Opinión
Proyecto de Presupuesto 2013 recibido con optimismo
Por Víctor Mateo
Como era de esperarse, el Poder Ejecutivo convocó en el Palacio Nacional, el lunes 3 de los corrientes, al Consejo de Ministros a los fines de conocer el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos para el año 2013, el cual asciende a un monto de 443,344 millones de pesos, más la amortización de la deuda, ascendente a unos 73,425 millones de pesos, lo que refleja una suma total de 516,799 millones de pesos.
El Gobierno hará envío formal del Proyecto al Congreso Nacional el 11 de diciembre de 2012, según informó la Presidencia de la República, con la finalidad de que sea discutido y aprobado en ambas cámaras antes del 31 de diciembre. El artículo 239 de la Constitución dominicana establece el último día del año como fecha límite para la aprobación del Presupuesto Nacional en el Congreso, de lo contrario, regirá el presupuesto aprobado para el año que transcurre.
Haciendo uso de las redes sociales, el Mandatario reiteró, mediante su cuenta de twitter @DaniloMedina, que la economía debe estar al servicio de la gente; mostró su satisfacción sobre el presupuesto elaborado por el poder del Estado que representa, ya que a su parecer, los compromisos que hizo con el país están reflejados en la Ley de Gastos Públicos que presentó el pasado lunes.
Es debido indicar que el mencionado proyecto fue elaborado con una meta estimada de recaudaciones de 376,310 millones de pesos, de los cuales 4,300 millones corresponden a donaciones.
En ese orden, se proyecta un nivel de déficit del sector público no financiero de 2.7% del producto interno bruto (PIB), unos 67 mil millones de pesos; se pronostica una tasa del dólar de 41.60 y el precio promedio del petróleo de 106 dólares el barril.
Asignación de 4% para la educación
Un aspecto que ha sido resaltado es el hecho de que la Ley General de Educación No. 66-97, asigna el 4% del producto interno bruto (PIB) para la educación preuniversitaria, así como partidas especiales para los programas sociales relativos al citado sector que se ejecuten a través de la Presidencia de la República. El Proyecto de Presupuesto contempla por vez primera el cumplimiento de esta disposición, luego de ser demanda por la sociedad desde hace unos años.
En tal sentido, la viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación (MINERD), licenciada Minerva Vincent, valoró la disposición del presidente Danilo Medina, ya que a su entender, era una necesidad, una condición necesaria e imprescindible para poder avanzar en esa aspiración que desde décadas tiene República Dominicana por una educación de calidad.
Elena Viyella de Paliza, quien preside Acción por la Educación (Educa), ponderó como un logro el cumplimiento de lo que dispone la Ley General de Educación aprobada en 1997.
Por su lado, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) expresó su satisfacción con la medida. El presidente de dicha organización indicó que “no es simplemente el 4% por ciento del PIB que se acaba de aprobar, es el 22% de toda la partida del presupuesto de la nación del año entrante, y vemos con júbilo este paso tan importante para la educación dominicana, donde se podrá invertir más en la formación de los maestros y las maestras, donde habrá más dinero para los estudiantes”.
El diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) Nelson Arroyo, resaltó que aunque el presupuesto nacional elaborado por el Poder Ejecutivo posee debilidades, lo apoyará porque incluye el 4% para el sector educativo.
En el caso del ex candidato vicepresidencial del PRD, Lic. Luis Abinader, valoró positivamente la disposición del Gobierno de cumplir el 4% y calificó ese hecho como un mérito fundamental de la sociedad, la cual a su entender, ofreció un extraordinario ejemplo de civismo al reclamar esa importante reivindicación. Precisó que el gobierno que encabeza el presidente Danilo Medina tiene que descontinuar la política de endeudamiento y mejorar la calidad del gasto.
Víctor Sánchez, quien es representante de la provincia de Azua por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y presidente de la Comisión de Presupuesto, externó que el presidente Danilo Medina supo escuchar a todos los sectores para presentar un proyecto muy bien equilibrado.
Otra bancada que se expresó mediante su vocero, Ramón Rogelio Genao, fue la del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), quien definió el presupuesto como “bien”, pero dice esperar que no haya demora para aprobarlo. También saludó la asignación del 4% del PIB para educación.
PE incrementa presupuesto municipal
Algo que ha sido bien visto, principalmente por los municipios, es el aumento que se le realizó de 1,000 millones a su anterior asignación, demanda que dicho sector realizaba desde hace seis años.
El secretario general de la Liga Municipal Dominicana (LMD), Ing. Johnny Jones agradeció en nombre la municipalidad el aumento dispuesto por el presidente Medina, lo que según entiende demuestra su sensibilidad respecto a los gobiernos locales.
Por su parte, Pedro Richardson, presidente de la Asociación Dominicana de Distritos Municipales (ADODIM), valoró el trato respetuoso entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos locales. Opinó que el incremento a la transferencia actual de mil millones de pesos, a pesar de no cumplir con lo establecido en la Ley No. 166-03, por lo menos refleja un cambio de actitud por parte del Gobierno para con los gobiernos locales.
Descontento ante presupuesto
La Junta Central Electoral (JCE) ha mostrado desacuerdo en cuanto a la partida presupuestaria que le asigna el Proyecto de Presupuesto sometido por el Poder Ejecutivo, ya que -según su Presidente- no refleja la necesidad real del organismo. En esta ocasión, la asignación al organismo electoral ha sido drásticamente reducida para el próximo año, lo que provocó que el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, convocara al pleno para conocer el caso.
Gobierno pide al FMI analizar presupuesto
El Gobierno dominicano pretende entregar al Fondo Monetario Internacional (FMI) un ejemplar del Proyecto de Presupuesto para el 2013 sancionado por el Consejo de Ministros el pasado lunes 3 de diciembre del presente año, con la intención de que el organismo analice el monto y las partidas consignadas en el mismo.
En ese orden de ideas, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Temístocles Montás, externó que el deseo del Gobierno es llegar a un acuerdo con el FMI, por lo que procura que sea revisado por el mencionado organismo internacional, a los fines de que se discutan algunos aspectos, pues lo que se busca es que no surjan diferencias.
Conclusión
Se espera que el Congreso Nacional conozca el Proyecto de Presupuesto a partir del martes 11 de diciembre, a los fines de que sea convertido en ley a más tardar el 31 de diciembre. Las reacciones a la pieza, en general, han sido favorables, y es muy probable que sea aprobada sin mayores dificultades en el Congreso.
De todos modos, cabe esperar todavía reacciones de otros actores de importancia, como la UASD, que aspira a un presupuesto ascendente al 5% del PIB.
El autor es catedrático universitario de la PUCAMAIMA Y APEC
La Operación Cobra revela una red de estafa en SeNaSa, con 28 arrestos, pero sin implicar a altos funcionarios ni empresas vinculadas a Abinader.
- En 37 allanamientos en cinco demarcaciones fueron arrestadas 28 personas, principalmente médicos y prestadores.
- Entre los pocos nombres confirmados figuran Gabriel Ravelo, Steven Rabassa y el “doctor Puriel”.
- La PGR describió una red que emitía facturas ficticias y cobraba procedimientos no realizados.
Por Narciso Isa Conde
En esta segunda fase de la Operación Cobra, caso SENASA 2.0, en 37 allanamientos realizados en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, La Vega y Cotuí, fueron arrestadas 28 personas, fundamentalmente prestadores de servicios de salud y médicos, ninguna de las altas esferas comprometidas con la estafa.
Gran parte de los nombres de los nuevos detenidos se han mantenido bajo reserva, algo que no se justifica y que de hecho implica protección de imagen de negocios y negociantes mafiosos.
En general, por los datos ofrecidos de las casas allanadas y las familias afectadas, se trata de personas, la mayoría profesionales de la medicina, merecedores/as de sanciones. Pero al parecer toca fundamentalmente a beneficiarios de bajo y mediano nivel.
Entre los pocos nombres confirmados o mencionados por sus abogados figuran el doctor Gabriel Ravelo (subdirector del Hospital Darío Contreras), el médico Steven Rabassa y un especialista identificado como el “doctor Puriel”.
En cuanto a las empresas y entidades corporativas involucradas en la estafa, el Ministerio Público la PGR no ha identificado a nadie y se ha limitado a declarar la existencia de una red de clínicas, centros médicos, cadenas farmacéuticas y empresas de carpeta, dedicadas “a emitir facturas ficticias, activar códigos de Prestadores de Servicios de Salud-PSS) cancelados y cobrar por consultas, cirugías o procedimientos no realizados”.
De la cadena de farmacias GBC (responsable del 40% de los suministros), cómplice y beneficiara en gran escala de esa estafa multimillonarias, no se ha dicho nada; pero si se ha colado lo del apresamiento de dos farmacéuticos no identificados y no se habla de farmacia alguna: una manera de ocultar responsabilidades específicas
Del negocio mafioso con las vacunas, la privatización y las alianzas delictiva estatal privada …NI JI
Todo esto a pesar de que Santiago Hazim es una figura de alto peso político y empresarial, una figura del entorno del presidente Luis Abinader, habiendo coordinado sectores externos de campaña y dirigido el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), desde el inicio de la gestión gubernamental en 2020 hasta su posterior destitución y sometimiento por corrupción administrativa.
Todo esto a pesar de los vínculos políticos del Grupo Estrella y otras empresas con Abinader y el PRM.
Es evidente la ausencia de investigación, a pesar de las responsabilidades incumplidas por Abinader, Raquel Peña, Rincón, Atalá y otros los altos funcionarios del Ministerio, el Servicio Nacional y el Gabinete de Salud y PROMESE, encargados de relacionarse estrechamente y fiscalizar la gestión de la seguridad social estatal y de salud pública; incluso, conociendo detalles de la estafa y de la corrupción privatizadora, la facilitaron y la protegieron.
Además, en los documentos oficiales del Ministerio Público y en las investigaciones de la PEPCA sobre el entramado financiero de SeNaSa, no figuran imputaciones, menciones directas ni vínculos procesales que involucren formalmente al Grupo Read Estrella dentro de la estructura de desfalco al ARS estatal.
Las indagatorias se han circunscrito estrictamente al manejo financiero interno de la aseguradora, los reembolsos administrativos, el uso de fondos de programas especiales (como áreas de atención oncológica) y la red de complicidad con prestadores médicos y farmacéuticas.
Hasta hechos diferentes que lo desmientan, todo indica la PGR ha aprovechado la tardanza en macharle a la SENASA 2.O para hacer una investigación mediatizada, recortada, encartuchada, que posibilita proteger al Presidente Abinader, a altos funcionarios, a entidades corporativas del capital privado y altas instancias políticas.
Por Rommel Santos Diaz
La libertad personal es un derecho indispensable para el desarrollo del accionar en sociedad de todo ser humano, reconocido de modo expreso en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en los textos constitucionales de los Estados de América Latina y el Caribe. Sin embargo, no se trata de un derecho absoluto, sino que admite restricciones.
Conviene establecer que los derechos señalados anteriormente sólo pueden llevarse a cabo en estricta observancia de los requisitos que, para tal efecto, se encuentran previstos en las normas internacionales y nacionales.
En este sentido, la libertad personal es un derecho fundamental que sólo puede ser restringido en determinados supuestos de hecho, en virtud de una orden expedida por la autoridad competente ( excepto en el caso de flagrante delito) y durante los plazos previstos en las normas constitucionales o legales.
La obligación de cumplir con estas condiciones se encuentra prevista tanto en los instrumentos internacionales como los textos constitucionales de los países de la región, los cuales se complementan mutuamente. Al respecto el , el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ( Art. 9, numeral 1) establece que ¨Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta¨.
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos ( Art. 7, numeral 2) señala que ¨ Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Parte o por las leyes dictadas conforme a ellas¨.
La ratificación del Estatuto de Roma por parte de un Estado implica reconocer y aceptar la posibilidad de que la Corte Penal Internacional expida una orden privativa de libertad contra una persona que se encuentra en su territorio. Esta orden de privación de la libertad puede darse bajo las siguientes situaciones:
- a) Orden de detención para la investigación de uno de los crímenes internacionales de competencia de la Corte Penal Internacional o;
- b) Sanción privativa de la libertad por la responsabilidad en la comisión de un crimen internacional previsto por el Estatuto de Roma.
Disposiciones similares se encuentran previstas en el texto de la constitución dominicana como fundamento del Estado Social y Democrático de Derecho.
Por Isaias Ramos
República Dominicana celebra sus récords turísticos contando visitantes. En 2025 fueron 11.7 millones, incluidos 2.8 millones de cruceristas.
Es un logro importante. Pero un país no puede medir el éxito de su turismo únicamente contando cuántas personas llegan. También tiene que contar cuánto pone, cuánto arriesga y cuánto queda cuando esas personas se van.
Esa es la cuenta que falta.
¿Cuánto obtiene República Dominicana por cada peso público que hace posible ese turismo?
Porque el turismo no llega solo.
Detrás de un hotel, un aeropuerto o una terminal de cruceros existen carreteras, agua potable, saneamiento, electricidad, seguridad, promoción internacional, terrenos, puertos e infraestructura financiada o habilitada por el Estado.
También existen incentivos. Para 2025, el gasto tributario estimado específicamente para el turismo fue de RD$12,092.3 millones: recursos que el Estado decidió no recaudar para estimular el sector.
Eso puede ser una excelente inversión. Un peso público que genera empleos, empresas, divisas e impuestos puede regresar multiplicado.
Pero precisamente por eso hay que medirlo.
El problema no es invertir. El problema es que el país ponga recursos, patrimonio e incentivos sin poder ver claramente la cuenta del retorno.
Cada peso de recursos públicos destinado a incentivos o infraestructura tiene un costo de oportunidad frente a escuelas, hospitales, seguridad, agua y otros servicios. Detrás de esas cifras no hay dinero abstracto: hay recursos que pertenecen a una sociedad que tiene derecho a exigir resultados.
Un crucerista cuenta como uno. Su impacto no.
En 2025, 2.8 millones de los visitantes contabilizados fueron pasajeros de cruceros.
El tarifario general de APORDOM establece para buques turísticos un cargo de US$1.50 por pasajero, además de otros servicios aplicables y sujeto a las excepciones contractuales correspondientes.
Un millón de pasajeros representarían US$1.5 millones solamente por ese cargo básico, si resulta aplicable.
Pero contar al pasajero no nos dice cuánto recibió finalmente el Estado, cuánto capturó el operador ni cuánto dinero llegó al taxista, al restaurante, al artesano o al pequeño comerciante de la comunidad.
Ahí está la diferencia entre movimiento económico y desarrollo.
Un dólar gastado dentro de una terminal cuenta como gasto turístico. Pero si circula dentro de negocios vinculados al mismo operador y apenas toca la economía circundante, su efecto sobre la comunidad es distinto.
Por eso necesitamos separar cuatro cosas:
actividad económica, beneficio empresarial, recaudación fiscal y riqueza que permanece en el territorio.
Cabo Rojo: donde la pregunta deja de ser teórica
Port Cabo Rojo permite verlo.
El Estado aportó un puerto preexistente y concedió derechos para transformarlo y explotarlo. Al mismo tiempo desarrolla infraestructura pública alrededor del destino.
La Memoria Institucional 2022 de Banreservas cifró entonces el proyecto en aproximadamente US$78.3 millones y el financiamiento aprobado por el banco en US$37 millones.
Casi el 47% del monto que aquella memoria atribuía al proyecto.
Posteriormente se comenzó a hablar de una inversión cercana a US$98 millones.
Pero US$98 millones de inversión anunciada no significan US$98 millones puestos por los accionistas de ITM.
La información pública localizada no permite establecer cuánto fue capital propio, cuánto otra deuda, cuánto financiamiento relacionado ni cuánto del monto anunciado ha sido efectivamente ejecutado.
Y entonces aparece una pregunta que el país merece poder contestar:
¿Qué garantiza los US$37 millones de Banreservas?
Que Banreservas sea estatal no convierte un préstamo comercial en gasto público. Si ITM responde por esa deuda, paga intereses y existen garantías suficientes, estamos ante financiamiento privado.
Pero no hemos localizado públicamente el contrato crediticio ni sus garantías.
¿Responden activos privados de ITM? ¿Garantías corporativas? ¿Los flujos del puerto? ¿La infraestructura construida?
¿O forman parte directa o indirectamente de las garantías derechos económicos derivados de la concesión otorgada por el propio Estado?
No podemos afirmar que la concesión sea la garantía.
Pero tampoco deberíamos tener que adivinarlo.
Cuando un banco estatal financia un negocio privado desarrollado sobre derechos concedidos por el Estado, saber quién asume el riesgo y con qué patrimonio responde no debería ser un privilegio de quienes firmaron el contrato.
El turismo que necesitamos
La solución no es menos turismo ni menos inversión privada.
Es un Estado que sepa cuánto entrega, cuánto arriesga y cuánto recibe.
Toda gran concesión turística debería publicar anualmente una Cuenta de Retorno Público:
capital privado realmente invertido; deuda y garantías; activos públicos utilizados; exenciones recibidas; cánones e impuestos pagados; empleos y salarios; compras a proveedores dominicanos; inversión pública asociada y dinero que efectivamente permanece en las comunidades.
Así podremos distinguir entre inversión anunciada y capital realmente arriesgado.
Entre visitantes y valor.
Entre crecimiento y desarrollo.
República Dominicana necesita hoteles, puertos, cruceros, capital y empresarios. Pero los necesita dentro de un modelo donde el patrimonio público produzca también prosperidad pública.
Si República Dominicana pone el patrimonio y parte del riesgo, pero no puede medir cuánto de la riqueza creada regresa a su gente, eso no es todavía desarrollo: es una cuenta nacional pendiente.