Opinión
Proyecto de Presupuesto 2013 recibido con optimismo
Por Víctor Mateo
Como era de esperarse, el Poder Ejecutivo convocó en el Palacio Nacional, el lunes 3 de los corrientes, al Consejo de Ministros a los fines de conocer el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos para el año 2013, el cual asciende a un monto de 443,344 millones de pesos, más la amortización de la deuda, ascendente a unos 73,425 millones de pesos, lo que refleja una suma total de 516,799 millones de pesos.
El Gobierno hará envío formal del Proyecto al Congreso Nacional el 11 de diciembre de 2012, según informó la Presidencia de la República, con la finalidad de que sea discutido y aprobado en ambas cámaras antes del 31 de diciembre. El artículo 239 de la Constitución dominicana establece el último día del año como fecha límite para la aprobación del Presupuesto Nacional en el Congreso, de lo contrario, regirá el presupuesto aprobado para el año que transcurre.
Haciendo uso de las redes sociales, el Mandatario reiteró, mediante su cuenta de twitter @DaniloMedina, que la economía debe estar al servicio de la gente; mostró su satisfacción sobre el presupuesto elaborado por el poder del Estado que representa, ya que a su parecer, los compromisos que hizo con el país están reflejados en la Ley de Gastos Públicos que presentó el pasado lunes.
Es debido indicar que el mencionado proyecto fue elaborado con una meta estimada de recaudaciones de 376,310 millones de pesos, de los cuales 4,300 millones corresponden a donaciones.
En ese orden, se proyecta un nivel de déficit del sector público no financiero de 2.7% del producto interno bruto (PIB), unos 67 mil millones de pesos; se pronostica una tasa del dólar de 41.60 y el precio promedio del petróleo de 106 dólares el barril.
Asignación de 4% para la educación
Un aspecto que ha sido resaltado es el hecho de que la Ley General de Educación No. 66-97, asigna el 4% del producto interno bruto (PIB) para la educación preuniversitaria, así como partidas especiales para los programas sociales relativos al citado sector que se ejecuten a través de la Presidencia de la República. El Proyecto de Presupuesto contempla por vez primera el cumplimiento de esta disposición, luego de ser demanda por la sociedad desde hace unos años.
En tal sentido, la viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación (MINERD), licenciada Minerva Vincent, valoró la disposición del presidente Danilo Medina, ya que a su entender, era una necesidad, una condición necesaria e imprescindible para poder avanzar en esa aspiración que desde décadas tiene República Dominicana por una educación de calidad.
Elena Viyella de Paliza, quien preside Acción por la Educación (Educa), ponderó como un logro el cumplimiento de lo que dispone la Ley General de Educación aprobada en 1997.
Por su lado, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) expresó su satisfacción con la medida. El presidente de dicha organización indicó que “no es simplemente el 4% por ciento del PIB que se acaba de aprobar, es el 22% de toda la partida del presupuesto de la nación del año entrante, y vemos con júbilo este paso tan importante para la educación dominicana, donde se podrá invertir más en la formación de los maestros y las maestras, donde habrá más dinero para los estudiantes”.
El diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) Nelson Arroyo, resaltó que aunque el presupuesto nacional elaborado por el Poder Ejecutivo posee debilidades, lo apoyará porque incluye el 4% para el sector educativo.
En el caso del ex candidato vicepresidencial del PRD, Lic. Luis Abinader, valoró positivamente la disposición del Gobierno de cumplir el 4% y calificó ese hecho como un mérito fundamental de la sociedad, la cual a su entender, ofreció un extraordinario ejemplo de civismo al reclamar esa importante reivindicación. Precisó que el gobierno que encabeza el presidente Danilo Medina tiene que descontinuar la política de endeudamiento y mejorar la calidad del gasto.
Víctor Sánchez, quien es representante de la provincia de Azua por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y presidente de la Comisión de Presupuesto, externó que el presidente Danilo Medina supo escuchar a todos los sectores para presentar un proyecto muy bien equilibrado.
Otra bancada que se expresó mediante su vocero, Ramón Rogelio Genao, fue la del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), quien definió el presupuesto como “bien”, pero dice esperar que no haya demora para aprobarlo. También saludó la asignación del 4% del PIB para educación.
PE incrementa presupuesto municipal
Algo que ha sido bien visto, principalmente por los municipios, es el aumento que se le realizó de 1,000 millones a su anterior asignación, demanda que dicho sector realizaba desde hace seis años.
El secretario general de la Liga Municipal Dominicana (LMD), Ing. Johnny Jones agradeció en nombre la municipalidad el aumento dispuesto por el presidente Medina, lo que según entiende demuestra su sensibilidad respecto a los gobiernos locales.
Por su parte, Pedro Richardson, presidente de la Asociación Dominicana de Distritos Municipales (ADODIM), valoró el trato respetuoso entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos locales. Opinó que el incremento a la transferencia actual de mil millones de pesos, a pesar de no cumplir con lo establecido en la Ley No. 166-03, por lo menos refleja un cambio de actitud por parte del Gobierno para con los gobiernos locales.
Descontento ante presupuesto
La Junta Central Electoral (JCE) ha mostrado desacuerdo en cuanto a la partida presupuestaria que le asigna el Proyecto de Presupuesto sometido por el Poder Ejecutivo, ya que -según su Presidente- no refleja la necesidad real del organismo. En esta ocasión, la asignación al organismo electoral ha sido drásticamente reducida para el próximo año, lo que provocó que el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, convocara al pleno para conocer el caso.
Gobierno pide al FMI analizar presupuesto
El Gobierno dominicano pretende entregar al Fondo Monetario Internacional (FMI) un ejemplar del Proyecto de Presupuesto para el 2013 sancionado por el Consejo de Ministros el pasado lunes 3 de diciembre del presente año, con la intención de que el organismo analice el monto y las partidas consignadas en el mismo.
En ese orden de ideas, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Temístocles Montás, externó que el deseo del Gobierno es llegar a un acuerdo con el FMI, por lo que procura que sea revisado por el mencionado organismo internacional, a los fines de que se discutan algunos aspectos, pues lo que se busca es que no surjan diferencias.
Conclusión
Se espera que el Congreso Nacional conozca el Proyecto de Presupuesto a partir del martes 11 de diciembre, a los fines de que sea convertido en ley a más tardar el 31 de diciembre. Las reacciones a la pieza, en general, han sido favorables, y es muy probable que sea aprobada sin mayores dificultades en el Congreso.
De todos modos, cabe esperar todavía reacciones de otros actores de importancia, como la UASD, que aspira a un presupuesto ascendente al 5% del PIB.
El autor es catedrático universitario de la PUCAMAIMA Y APEC
Por Isaías Ramos
Una nación no se empobrece solamente cuando le roban dinero. Se empobrece cuando el robo se normaliza, cuando la impunidad se administra, cuando la persecución de la corrupción se percibe como selectiva y cuando la justicia se convierte en espectáculo para entretener la indignación, pero no para devolverle al pueblo lo que le quitaron.
La corrupción no vive solo en expedientes, titulares o ruedas de prensa. Se siente cuando falta medicina en un hospital, cuando una escuela se deteriora, cuando un apagón apaga un negocio, cuando una familia se endeuda para comer y cuando un joven descubre que el mérito no pesa tanto como la conexión.
Después de hablar de un país donde la movilidad social está bloqueada, hay que decirlo con claridad: la corrupción es una fábrica de inmovilidad social. Roba dinero, sí; pero también roba confianza, oportunidades, futuro y dignidad.
El informe de clima social de LS Consulting confirma que corrupción y costo de vida se consolidan como ejes del malestar: el costo de vida es la experiencia diaria; la corrupción, la explicación de por qué ese costo no se administra mejor. También muestra que 78% de los consultados siente que el gobierno no da el ejemplo cuando pide austeridad.
Ahí está el fondo: el pueblo recorta, se endeuda, sacrifica salud, alimentación, transporte y tranquilidad; mientras observa que arriba muchas veces no hay la misma disciplina, transparencia ni sacrificio.
Por eso la lucha contra la corrupción no puede ser selectiva ni teatral. Cuando no recupera bienes, no desmonta redes, no cambia reglas, no audita subsidios, no transparenta concesiones, no revisa exenciones y no devuelve recursos al pueblo, deja de ser justicia y se convierte en espectáculo. Una justicia-espectáculo puede producir titulares, pero no reconstruye movilidad social.
El país no necesita “pan y circo” anticorrupción. Necesita justicia con recuperación de activos y reforma institucional.
Y aquí cabe una pregunta que la República debe hacerse sin miedo: ¿para qué se aprobó y promulgó una Ley de Extinción de Dominio si los bienes ilícitos no se persiguen con firmeza, si lo robado no se recupera con transparencia y si esos recursos no vuelven a escuelas, hospitales, agua, seguridad, electricidad y oportunidades?
La Ley núm. 340-22 regula la extinción de dominio como acción autónoma, independiente y patrimonial, ejercida contra bienes ilícitos y no como sustituto del juicio penal contra una persona. Reconoce derechos y garantías de las partes afectadas y exige declaración judicial a favor del Estado.
Hay que hablar con rigor. La extinción de dominio no significa quitar bienes por discurso, presión política o condena mediática. La ley dispone que el juicio sea en audiencia pública, oral y contradictoria; que las pruebas se debatan; que el Ministerio Público pruebe las causales de procedencia y la ausencia de buena fe; y que el estándar aplicable sea la preponderancia de la prueba.
Pero tampoco puede convertirse en letra muerta. Frente a una acción debidamente sustentada, quien ostenta bienes cuestionados tiene derecho a defenderse y aportar prueba fehaciente sobre su origen lícito y su buena fe. Si un tribunal competente determina que esos bienes tienen origen o destino ilícito y que no existe buena fe jurídicamente protegida, no deben seguir amparados por la lentitud, la influencia o el poder económico. Deben pasar al Estado y volver al bien común.
Cada peso robado que no se recupera se convierte en deuda moral, fiscal y social que terminarán pagando nuestros hijos.
No basta con presentar culpables si los bienes robados no regresan al patrimonio público. Y no basta con perseguir casos si las mismas prácticas vuelven con otro contrato, otra nómina, otra exención o una nueva concesión.
La verdadera lucha contra la corrupción debe responder tres preguntas: ¿dónde está el dinero?, ¿quiénes se beneficiaron?, ¿qué reglas deben cambiar para que no vuelva a ocurrir?
La corrupción también se disfraza de legalidad. A veces ocurre con contratos blindados, incentivos eternos, obras sobrevaluadas, compras sin competencia real, subsidios sin beneficiario claro y privilegios convertidos en política pública.
Por eso el combate a la corrupción no puede limitarse al funcionario que mete la mano. También debe mirar al modelo que permite capturar decisiones públicas, recibir beneficios sin retorno y trasladar el costo al ciudadano común.
Esto no es contra empresarios productivos ni contra inversión responsable. Es contra privilegios sin consecuencia, subsidios sin auditoría, incentivos sin resultados e impunidad vestida de normalidad.
La Constitución dominicana no manda un Estado de espectáculo. Manda un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en dignidad humana, derechos fundamentales, trabajo, soberanía popular y separación de poderes. Cuando los recursos se pierden en corrupción, clientelismo o privilegios, no solo se viola la ética pública: se contradice el mandato constitucional.
En el Frente Cívico y Social estamos convencidos de que la lucha anticorrupción debe dejar de ser temporada de titulares y convertirse en política permanente de Estado: registro público de bienes recuperados, auditorías de subsidios y exenciones, contrataciones transparentes, control ciudadano de obras, protección a denunciantes, sanción patrimonial y destino social de los recursos recuperados.
Cada peso recuperado debe tener rostro y destino: escuelas, hospitales, agua, seguridad, transporte, electricidad, apoyo productivo, juventud y movilidad social. Porque lo robado no puede quedarse en expedientes. Lo robado debe volver al pueblo.
No se trata de venganza. Se trata de República. No se trata de dividir al país. Se trata de unir a la ciudadanía alrededor de una regla básica: quien robe al pueblo debe responder ante la justicia y ante la República.
Porque un país donde la corrupción entretiene más de lo que repara no está haciendo justicia: está administrando indignación. Y una nación que administra indignación, pero no recupera lo robado, no abre camino. Lo bloquea.
Ya basta de justicia-espectáculo: lo robado debe volver al pueblo y la República debe ser gobernada con orden constitucional.
Por Robinson Lebrón
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El bloque de constitucionalidad y la dimensión sustantiva del sufragio
La proclamación de la Constitución del 26 de enero de 2010 supuso una ruptura paradigmática en el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, al transicional formalmente desde un Estado clásico de derecho hacia un Estado Social y Democrático de Derecho. Esta transformación situó a la dignidad humana en la cúspide axiológica del sistema, definiéndola en su artículo 5 como el fundamento ético y ontológico de la República, y reforzándola en el artículo 38 como un valor sagrado, innato e inviolable.
Bajo esta nueva matriz dogmática, los derechos políticos tradicionalmente interpretados como meras facultades procedimentales para la alternancia del poder adquirieron la categoría de derechos fundamentales vinculados directamente al libre desarrollo de la personalidad y a la autonomía individual. Votar y ser elegible dejaron de ser simples mecanismos técnicos de agregación de preferencias para convertirse en un canal de autorrealización ciudadana.
El Tribunal Constitucional dominicano, a través de su prolífica jurisprudencia a partir de 2012, consolidó este criterio al establecer que los derechos de ciudadanía no pueden ejercerse plenamente si se despoja al individuo de las condiciones mínimas materiales y de respeto a su integridad moral. Por consiguiente, la legitimidad de los procesos electorales en los últimos veinte años empezó a medirse no solo por la pulcritud del cómputo de las boletas, sino por la capacidad del Estado para garantizar que cada ciudadano concurra a las urnas en condiciones de libertad, igualdad y no discriminación.
Mecanismos de inclusión fáctica: El Voto Accesible
Uno de los hitos más tangibles en la operativización de la dignidad humana dentro del sistema electoral dominicano ha sido el desmantelamiento progresivo de las barreras arquitectónicas y metodológicas que históricamente excluyeron a las personas con discapacidad y a los adultos mayores. En consonancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el mandato de igualdad del artículo 39 de la Carta Magna, la Junta Central Electoral (JCE) implementó de manera sistemática a partir de la década de 2010 la política de Voto Accesible.
Esta política institucionalizada se ramificó en tres componentes principales que devolvieron la autonomía al elector:
- Colegios Electorales en Primeros Niveles: La reubicación obligatoria de las mesas de votación en las plantas bajas de los recintos escolares y recintos públicos para garantizar el libre acceso de ciudadanos con movilidad reducida o usuarios de sillas de ruedas.
- Plantillas Braille: La introducción de boletas auxiliares con relieve para las personas con discapacidad visual, permitiendo por primera vez el ejercicio del voto secreto e independiente, eliminando la necesidad de delegar su voluntad en un tercero, práctica que lesionaba directamente su dignidad y privacidad.
- El Programa de Voto en Casa: Un plan piloto ejecutado en los últimos ciclos electorales diseñado para trasladar al personal de las mesas de votación y las urnas directamente a los hogares de ciudadanos con condiciones de salud extremas o inmovilidad absoluta, reconociendo su estatus de miembros plenos de la soberanía política del Estado.
Por Rommel Santos Diaz
El Estatuto de Roma dispone lo que debe realizarse luego del cumplimiento de la condena, según las limitaciones sobre el enjuiciamiento o el castigo de otros delitos. El Estatuto prevé sobre la transferencia de la persona que no sea un nacional de Estado que ejecuta, extradita o entrega al Estado que lo solicite.
La descripción que hace el Estatuto de Roma podría verse detallada de la regla de especialidad. Regula el derecho individual de proteger a una persona que esta condenada o que cumple una condena, para que no sea enjuiciada o extraditada, salvo que la CPI lo acepte a solicitud del Estado.
Sin embargo, el Estatuto de Roma establece que la Corte Penal Internacional sólo podrá referirse a la solicitud de un Estado ¨¨¨luego de haber escuchado la opinión de la persona condenada¨.
Si un Estado acepta a una persona condenada, se necesitaran procedimientos apropiados para que se respete a cabalidad con este requisito. Particularmente los Estados de ejecución deberán adherirse a lo dispuesto en varias partes del Estatuto de Roma.
En cuanto a las medidas de parte de los Estados Partes de la CPI para la implementación cabe destacar que esto podría requerir de cambios tanto legislativos como administrativos por parte de los Estados aceptantes.
En lo referente a la revisión por parte de la CPI para reducir condenas, el Estatuto de Roma establece claramente que solo la Corte tiene la potestad de reducir la condena luego de haber dado audiencia a la persona condenada.
La revisión de una sentencia por parte de la CPI deberá llevarse a cabo cuando la persona haya cumplido dos tercios de la condena, o 25 años en el caso de la cadena perpetua. La CPI podrá reducir la sentencia basándose en los elementos en lo que al respecto establece el Estatuto de Roma.
En el contexto de cumplimiento de las obligaciones los Estados no deberán interferir con las condenas impuestas por la Corte Penal Internacional, ya sea reduciendo o modificando la sentencia. En este sentido se recomienda que los Estados deberán revisar su legislación para evitar esta posibilidad.