Opinión
Proyecto de Presupuesto 2013 recibido con optimismo
Por Víctor Mateo
Como era de esperarse, el Poder Ejecutivo convocó en el Palacio Nacional, el lunes 3 de los corrientes, al Consejo de Ministros a los fines de conocer el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos para el año 2013, el cual asciende a un monto de 443,344 millones de pesos, más la amortización de la deuda, ascendente a unos 73,425 millones de pesos, lo que refleja una suma total de 516,799 millones de pesos.
El Gobierno hará envío formal del Proyecto al Congreso Nacional el 11 de diciembre de 2012, según informó la Presidencia de la República, con la finalidad de que sea discutido y aprobado en ambas cámaras antes del 31 de diciembre. El artículo 239 de la Constitución dominicana establece el último día del año como fecha límite para la aprobación del Presupuesto Nacional en el Congreso, de lo contrario, regirá el presupuesto aprobado para el año que transcurre.
Haciendo uso de las redes sociales, el Mandatario reiteró, mediante su cuenta de twitter @DaniloMedina, que la economía debe estar al servicio de la gente; mostró su satisfacción sobre el presupuesto elaborado por el poder del Estado que representa, ya que a su parecer, los compromisos que hizo con el país están reflejados en la Ley de Gastos Públicos que presentó el pasado lunes.
Es debido indicar que el mencionado proyecto fue elaborado con una meta estimada de recaudaciones de 376,310 millones de pesos, de los cuales 4,300 millones corresponden a donaciones.
En ese orden, se proyecta un nivel de déficit del sector público no financiero de 2.7% del producto interno bruto (PIB), unos 67 mil millones de pesos; se pronostica una tasa del dólar de 41.60 y el precio promedio del petróleo de 106 dólares el barril.
Asignación de 4% para la educación
Un aspecto que ha sido resaltado es el hecho de que la Ley General de Educación No. 66-97, asigna el 4% del producto interno bruto (PIB) para la educación preuniversitaria, así como partidas especiales para los programas sociales relativos al citado sector que se ejecuten a través de la Presidencia de la República. El Proyecto de Presupuesto contempla por vez primera el cumplimiento de esta disposición, luego de ser demanda por la sociedad desde hace unos años.
En tal sentido, la viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación (MINERD), licenciada Minerva Vincent, valoró la disposición del presidente Danilo Medina, ya que a su entender, era una necesidad, una condición necesaria e imprescindible para poder avanzar en esa aspiración que desde décadas tiene República Dominicana por una educación de calidad.
Elena Viyella de Paliza, quien preside Acción por la Educación (Educa), ponderó como un logro el cumplimiento de lo que dispone la Ley General de Educación aprobada en 1997.
Por su lado, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) expresó su satisfacción con la medida. El presidente de dicha organización indicó que “no es simplemente el 4% por ciento del PIB que se acaba de aprobar, es el 22% de toda la partida del presupuesto de la nación del año entrante, y vemos con júbilo este paso tan importante para la educación dominicana, donde se podrá invertir más en la formación de los maestros y las maestras, donde habrá más dinero para los estudiantes”.
El diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) Nelson Arroyo, resaltó que aunque el presupuesto nacional elaborado por el Poder Ejecutivo posee debilidades, lo apoyará porque incluye el 4% para el sector educativo.
En el caso del ex candidato vicepresidencial del PRD, Lic. Luis Abinader, valoró positivamente la disposición del Gobierno de cumplir el 4% y calificó ese hecho como un mérito fundamental de la sociedad, la cual a su entender, ofreció un extraordinario ejemplo de civismo al reclamar esa importante reivindicación. Precisó que el gobierno que encabeza el presidente Danilo Medina tiene que descontinuar la política de endeudamiento y mejorar la calidad del gasto.
Víctor Sánchez, quien es representante de la provincia de Azua por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y presidente de la Comisión de Presupuesto, externó que el presidente Danilo Medina supo escuchar a todos los sectores para presentar un proyecto muy bien equilibrado.
Otra bancada que se expresó mediante su vocero, Ramón Rogelio Genao, fue la del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), quien definió el presupuesto como “bien”, pero dice esperar que no haya demora para aprobarlo. También saludó la asignación del 4% del PIB para educación.
PE incrementa presupuesto municipal
Algo que ha sido bien visto, principalmente por los municipios, es el aumento que se le realizó de 1,000 millones a su anterior asignación, demanda que dicho sector realizaba desde hace seis años.
El secretario general de la Liga Municipal Dominicana (LMD), Ing. Johnny Jones agradeció en nombre la municipalidad el aumento dispuesto por el presidente Medina, lo que según entiende demuestra su sensibilidad respecto a los gobiernos locales.
Por su parte, Pedro Richardson, presidente de la Asociación Dominicana de Distritos Municipales (ADODIM), valoró el trato respetuoso entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos locales. Opinó que el incremento a la transferencia actual de mil millones de pesos, a pesar de no cumplir con lo establecido en la Ley No. 166-03, por lo menos refleja un cambio de actitud por parte del Gobierno para con los gobiernos locales.
Descontento ante presupuesto
La Junta Central Electoral (JCE) ha mostrado desacuerdo en cuanto a la partida presupuestaria que le asigna el Proyecto de Presupuesto sometido por el Poder Ejecutivo, ya que -según su Presidente- no refleja la necesidad real del organismo. En esta ocasión, la asignación al organismo electoral ha sido drásticamente reducida para el próximo año, lo que provocó que el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, convocara al pleno para conocer el caso.
Gobierno pide al FMI analizar presupuesto
El Gobierno dominicano pretende entregar al Fondo Monetario Internacional (FMI) un ejemplar del Proyecto de Presupuesto para el 2013 sancionado por el Consejo de Ministros el pasado lunes 3 de diciembre del presente año, con la intención de que el organismo analice el monto y las partidas consignadas en el mismo.
En ese orden de ideas, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Temístocles Montás, externó que el deseo del Gobierno es llegar a un acuerdo con el FMI, por lo que procura que sea revisado por el mencionado organismo internacional, a los fines de que se discutan algunos aspectos, pues lo que se busca es que no surjan diferencias.
Conclusión
Se espera que el Congreso Nacional conozca el Proyecto de Presupuesto a partir del martes 11 de diciembre, a los fines de que sea convertido en ley a más tardar el 31 de diciembre. Las reacciones a la pieza, en general, han sido favorables, y es muy probable que sea aprobada sin mayores dificultades en el Congreso.
De todos modos, cabe esperar todavía reacciones de otros actores de importancia, como la UASD, que aspira a un presupuesto ascendente al 5% del PIB.
El autor es catedrático universitario de la PUCAMAIMA Y APEC
Por el Dr. Isaías Ramos
En una época marcada por desafíos sociales y políticos sin precedentes, la necesidad de fortalecer los cimientos de una sociedad basada en la dignidad, la equidad, la libertad y la democracia es más urgente que nunca. La búsqueda de un futuro más justo y equitativo para todos nuestros ciudadanos requiere un compromiso renovado con estos principios fundamentales, esenciales para el bienestar y el progreso de nuestra nación.
La libertad individual permite a cada persona expresar sus ideas, creencias y opiniones sin temor a represalias. Es un derecho intrínseco y un pilar indispensable de cualquier sociedad que aspira a ser justa y equitativa. Esta libertad es la esencia misma de la dignidad humana y debe ser defendida con vigor en todos los frentes, especialmente en tiempos donde puede ser amenazada por intereses partidistas o agendas autoritarias.
Paralelamente, la democracia, entendida como el sistema político que facilita la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan sus vidas, es crucial para la salud de nuestro tejido social. A través de una democracia robusta y vibrante, podemos garantizar que los derechos fundamentales de cada individuo sean respetados y que las políticas públicas reflejen verdaderamente las necesidades e intereses del pueblo.
Sin embargo, debemos reconocer que la libertad y la democracia no son solo aspiraciones ideales; son principios concretos y palpables que deben guiar nuestras acciones cotidianas. La defensa constante y la promoción de estos valores son cruciales para mantener una sociedad justa, libre de opresión y capaz de adaptarse a los cambios de nuestro mundo globalizado.
Es esencial fortalecer las instituciones democráticas existentes para garantizar su transparencia, eficiencia e integridad. El respeto irrestricto al Estado de Derecho y el cumplimiento riguroso de las leyes son fundamentales en la protección de los derechos individuales y colectivos. Estos principios no solo preservan el orden, sino que también promueven un clima de confianza y seguridad que es vital para la estabilidad social y el desarrollo económico.
La educación desempeña un rol crucial en este panorama, actuando como el medio por el cual se inculcan los valores cívicos necesarios para fomentar una cultura basada en el respeto mutuo, la tolerancia y el diálogo constructivo. A través del acceso universal a una educación inclusiva y equitativa, podemos formar a ciudadanos informados y críticos, capacitados para participar de manera activa y consciente en la vida política y social del país.
En el Frente Cívico y Social entendemos que en estos tiempos donde las amenazas contra la libertad individual y los principios democráticos son evidentes y crecientes, es responsabilidad de todos nosotros defender estos derechos inalienables con valentía y determinación. No podemos ser complacientes ni pasivos; el compromiso con la libertad y la democracia debe ser activo y constante.
Es por esa razón que en el FCS creemos que un llamado a la acción no es solo un imperativo moral, sino también una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con un futuro donde cada persona pueda vivir con dignidad y equidad bajo un sistema robusto basado en principios sólidos e incluyentes. Juntos debemos trabajar incansablemente por fortalecer nuestra democracia, preservar nuestra libertad individual e impulsar una sociedad donde reine la justicia social para todos sus habitantes.
No dejemos pasar la oportunidad de ser parte de la construcción de un país que no solo aspire a la grandeza económica, sino que también fomente un ambiente de respeto mutuo y oportunidades equitativas. ¡Juntos, podemos construir el país digno, libre e igualitario que todos anhelamos!
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
Según el artículo 1 del Estatuto de Roma la CPI tendrá la potestad de ejercer su competencia sobre las personas responsables ¨de los crímenes más graves de trascendencia internacional¨. El artículo 1 también estipula ̈La competencia y funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatutillo que significa que la CPI sólo tiene competencia sobre las personas mayores de 18 años en el momento en que se cometió el crimen.
El artículo 11 del Estatuto de Roma estipula que la CPI tiene competencia sólo respecto a los delitos cometidos posteriormente a la entrada en vigor del Estatuto de Roma .Si un Estado deviene Estado Parte luego de la entrada en vigor , entonces la CPI podrá ejercer su competencia sólo respecto a los crímenes cometidos luego de la entrada en vigor del Estatuto en ese Estado, excepto cuando se haga la declaración estipulada en el artículo 12, en que se acepte la competencia de la Corte como un Estado no Parte.
Si un Estado Parte desea enjuiciar a alguien por un crimen de la CPI deberá contar, como mínimo, con una legislación que le permita ejercer competencia territorial sobre tales delitos y competencia extraterritorial sobre sus nacionales que cometen los delitos en el extranjero.
Los Estados que deseen enjuiciar a una persona por un delito de la CPI deberán asegurarse de contar con la legislación nacional que les permita ejercer su competencia sobre aquellas personas que cometan estos delitos dentro de su territorio, y los nacionales que los cometan en el exterior. Esto podría requerir simplemente de una enmienda al código penal nacional.
Adicionalmente, el Estado podría tomar en cuenta para ejercer su competencia sería la ̈competencia universal ̈, tal y como se estipula en las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos de 1977, relacionados a las ¨faltas graves Cabe resaltar los distintos conceptos de ̈competencia universal¨ que existen: algunos interpretan este término en cuanto a que un Estado puede ejercer su competencia sobre cualquier persona que se encuentre en su territorio, mientras que otros lo interpretan de tal manera que significa que un Estado puede arrestar a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, sin tomar en cuenta cualquier relación que tenga con el Estado en cuestión. Además otros Estados podrían considerar incluir la competencia basada en el estatus de víctima.
Por Nelson Encarnación
Entre las preocupaciones que suelen perturbar el sueño de los gobernantes, la seguridad de los ciudadanos es una, si tomamos en cuenta que el Estado está obligado a garantizar la tranquilidad y el desplazamiento seguro de los gobernados.
Es por ello que asumir esta como una prioridad refiere el interés de que el territorio desenvuelva su cotidianidad dentro de un ambiente de paz y sosiego.
Sobre todo, un país como el nuestro, cuya economía está atada a dos renglones muy espantadizos: el turismo y la inversión extranjera directa.
Cuando el presidente Luis Abinader asume el combate a la delincuencia como una de sus preocupaciones—y también ocupaciones—es precisamente por el impacto negativo que esta tiene en el clima de negocios, pero igual por el interés de propiciar la tranquilidad nacional.
Con frecuencia escuchamos sobre el entendible temor que genera la delincuencia, lo que deja la impresión de que vivimos en el país más inseguro del continente, lo cual no es cierto.
Y no lo digo yo, sino el informe de InSight Crime de 2023, que recoge las cifras de homicidios en América Latina y el Caribe, en el cual aparecemos entre los más seguros de la región.
Según este informe, la tasa de homicidios se ubicó en 11.5 por cada 100,000 habitantes, una reducción del 7% respecto de 2022, lo que nos sitúa por debajo de países competidores en turismo como Jamaica (60.9), y Puerto Rico (14.4), para solo citar dos ejemplos caribeños.
El Ecuador revienta la balanza en países de más de 10 millones de habitantes, con la astronómica tasa de 44.5 homicidios por cada 100,000, (más que Haití, 40.9), con la agravante de que ha registrado un aumento del 74.5% en los últimos cinco años.
Una verdadera catástrofe sin fin, en contraste con su vecino Perú, que apenas registra 3.2 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Sobre nuestro país, el informe resalta que, a pesar de ser territorio de tránsito de cocaína, no experimentó un aumento en la violencia en 2023, sino una reducción del 7%.
“El crimen organizado no parece ser un detonante determinante de la violencia en la República Dominicana, ya que la mayor parte de los casos (45,4%) están relacionados con conflictos sociales, y solo el 24,3% parecen estar vinculados a la delincuencia”. Un dato importantísimo.