Opinión
Necesidad de una nueva oposición
Por Narciso Isa Conde
Las Izquierdas Revolucionarias-IR fueron precisas al señalar cara al gobierno que preside Danilo Medina:
-Que “el mismo partido, controlado por la misma cúpula que profundizó el camino neoliberal y la corrupción de Estado a niveles descomunales, continua en el gobierno con un nuevo presidente impuesto a través de un proceso plagado de abuso de poder, clientelismo, trampas y alianzas turbias.”
– Que “estamos frente a un gobierno ilegítimo tanto por los espurios recursos empleados para imponérsele al otro polo del corrompido sistema bipartidista nacional como por los niveles de votación alcanzados si se tiene en cuenta el nivel de abstención registrado y los votos a favor del PRD”.
-Y que “el respaldo -agregó expresado a la Constitución neoliberal que garantiza la dictadura institucional y a la Estrategia Nacional de Desarrollo que garantiza la recolonización del país en el contexto de la globalización capitalista en crisis, no deja dudas sobre la ruta principal a ser transitada por Danilo Medina y su equipo de gobierno”.
Eso explica por qué el nuevo presidente optó por encubrir a los beneficiarios de los grandes delitos de Estado y de las políticas neoliberales, por llamar al FMI, por imponer el paquetazo tributario y decretar el borrón y cuenta nueva; explica porque ha dado luz verde al reino de la depredación ambiental y al saqueo de las transnacionales de la minería, camino a la privatización de las fuentes de agua.
Explica también –y esa es la contra-parte positiva- por qué la indignación acumulada comenzó a convertirse en movilización, registrándose ya más 600 protestas de calle en poco más de tres meses de gobierno.
Ahora se trata -pendientes los efectos empobrecedores del paquetazo tributario y del inminente paquetazo eléctrico- de contribuir desde la fuerzas más concientes y organizadas a escalonar y generalizar las protestas en todo el territorio nacional, procurando impugnar desde las calles las instituciones secuestradas por la corrupción y por la voracidad del gran capital, que el gobierno de Danilo Medina ha decidido sostener y proteger.
- Principales ejes para promover y ampliar indignación-movilización:
1.-La impunidad de delitos de Estado (corrupción, asesinatos, narco-corrupción…), con énfasis en la condena al pele-leonelismo y sus conexiones empresariales, sin dejar de señalar los cometidos por otras facciones de la partidocracia perredeísta, balaguerista y satélites; apuntando contra Danilo como su gran protector y contra las instituciones que garantizan su continuidad.
2.- El paquetazo neoliberal y su impacto inflacionario, empobrecedor… en contraste con la opulencia de ladrones de Estado y saqueadores del patrimonio nacional.
3.- Los apagones y el monto criminal de las facturas eléctricas, responsabilizando el tráfico de influencia, la corrupción estatal y especulación de los grandes empresarios privados; enfrentando el nuevo tarifazo, demandando desprivatización y un nuevo modelo de gestión bajo control social.
4.- La depredación y contaminación ambiental, explotaciones mineras onerosas, apuntando contra las transnacionales mineras (Falconbridge, Barrick, Uni Gold, Gold Corp…) y la complicidad del Estado; creando conciencia sobre la necesidad de la nacionalización de esos recursos y la defensa del medio ambiente.
5.- La violencia de género, los femenicidios, que asumen dimensiones dramáticas.
- Línea de intervención en las luchas políticos-sociales.
El nuevo auge de masas y la decadencia de los partidos tradicionales que caracterizan este periodo, posibilitan apuntar hacia la confrontación con un régimen que da señales de agotamiento, impulsando la desobediencia civil.
Proceden denuncias y acciones contra el modelo neoliberal, los representantes del bloque dominante y de la partidocracia corrompida y desacreditada; contra las instituciones que imponen las políticas empobrecedoras y des-nacionalizadoras y el actual reinado de la impunidad.
Es necesario contribuir a convertir en multitudinaria la conciencia de que esas instituciones NO NOS REPRESENTAN y de que hay que reemplazarlas.
Es preciso impulsar las más variadas indignaciones y movilizaciones para generalizarlas, procurando que gran parte de la sociedad confronte las instituciones en tanto éstas se resisten a los principales reclamos y que el pueblo tome conciencia de la necesidad de un cambio de las reglas de juego, de un nuevo sistema electoral y de la Constituyente Popular dirigida a refundar el Estado y a construir una democracia participativa.
Este régimen decadente, bajo la hegemonía del PLD y sus dos facciones, así como las elites sociales y poderes supranacionales que lo apuntalan, debe ser el blanco principal inmediato; sin darle oportunidad al dividido PRD para recuperarse y hegemonizar la oposición.
Por eso hay que hablar de una nueva oposición y resaltar la incongruencia que sería atacar la corruptela y el neoliberalismo imperante apareciendo aliados a las cúpulas de cualquiera de los dos PRD.
En lo inmediato hay que procurar volcar paso a paso el enorme repudio a Leonel Fernández y a su cártel de la corrupción contra el actual gobierno y el régimen compartido que ahora preside Danilo Medina; dados sus amarres y, sobre todo, su resistencia a enfrentarlos y enjuiciarlos. Igual hay que resaltar el carácter neoliberal y de clase de ambas facciones.
Además del descrédito del Poder Judicial tal y como está conformado, el Congreso Nacional sobresale entre las instituciones en descomposición. En ese escenario confluyen todas las fuerzas políticas corrompidas y también todas la expresiones del modelo neoliberal y de la voracidad del capital transnacional y local, a las cuales las cúpulas peledeísta, perredeísta y balagueristas están atadas y no se atreven a combatir.
Pasa igual con la Policía Nacional, la DNCD y los mecanismos represivos corrompidos y criminales.
Esto implica la necesidad de asumir con fuerza el plateo de su disolución y reemplazo por la vía del ejercicio de soberanía popular a través de un proceso constituyente.
Y en lo inmediato el despliegue esa política transformadora por una nueva oposición, exige no pactar con esas cúpulas tradicionales, neutralizar a los sectores no hegemónicos que dentro o fuera del régimen fungen de opositores o disienten de su rumbo actual, concentrando los ataques ofensivos y las acciones agresivas y de masas contra los que controlan la dictadura institucional y el régimen político en declinación, para tratar de producir la ruptura necesaria; a plena conciencia de que el primer paso hacia la revolución anticapitalista es desmontar el modelo neoliberal y el régimen de la partidocracia tradicional con un pueblo movilizado y abrazado a la idea de ser poder.
Más adelante -en armonía con esa línea de acción- se impone abordar el diseño y ejecución de una nueva política de intervención dentro de un escenario electoral que en perspectiva es preciso modificar tanto en sus mecanismos antidemocráticos como en la correlación de fuerzas, en estrecha relación con los avances de las luchas extra-electorales.
Por Rommel Santos Diaz
A fin de garantizar el desarrollo de sus actividades, determinados funcionarios estatales gozan de una prerrogativa por medio de la cual no puede ser sometido a un proceso penal si previamente el Congreso, u otra instancia no otorga su autorización.
La inmunidad, como lo ha señalado la doctrina, es una institución que fue establecida con un objetivo concreto, cual es el de poner freno a las intenciones políticas de interrumpir el normal desarrollo de las actividades de una importante autoridad pública.
De acuerdo al Estatuto de Roma, esta prerrogativa de los altos funcionarios no constituye un impedimento para que pueda juzgarse a estas personas. Así lo establece el Art. 27 del Estatuto de Roma.
El artículo 27 del Estatuto de Roma establece que el mismo será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial.
En particular el cargo oficial, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno , miembro de un gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena.
Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleven el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstan para que la Corte Penal Internacional ejerza su competencia sobre ella.
La prerrogativa de la inmunidad se encuentra prevista en algunos casos en las normas constitucionales o en las leyes. En este último caso, cualquier posible contradicción con el Estatuto de Roma puede solucionarse con la reforma de la legislación respectiva.
Sin embargo, cuando la inmunidad se encuentra prevista en la constitución el asunto se complica, ya que por su naturaleza , es una norma que exige para su modificación un proceso más rígido.
Dr. Isaías Ramos
Durante casi treinta años, la República Dominicana ha recibido una advertencia tras otra sobre la calidad de su educación y la formación de sus ciudadanos.
Han cambiado gobiernos, programas, funcionarios y discursos.
Lo que demasiado poco ha cambiado son los resultados.
Cada vez que llega una nueva evaluación repetimos el mismo ritual: alarma, titulares, explicaciones, promesas. Después pasa la noticia y continuamos.
Así llevamos demasiado tiempo.
La Ley General de Educación 66-97 definió con extraordinaria claridad el ciudadano que debía formar la escuela dominicana.
Su artículo 5 ordena formar personas libres, críticas y creativas; ciudadanos amantes de su familia y de su patria, conscientes de sus deberes, derechos y libertades, con profundo sentido de responsabilidad y respeto a la dignidad humana. También manda fortalecer la identidad nacional y educar en valores morales y éticos, solidaridad, trabajo productivo y servicio comunitario.
Desde 2010, la Constitución reforzó ese mandato: formación social y cívica, enseñanza constitucional, valores patrios y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes.
El mandato nunca faltó.
Después llegaron las advertencias.
El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, PISA, ha mostrado reiteradamente graves dificultades de nuestros jóvenes para comprender, razonar y aplicar conocimientos en lectura, matemáticas y ciencias.
El Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana, ICCS, reveló profundas debilidades en conocimientos y competencias cívicas.
Nuestras propias Pruebas Nacionales también han mostrado desempeños modestos al concluir la secundaria.
Y la Encuesta de Cultura Democrática volvió a encender alarmas sobre dimensiones esenciales de nuestra cultura ciudadana.
No fueron hechos aislados.
Fueron advertencias acumuladas durante años.
Es justo reconocer avances. Entre PISA 2018 y 2022 el país mejoró significativamente en matemáticas, lectura y ciencias. Pero en 2025 esos avances no continuaron: los resultados fueron estadísticamente similares a los de 2022.
Después de mejorar, nos estancamos.
Y ahí surge la pregunta que la nación merece responder:
¿cómo es posible que, después de tantos diagnósticos, no hayamos tenido la voluntad política, la determinación institucional y la continuidad necesarias para implementar plenamente los fines educativos que nosotros mismos convertimos en ley y mandato constitucional?
No faltaron normas.
No faltaron pruebas.
No faltaron diagnósticos.
Faltaron voluntad política, determinación institucional y continuidad para convertir la educación y la formación ciudadana en una verdadera causa nacional.
Y eso tiene un costo humano.
Ya no hablamos solamente de porcentajes y rankings.
Hablamos de casi dos generaciones de dominicanos que atravesaron el sistema mientras sabíamos que no estábamos formando las competencias académicas y ciudadanas que necesitaban para dirigir sus vidas y, algún día, conducir la República.
¿Quién responde por ellos?
¿Dónde está el gran programa nacional para recuperar y fortalecer a quienes ya salieron de las aulas con brechas académicas y cívicas que el propio sistema había identificado?
En 2025, el Consejo Nacional de Educación aprobó la Ordenanza 02-2025 para incorporar explícitamente la Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana. Hoy vuelve a discutirse legislativamente la obligatoriedad de esa formación.
Bienvenidas sean esas iniciativas.
Pero debemos hacernos una pregunta más profunda:
¿cuántas veces tendremos que escribir la misma obligación antes de convertirla en conducta?
Porque el verdadero problema dominicano no parece ser la ausencia de normas, sino la distancia entre lo que proclamamos y lo que cumplimos.
Ahí la calle compite contra el aula.
Le enseñamos al niño a respetar la ley, pero observa que violarla puede no tener consecuencias.
Le hablamos de mérito mientras contempla favoritismo.
Le exigimos puntualidad mientras normalizamos la impuntualidad.
Le hablamos de responsabilidad mientras ve autoridades incumplir sus propias reglas.
Y debemos comprender algo esencial:
cada autoridad también educa.
Cuando quien ejerce poder incumple una norma sin consecuencias, está impartiendo una clase de educación cívica en sentido contrario.
Por eso no necesitamos simplemente otra asignatura.
Necesitamos una Revolución Cívica que abarque escuela, familia, iglesias, comunidad, empresa y Estado; que alcance también a quienes ya dejaron las aulas; que convierta el cumplimiento en hábito, el mérito en estímulo, el buen ejemplo en norma y la responsabilidad en valor nacional.
No se trata de buscar culpables eternos.
Se trata de asumir una responsabilidad histórica y corregir el rumbo.
Porque ninguna Constitución puede proteger una República cuyos ciudadanos aprenden a ignorarla.
Casi dos generaciones han atravesado ya este proceso.
Y serán esas mismas generaciones las que, tarde o temprano, recibirán la conducción del país.
Todavía estamos a tiempo de cambiar la enseñanza.
Pero el tiempo no es infinito.
La pregunta que debemos responder como nación es ésta:
¿seguiremos administrando el deterioro, o tendremos finalmente el carácter, la voluntad, la determinación y la fidelidad a nuestra Constitución necesarios para formar ciudadanos capaces de construir, respetar y defender la República que prometimos ser?
Por Oscar López Reyes
Demetrio, Higinio y Marcelo, exfuncionarios estatales imbuidos de un hinchado poder político, no prestaron oídos del precavido refrán: “A chica boca, chica sopa” y, cual volcán, cada uno por su lado se arrojó -como si tuvieran en misiones espaciales en diferentes temporadas y universos cósmicos- a hostigar y a perseguir a un periodista respetuoso y cumplidor. La maledicencia, agazapada en villanías, les hizo olvidar que para participar en foros había que tener los bozos limpios.
Ninguno de los tres judicializables estuvo en la mirilla del tranquilo Gael Otero, a quien jamás dejaron de incordiarlo inmisericordemente, sin motivo aparente. Empero, sin este reportero/articulista buscarlos, en sus manos se posaron -como si fueran enviados por un molesto extraterrestre- datos incriminatorios sobre sus acosadores, que lo dejaron perplejo. ¿Cuál fue su reacción?
Los hechos y personajes a ser descritos son reales, ocurridos en Santo Domingo, República Dominicana, en años recientes, aunque sus protagonistas pudieran llamarse Piernavieja (abogado), Pieldelobo (administrador de empresas) y Viejobueno (ingeniero). Sus verdaderos patronímicos son Demetrio Gabilondo, Higinio Quintana y Marcelo Mosquera, el trío diabólico que, visiblemente con el sistema límbico y el tronco encefálico dislocados, asediaron y se pusieron a la caza de Gael, como si fuera un ladrón. ”El cazador cazado”, ¡qué ironía!
Primero. Demetrio: en el examen de tesis de grado, un miembro del jurado al estudiante de periodismo Gael le asignó 98 y otro 95, que ponderaron la metodología en el abordaje, la capacidad investigativa y el pensamiento crítico. El tercer juez docente, Demetrio, emitió su veredicto sin consultar a sus dos colegas: un 40. Cuando el ya graduado aspiró a ser maestro, en un examen le colocó un 0 y en el año que presentó un proyecto para crear una unidad académica en la universidad estatal, lo boicoteó, a la clara. Posteriormente, este abogado lo importunaba en reuniones de las lides gremiales. ¿Y por qué…?, se preguntaba Gael.
Sorpresa: Un domingo en la mañana, mientras Gael chequeaba su agenda en la redacción del periódico Hoy, su director Virgilio Alcántara le entregó un documento que había recibido, con acusaciones comprometedoras contra Demetrio. Le instruyó enfáticamente para que profundizara en la investigación. Si no inquirí estos papeles, si este caballero me ha pisoteado insistentemente -reflexionó Gael- y ahora tengo esta encomienda del director del matutino, por qué no hacer mi trabajo y focalizar el tema con superficialidad.
La indagatoria duró más de una semana, y los hallazgos encontrados fueron demoledores. Escribió tres amplios reportajes y el director del rotativo los publicó en tres primeras páginas. El escándalo no pudo ser más vergonzoso, en el pico de la gravedad. El consejo directivo de la institución donde laboraba el jurista sesionó de emergencia, con el documento original y los reportajes en la mesa. La cancelación de Demetrio fue inevitable. ¡Vaya!
Marcelo: En los años 2018-19, a Gael pretendió trazarle pautas, sin ser su jefe; humillarlo e imponérsele, sin razón, en el organismo gubernamental en la cual ambos ofrecían sus servicios profesionales. Narcisista indecoroso y arrogante, Marcelo escudriñaba fallas en el accionar de Gael, para reportarlo ante la máxima autoridad. Cuando este difundía algún texto periodístico, lo separaba, subrayaba puntos específicos y lo llevaba al mando superior, su amigo de muchos años, con recomendaciones despiadadas. Jamás aceptó conciliación, aun comprobándose que incurría en irrefutables conflictos de intereses.
Asombro: Un colega y amigo del periodista Gael sintió estupor al enterarse del drama –a través de un tercero- y decidió rastrear las andanzas de Marcelo en la administración pública, así como sus actuales relaciones y comportamiento. Descubrió que como director administrativo-financiero hacía negocios con otras instituciones públicas. Siendo así, la única alternativa de la alta gerencia fue su despido. ¡Qué pena! ¿Acaso funge ahora con las mismas funciones en otra dependencia estatal?
Higinio: Después que, con el tráfico de influencia política, truculentamente este ingeniero se enriqueció con la adjudicación de contratos a sobreprecios –y con desvíos de fondos públicos desde un organismo público hacia una corporación en la cual era un testaferro- fuera del gobierno –¡Qué viva Odebrecht!- se dedica actualmente a querer socavar las imágenes de personas honradas, desde un digital en el cual se proclama, sin asearse los colmillos, “comunicador”. ¡Qué tupé!
Espanto: El legajo de documentos acumulados por indignados de organizaciones de interés social sirvió para instrumentar un expediente, depositado en la Procuraduría General de la República para que se añadiera a otro más grande divulgado públicamente, vinculada a la gestión 2012-1016. En una cama supercómoda, el imputado Higinio languidece, dando sus últimos suspiros, y pocos saben que fue por su doble osadía: sustraer, usurpar como “comunicador” y atacar para aparentar… ¡Desvergonzado!, ¿sí o no?
Demetrio, Higinio y Marcelo vituperaban a Gael sin conocer sus facultades divinas: cada vez que este emprendía un proyecto y otros hacían lo mismo, avanzaba con tanta prontitud que los paños y lienzos de sus competidores eran tirados en barrancos. Idénticamente, meses después de que un elocuente lo encaraba con alevosía, ese alevoso moría súbitamente, como aconteció con dos de los tres judicializables. El otro de similar estirpe quedó entrampado en la peor hoguera, porque sufre más que Juana de Arco.
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El autor: periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
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13 de septiembre de 2026