Opinión
Danilo inspira pero lo ayudan muy poco
Por Juan Bolívar Díaz
La gente se aferra a la esperanza que despierta el discurso y la humildad del presidente Medina, pero rechaza la impunidad que implica el borrón y cuenta nueva planteado por el mandatario y espera más acciones específicas.
El discurso del presidente Danilo Medina, que plantea rectificaciones con su sello personal y propio estilo de gobierno, volvió a conseguir simpatías en la población dominicana, aunque los más contestatarios le impugnan su planteamiento de borrón y cuenta nueva.
Mientras el gobierno, que sigue confrontando dificultades para lograr algún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con los apagones financieros atacando y retraso en la elaboración del presupuesto de ley de ingresos y gastos públicos para el próximo año, adelanta el doble salario navideño y anuncia repartos para ganar tiempo.
Danilo: Tabla de salvación
Con un elenco que sigue pareciendo viejo, por lo de postalitas repetidas, la tabla de salvación del gobierno parece ser la personalidad del presidente Danilo Medina empeñado en proyectar una imagen de humildad, austeridad y apertura en contraste con la de su antecesor, objeto del repudio y la ira popular.
El segundo discurso del licenciado Medina tras su juramentación presidencial lo ratificó en actitud de emprender un gobierno más cercano a las expectativas de la comunidad, sin pretensiones monumentales, preocupado por la ética y la reducción del dispendio y la corrupción, en términos que obligan a darle tiempo para que materialice propuestas y propósitos.
Danilo Medina pasó balance a sus primeros cien días de gestión reivindicando la prioridad de la educación, la promoción de las pequeñas empresas y de la producción agrícola, la transparencia en la asignación de las obras públicas que alcancen al mayor número posible de personas, con criterio de amplia distribución, prometiendo atender a los más vulnerables.
Por primera vez las obras se asignarán mediante sorteo, con procesos transparentes y plurales que permitirán la participación de cientos de ingenieros y constructores de todo el país”, economía solidaria que genere empleos.
“Un gobierno democrático no es para formar castas ni para mantener grupos de privilegiados, pero sí para luchar por la igualdad de todos”, dijo al comienzo de su discurso del martes 27, tras recordar la firma de su Código de Pautas Éticas y sostener que el funcionario que no lo cumpla “será destituido sumariamente y responderá de sus actos ante la justicia”.
Danilo pidió que le dieran oportunidad para demostrar con hechos que va a ser diferente, proclamando que “no vine a la Presidencia de la República a convencerlos con discursos ni medias verdades. Yo vine a transformar este país y a iniciar una nueva manera de hacer política”.
Otro borrón y cuenta nueva
El discurso de los cien días de Danilo duró 28 minutos, con 27 de aciertos, pero flaqueó al final cuando planteó otro borrón y cuenta nueva, política de impunidad que se ha impuesto en la nación, alentando la corruptela y el desconocimiento de las normas constitucionales y jurídicas, porque nunca se ha hecho justicia, ni siquiera con los peores crímenes, a diferencia de lo que se ve en estos días en Argentina y Chile, donde se están sancionando delitos de tres y cuatro décadas.
Tras plantear que “el gobierno necesita tiempo y apoyo para hacer todo lo que se propone”, concluyó pidiendo que “miremos al futuro con esperanza y al presente sin revanchismo. No perdamos el tiempo en lanzar piedras hacia atrás. Transformemos esas piedras en ladrillos para, con ellas, construir un gran futuro para nuestro pueblo”.
Si por razones partidarias el presidente no podía referirse a los motivos de las protestas sociales que sacuden el país, ni a la fiesta de malversación y locura de inversión que originó un déficit fiscal de 200 mil millones de pesos, sin que nadie haya pedido ni siquiera excusas a la sociedad, no había necesidad de solicitar un borrón y cuenta nueva y menos de reducir a revanchismo el reclamo de transparencia y justicia.
La conclusión empañó una pieza bien estructurada y en vez de disuadir las protestas, pareció reafirmarlas, como se expresó de inmediato en las redes sociales y en los posteriores anuncios de los manifestantes de que no darán ni tregua navideña.
No hay dudas de que en el presidente Medina y su entorno propio hay muchas intenciones correctivas, pero parece que no han podido calibrar la profundidad y amplitud de la indignación ocasionada por la forma en que concluyó el gobierno del presidente Leonel Fernández.
Amarrados unos a la lealtad partidaria y otros al “realismo político” que no concibe ni siquiera la posibilidad de admitir graves yerros ni investigar desafueros denunciados, no parecen entender que no hay posibilidad de construir ningún “gran futuro” consagrando la total impunidad.
Crisis de confianza y credibilidad
Durante una entrevista en el telediario Uno+Uno de Teleantillas, el jueves, el destacado economista dominicano Carlos Asilis analizó las implicaciones de la crisis del modelo económico nacional con déficits sobre el 8 por ciento del producto bruto no sólo fiscal, sino también en balanza de pagos, considerándolo insostenible y adelantando graves dificultades para el gobierno sin un acuerdo con el FMI.
Asilis, quien es un reconocido consultor internacional y como tal colaboró con Jacques Attalí (de manera honorífica) en la elaboración del “Informe de la
Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la República Dominicana contratado por el gobierno de Leonel Fernández, se remitió a las recomendaciones del mismo, hechas públicas en noviembre del 2010, y reiteró que el país atraviesa por una crisis de confianza y credibilidad.
Aludió a las siete iniciativas con 77 propuestas específicas en que concluye ese estudio, la primera de las cuales versa sobre “devolver la confianza en las instituciones”.
Medina ha adoptado decisiones y un discurso para recuperar la confianza, pero todavía insuficientes por el excesivo deterioro de la credibilidad en los discursos. Por ejemplo, todavía el gobierno no ha presentado disposiciones específicas para reducir el gasto y el dispendio en un 3 por ciento del PIB como planteó sin lograr convencer al Consejo Económico Social, y abandonó ese escenario constitucional de concertación.
La austeridad dispuesta en el decreto 499-12 ha recibido aplauso generalizado, pero es absolutamente insuficiente. La reducción de unos 200 viceministros ha sido burlada porque muchos ahora son asesores. Eliminaron seis entidades de decenas de cargos, cuando las hay con cientos y hasta miles sin la menor justificación, como la inorgánica Corporación de Empresas Estatales, el Instituto de Estabilización de Precios o el Consejo Estatal del Azúcar. Tampoco se ha tocado a los centenares de vicecónsules y diplomáticos que cobran sin trabajar.
Los dirigentes del partido de gobierno no hacen concesiones y siguen defendiendo lo inicuo e insultando a todo el que aspira a lo mejor, lo que no apuntala el discurso de Medina. Con el control total del Congreso no aprueban la ley de regulación salarial, ni la de partidos, ni los siete proyectos anticorrupción presentados por algunos clarividentes. Ni eliminan barrilitos, cofrecitos y otros repartos indecorosos.
Un arranque cada vez más difícil
Tras el informe de la misión del FMI que ratificó la gravedad de la crisis fiscal, con un déficit de 8.5 por ciento del PIB para este año, por lo que el organismo sólo se compromete a monitorear las políticas correctivas que adopte el gobierno, la situación se ha tornado aún más difícil para el arranque definitivo del gobierno de Danilo Medina. Como se había advertido es obvio que el FMI no se comprometerá con el gobierno sin drásticas medidas de ajuste del gasto que incluyan el déficit del sector energético, lo que implicaría alzas tarifarías que junto al paquete tributario agravarían la situación. Pero sin un acuerdo con el organismo internacional será más difícil y costoso el financiamiento internacional que a mediano plazo conllevaría insostenibilidad.
A consecuencia de la situación se ha retrasado la elaboración del proyecto de presupuesto para el 2013, que en principio se prometió presentar a mediados de noviembre para llevarlo al Consejo Nacional de Desarrollo a tiempo para que entrara al Congreso antes de diciembre. Los técnicos hilvanan pretenden reducir el déficit fiscal siquiera a la mitad con un proyecto más creíble que el del año pasado con enorme subestimación del costo energético y sobreestimación de los ingresos fiscales.
Para colmo de angustias los apagones se han multiplicado en la última semana, lo que se atribuye al interés de los generadores por recibir un nuevo abono a la deuda que vuelve a estar sobre los mil millones de dólares. La presión es obvia, aprovechando que el gobierno no querrá unas navidades con apagones.
Con la crisis fiscal y las protestas repercutiendo cada vez más en los medios de comunicación internacionales, las autoridades no quisieran seguir leyendo informes como el de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) publicado esta semana, donde se muestra que el país fue uno de los tres de la región donde creció la pobreza entre el 2010 y 2012, afectando ahora al 42. 2 por ciento de la población. Buscando diluir las protestas, el gobierno adelanta el pago de la bonificación navideña para la primera semana de diciembre y reivindica el tradicional reparto popular.
En cualquier caso el desafío estará a partir de enero cuando tras la resaca navideña empiecen a sentirse los efectos del paquete tributario y se vea si amainan las protestas o se multiplican con la entrada en escena de los sectores populares que en la primera etapa han dejado el protagonismo a la clase media.
(I)
Por Oscar López Reyes
Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.
En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.
La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.
A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.
Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.
Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:
1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.
2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.
3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.
4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.
5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.
6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.
7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.
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El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD
Por Rommel Santos Díaz
A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia y Ruanda son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.
Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución 827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)
En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.
De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones de la Corte Penal Internacional.
Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.
Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas para mantener la seguridad y la paz internacional.
Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.
Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su independencia con respecto a dicha organización internacional.