Opinión
Necesidad de una nueva oposición
Por Narciso Isa Conde
Las Izquierdas Revolucionarias-IR fueron precisas al señalar cara al gobierno que preside Danilo Medina:
-Que “el mismo partido, controlado por la misma cúpula que profundizó el camino neoliberal y la corrupción de Estado a niveles descomunales, continua en el gobierno con un nuevo presidente impuesto a través de un proceso plagado de abuso de poder, clientelismo, trampas y alianzas turbias.”
– Que “estamos frente a un gobierno ilegítimo tanto por los espurios recursos empleados para imponérsele al otro polo del corrompido sistema bipartidista nacional como por los niveles de votación alcanzados si se tiene en cuenta el nivel de abstención registrado y los votos a favor del PRD”.
-Y que “el respaldo -agregó expresado a la Constitución neoliberal que garantiza la dictadura institucional y a la Estrategia Nacional de Desarrollo que garantiza la recolonización del país en el contexto de la globalización capitalista en crisis, no deja dudas sobre la ruta principal a ser transitada por Danilo Medina y su equipo de gobierno”.
Eso explica por qué el nuevo presidente optó por encubrir a los beneficiarios de los grandes delitos de Estado y de las políticas neoliberales, por llamar al FMI, por imponer el paquetazo tributario y decretar el borrón y cuenta nueva; explica porque ha dado luz verde al reino de la depredación ambiental y al saqueo de las transnacionales de la minería, camino a la privatización de las fuentes de agua.
Explica también –y esa es la contra-parte positiva- por qué la indignación acumulada comenzó a convertirse en movilización, registrándose ya más 600 protestas de calle en poco más de tres meses de gobierno.
Ahora se trata -pendientes los efectos empobrecedores del paquetazo tributario y del inminente paquetazo eléctrico- de contribuir desde la fuerzas más concientes y organizadas a escalonar y generalizar las protestas en todo el territorio nacional, procurando impugnar desde las calles las instituciones secuestradas por la corrupción y por la voracidad del gran capital, que el gobierno de Danilo Medina ha decidido sostener y proteger.
- Principales ejes para promover y ampliar indignación-movilización:
1.-La impunidad de delitos de Estado (corrupción, asesinatos, narco-corrupción…), con énfasis en la condena al pele-leonelismo y sus conexiones empresariales, sin dejar de señalar los cometidos por otras facciones de la partidocracia perredeísta, balaguerista y satélites; apuntando contra Danilo como su gran protector y contra las instituciones que garantizan su continuidad.
2.- El paquetazo neoliberal y su impacto inflacionario, empobrecedor… en contraste con la opulencia de ladrones de Estado y saqueadores del patrimonio nacional.
3.- Los apagones y el monto criminal de las facturas eléctricas, responsabilizando el tráfico de influencia, la corrupción estatal y especulación de los grandes empresarios privados; enfrentando el nuevo tarifazo, demandando desprivatización y un nuevo modelo de gestión bajo control social.
4.- La depredación y contaminación ambiental, explotaciones mineras onerosas, apuntando contra las transnacionales mineras (Falconbridge, Barrick, Uni Gold, Gold Corp…) y la complicidad del Estado; creando conciencia sobre la necesidad de la nacionalización de esos recursos y la defensa del medio ambiente.
5.- La violencia de género, los femenicidios, que asumen dimensiones dramáticas.
- Línea de intervención en las luchas políticos-sociales.
El nuevo auge de masas y la decadencia de los partidos tradicionales que caracterizan este periodo, posibilitan apuntar hacia la confrontación con un régimen que da señales de agotamiento, impulsando la desobediencia civil.
Proceden denuncias y acciones contra el modelo neoliberal, los representantes del bloque dominante y de la partidocracia corrompida y desacreditada; contra las instituciones que imponen las políticas empobrecedoras y des-nacionalizadoras y el actual reinado de la impunidad.
Es necesario contribuir a convertir en multitudinaria la conciencia de que esas instituciones NO NOS REPRESENTAN y de que hay que reemplazarlas.
Es preciso impulsar las más variadas indignaciones y movilizaciones para generalizarlas, procurando que gran parte de la sociedad confronte las instituciones en tanto éstas se resisten a los principales reclamos y que el pueblo tome conciencia de la necesidad de un cambio de las reglas de juego, de un nuevo sistema electoral y de la Constituyente Popular dirigida a refundar el Estado y a construir una democracia participativa.
Este régimen decadente, bajo la hegemonía del PLD y sus dos facciones, así como las elites sociales y poderes supranacionales que lo apuntalan, debe ser el blanco principal inmediato; sin darle oportunidad al dividido PRD para recuperarse y hegemonizar la oposición.
Por eso hay que hablar de una nueva oposición y resaltar la incongruencia que sería atacar la corruptela y el neoliberalismo imperante apareciendo aliados a las cúpulas de cualquiera de los dos PRD.
En lo inmediato hay que procurar volcar paso a paso el enorme repudio a Leonel Fernández y a su cártel de la corrupción contra el actual gobierno y el régimen compartido que ahora preside Danilo Medina; dados sus amarres y, sobre todo, su resistencia a enfrentarlos y enjuiciarlos. Igual hay que resaltar el carácter neoliberal y de clase de ambas facciones.
Además del descrédito del Poder Judicial tal y como está conformado, el Congreso Nacional sobresale entre las instituciones en descomposición. En ese escenario confluyen todas las fuerzas políticas corrompidas y también todas la expresiones del modelo neoliberal y de la voracidad del capital transnacional y local, a las cuales las cúpulas peledeísta, perredeísta y balagueristas están atadas y no se atreven a combatir.
Pasa igual con la Policía Nacional, la DNCD y los mecanismos represivos corrompidos y criminales.
Esto implica la necesidad de asumir con fuerza el plateo de su disolución y reemplazo por la vía del ejercicio de soberanía popular a través de un proceso constituyente.
Y en lo inmediato el despliegue esa política transformadora por una nueva oposición, exige no pactar con esas cúpulas tradicionales, neutralizar a los sectores no hegemónicos que dentro o fuera del régimen fungen de opositores o disienten de su rumbo actual, concentrando los ataques ofensivos y las acciones agresivas y de masas contra los que controlan la dictadura institucional y el régimen político en declinación, para tratar de producir la ruptura necesaria; a plena conciencia de que el primer paso hacia la revolución anticapitalista es desmontar el modelo neoliberal y el régimen de la partidocracia tradicional con un pueblo movilizado y abrazado a la idea de ser poder.
Más adelante -en armonía con esa línea de acción- se impone abordar el diseño y ejecución de una nueva política de intervención dentro de un escenario electoral que en perspectiva es preciso modificar tanto en sus mecanismos antidemocráticos como en la correlación de fuerzas, en estrecha relación con los avances de las luchas extra-electorales.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.