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Opinión

Danilo inspira pero lo ayudan muy poco

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Por Juan Bolívar Díaz

La gente se aferra a la esperanza que despierta el discurso y la humildad del presidente Medina, pero rechaza la impunidad que implica el borrón y cuenta nueva planteado por el mandatario y espera más acciones específicas.

El discurso del presidente Danilo Medina, que plantea rectificaciones con su sello personal y propio estilo de gobierno, volvió a conseguir simpatías en la población dominicana, aunque los más contestatarios le impugnan  su planteamiento de borrón y cuenta nueva.

Mientras el gobierno, que sigue confrontando dificultades para lograr algún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con los apagones financieros atacando y retraso en la elaboración del presupuesto de ley de ingresos y gastos públicos para el próximo año, adelanta el doble salario navideño y anuncia repartos para ganar tiempo.

Danilo: Tabla de salvación

Con un elenco que sigue pareciendo viejo, por lo de postalitas repetidas, la tabla de salvación del gobierno parece ser la personalidad del presidente Danilo Medina empeñado en proyectar una imagen de humildad, austeridad y apertura en contraste con la de su antecesor, objeto del repudio y la ira popular.

El segundo discurso del licenciado Medina tras su juramentación presidencial lo ratificó en actitud de emprender un gobierno más cercano a las expectativas de la comunidad, sin pretensiones monumentales, preocupado por la ética y la reducción del dispendio y la corrupción, en términos que obligan a darle tiempo para que materialice  propuestas y propósitos.

Danilo Medina pasó balance a sus primeros cien días de gestión reivindicando  la prioridad de la educación, la promoción de las pequeñas empresas y de la producción agrícola, la transparencia en la asignación de las obras públicas que alcancen al mayor número posible de personas, con criterio de amplia distribución, prometiendo atender a los más vulnerables.

Por primera vez las obras se asignarán mediante sorteo, con procesos transparentes y plurales que permitirán la participación de cientos de ingenieros y constructores de todo el país”, economía solidaria que genere empleos.

“Un gobierno democrático no es para formar castas ni para mantener grupos de privilegiados, pero sí para luchar por la igualdad de todos”, dijo al comienzo de su discurso del martes 27, tras recordar la firma de su Código de Pautas Éticas y sostener que el funcionario que no lo cumpla “será destituido sumariamente y responderá de sus actos ante la justicia”.

Danilo pidió que le dieran oportunidad para demostrar con hechos que va a ser diferente, proclamando que “no vine a la Presidencia de la República a convencerlos con discursos ni medias verdades. Yo vine a transformar este país y a iniciar una nueva manera de hacer política”.

Otro borrón y cuenta nueva

El discurso de los cien días de Danilo duró 28 minutos, con 27 de aciertos, pero flaqueó al final cuando planteó otro borrón y cuenta nueva, política de impunidad que se ha impuesto en la nación, alentando la corruptela y el desconocimiento de las normas constitucionales y jurídicas, porque nunca se ha hecho justicia, ni siquiera con los peores crímenes, a diferencia de lo que se ve en estos días en Argentina y Chile, donde se están sancionando delitos de tres y cuatro décadas.

Tras plantear que “el gobierno necesita tiempo y apoyo para hacer todo lo que se propone”, concluyó pidiendo que “miremos al futuro con esperanza y al presente sin revanchismo. No perdamos el tiempo en lanzar piedras hacia atrás. Transformemos esas piedras en ladrillos para, con ellas, construir un gran futuro para nuestro pueblo”.

Si por razones partidarias el presidente no podía referirse a los motivos de las protestas sociales que sacuden el país, ni a la fiesta de malversación y locura de inversión que originó un déficit fiscal de 200 mil millones de pesos, sin que nadie haya pedido ni siquiera excusas a la sociedad, no había necesidad de solicitar un borrón y cuenta nueva y menos de reducir a revanchismo el reclamo de transparencia y justicia.

La conclusión empañó una pieza bien estructurada y en vez de disuadir las protestas, pareció reafirmarlas, como se expresó de inmediato en las redes sociales y en los posteriores anuncios de los manifestantes de que no darán ni tregua navideña.

No hay dudas de que en el presidente Medina y su entorno propio hay muchas intenciones correctivas, pero parece que no han podido calibrar la profundidad y amplitud de la indignación ocasionada por la forma en que concluyó el gobierno del presidente Leonel Fernández.

Amarrados unos a la lealtad partidaria y otros al “realismo político” que no concibe ni siquiera la posibilidad de admitir graves yerros ni investigar desafueros denunciados, no parecen entender que no hay posibilidad de construir ningún “gran futuro” consagrando la total impunidad.

Crisis de confianza y credibilidad

Durante una entrevista en el telediario Uno+Uno de Teleantillas, el jueves, el destacado economista dominicano Carlos Asilis analizó las implicaciones de la crisis del modelo económico nacional con déficits sobre el 8 por ciento del producto bruto no sólo fiscal, sino también en balanza de pagos, considerándolo insostenible y adelantando graves dificultades para el gobierno sin un acuerdo con el FMI.

Asilis, quien es un reconocido consultor internacional y como tal colaboró con Jacques Attalí (de manera honorífica) en la elaboración del “Informe de la
Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la República Dominicana contratado por el gobierno de Leonel Fernández, se remitió a las recomendaciones del mismo, hechas públicas en noviembre del 2010, y reiteró que el país atraviesa por una crisis de confianza y credibilidad.

Aludió a las siete iniciativas con 77 propuestas específicas en que concluye ese estudio, la primera de las cuales versa sobre “devolver la confianza en las instituciones”.

Medina ha adoptado decisiones y un discurso para recuperar la confianza, pero todavía insuficientes por el excesivo deterioro de la credibilidad en los discursos. Por ejemplo, todavía el gobierno no ha presentado disposiciones específicas para reducir el gasto y el dispendio en un 3 por ciento del PIB como planteó sin lograr convencer al Consejo Económico Social, y abandonó ese escenario constitucional de concertación.

La austeridad dispuesta en el decreto 499-12 ha recibido aplauso generalizado, pero es absolutamente insuficiente. La reducción de unos 200 viceministros ha sido burlada porque muchos ahora son asesores. Eliminaron seis entidades de decenas de cargos, cuando las hay con cientos y hasta miles sin la menor justificación, como la inorgánica Corporación de Empresas Estatales, el Instituto de Estabilización de Precios o el Consejo Estatal del Azúcar. Tampoco se ha tocado a los centenares de vicecónsules y diplomáticos que cobran sin trabajar.

Los dirigentes del partido de gobierno no hacen concesiones y siguen defendiendo lo inicuo e insultando a todo el que aspira a lo mejor, lo que no apuntala el discurso de Medina. Con el control total del Congreso no aprueban la ley de regulación salarial, ni la de partidos, ni los siete proyectos anticorrupción presentados por algunos clarividentes. Ni eliminan barrilitos, cofrecitos y otros repartos indecorosos.

Un arranque cada vez más difícil                                                                                              

Tras el informe de la misión del FMI que ratificó la gravedad de la crisis fiscal, con un déficit de 8.5 por ciento del PIB para este año, por lo que el organismo sólo se compromete a monitorear las políticas correctivas que adopte el gobierno, la situación se ha tornado aún más difícil para el arranque definitivo del gobierno de Danilo Medina. Como se había advertido es obvio que el FMI no se comprometerá con el gobierno sin drásticas medidas de ajuste del gasto que incluyan el déficit del sector energético, lo que implicaría alzas tarifarías que junto al paquete tributario agravarían la situación. Pero sin un acuerdo con el organismo internacional será más difícil y costoso el financiamiento internacional que a mediano plazo conllevaría insostenibilidad.               

 A consecuencia de la situación se ha retrasado la elaboración del proyecto de presupuesto para el 2013, que en principio se prometió presentar a mediados de noviembre para llevarlo al Consejo Nacional de Desarrollo a tiempo para que entrara al Congreso antes de diciembre. Los técnicos hilvanan pretenden reducir el déficit fiscal siquiera a la mitad con un proyecto más creíble que el del año pasado con enorme subestimación del costo energético y sobreestimación de los ingresos fiscales.

  Para colmo de angustias los apagones se han multiplicado en la última semana, lo que se atribuye al interés de los generadores por recibir un nuevo abono a la deuda que vuelve a estar sobre los mil millones de dólares. La presión es obvia, aprovechando que el gobierno no querrá unas navidades con apagones.

 Con la crisis fiscal y las protestas repercutiendo cada vez más en los medios de comunicación internacionales, las autoridades no quisieran seguir leyendo informes como el de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) publicado esta semana, donde se muestra que el país fue uno de los tres de la región donde creció la pobreza entre el 2010 y 2012, afectando ahora al 42. 2 por ciento de la población. Buscando diluir las protestas, el gobierno adelanta el pago de la bonificación navideña para la primera semana de diciembre y reivindica el tradicional reparto  popular.

En cualquier caso el desafío estará a partir de enero cuando tras la resaca navideña empiecen a sentirse los efectos del paquete tributario y se vea si amainan las protestas o se multiplican con la entrada en escena de los sectores populares que en la primera etapa han dejado el protagonismo a la clase media.

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Opinión

Tres mitos de la Suprema: consenso, apoliticidad e imparcialidad

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La selección de la Suprema Corte refleja acuerdos políticos más que imparcialidad, cuestionando el mito de apoliticidad y consenso democrático.

  • El texto sostiene que la unanimidad en el CNM responde a pactos políticos, no convicciones coincidentes.
  • Se menciona a Justiniano Montero Montero como juez de carrera con posibles lealtades tácitas.
  • La SCJ y el Tribunal Constitucional son descritos como claves para proteger élites políticas.

Por Narciso Isa Conde

Escuchando tantos elogios al consenso unánime, a la apoliticidad e imparcialidad en el proceso de la selección y conformación de la nueva Suprema Corte de Justicia (SCJ), les plantee a algunos amigos expertos en el tema que me parecía que ese consenso tiene mucho de pacto entre dos fuerzas políticas: una con mayoría precaria y la otra con una cuota significativa.

Les señalé que ser juez de carrera no es necesariamente ser apolítico o apartidista, y que no es verdad que esta ocasión este gobierno no trataría de asegurar su impunidad, para lo cual la SCJ es una entidad judicial clave.

 Dicho esto, les sugerí ir a más profundidad en estas valoraciones, sobre todo después de lo acontecido con los cambios realizados en otras de las altas cortes.

 El disco duro de la sociología política dominicana nos habla del mito de la neutralidad técnica frente a la cruda política del poder y la búsqueda de impunidad, y posibilita llegar a estas consideraciones:

·         La carrera judicial no es un búnker como para afirmar que, porque el magistrado Justiniano Montero Montero provenga de la base de la judicatura, eso lo despoja de vínculos, simpatías, lealtades tácitas o de la prudencia necesaria para sobrevivir décadas dentro del sistema. Más cuando es tradición que para ascender en la escalera judicial dominicana se requiere navegar aguas donde la denominadas clase política y la oligarquía capitalista siempre tiene antenas y capacidad de veto.

·          Cuando fuerzas mayoritarias con cuentas de corrupción pendientes (como las del PRM y sus empresarios) y minorías con peso institucional (como la representación de FP desde una impunidad protegida) llegan a un voto unánime en el CNM, no se debe a una voluntad democrática colectiva o a un consenso por convicciones coincidentes. Ni en ese caso, ni en casos parecidos.

·         Por lo general, ese resultado responde a un pacto de coexistencia pacífica: se reparten espacios o se validan perfiles donde los actores políticos principales aseguran que no habrá sorpresas radicales ni persecuciones judiciales desbocadas contra los círculos de poder salientes o vigentes.

·         En la República Dominicana, el control o la influencia sobre las altas cortes cumple una función sistémica histórica de protección a los integrantes del poder constituido y a las elites capitalistas.

·         Ningún liderazgo político con fuerza real entrega el poder o diseña transiciones obviando el control de la Suprema Corte de Justicia (máxima instancia de apelación penal y casación) y del Tribunal Constitucional.

·         La experiencia con los cambios en otras altas cortes del país ha demostrado que los repartos de cuotas, presentados como consensos, terminan funcionando como un engranaje de equilibrio de determinadas debilidades: «tú no me tocas los flancos vulnerables de mi gestión, yo no dinamito los tuyos».

·         El sistema judicial se convierte así en un fiel de la balanza que modera los conflictos entre élites partidarias y empresariales, pero que no rompe el statu quo estructural de la llamada clase política tradicional y de toda la clase dominante-gobernante.

Entonces, surgió la necesidad de responder a esta pregunta fuñona:

¿Acaso tiene Abinader el control absoluto de la SCJ?

 Lo cierto es que más que un control absoluto de “títeres” o «marionetas» (que afectaría la imagen benévola de supuesta independencia institucional y la fantasía de la separación de poderes, tan cara para los organismos multilaterales, instancias internacionales, la diplomacia simuladora y las apariencias), lo que se construyó fue un control por entendimientos mutuamente convenientes, con un diseño de perfiles moderados:

Se evitan así perfiles y situaciones confrontativas o disidencias y disidentes reales que puedan activar investigaciones incómodas.

En su lugar se colocan figuras que garantizan una «paz social y corporativa» adecuada al sistema de dominación, administrando la justicia con un mando conservador que frene o disuelva cualquier intento de depuración profunda o propósito de romper con la inercia de impunidad sistémica.

La verdad es que detrás del ropaje técnico y la unanimidad formal se esconde una arquitectura de negociación política donde las cúpulas partidarias y empresariales aseguran su retaguardia institucional.

Nada de consenso democrático, apoliticismo o imparcialidad.

Acuerdos por conveniencia de las partes, casi nunca con equilibrio absoluto o paridad en el poder de decisión.

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Opinión

Descalifican libros y ganadores con IA (6 de 10)

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Por Oscar López Reyes

Sin equidad en la osadía ni encogimiento de hombros, magnates de la inteligencia artificial (IA) se atribuyen la potestad de apoderarse de textos (plagio) de libros, revistas y periódicos, y academias y editoras despojan de premios a obras escritas por máquinas, en virtud de la usencia de sensibilidad creativa, autenticidad y mérito, que implica un engaño a jurados y lectores. Procuran así preservar la reputación de los galardones.

Adicionalmente, la IA empequeñece la pluralidad y la investigación periodística. El aprovechamiento por las oligopólicas corporativas de obras registradas legalmente para entrenar sus modelos de lenguaje (LLM) algorítmicos, sin la aceptación de sus autores (plagio automatizado), cuyos nombres eliminan, gestó una usurpación jurídica y otro ético (expoliación de propiedad intelectual), porque el software comercializa un saber sistematizado, en desconocimiento del esfuerzo y sacrificio del progenitor original o primario.

La aplicación de la IA también procrea una crisis en la esfera editorial (entre editores y lectores), por la publicación de libros cimentados en algoritmo, y por la mezcla de la creación humana y esta nueva tecnología. El plagio no sólo infringe los derechos de autor, sino que arruina la calidad intelectual periodística.

¿Cómo lidiar con esta asunción ilegítima de autoría?

Asociaciones de escritores y medios de comunicación, como The New York Times, han demandado judicialmente a OpenAl y a otras de la competencia imperfecta, por difundir libros y trabajos periodísticos como suyos. Asimismo, como garantía de sinceridad y certeza, Authors Guild en Estados Unidos e iniciativas en Europa han presentado certificaciones con las etiquetas de “literatura orgánica” o “escrito por un humano”.

También, las nominaciones de acreditados premios, como el Goncourt, han sido retiradas a los escritores de novelas Thélyson Orélien (canadiense, “Fue eso o morir o Era eso o morir”), Mia Ballard (estadounidense, “Chica Tímida”) y a David Silva (peruano, “Donde el agua trabaja”) y, por igual, se ha producido la cancelación de la venta de sus obras literarias por sospechas o admisiones de plagio conectados con recursos cibernéticos.

Carencia de pluralidad y entorno humano. Socava la pluralidad y la disparidad de abordajes delegar la selección de información, la redacción y verificación a la IA, sin la sensibilidad, creatividad, el criterio ético, la profundidad y la depuración objetiva de un periodista comprometido con la verdad. Los prototipos generativos instructivos con documentos preexistentes en internet plasman y postean deformaciones geográficas, históricas, estereotipos y discriminaciones.

El algoritmo deshumanizante de los procesos productivos acarrea la ruptura con principios éticos y la iniciación de un duelo entre el talento humano y las máquinas: un minúsculo grupo de corporaciones privadas y estados nacionales estructuran, explícitas o implícitamente, fórmulas y directrices que normatizan infraestructuras cibernéticas globales.

La contrastación presencial y el discurso mediático se torna ineludible para averiguar y fiscalizar poderes, con estricto nivel profesional, para ganar la confianza de las audiencias.

¿Cuáles son las respuestas?

Para contrapesar, en la competencia profesional contra el algoritmo y por el predominio de la pluralidad, la sensibilidad, se impone reconstruir la conversación colectiva y ampliar la presencia del periodista en los foros abiertos: amplificar la agenda comunitaria, diversificar las fuentes, consultar a expertos, contar historias, dando cabida a las voces más disidentes.

Como valores consustanciales y diferenciales del reporterismo se exige más entrevistas, más crónicas, más reportajes, más descripciones y narraciones, y más análisis cubiertos de originalidad y exclusividad, identificándose con las agrupaciones, asociaciones, congregaciones, equipos, brigadas, corros y peñas locales.

Reducción en labor investigativa. La IA atenta con las opiniones divergentes. El recorte de planillas de redactores, correctores y editores, para aminorar gastos de producción, mengua la competencia metodológica mediática, porque margina la reflexión y el análisis. Lo anterior quiere decir que la automatización excesiva arrebata a la contraargumentación democrática y a la información su rigor y la fiscalización humana, porque descansa en motores de probabilidad estadística.

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Referencias bibliográficas:

1.- Artículo académico (PMC / Frontiers in Artificial Intelligence). Romanishyn, A., Malytska, O., y Goncharuk, V. (2025, 31 de julio). AI-driven disinformation: policy recommendations for democratic resilience. Frontiers in Artificial Intelligence, 8, 1569115.,. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12351547/

2.- Atlas de IA: Poder, política y costes planetarios de la inteligencia artificial, Kate Crawford, Ediciones, Barcelona, España, 2023.

3.- Ciberseguridad paso a paso: Diseña tu estrategia, María Ángeles Caballero Velasco, Laura Baus Lerma y Diego Cilleros Serrano, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.

4.- Lánzate a la IA. Despierta tus superpoderes, Arturo Fuentes Calle, Editorial Marcombo, Barcelona, España, 2026.

5.- Algoritmos para la vida cotidiana: La ciencia de la informática aplicada a las decisiones humanas, Brian Christian y Tom Griffiths, Teell Editorial, Madrid, España, España, 2017.

6.- Inteligencia artificial generativa con modelos de ChatGPT y OpenAI, Valent0ina Alto, Editora Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.

7.- Domina la inteligencia artificial antes de que ella te domine a ti: IA101 estrategias para impulsar tu carrera y mejorar tu vida, Lasse Rouhiainen, Alienta Editorial. Ciudad, Barcelona, España, 2026.

8.- Generación IA: guía para un uso responsable, creativo y seguro de la inteligencia artificial, María Lázaro Ávila, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2026.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.

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Opinión

La Constitución como medida del poder

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Por Isaías Ramos

 Cuando una autoridad jura cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ciudadanía tiene derecho a creerle. Ese compromiso pone en juego algo más que la reputación del funcionario: la confianza de las personas en que sus derechos estarán protegidos, incluso frente al propio gobierno.

El pasado viernes 6 de noviembre conmemoramos 182 años de la primera Constitución dominicana. Honrarla exige examinar qué ocurre con lo jurado una vez comienza el ejercicio del poder.

El artículo 127 obliga al presidente y vicepresidente a prestar ese juramento antes de entrar en funciones. Incluye respetar los derechos y libertades ciudadanos y cumplir fielmente los deberes del cargo. Cada decisión posterior debe poder sostenerse frente a ese compromiso.

Mateo 23:2-3 ilumina esta exigencia. Jesús denuncia la contradicción entre enseñanza y conducta en los dirigentes religiosos a quienes se dirige: «ellos dicen, pero no hacen». Su aplicación política invita a examinar si las autoridades ejercen sus funciones conforme a los principios que proclaman.

La Constitución proporciona una medida común para hacerlo, independientemente de las creencias particulares o las preferencias políticas. Su artículo 6 somete a los poderes públicos a la norma suprema. Una mayoría electoral gobierna dentro de esos límites.

Las candidaturas independientes permiten comprobar qué significa respetarlos.

En la sentencia TC/0788/24, el Tribunal Constitucional consideró desproporcionados los requisitos impugnados y estableció una regulación sustitutiva. Afirmó que los partidos no tienen el monopolio constitucional de todas las candidaturas a puestos de elección nacional y reconoció al Congreso competencia para regularlas de manera compatible con lo decidido.

El Congreso aprobó después la Ley 13-26 y el Ejecutivo la promulgó, suprimiendo esas candidaturas. Sus fundamentos invocan una reserva de postulaciones a las organizaciones políticas y dificultades de organización institucional.

El Tribunal dispuso corregir la regulación; la respuesta legislativa y ejecutiva fue suprimir la figura. Esa es la contradicción constitucional que denunciamos. Las dificultades alegadas debían resolverse respetando el fallo y el carácter vinculante que el artículo 184 reconoce a las decisiones del Tribunal Constitucional.

Si el órgano obligado pudiera escoger qué sentencia cumple, ¿qué seguridad tendría una persona que acude a la justicia para defender sus derechos? La respuesta importa también a quien nunca aspirará a un cargo. Una sentencia constitucional vinculante debe cumplirse, aunque incomode a la autoridad obligada a ejecutarla.

Hemos presentado dos recursos: uno contra la Ley 13-26 y otro frente a lo que denunciamos como la negativa de la Junta Central Electoral a cumplir el mandato de la sentencia. Cada procedimiento requiere una decisión de la instancia competente. La impugnación de la ley no la anula por sí sola.

Acudimos a las vías institucionales para defender la participación y exigir que las autoridades respondan por sus decisiones.

El artículo 75 también compromete a la ciudadanía. Su numeral 1 exige acatar y cumplir la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades establecidas por ellas. El numeral 12 obliga a velar por la calidad democrática, el patrimonio público y la transparencia de la función pública.

Cumplamos esos deberes exigiendo respuestas documentadas: qué se ha hecho para cumplir la sentencia y cuál es el fundamento jurídico de cada actuación.

Asumamos el cumplimiento constitucional como una obligación permanente, tanto al exigir responsabilidades como al ejercer autoridad.

En 2044 celebraremos dos La Constitución como medida del poder

siglos de independencia y de nuestra primera Constitución. Trabajemos para llegar a ese aniversario con derechos que las personas puedan exigir y autoridades que respondan por su cumplimiento.

El juramento compromete a quien gobierna. Hacerlo exigible protege a toda la nación.

¡El 2044 comienza hoy!

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