que entregaran millones de dólares”, dijo el agente especial interino a cargo Darren B. McCormack de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Nueva York.
Agregó que “para su propio beneficio egoísta, estos individuos acusados amenazaron los medios de vida de estadounidenses inocentes y les robaron su precioso tiempo y todos los ahorros que habían conseguido para sí mismos”.
Cómo operaban
Según documentos presentados en este caso y declaraciones rendidas ante el tribunal, Juan Rafael Parra Arias, Nefy Vladimir Parra Arrias y González Acevedo operaban una sofisticada red de centros de llamadas en la República Dominicana. Entre sus presuntas víctimas se encontraban residentes ancianos de varios estados, incluidos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts. Los centros de llamadas victimizaron a cientos de estadounidenses mediante fraude y robaron millones de dólares.
Los miembros de la conspiración denominados “abridores” llamaron a víctimas ancianas en los Estados Unidos y se hicieron pasar por hijos, nietos u otros parientes cercanos de las víctimas. Los centros de llamadas utilizaron tecnología para hacer parecer que las llamadas provenían del interior de los Estados Unidos. Por lo general, a la víctima se le decía que su nieto había tenido un accidente automovilístico, había sido arrestado en relación con un accidente y necesitaba ayuda.
Una vez que los abridores engañaron a las víctimas haciéndoles creer que sus seres queridos estaban en graves problemas, otros que trabajaban en los centros de llamadas, conocidos como «cerradores», supuestamente se hicieron pasar por abogados defensores, agentes de policía o personal judicial y convencieron a las víctimas para que proporcionaran miles de dólares en efectivo para ayudar a sus seres queridos.
Según los documentos de la acusación, los cerradores, incluidos los acusados Rodríguez Guzmán, Fortuna Solano, Reynoso Ventura y Estévez, normalmente decían a las víctimas que dieran el dinero en efectivo a mensajeros que enviaban a las casas de las víctimas para recoger su dinero. Otras veces, los vendedores indicaban a las víctimas que enviaran el dinero en efectivo por correo.
Una vez que se convenció a las víctimas de que dieran dinero en efectivo, los “despachadores” del centro de llamadas, incluidos Rodríguez Serrano, Vásquez, Rosario García y Diloné Rodríguez, reclutaron y administraron una red de mensajeros con sede en Estados Unidos para obtener dinero en efectivo de las víctimas ancianas en todo el noreste de Estados Unidos.
Esos mensajeros con base en Estados Unidos, incluidos los cinco acusados en la denuncia, generalmente iban a la casa de las víctimas ancianas para recoger el efectivo, a menudo usando nombres falsos y entregando a las víctimas recibos falsos. Luego, los mensajeros llevaron el dinero a otros miembros de la conspiración, quienes enviaron el dinero de las víctimas a la República Dominicana.
Penas
Si son declarados culpables, los acusados enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo, una multa máxima de $250,000 por cada cargo de fraude postal y electrónico y una multa máxima de $500,000 por cada cargo de lavado de dinero.
El fiscal adjunto Rao se unió al fiscal federal Sellinger, al agente especial a cargo James E. Dennehy de la División Newark del FBI y al agente especial adjunto a cargo McCormack de Investigaciones de Seguridad Nacional de Nueva York hicieron el anuncio.
HIS, SSA-OIG, NYPD y el FBI están investigando el caso. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó una asistencia significativa.
Los abogados litigantes Jason Feldman, Joshua Ferrentino y Emily Powers de la División de Protección al Consumidor de la División Civil y la fiscal federal adjunta Carolyn Silane para el distrito de Jersey están a cargo de la acusación en el caso.
LAWRENCE.- La Policía ofreció una recompensa de cinco mil dólares por información que ayude a la captura de un hombre que asesinó a balazos a un joven dominicano en diciembre del 2023.
Franklin Laras, de 27 años, es buscado por el Departamento de Policía de Lawrence y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos por la muerte a balazos de Edward Javier Pérez, de 29.
El crimen ocurrió el pasado 24 de diciembre, en el club Energy Lounge, localizado en el 459 de Broadway, en Lawrence.
Laras fue descrito como un hombre blanco de 5 pies y 7 pulgadas de estatura, 190 libras, ojos y cabello marrones, y con tatuajes en el pecho y los brazos.
La Policía dijo que Laras tiene vínculos en los pueblos de Springfield y Palmer, Massachusetts.
Si sabe algo, comuniquese con el Servicio de Alguaciles de EEUU al 1-877-WANTED2 o en línea en usmarshals.gov/tips.
jt/am