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PRD: El 2013 será de muchas dificultades
Arturo Jiménez Moya
SANTO DOMINGO.- La Comisión Económica del PRD prevé un año 2013 de dificultades para el país, ya que el gobierno impondrá un fuerte aumento en el ITBIs que afectará renglones básicos de la canasta alimenticia. .
“Ese aumento y otros impuestos que entrarán en vigencia al mismo tiempo, golpeará a la clase media y pobre, reduciendo en un 30 por ciento su poder adquisitivo y generando un desempleo masivo en todos los sectores”, expresó la entidad en un comunicado que firma su presidente, Arturo Martínez Moya.
Advirtió que “el gobierno envió al Congreso un presupuesto para el 2013 altamente deficitario, que mantiene alto y en crecimiento el gasto y la deuda pública, en contra de las recomendaciones del FMI, que sugirió reducir la deuda de 44 por ciento del PIB a 35 por ciento y el déficit a menos del 2 por ciento del PIB”.
“El 2012 quedará registrado en la historia como uno de los peores años en materia económica. Es difícil encontrar algo peor, aun remontándose a los años de la colonia”, indicó.
Recordó que la pobreza y la indigencia se incrementaron en el 2012, alcanzando casi la mitad de la población. «La corrupción rompió todos los parámetros y la falta de transparencia en el quehacer público reinó como nunca antes se había observado en gobierno alguno», añadió.
«En cualquier otro país del mundo, Leonel Fernández hubiera estado respondiendo ante la justicia por las atrocidades cometidas con el dinero público, donde es evidente que muchos de sus acólitos y testaferros han acumulado una fortuna jamás vista en la sociedad dominicana», sostuvo.
Según dijo, las cifras y datos descritos han sido avalados por el FMI, la CEPAL y otros organismos internacionales. «El FMI pocas veces ha producido un informe tan duro y crítico contra un gobierno como el que publicó recientemente dentro de su análisis de la economía dominicana, contemplado en el artículo IV, que habla hasta de la falta de transparencia del anterior Gobierno en el manejo presupuestario, donde se cometieron graves delitos violando al menos 7 leyes fundamentales que regulan las finanzas públicas», manifestó.
“Con un crecimiento del PIB de apenas 3.8 por ciento, una deuda que ronda el 45 por ciento del PIB y que a principios del 2013 alcanzaría el 47 por ciento, con la nueva emisión de mil millones de bonos soberanos, los 300 millones de dólares para el sector eléctrico y la acumulación de atrasos arrastrados del 2012, la economía dominicana entra en un etapa de profunda incertidumbre», aseguró.
A eso hay que agregar el déficit fiscal del sector público consolidado de 8.5 por ciento estimado por el FMI, un déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos de 7 por ciento del PIB y un desempleo que ronda el 18 por ciento de la población económicamente active.
“De hecho, esa incertidumbre ya se siente en el mercado cambiario, en la industria, en el comercio, en los supermercados y en el resto del sector servicio. La gente está nerviosa, irritada, impaciente, desconsolada y esperando lo peor para el próximo año», señaló.
Afirmó que «el pesimismo domina el ambiente navideño, gracias a la desastrosa gestión de Leonel Fernández. Mientras el presidente Danilo Medina mantiene en su gobierno la misma estructura de gastos y a la mayoría de los funcionarios que contribuyeron con este desastre en las finanzas públicas que tiene la economía dominicana al borde del colapso».
“Lo peor de todo es que el gobierno, desconsiderando a la sociedad civil y haciendo caso omiso a las recomendaciones del Consejo Económico y Social, impuso un paquetazo fiscal de 47 mil millones de pesos, manteniendo su estructura de gastos. Siguen por sus fueros las mismas nominillas, el mismo personal en el exterior, los miles de asesores sin funciones, los altos salarios, el barrilito en el Congreso, los mismos gastos personales de los funcionarios, y para colmo, el escalofriante escalamiento de la deuda pública para financiar las ineficiencias de un Estado despilfarrador»», manifesto el organismo en un comunicado.
almomento.net
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La construcción de la autopista del Ambar se inicia el próximo mes, según lo anunció el Gobierno.
Santo Domingo, R.D.-El próximo mes está previsto el inicio de la construcción de la autopista del Ambar, de acuerdo a un anuncio en este sentido hecho este sabado por la vicepresidenta Raquel Peña, la cual conectará las provincias de Santiago y Puerto Plata en menos de 30 minutos y que permitirá impulsar el turismo, el comercio, la logistica y el desarrollo económico de la region Norte.
Peña ofreció la información a la prensa al concluir una sesión de trabajo ampliada de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), en la que participaron instituciones aliadas, representantes de las provincias del Cibao y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella, entre otros.
Raquel Peña manifestó que la obra llevará numerosos beneficios, crecimiento y desarrollo a las 14 provincias de la región Norte. «Estamos muy contentos con el inicio de esta obra», expresó.
El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, aseguró que la Autovía del Ámbar se encuentra en la etapa de «firma de contratos» y socialización con las empresas adjudicatarias del proceso de licitación.
A principios de julio, el Consorcio Autopista del Ámbar, S.R.L., integrado por las empresas Ingeniería Estrella, Rizek Constructora, Magna y Constructora Mar, ganó la licitación para el diseño y construcción de la Autopista del Ámbar, convocada por el Fideicomiso RD Vial.
La vicepresidenta resaltó que Santiago y el Cibao atraviesan una etapa de importante crecimiento económico y urbano, lo que ha incrementado la demanda de nuevas infraestructuras para responder a las necesidades de movilidad, conectividad y desarrollo de la población.
El encuentro, en las instalaciones de la ACIS, fue organizado en respuesta a las inquietudes planteadas por líderes regionales durante una reunión de trabajo celebrada la semana pasada en el despacho de la Vicepresidencia, en el Palacio Nacional.
Durante la actividad, Estrella también presentó un balance de los principales proyectos de infraestructura que el Gobierno desarrolla en Santiago y la región Norte. Destacó que estas inversiones buscan mejorar la conectividad, fortalecer la seguridad vial e incrementar la competitividad del Cibao.
Entre las obras prioritarias mencionó:
- La ampliación a cuatro carriles de la circunvalación de Navarrete.
- La expansión de la carretera Santiago-Licey.
- Los trabajos de conexión vial hacia Moca y otras localidades.
En cuanto a los programas de asfaltado, indicó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones mantiene brigadas trabajando de manera simultánea en Santiago, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y otras provincias.
Explicó que, debido a las limitaciones presupuestarias y al incremento de los costos de los materiales, las intervenciones se ejecutan siguiendo criterios técnicos y de prioridad, con el propósito de atender de manera equilibrada las necesidades de todo el país.
Por otro lado, el presidente de la ACIS, Marcos Santana, consideró que la presencia de representantes de los principales sectores productivos, comerciales, industriales y de servicios de la región Norte evidencia el interés del empresariado y de la sociedad organizada en trabajar de manera articulada con el Gobierno para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo del Cibao.
Tras finalizar el encuentro estratégico, la vicepresidenta Raquel Peña se trasladó a la catedral de la ciudad para participar en la celebración de sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol El Mayor. Con la tradicional fiesta religiosa finalizan las actividades conmemorativas.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo no para en su politica de endeudamiento al lograr la aprobacion en el Congreso Nacional este viernes de dos préstamos provernmiente del Poder Ejecutivo por US$465 millones, los cuales equivalen a aproximadamente 27 mil millones en pesos dominicanos.
El Senado de la República fue el último órgano legislativo en aprobarlo. Estos empréstitos aprobados la tarde de ayer por la Cámara de Diputados.
En ambas cámaras legislativas, los representantes de la Fuerza del Pueblo (FP), del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), votaron en contra de los dos empréstitos.
Se trata de dos acuerdos, firmados por la gestión del presidente Luis Abinader con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Uno de estos le entregaría US$200 millones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), así como al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para financiar el programa de implementación de la política nacional de seguridad vial en el país.
El informe favorable que presentó la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja precisa que el objetivo es contribuir a una movilidad segura, previniendo los accidentes de tránsito.
Además, fortalecer la fiscalización, educación y atención a víctimas en el territorio nacional.
El presidente de esa Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Frank Paulino, explicó los pasos que aplicará el Gobierno para lograrlo.
Mientras que el otro empréstito, de US$265 millones, sería destinado para el financiamiento del proyecto Plan de Manejo de Cuenca del Río Yuna, previsto a ser ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri).
La carta enviada por el mandatario Abinader al órgano legislativo establece que los recursos incrementarían la resiliencia ante los riesgos de inundación en la parte baja del recurso hídrico.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano dispuso la prohibición de la importación hacia al territorio nacional de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, incluyendo aquellas mercancías respecto de las cuales exista evidencia razonable de que en alguna fase de su cadena de suministro se ha producido la distorsión, cuya decision se produce tras el pais ser sancionado mediante arancel por la administracion del presidente Donald Trump.
La disposición gubernamental busca establecer las disposiciones administrativas necesarias para la prevención, identificación, verificación y prohibición de la importación de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, con el fin de proteger los derechos humanos, preservar la integridad del comercio internacional y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
La medida, contenida en el decreto 502-26, será aplicada a toda mercancía, producto o bien destinado a ser importado al territorio aduanero del país sobre el cual existan indicios razonables de que ha sido producido, fabricado, extraído, procesado o elaborado, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, independientemente de su país de origen o procedencia.
La medida se toma apenas horas después de que la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de República Dominicana y otros 59 países y economías, justificándose en una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso».
En su artículo siete, el decreto señala que para la identificación de casos productos creados total o parcialmente, mediante trabajo forzoso se tomará en consideración información proveniente de fuentes nacionales o internacionales, tanto públicas como privadas incluyendo importadores, exportadores, operadores económicos, asociaciones empresariales u otros actores del sector privado.
Cuando existan indicios razonables, la Dirección General de Aduanas solicitará al Ministerio de Trabajo que, dentro del ámbito de sus competencias, elabore el informe técnico correspondiente. Luego se realizará una evaluación técnica correspondiente para determinar si existen elementos suficientes para concluir que la mercancía sí tuvo incidencias, durante su creación del trabajo forzoso.
El Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Aduanas y las demás instituciones competentes podrán adoptar dentro del ámbito de las atribuciones que les confieren las leyes, las normas generales, medidas administrativas, operativas y técnicas necesarias para la ejecución del presente decreto, siempre que dichas medidas no impliquen la creación de nuevas obligaciones, restricciones o prohibiciones distintas de las previstas en el ordenamiento jurídico vigente, ni alteren el contenido esencial de los derechos reconocidos por las leyes.
Se define como trabajo forzoso todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, de conformidad con la definición contenida en el Convenio núm. 29 de la OIT, ratificado por la República Dominicana mediante la Résolución núm. 4505, del 21 de julio de 1956, y de conformidad con los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos y erradicación del trabajo forzoso.