Opinión
Danilo inspira pero lo ayudan muy poco
Por Juan Bolívar Díaz
La gente se aferra a la esperanza que despierta el discurso y la humildad del presidente Medina, pero rechaza la impunidad que implica el borrón y cuenta nueva planteado por el mandatario y espera más acciones específicas.
El discurso del presidente Danilo Medina, que plantea rectificaciones con su sello personal y propio estilo de gobierno, volvió a conseguir simpatías en la población dominicana, aunque los más contestatarios le impugnan su planteamiento de borrón y cuenta nueva.
Mientras el gobierno, que sigue confrontando dificultades para lograr algún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con los apagones financieros atacando y retraso en la elaboración del presupuesto de ley de ingresos y gastos públicos para el próximo año, adelanta el doble salario navideño y anuncia repartos para ganar tiempo.
Danilo: Tabla de salvación
Con un elenco que sigue pareciendo viejo, por lo de postalitas repetidas, la tabla de salvación del gobierno parece ser la personalidad del presidente Danilo Medina empeñado en proyectar una imagen de humildad, austeridad y apertura en contraste con la de su antecesor, objeto del repudio y la ira popular.
El segundo discurso del licenciado Medina tras su juramentación presidencial lo ratificó en actitud de emprender un gobierno más cercano a las expectativas de la comunidad, sin pretensiones monumentales, preocupado por la ética y la reducción del dispendio y la corrupción, en términos que obligan a darle tiempo para que materialice propuestas y propósitos.
Danilo Medina pasó balance a sus primeros cien días de gestión reivindicando la prioridad de la educación, la promoción de las pequeñas empresas y de la producción agrícola, la transparencia en la asignación de las obras públicas que alcancen al mayor número posible de personas, con criterio de amplia distribución, prometiendo atender a los más vulnerables.
Por primera vez las obras se asignarán mediante sorteo, con procesos transparentes y plurales que permitirán la participación de cientos de ingenieros y constructores de todo el país”, economía solidaria que genere empleos.
“Un gobierno democrático no es para formar castas ni para mantener grupos de privilegiados, pero sí para luchar por la igualdad de todos”, dijo al comienzo de su discurso del martes 27, tras recordar la firma de su Código de Pautas Éticas y sostener que el funcionario que no lo cumpla “será destituido sumariamente y responderá de sus actos ante la justicia”.
Danilo pidió que le dieran oportunidad para demostrar con hechos que va a ser diferente, proclamando que “no vine a la Presidencia de la República a convencerlos con discursos ni medias verdades. Yo vine a transformar este país y a iniciar una nueva manera de hacer política”.
Otro borrón y cuenta nueva
El discurso de los cien días de Danilo duró 28 minutos, con 27 de aciertos, pero flaqueó al final cuando planteó otro borrón y cuenta nueva, política de impunidad que se ha impuesto en la nación, alentando la corruptela y el desconocimiento de las normas constitucionales y jurídicas, porque nunca se ha hecho justicia, ni siquiera con los peores crímenes, a diferencia de lo que se ve en estos días en Argentina y Chile, donde se están sancionando delitos de tres y cuatro décadas.
Tras plantear que “el gobierno necesita tiempo y apoyo para hacer todo lo que se propone”, concluyó pidiendo que “miremos al futuro con esperanza y al presente sin revanchismo. No perdamos el tiempo en lanzar piedras hacia atrás. Transformemos esas piedras en ladrillos para, con ellas, construir un gran futuro para nuestro pueblo”.
Si por razones partidarias el presidente no podía referirse a los motivos de las protestas sociales que sacuden el país, ni a la fiesta de malversación y locura de inversión que originó un déficit fiscal de 200 mil millones de pesos, sin que nadie haya pedido ni siquiera excusas a la sociedad, no había necesidad de solicitar un borrón y cuenta nueva y menos de reducir a revanchismo el reclamo de transparencia y justicia.
La conclusión empañó una pieza bien estructurada y en vez de disuadir las protestas, pareció reafirmarlas, como se expresó de inmediato en las redes sociales y en los posteriores anuncios de los manifestantes de que no darán ni tregua navideña.
No hay dudas de que en el presidente Medina y su entorno propio hay muchas intenciones correctivas, pero parece que no han podido calibrar la profundidad y amplitud de la indignación ocasionada por la forma en que concluyó el gobierno del presidente Leonel Fernández.
Amarrados unos a la lealtad partidaria y otros al “realismo político” que no concibe ni siquiera la posibilidad de admitir graves yerros ni investigar desafueros denunciados, no parecen entender que no hay posibilidad de construir ningún “gran futuro” consagrando la total impunidad.
Crisis de confianza y credibilidad
Durante una entrevista en el telediario Uno+Uno de Teleantillas, el jueves, el destacado economista dominicano Carlos Asilis analizó las implicaciones de la crisis del modelo económico nacional con déficits sobre el 8 por ciento del producto bruto no sólo fiscal, sino también en balanza de pagos, considerándolo insostenible y adelantando graves dificultades para el gobierno sin un acuerdo con el FMI.
Asilis, quien es un reconocido consultor internacional y como tal colaboró con Jacques Attalí (de manera honorífica) en la elaboración del “Informe de la
Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la República Dominicana contratado por el gobierno de Leonel Fernández, se remitió a las recomendaciones del mismo, hechas públicas en noviembre del 2010, y reiteró que el país atraviesa por una crisis de confianza y credibilidad.
Aludió a las siete iniciativas con 77 propuestas específicas en que concluye ese estudio, la primera de las cuales versa sobre “devolver la confianza en las instituciones”.
Medina ha adoptado decisiones y un discurso para recuperar la confianza, pero todavía insuficientes por el excesivo deterioro de la credibilidad en los discursos. Por ejemplo, todavía el gobierno no ha presentado disposiciones específicas para reducir el gasto y el dispendio en un 3 por ciento del PIB como planteó sin lograr convencer al Consejo Económico Social, y abandonó ese escenario constitucional de concertación.
La austeridad dispuesta en el decreto 499-12 ha recibido aplauso generalizado, pero es absolutamente insuficiente. La reducción de unos 200 viceministros ha sido burlada porque muchos ahora son asesores. Eliminaron seis entidades de decenas de cargos, cuando las hay con cientos y hasta miles sin la menor justificación, como la inorgánica Corporación de Empresas Estatales, el Instituto de Estabilización de Precios o el Consejo Estatal del Azúcar. Tampoco se ha tocado a los centenares de vicecónsules y diplomáticos que cobran sin trabajar.
Los dirigentes del partido de gobierno no hacen concesiones y siguen defendiendo lo inicuo e insultando a todo el que aspira a lo mejor, lo que no apuntala el discurso de Medina. Con el control total del Congreso no aprueban la ley de regulación salarial, ni la de partidos, ni los siete proyectos anticorrupción presentados por algunos clarividentes. Ni eliminan barrilitos, cofrecitos y otros repartos indecorosos.
Un arranque cada vez más difícil
Tras el informe de la misión del FMI que ratificó la gravedad de la crisis fiscal, con un déficit de 8.5 por ciento del PIB para este año, por lo que el organismo sólo se compromete a monitorear las políticas correctivas que adopte el gobierno, la situación se ha tornado aún más difícil para el arranque definitivo del gobierno de Danilo Medina. Como se había advertido es obvio que el FMI no se comprometerá con el gobierno sin drásticas medidas de ajuste del gasto que incluyan el déficit del sector energético, lo que implicaría alzas tarifarías que junto al paquete tributario agravarían la situación. Pero sin un acuerdo con el organismo internacional será más difícil y costoso el financiamiento internacional que a mediano plazo conllevaría insostenibilidad.
A consecuencia de la situación se ha retrasado la elaboración del proyecto de presupuesto para el 2013, que en principio se prometió presentar a mediados de noviembre para llevarlo al Consejo Nacional de Desarrollo a tiempo para que entrara al Congreso antes de diciembre. Los técnicos hilvanan pretenden reducir el déficit fiscal siquiera a la mitad con un proyecto más creíble que el del año pasado con enorme subestimación del costo energético y sobreestimación de los ingresos fiscales.
Para colmo de angustias los apagones se han multiplicado en la última semana, lo que se atribuye al interés de los generadores por recibir un nuevo abono a la deuda que vuelve a estar sobre los mil millones de dólares. La presión es obvia, aprovechando que el gobierno no querrá unas navidades con apagones.
Con la crisis fiscal y las protestas repercutiendo cada vez más en los medios de comunicación internacionales, las autoridades no quisieran seguir leyendo informes como el de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) publicado esta semana, donde se muestra que el país fue uno de los tres de la región donde creció la pobreza entre el 2010 y 2012, afectando ahora al 42. 2 por ciento de la población. Buscando diluir las protestas, el gobierno adelanta el pago de la bonificación navideña para la primera semana de diciembre y reivindica el tradicional reparto popular.
En cualquier caso el desafío estará a partir de enero cuando tras la resaca navideña empiecen a sentirse los efectos del paquete tributario y se vea si amainan las protestas o se multiplican con la entrada en escena de los sectores populares que en la primera etapa han dejado el protagonismo a la clase media.
Por Isaías Ramos
Una nación no se empobrece solamente cuando le roban dinero. Se empobrece cuando el robo se normaliza, cuando la impunidad se administra, cuando la persecución de la corrupción se percibe como selectiva y cuando la justicia se convierte en espectáculo para entretener la indignación, pero no para devolverle al pueblo lo que le quitaron.
La corrupción no vive solo en expedientes, titulares o ruedas de prensa. Se siente cuando falta medicina en un hospital, cuando una escuela se deteriora, cuando un apagón apaga un negocio, cuando una familia se endeuda para comer y cuando un joven descubre que el mérito no pesa tanto como la conexión.
Después de hablar de un país donde la movilidad social está bloqueada, hay que decirlo con claridad: la corrupción es una fábrica de inmovilidad social. Roba dinero, sí; pero también roba confianza, oportunidades, futuro y dignidad.
El informe de clima social de LS Consulting confirma que corrupción y costo de vida se consolidan como ejes del malestar: el costo de vida es la experiencia diaria; la corrupción, la explicación de por qué ese costo no se administra mejor. También muestra que 78% de los consultados siente que el gobierno no da el ejemplo cuando pide austeridad.
Ahí está el fondo: el pueblo recorta, se endeuda, sacrifica salud, alimentación, transporte y tranquilidad; mientras observa que arriba muchas veces no hay la misma disciplina, transparencia ni sacrificio.
Por eso la lucha contra la corrupción no puede ser selectiva ni teatral. Cuando no recupera bienes, no desmonta redes, no cambia reglas, no audita subsidios, no transparenta concesiones, no revisa exenciones y no devuelve recursos al pueblo, deja de ser justicia y se convierte en espectáculo. Una justicia-espectáculo puede producir titulares, pero no reconstruye movilidad social.
El país no necesita “pan y circo” anticorrupción. Necesita justicia con recuperación de activos y reforma institucional.
Y aquí cabe una pregunta que la República debe hacerse sin miedo: ¿para qué se aprobó y promulgó una Ley de Extinción de Dominio si los bienes ilícitos no se persiguen con firmeza, si lo robado no se recupera con transparencia y si esos recursos no vuelven a escuelas, hospitales, agua, seguridad, electricidad y oportunidades?
La Ley núm. 340-22 regula la extinción de dominio como acción autónoma, independiente y patrimonial, ejercida contra bienes ilícitos y no como sustituto del juicio penal contra una persona. Reconoce derechos y garantías de las partes afectadas y exige declaración judicial a favor del Estado.
Hay que hablar con rigor. La extinción de dominio no significa quitar bienes por discurso, presión política o condena mediática. La ley dispone que el juicio sea en audiencia pública, oral y contradictoria; que las pruebas se debatan; que el Ministerio Público pruebe las causales de procedencia y la ausencia de buena fe; y que el estándar aplicable sea la preponderancia de la prueba.
Pero tampoco puede convertirse en letra muerta. Frente a una acción debidamente sustentada, quien ostenta bienes cuestionados tiene derecho a defenderse y aportar prueba fehaciente sobre su origen lícito y su buena fe. Si un tribunal competente determina que esos bienes tienen origen o destino ilícito y que no existe buena fe jurídicamente protegida, no deben seguir amparados por la lentitud, la influencia o el poder económico. Deben pasar al Estado y volver al bien común.
Cada peso robado que no se recupera se convierte en deuda moral, fiscal y social que terminarán pagando nuestros hijos.
No basta con presentar culpables si los bienes robados no regresan al patrimonio público. Y no basta con perseguir casos si las mismas prácticas vuelven con otro contrato, otra nómina, otra exención o una nueva concesión.
La verdadera lucha contra la corrupción debe responder tres preguntas: ¿dónde está el dinero?, ¿quiénes se beneficiaron?, ¿qué reglas deben cambiar para que no vuelva a ocurrir?
La corrupción también se disfraza de legalidad. A veces ocurre con contratos blindados, incentivos eternos, obras sobrevaluadas, compras sin competencia real, subsidios sin beneficiario claro y privilegios convertidos en política pública.
Por eso el combate a la corrupción no puede limitarse al funcionario que mete la mano. También debe mirar al modelo que permite capturar decisiones públicas, recibir beneficios sin retorno y trasladar el costo al ciudadano común.
Esto no es contra empresarios productivos ni contra inversión responsable. Es contra privilegios sin consecuencia, subsidios sin auditoría, incentivos sin resultados e impunidad vestida de normalidad.
La Constitución dominicana no manda un Estado de espectáculo. Manda un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en dignidad humana, derechos fundamentales, trabajo, soberanía popular y separación de poderes. Cuando los recursos se pierden en corrupción, clientelismo o privilegios, no solo se viola la ética pública: se contradice el mandato constitucional.
En el Frente Cívico y Social estamos convencidos de que la lucha anticorrupción debe dejar de ser temporada de titulares y convertirse en política permanente de Estado: registro público de bienes recuperados, auditorías de subsidios y exenciones, contrataciones transparentes, control ciudadano de obras, protección a denunciantes, sanción patrimonial y destino social de los recursos recuperados.
Cada peso recuperado debe tener rostro y destino: escuelas, hospitales, agua, seguridad, transporte, electricidad, apoyo productivo, juventud y movilidad social. Porque lo robado no puede quedarse en expedientes. Lo robado debe volver al pueblo.
No se trata de venganza. Se trata de República. No se trata de dividir al país. Se trata de unir a la ciudadanía alrededor de una regla básica: quien robe al pueblo debe responder ante la justicia y ante la República.
Porque un país donde la corrupción entretiene más de lo que repara no está haciendo justicia: está administrando indignación. Y una nación que administra indignación, pero no recupera lo robado, no abre camino. Lo bloquea.
Ya basta de justicia-espectáculo: lo robado debe volver al pueblo y la República debe ser gobernada con orden constitucional.
Por Robinson Lebrón
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El bloque de constitucionalidad y la dimensión sustantiva del sufragio
La proclamación de la Constitución del 26 de enero de 2010 supuso una ruptura paradigmática en el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, al transicional formalmente desde un Estado clásico de derecho hacia un Estado Social y Democrático de Derecho. Esta transformación situó a la dignidad humana en la cúspide axiológica del sistema, definiéndola en su artículo 5 como el fundamento ético y ontológico de la República, y reforzándola en el artículo 38 como un valor sagrado, innato e inviolable.
Bajo esta nueva matriz dogmática, los derechos políticos tradicionalmente interpretados como meras facultades procedimentales para la alternancia del poder adquirieron la categoría de derechos fundamentales vinculados directamente al libre desarrollo de la personalidad y a la autonomía individual. Votar y ser elegible dejaron de ser simples mecanismos técnicos de agregación de preferencias para convertirse en un canal de autorrealización ciudadana.
El Tribunal Constitucional dominicano, a través de su prolífica jurisprudencia a partir de 2012, consolidó este criterio al establecer que los derechos de ciudadanía no pueden ejercerse plenamente si se despoja al individuo de las condiciones mínimas materiales y de respeto a su integridad moral. Por consiguiente, la legitimidad de los procesos electorales en los últimos veinte años empezó a medirse no solo por la pulcritud del cómputo de las boletas, sino por la capacidad del Estado para garantizar que cada ciudadano concurra a las urnas en condiciones de libertad, igualdad y no discriminación.
Mecanismos de inclusión fáctica: El Voto Accesible
Uno de los hitos más tangibles en la operativización de la dignidad humana dentro del sistema electoral dominicano ha sido el desmantelamiento progresivo de las barreras arquitectónicas y metodológicas que históricamente excluyeron a las personas con discapacidad y a los adultos mayores. En consonancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el mandato de igualdad del artículo 39 de la Carta Magna, la Junta Central Electoral (JCE) implementó de manera sistemática a partir de la década de 2010 la política de Voto Accesible.
Esta política institucionalizada se ramificó en tres componentes principales que devolvieron la autonomía al elector:
- Colegios Electorales en Primeros Niveles: La reubicación obligatoria de las mesas de votación en las plantas bajas de los recintos escolares y recintos públicos para garantizar el libre acceso de ciudadanos con movilidad reducida o usuarios de sillas de ruedas.
- Plantillas Braille: La introducción de boletas auxiliares con relieve para las personas con discapacidad visual, permitiendo por primera vez el ejercicio del voto secreto e independiente, eliminando la necesidad de delegar su voluntad en un tercero, práctica que lesionaba directamente su dignidad y privacidad.
- El Programa de Voto en Casa: Un plan piloto ejecutado en los últimos ciclos electorales diseñado para trasladar al personal de las mesas de votación y las urnas directamente a los hogares de ciudadanos con condiciones de salud extremas o inmovilidad absoluta, reconociendo su estatus de miembros plenos de la soberanía política del Estado.
Por Rommel Santos Diaz
El Estatuto de Roma dispone lo que debe realizarse luego del cumplimiento de la condena, según las limitaciones sobre el enjuiciamiento o el castigo de otros delitos. El Estatuto prevé sobre la transferencia de la persona que no sea un nacional de Estado que ejecuta, extradita o entrega al Estado que lo solicite.
La descripción que hace el Estatuto de Roma podría verse detallada de la regla de especialidad. Regula el derecho individual de proteger a una persona que esta condenada o que cumple una condena, para que no sea enjuiciada o extraditada, salvo que la CPI lo acepte a solicitud del Estado.
Sin embargo, el Estatuto de Roma establece que la Corte Penal Internacional sólo podrá referirse a la solicitud de un Estado ¨¨¨luego de haber escuchado la opinión de la persona condenada¨.
Si un Estado acepta a una persona condenada, se necesitaran procedimientos apropiados para que se respete a cabalidad con este requisito. Particularmente los Estados de ejecución deberán adherirse a lo dispuesto en varias partes del Estatuto de Roma.
En cuanto a las medidas de parte de los Estados Partes de la CPI para la implementación cabe destacar que esto podría requerir de cambios tanto legislativos como administrativos por parte de los Estados aceptantes.
En lo referente a la revisión por parte de la CPI para reducir condenas, el Estatuto de Roma establece claramente que solo la Corte tiene la potestad de reducir la condena luego de haber dado audiencia a la persona condenada.
La revisión de una sentencia por parte de la CPI deberá llevarse a cabo cuando la persona haya cumplido dos tercios de la condena, o 25 años en el caso de la cadena perpetua. La CPI podrá reducir la sentencia basándose en los elementos en lo que al respecto establece el Estatuto de Roma.
En el contexto de cumplimiento de las obligaciones los Estados no deberán interferir con las condenas impuestas por la Corte Penal Internacional, ya sea reduciendo o modificando la sentencia. En este sentido se recomienda que los Estados deberán revisar su legislación para evitar esta posibilidad.