Opinión
Danilo inspira pero lo ayudan muy poco
Por Juan Bolívar Díaz
La gente se aferra a la esperanza que despierta el discurso y la humildad del presidente Medina, pero rechaza la impunidad que implica el borrón y cuenta nueva planteado por el mandatario y espera más acciones específicas.
El discurso del presidente Danilo Medina, que plantea rectificaciones con su sello personal y propio estilo de gobierno, volvió a conseguir simpatías en la población dominicana, aunque los más contestatarios le impugnan su planteamiento de borrón y cuenta nueva.
Mientras el gobierno, que sigue confrontando dificultades para lograr algún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con los apagones financieros atacando y retraso en la elaboración del presupuesto de ley de ingresos y gastos públicos para el próximo año, adelanta el doble salario navideño y anuncia repartos para ganar tiempo.
Danilo: Tabla de salvación
Con un elenco que sigue pareciendo viejo, por lo de postalitas repetidas, la tabla de salvación del gobierno parece ser la personalidad del presidente Danilo Medina empeñado en proyectar una imagen de humildad, austeridad y apertura en contraste con la de su antecesor, objeto del repudio y la ira popular.
El segundo discurso del licenciado Medina tras su juramentación presidencial lo ratificó en actitud de emprender un gobierno más cercano a las expectativas de la comunidad, sin pretensiones monumentales, preocupado por la ética y la reducción del dispendio y la corrupción, en términos que obligan a darle tiempo para que materialice propuestas y propósitos.
Danilo Medina pasó balance a sus primeros cien días de gestión reivindicando la prioridad de la educación, la promoción de las pequeñas empresas y de la producción agrícola, la transparencia en la asignación de las obras públicas que alcancen al mayor número posible de personas, con criterio de amplia distribución, prometiendo atender a los más vulnerables.
Por primera vez las obras se asignarán mediante sorteo, con procesos transparentes y plurales que permitirán la participación de cientos de ingenieros y constructores de todo el país”, economía solidaria que genere empleos.
“Un gobierno democrático no es para formar castas ni para mantener grupos de privilegiados, pero sí para luchar por la igualdad de todos”, dijo al comienzo de su discurso del martes 27, tras recordar la firma de su Código de Pautas Éticas y sostener que el funcionario que no lo cumpla “será destituido sumariamente y responderá de sus actos ante la justicia”.
Danilo pidió que le dieran oportunidad para demostrar con hechos que va a ser diferente, proclamando que “no vine a la Presidencia de la República a convencerlos con discursos ni medias verdades. Yo vine a transformar este país y a iniciar una nueva manera de hacer política”.
Otro borrón y cuenta nueva
El discurso de los cien días de Danilo duró 28 minutos, con 27 de aciertos, pero flaqueó al final cuando planteó otro borrón y cuenta nueva, política de impunidad que se ha impuesto en la nación, alentando la corruptela y el desconocimiento de las normas constitucionales y jurídicas, porque nunca se ha hecho justicia, ni siquiera con los peores crímenes, a diferencia de lo que se ve en estos días en Argentina y Chile, donde se están sancionando delitos de tres y cuatro décadas.
Tras plantear que “el gobierno necesita tiempo y apoyo para hacer todo lo que se propone”, concluyó pidiendo que “miremos al futuro con esperanza y al presente sin revanchismo. No perdamos el tiempo en lanzar piedras hacia atrás. Transformemos esas piedras en ladrillos para, con ellas, construir un gran futuro para nuestro pueblo”.
Si por razones partidarias el presidente no podía referirse a los motivos de las protestas sociales que sacuden el país, ni a la fiesta de malversación y locura de inversión que originó un déficit fiscal de 200 mil millones de pesos, sin que nadie haya pedido ni siquiera excusas a la sociedad, no había necesidad de solicitar un borrón y cuenta nueva y menos de reducir a revanchismo el reclamo de transparencia y justicia.
La conclusión empañó una pieza bien estructurada y en vez de disuadir las protestas, pareció reafirmarlas, como se expresó de inmediato en las redes sociales y en los posteriores anuncios de los manifestantes de que no darán ni tregua navideña.
No hay dudas de que en el presidente Medina y su entorno propio hay muchas intenciones correctivas, pero parece que no han podido calibrar la profundidad y amplitud de la indignación ocasionada por la forma en que concluyó el gobierno del presidente Leonel Fernández.
Amarrados unos a la lealtad partidaria y otros al “realismo político” que no concibe ni siquiera la posibilidad de admitir graves yerros ni investigar desafueros denunciados, no parecen entender que no hay posibilidad de construir ningún “gran futuro” consagrando la total impunidad.
Crisis de confianza y credibilidad
Durante una entrevista en el telediario Uno+Uno de Teleantillas, el jueves, el destacado economista dominicano Carlos Asilis analizó las implicaciones de la crisis del modelo económico nacional con déficits sobre el 8 por ciento del producto bruto no sólo fiscal, sino también en balanza de pagos, considerándolo insostenible y adelantando graves dificultades para el gobierno sin un acuerdo con el FMI.
Asilis, quien es un reconocido consultor internacional y como tal colaboró con Jacques Attalí (de manera honorífica) en la elaboración del “Informe de la
Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la República Dominicana contratado por el gobierno de Leonel Fernández, se remitió a las recomendaciones del mismo, hechas públicas en noviembre del 2010, y reiteró que el país atraviesa por una crisis de confianza y credibilidad.
Aludió a las siete iniciativas con 77 propuestas específicas en que concluye ese estudio, la primera de las cuales versa sobre “devolver la confianza en las instituciones”.
Medina ha adoptado decisiones y un discurso para recuperar la confianza, pero todavía insuficientes por el excesivo deterioro de la credibilidad en los discursos. Por ejemplo, todavía el gobierno no ha presentado disposiciones específicas para reducir el gasto y el dispendio en un 3 por ciento del PIB como planteó sin lograr convencer al Consejo Económico Social, y abandonó ese escenario constitucional de concertación.
La austeridad dispuesta en el decreto 499-12 ha recibido aplauso generalizado, pero es absolutamente insuficiente. La reducción de unos 200 viceministros ha sido burlada porque muchos ahora son asesores. Eliminaron seis entidades de decenas de cargos, cuando las hay con cientos y hasta miles sin la menor justificación, como la inorgánica Corporación de Empresas Estatales, el Instituto de Estabilización de Precios o el Consejo Estatal del Azúcar. Tampoco se ha tocado a los centenares de vicecónsules y diplomáticos que cobran sin trabajar.
Los dirigentes del partido de gobierno no hacen concesiones y siguen defendiendo lo inicuo e insultando a todo el que aspira a lo mejor, lo que no apuntala el discurso de Medina. Con el control total del Congreso no aprueban la ley de regulación salarial, ni la de partidos, ni los siete proyectos anticorrupción presentados por algunos clarividentes. Ni eliminan barrilitos, cofrecitos y otros repartos indecorosos.
Un arranque cada vez más difícil
Tras el informe de la misión del FMI que ratificó la gravedad de la crisis fiscal, con un déficit de 8.5 por ciento del PIB para este año, por lo que el organismo sólo se compromete a monitorear las políticas correctivas que adopte el gobierno, la situación se ha tornado aún más difícil para el arranque definitivo del gobierno de Danilo Medina. Como se había advertido es obvio que el FMI no se comprometerá con el gobierno sin drásticas medidas de ajuste del gasto que incluyan el déficit del sector energético, lo que implicaría alzas tarifarías que junto al paquete tributario agravarían la situación. Pero sin un acuerdo con el organismo internacional será más difícil y costoso el financiamiento internacional que a mediano plazo conllevaría insostenibilidad.
A consecuencia de la situación se ha retrasado la elaboración del proyecto de presupuesto para el 2013, que en principio se prometió presentar a mediados de noviembre para llevarlo al Consejo Nacional de Desarrollo a tiempo para que entrara al Congreso antes de diciembre. Los técnicos hilvanan pretenden reducir el déficit fiscal siquiera a la mitad con un proyecto más creíble que el del año pasado con enorme subestimación del costo energético y sobreestimación de los ingresos fiscales.
Para colmo de angustias los apagones se han multiplicado en la última semana, lo que se atribuye al interés de los generadores por recibir un nuevo abono a la deuda que vuelve a estar sobre los mil millones de dólares. La presión es obvia, aprovechando que el gobierno no querrá unas navidades con apagones.
Con la crisis fiscal y las protestas repercutiendo cada vez más en los medios de comunicación internacionales, las autoridades no quisieran seguir leyendo informes como el de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) publicado esta semana, donde se muestra que el país fue uno de los tres de la región donde creció la pobreza entre el 2010 y 2012, afectando ahora al 42. 2 por ciento de la población. Buscando diluir las protestas, el gobierno adelanta el pago de la bonificación navideña para la primera semana de diciembre y reivindica el tradicional reparto popular.
En cualquier caso el desafío estará a partir de enero cuando tras la resaca navideña empiecen a sentirse los efectos del paquete tributario y se vea si amainan las protestas o se multiplican con la entrada en escena de los sectores populares que en la primera etapa han dejado el protagonismo a la clase media.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.