Opinión
Necesidad de una nueva oposición
Por Narciso Isa Conde
Las Izquierdas Revolucionarias-IR fueron precisas al señalar cara al gobierno que preside Danilo Medina:
-Que “el mismo partido, controlado por la misma cúpula que profundizó el camino neoliberal y la corrupción de Estado a niveles descomunales, continua en el gobierno con un nuevo presidente impuesto a través de un proceso plagado de abuso de poder, clientelismo, trampas y alianzas turbias.”
– Que “estamos frente a un gobierno ilegítimo tanto por los espurios recursos empleados para imponérsele al otro polo del corrompido sistema bipartidista nacional como por los niveles de votación alcanzados si se tiene en cuenta el nivel de abstención registrado y los votos a favor del PRD”.
-Y que “el respaldo -agregó expresado a la Constitución neoliberal que garantiza la dictadura institucional y a la Estrategia Nacional de Desarrollo que garantiza la recolonización del país en el contexto de la globalización capitalista en crisis, no deja dudas sobre la ruta principal a ser transitada por Danilo Medina y su equipo de gobierno”.
Eso explica por qué el nuevo presidente optó por encubrir a los beneficiarios de los grandes delitos de Estado y de las políticas neoliberales, por llamar al FMI, por imponer el paquetazo tributario y decretar el borrón y cuenta nueva; explica porque ha dado luz verde al reino de la depredación ambiental y al saqueo de las transnacionales de la minería, camino a la privatización de las fuentes de agua.
Explica también –y esa es la contra-parte positiva- por qué la indignación acumulada comenzó a convertirse en movilización, registrándose ya más 600 protestas de calle en poco más de tres meses de gobierno.
Ahora se trata -pendientes los efectos empobrecedores del paquetazo tributario y del inminente paquetazo eléctrico- de contribuir desde la fuerzas más concientes y organizadas a escalonar y generalizar las protestas en todo el territorio nacional, procurando impugnar desde las calles las instituciones secuestradas por la corrupción y por la voracidad del gran capital, que el gobierno de Danilo Medina ha decidido sostener y proteger.
- Principales ejes para promover y ampliar indignación-movilización:
1.-La impunidad de delitos de Estado (corrupción, asesinatos, narco-corrupción…), con énfasis en la condena al pele-leonelismo y sus conexiones empresariales, sin dejar de señalar los cometidos por otras facciones de la partidocracia perredeísta, balaguerista y satélites; apuntando contra Danilo como su gran protector y contra las instituciones que garantizan su continuidad.
2.- El paquetazo neoliberal y su impacto inflacionario, empobrecedor… en contraste con la opulencia de ladrones de Estado y saqueadores del patrimonio nacional.
3.- Los apagones y el monto criminal de las facturas eléctricas, responsabilizando el tráfico de influencia, la corrupción estatal y especulación de los grandes empresarios privados; enfrentando el nuevo tarifazo, demandando desprivatización y un nuevo modelo de gestión bajo control social.
4.- La depredación y contaminación ambiental, explotaciones mineras onerosas, apuntando contra las transnacionales mineras (Falconbridge, Barrick, Uni Gold, Gold Corp…) y la complicidad del Estado; creando conciencia sobre la necesidad de la nacionalización de esos recursos y la defensa del medio ambiente.
5.- La violencia de género, los femenicidios, que asumen dimensiones dramáticas.
- Línea de intervención en las luchas políticos-sociales.
El nuevo auge de masas y la decadencia de los partidos tradicionales que caracterizan este periodo, posibilitan apuntar hacia la confrontación con un régimen que da señales de agotamiento, impulsando la desobediencia civil.
Proceden denuncias y acciones contra el modelo neoliberal, los representantes del bloque dominante y de la partidocracia corrompida y desacreditada; contra las instituciones que imponen las políticas empobrecedoras y des-nacionalizadoras y el actual reinado de la impunidad.
Es necesario contribuir a convertir en multitudinaria la conciencia de que esas instituciones NO NOS REPRESENTAN y de que hay que reemplazarlas.
Es preciso impulsar las más variadas indignaciones y movilizaciones para generalizarlas, procurando que gran parte de la sociedad confronte las instituciones en tanto éstas se resisten a los principales reclamos y que el pueblo tome conciencia de la necesidad de un cambio de las reglas de juego, de un nuevo sistema electoral y de la Constituyente Popular dirigida a refundar el Estado y a construir una democracia participativa.
Este régimen decadente, bajo la hegemonía del PLD y sus dos facciones, así como las elites sociales y poderes supranacionales que lo apuntalan, debe ser el blanco principal inmediato; sin darle oportunidad al dividido PRD para recuperarse y hegemonizar la oposición.
Por eso hay que hablar de una nueva oposición y resaltar la incongruencia que sería atacar la corruptela y el neoliberalismo imperante apareciendo aliados a las cúpulas de cualquiera de los dos PRD.
En lo inmediato hay que procurar volcar paso a paso el enorme repudio a Leonel Fernández y a su cártel de la corrupción contra el actual gobierno y el régimen compartido que ahora preside Danilo Medina; dados sus amarres y, sobre todo, su resistencia a enfrentarlos y enjuiciarlos. Igual hay que resaltar el carácter neoliberal y de clase de ambas facciones.
Además del descrédito del Poder Judicial tal y como está conformado, el Congreso Nacional sobresale entre las instituciones en descomposición. En ese escenario confluyen todas las fuerzas políticas corrompidas y también todas la expresiones del modelo neoliberal y de la voracidad del capital transnacional y local, a las cuales las cúpulas peledeísta, perredeísta y balagueristas están atadas y no se atreven a combatir.
Pasa igual con la Policía Nacional, la DNCD y los mecanismos represivos corrompidos y criminales.
Esto implica la necesidad de asumir con fuerza el plateo de su disolución y reemplazo por la vía del ejercicio de soberanía popular a través de un proceso constituyente.
Y en lo inmediato el despliegue esa política transformadora por una nueva oposición, exige no pactar con esas cúpulas tradicionales, neutralizar a los sectores no hegemónicos que dentro o fuera del régimen fungen de opositores o disienten de su rumbo actual, concentrando los ataques ofensivos y las acciones agresivas y de masas contra los que controlan la dictadura institucional y el régimen político en declinación, para tratar de producir la ruptura necesaria; a plena conciencia de que el primer paso hacia la revolución anticapitalista es desmontar el modelo neoliberal y el régimen de la partidocracia tradicional con un pueblo movilizado y abrazado a la idea de ser poder.
Más adelante -en armonía con esa línea de acción- se impone abordar el diseño y ejecución de una nueva política de intervención dentro de un escenario electoral que en perspectiva es preciso modificar tanto en sus mecanismos antidemocráticos como en la correlación de fuerzas, en estrecha relación con los avances de las luchas extra-electorales.
Por José Cabral
Siempre he dicho y he reiterado, pero que no se trata de ningún descubrimiento, que el sistema está concebido para responder a los intereses de los partidos políticos.
Los diputados y senadores provienen de ese entorno, el presidente de la República y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en el que se escogen los jueces, explica el desempeño de cada uno de estos poderes públicos
La conformación del CNM implica que todo el sistema, incluido el de justicia, obedece a los intereses que se expresan en este órgano.
De manera, que, frente a la confrontación del derecho con la política, el primero siempre tiene todas las de ganar cualquier batalla, máxime cuando se trata de aquella que se desarrolla en el campo legal.
Todo este cuadro permite establecer que resulta prácticamente difícil, por no decir imposible, que el derecho pueda salir triunfante frente a la política.
Sin ninguna duda, que ahí descansa la gran debilidad del proceso de constitucionalización del derecho que se produce en el país a partir de la entrada en vigencia de la Constitución del 2010.
Es hermoso en los textos el proceso de constitucionalización, pero el mismo resulta decepcionante en la práctica y cuando se choca con la realidad.
Nadie, absolutamente nadie, puede negar que una herramienta vital para cualquier democracia es una buena administración de justicia, pero en una nación donde la partidocracia es la dueña del sistema esto se vuelve prácticamente difícil, por no decir imposible.
El problema descansa en un Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), cuyo órgano tiene la sagrada misión de escoger los jueces del sistema de justicia nacional, lo que quiere decir que cuando se presenta un conflicto entre el derecho y la política éstos se inclinen por emitir sentencias en favor de la partidocracia.
Los hechos hablan por sí solos y el que no lo crea que revise la mayoría de las decisiones que conllevan sentencias que impactan los intereses de los partidos para que se puedan valorar los resultados.
Sin no se cambia la conformación del CNM es muy difícil que el proceso de constitucionalización del derecho y que tiene como base el respeto de los derechos fundamentales pueda cristalizarse en una sociedad como la dominicana, donde la política está presente predominantemente en todos los escenarios.
De tal forma, que hablar de una buena administración de justicia al margen de los intereses de los partidos políticos, resulta una quimera y que sólo una persona muy ingenua lo puede creer.
Por Isaías Ramos
Ninguna democracia muere el día en que se rompe la Constitución. Muere mucho antes: cuando quienes juraron defenderla comienzan a tratarla como un obstáculo y la ciudadanía empieza a acostumbrarse a ese irrespeto.
La Constitución no fue escrita para adornar discursos ni para ser invocada cuando conviene al poder. Fue concebida para limitar a quienes gobiernan, proteger a los ciudadanos y garantizar que ningún funcionario, partido, mayoría congresual o presidente coloque su voluntad por encima de la soberanía popular.
Por eso preocupa el rumbo de diversas actuaciones del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo.
En los últimos años se han aprobado normas luego anuladas, corregidas o seriamente cuestionadas por su compatibilidad constitucional. La Ley de la Dirección Nacional de Inteligencia motivó la intervención del Tribunal Constitucional por objeciones relacionadas con derechos fundamentales. La Ley de Facturación Electrónica también requirió su actuación para corregir una disposición que afectaba la privacidad.
Más recientemente, el nuevo Código Penal ha dejado de ser únicamente una inquietud jurídica para provocar un rechazo creciente en amplios sectores de la sociedad. Juristas, periodistas, profesionales, organizaciones sociales y ciudadanos hemos advertido que varias disposiciones, por su amplitud, ambigüedad o desproporción, podrían amenazar la libertad de expresión, la denuncia pública, el ejercicio profesional y la protesta pacífica.
Cuando una legislación penal provoca temor entre quienes informan, denuncian o protestan, el problema deja de ser técnico: amenaza la convivencia democrática.
Pero el caso institucionalmente más delicado es la respuesta legislativa posterior a la sentencia TC/0788/24.
Las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas, irrevocables y vinculantes para todos los poderes públicos. Cuando una legislación posterior genera serios cuestionamientos sobre si respeta materialmente el criterio fijado por el máximo intérprete de la Constitución, no estamos ante un simple debate político. Está comprometida la supremacía constitucional, la seguridad jurídica y la confianza ciudadana.
La preocupación no gira solo alrededor de una sentencia ni de las candidaturas independientes. El problema es más profundo: ¿puede el poder político redefinir, limitar o neutralizar derechos protegidos por la Constitución?
La Constitución dominicana no creó una democracia para beneficio de los partidos. Creó un Estado social y democrático de derecho, fundado en la dignidad humana, la soberanía popular, el pluralismo político, la separación de poderes y la protección efectiva de los derechos fundamentales.
El derecho a expresarse no es una concesión del Gobierno.
El derecho a protestar pacíficamente no es un favor del Congreso.
El derecho a elegir y ser elegido no pertenece a los partidos.
Son derechos constitucionales que ningún poder temporal puede apropiarse, reducir ni administrar según su conveniencia.
No sabemos si quienes gobiernan desconocen el espíritu de la Constitución o si, conociéndolo, han decidido apartarse de él. Lo evidente es que demasiadas decisiones han obligado al Tribunal Constitucional y a la sociedad a recordar principios que debieron orientar desde el inicio a los poderes públicos.
No afirmamos que la República Dominicana sea hoy una dictadura. Pero sería irresponsable esperar a que el autoritarismo esté consumado para denunciar las decisiones que pueden abrirle camino.
Las democracias rara vez desaparecen de un día para otro. Se erosionan lentamente cuando se relativiza la supremacía constitucional, se reducen los espacios de participación, aumentan las facultades del poder sin controles suficientes y los derechos fundamentales dejan de orientar la legislación.
Está en juego la República que dejaremos a nuestros hijos: una nación donde la Constitución gobierne al poder o un país donde el poder acomode la Constitución a sus intereses.
Todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo.
El pueblo dominicano ha demostrado paciencia, madurez y vocación democrática. Ha recurrido a los tribunales, promovido el debate público y utilizado los mecanismos institucionales reconocidos por la Constitución.
Pero la paz social no puede sostenerse indefinidamente si los reclamos constitucionales no encuentran respuesta. Cuando las instituciones dejan de escuchar, aumenta la presión social. Esa realidad no debe celebrarse ni provocarse; debe prevenirse mediante el diálogo, la rectificación y el respeto a la Constitución.
Este no es un llamado a la confrontación. Es un llamado a la rectificación.
El Congreso debe legislar dentro de los límites constitucionales. El Poder Ejecutivo debe ejercer sus facultades constitucionales con el mismo compromiso que juró al asumir el cargo. Y todos los poderes públicos deben recordar que las decisiones del Tribunal Constitucional no son recomendaciones: forman parte del orden que están obligados a respetar.
Cumplir la Constitución no debilita al Estado. Lo fortalece.
Respetar los derechos fundamentales no genera desorden. Construye paz.
Abrir la democracia no amenaza la República. La hace más legítima y fuerte.
Desde el Foro Cívico y Social lo afirmamos con claridad: la Constitución no pertenece al Congreso, al Poder Ejecutivo ni a los partidos políticos.
La Constitución pertenece al pueblo dominicano.
Defenderla por las vías pacíficas, democráticas y constitucionales no es un acto de oposición. Es el deber moral, cívico y patriótico de toda generación que aspire a entregar a sus hijos una República más libre, justa y fiel al Estado social y democrático de derecho.
Una nación puede sobrevivir a una mala ley y corregir una mala decisión. Lo que no puede permitirse es acostumbrarse a que el poder deje de obedecer la Constitución.
Por Oscar López Reyes
(A la 18:00 hora local del miércoles 24 de junio de 2026, Venezuela fue sacudida por dos terremotos: el primero en la escala 7.2 (duró un minuto) y 39 segundos después otro de magnitud 7.5 (se extendió por tres minutos), concentrados especialmente en la Guaira y Caracas, con un salto -hasta el 12 de julio de 2026- de más de 50 mil desaparecidos, según la ONU; cerca de 5 mil fallecidos, 20 mil heridos y 20 mil damnificados).
(I)
¡Oh, Venezuela!
Patria inmensa.
¡Caramba!,
Hermanos en Bolívar,
¡qué dolor soberbio!
que oprime las fibras de mi alma,
En tristeza de gritos que escapan
de escombros retorcidos
por furia de un suelo rebelde.
El telúrico conmueve en miradas
de arquitecturas sin piedras ni ventanas,
y melancolías de niños vagando en penumbras,
Sin padres ni estancias.
Y pone a temblar en rememoración de amor
su épica solidaridad y sacrificio de dignidad infinita
en épocas pretéritas, que configura
una vastedad de grandeza histórica
y el patriotismo compartido.
¡Oh, Venezuela, SOS!
(II)
Cuando no haya más lágrimas que derramar,
rebosantes las porcelanas de mortandad,
esa “Tierra de Venecia” y esa “Tierra de Gracia”
dejará de llorar y se levantará en cumbre de cerros,
contemplando
marchas fúnebres y entierros colectivos,
echando la vista a la resurrección de Cristo.
(III)
Heridos que sollozan en ruinas y hospitales,
sobrevivirán en sonidos de esperanza y el susurro
que late desde los vientos que soplan
de mares y montañas, para otro comienzo
de sonrisas en barcas de adversidad.
(IV)
Los fallecidos descansarán en púrpura palmera
y ecosistemas naturales con flores coloreadas
con toques de bellezas íntimas
que evocan la fragancia
en la eternidad de jardines
con pétalos de atardeceres versátiles.
(V)
Y los muchos desaparecidos fertilizarán
los predios erosionados,
para floración de hojas, frutos y plantas aromáticas,
que germinarán emergentes criaturas en vientres
de primaveras de Luna menguante
y otoños de Luna creciente.
(VI)
En su inocencia, niños huérfanos seguirán jugando
en noches tranquilas, abrazados de madres sustitutas
y nutrientes saludables,
que brotarán renovadas energías
en llanuras, bosques y lagos estrellados,
acariciados por paisajes de jazmines
y saltos que gimen en la nostalgia de edificios desplomados.
(VII)
Sumergidos en cenizas de techos agrietados
por terrestres sacudidas bruscas,
pequeños, adultos y veteranos
alzarán vuelos con recuperados bríos,
como aquel ave mítica y pájaro de fuego.
Tendrán casas alfombradas con claveles
y rosadas cestas colgantes,
en calles sin pedruscos y con Sol,
parques con glorietas y toboganes,
escuelas y parroquias para el cambio.
(y VIII)
En brisas de trompetas, hembras y varones
abatidos en estado emocional resurgirán
de pedazos de paredes rotas,
para reconstruir territorios asolados,
en el renacer de paz y progreso,
y entonces entonar, a viva voz: ¡felicidad, felicidad!
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y gremialista.