Aurelio Valdez Alcántara, exintegrante de la Pepca, enfrenta una acusación por presuntamente exigir US$10,000 a un testigo; su salida del Ministerio Público modifica la jurisdicción que conocerá el proceso

SANTO DOMINGO.– El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, quien se desempeñaba como integrante de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), presentó su renuncia al Ministerio Público mientras enfrenta un proceso penal por un presunto soborno de US$10,000 relacionado con un testigo del caso Senasa.

La dimisión fue confirmada por su abogado, Valentín Medrano, y por el procurador de corte Eduardo Velázquez.

La salida de Valdez Alcántara de la carrera del Ministerio Público produce además una consecuencia procesal importante: el expediente dejará de tramitarse ante la jurisdicción correspondiente a su anterior condición de fiscal y continuará en la jurisdicción ordinaria.

Acusación será conocida en un juzgado de instrucción

De acuerdo con las informaciones ofrecidas por Velázquez, la acusación presentada contra Valdez Alcántara será conocida por el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que tiene prevista para el próximo 5 de octubre la primera audiencia relacionada con el expediente.

La acusación había sido depositada en agosto ante la Corte de Apelación debido a la condición que ostentaba el imputado como integrante del Ministerio Público.

Con su renuncia, el proceso deberá continuar ante los tribunales ordinarios de primer grado y recorrer las etapas procesales correspondientes.

¿De qué se acusa al exfiscal?

Valdez Alcántara está imputado de presuntamente haber exigido US$10,000 a un testigo relacionado con la investigación sobre el alegado fraude cometido contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Según la imputación del Ministerio Público, el entonces fiscal habría ejercido presión sobre el testigo para obtener dinero y determinados bienes.

Estas imputaciones forman parte del proceso penal en curso y deberán ser debatidas y probadas ante los tribunales, por lo que Valdez Alcántara mantiene la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia definitiva en su contra.

Había recibido prisión preventiva

El proceso contra Valdez Alcántara se inició meses atrás y, en mayo de 2026, un tribunal le impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción.

Posteriormente se produjeron otras actuaciones judiciales relacionadas con la revisión de esa medida, mientras el Ministerio Público avanzaba en la preparación de la acusación formal.

Ahora, la renuncia introduce un cambio relevante en la ruta judicial del expediente, debido a que Valdez Alcántara ya no posee la calidad institucional que determinaba que determinadas actuaciones fueran conocidas inicialmente por una jurisdicción distinta a la ordinaria.

Caso cobra relevancia por su vinculación con investigación de Senasa

El proceso adquiere especial atención debido a que el imputado pertenecía a la Pepca, órgano especializado encargado de investigar y perseguir hechos de corrupción administrativa.

Además, la acusación se encuentra vinculada indirectamente con una investigación de alto interés público: el supuesto esquema de fraude relacionado con Senasa.

No obstante, el expediente contra Valdez Alcántara constituye un proceso penal propio y deberá ser decidido de manera independiente sobre la base de las pruebas presentadas ante el tribunal.

La audiencia prevista para el 5 de octubre marcará una nueva etapa del proceso, esta vez ante la jurisdicción ordinaria, donde comenzará el conocimiento judicial de la acusación formulada contra el exrepresentante del Ministerio Público.

El presidente de la Suprema Corte afirma que las conductas sancionables representan menos del 1 % de la judicatura y plantea fortalecer las soluciones alternativas para descongestionar los tribunales

SANTO DOMINGO.– Alrededor de diez jueces han sido destituidos del Poder Judicial por la comisión de faltas graves durante la gestión encabezada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, según informó el propio magistrado durante un encuentro con periodistas de la fuente judicial.

Molina abordó el funcionamiento del régimen disciplinario y defendió que cualquier investigación contra integrantes de la judicatura debe desarrollarse garantizando plenamente el debido proceso y los derechos fundamentales de los magistrados involucrados.

El presidente de la SCJ sostuvo que la responsabilidad disciplinaria debe determinarse mediante procedimientos institucionales y rechazó que estos procesos puedan convertirse en instrumentos de presión política o de condena pública anticipada.

Cambios en los procesos disciplinarios

Entre las modificaciones implementadas durante su administración, Molina destacó la eliminación de la suspensión de jueces sin disfrute de salario mientras se encuentran bajo investigación disciplinaria.

También señaló que fue prohibida la interceptación de las comunicaciones telefónicas de magistrados cuando se trate exclusivamente de investigaciones de naturaleza disciplinaria, por las implicaciones que ese mecanismo puede tener sobre el derecho a la privacidad.

Cuando durante una investigación aparecen elementos que pudieran configurar una infracción penal, explicó, el caso debe ser remitido al Ministerio Público, institución responsable de determinar si existen fundamentos para ejercer la acción penal.

Molina enfatizó que corresponde exclusivamente al órgano persecutor establecer si los indicios recopilados justifican la presentación de una acusación ante los tribunales.

Faltas representarían menos del 1 %

Pese a las destituciones registradas, el presidente de la Suprema Corte aseguró que los casos de conductas irregulares susceptibles de sanciones constituyen menos del 1 % de los integrantes de la judicatura dominicana.

En contraste, resaltó el desempeño de la mayoría de los jueces y servidores judiciales y señaló avances en departamentos judiciales como Barahona, La Vega, Montecristi y San Juan.

Molina plantea resolver hasta el 95 % de los casos penales mediante alternativas

Durante sus declaraciones, el magistrado también identificó la congestión de los tribunales como uno de los principales problemas pendientes del sistema de justicia.

A su juicio, existe una cultura procesal que conduce demasiados conflictos hasta el juicio de fondo, aun cuando podrían solucionarse mediante acuerdos y otros mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico.

Molina planteó como aspiración que entre el 90 % y el 95 % de los procesos penales puedan solucionarse mediante mecanismos alternativos, dejando los juicios orales para aquellos expedientes cuya naturaleza realmente haga necesaria esa etapa.

Consideró que una mayor utilización de estas herramientas por parte de jueces, fiscales y defensores públicos contribuiría a reducir la carga de trabajo de los tribunales y tendría efectos sobre otro de los problemas del sistema: el uso excesivo de la prisión preventiva.

Según su planteamiento, fortalecer las soluciones alternativas permitiría disminuir el hacinamiento relacionado con las medidas cautelares y avanzar hacia la aplicación de la prisión preventiva como una medida verdaderamente excepcional.

Cuestiona prácticas que retrasan los procesos

El presidente de la SCJ también llamó la atención sobre determinadas prácticas procesales que, en su opinión, generan retrasos innecesarios.

Entre ellas mencionó la celebración de audiencias iniciales destinadas únicamente a solicitar la comunicación de documentos que podrían haber sido incorporados al expediente desde el comienzo del proceso.

Asimismo, puso como referencia la jurisdicción contencioso-administrativa, donde existen controversias fundamentalmente documentales que, dependiendo de su naturaleza, podrían ser decididas mediante el análisis del expediente escrito sin reproducir innecesariamente todas las características de un juicio oral.

Las declaraciones de Molina colocan nuevamente en el debate dos asuntos centrales para el Poder Judicial dominicano: el fortalecimiento del régimen disciplinario con respeto al debido proceso y la necesidad de acelerar la solución de los conflictos para reducir la congestión de los tribunales.

La iniciativa establece que los investigadores deberán ser autorizados por Interior y Policía y fija límites relacionados con la privacidad, obtención de información y colaboración con organismos estatales

SANTO DOMINGO.– El Senado de la República aprobó en segunda discusión un proyecto de ley dirigido a regular el ejercicio de la investigación privada en República Dominicana, una iniciativa que, de completar el proceso legislativo, incorporaría formalmente la figura del detective privado al marco jurídico nacional.

La propuesta, presentada por el senador Santiago Zorrilla, establece un régimen de autorización y supervisión para las personas que se dediquen profesionalmente a realizar investigaciones por encargo de particulares.

Uno de los aspectos de mayor relevancia jurídica de la iniciativa es que los informes elaborados por detectives privados podrían tener calidad probatoria ante los tribunales dominicanos, siempre que la información y los elementos que los sustenten hayan sido obtenidos dentro del marco de la legalidad.

El proyecto todavía deberá completar su trámite en la Cámara de Diputados y, en caso de recibir la aprobación correspondiente, ser remitido al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.

Investigadores necesitarían autorización

De acuerdo con la iniciativa, se consideraría detective privado al profesional debidamente autorizado por el Ministerio de Interior y Policía (MIP) para investigar, a solicitud de un cliente, determinados hechos, actos o acontecimientos, así como las circunstancias y personas relacionadas con estos.

El ejercicio de esa actividad quedaría sometido a la supervisión directa del MIP.

Entre las facultades contempladas figura la posibilidad de recopilar documentos, instrumentos y otros elementos destinados a contribuir al esclarecimiento de los hechos objeto de una investigación privada.

Informaciones podrían llegar a los tribunales

El proyecto abre además la posibilidad de que los resultados de una investigación privada trasciendan la relación entre el detective y su cliente.

Según la propuesta, el investigador podría aportar informaciones relacionadas con hechos delictivos conocidos durante el ejercicio de su profesión a organismos como la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

También podría colaborar, cuando fuese requerido, con el Ministerio Público y órganos del Poder Judicial, proporcionando informaciones o declaraciones vinculadas con determinados procesos.

La eventual utilización judicial de los informes estaría condicionada a que las informaciones hayan sido obtenidas legalmente.

Este aspecto coloca en el centro del debate cuestiones como la licitud de la prueba, el derecho a la intimidad y la protección de los datos personales, particularmente cuando las investigaciones sean realizadas por particulares y posteriormente pretendan utilizarse dentro de un proceso judicial.

Límites a la actuación del detective

La iniciativa también establece prohibiciones destinadas a impedir que el investigador privado asuma facultades reservadas a las autoridades.

Los detectives no podrían citar ni detener personas, retener evidencias o exigir a entidades privadas la entrega de elementos probatorios.

Tampoco estarían facultados para realizar determinadas actuaciones propias de los organismos oficiales encargados de la investigación y persecución penal.

Otro de los límites establecidos está relacionado con la información sobre la salud física o mental de las personas.

Confidencialidad y vida privada

Los investigadores estarían obligados a mantener confidencialidad sobre las informaciones obtenidas durante sus labores y a respetar la intimidad de las personas investigadas.

La revelación de determinadas informaciones quedaría restringida, salvo los supuestos en que exista un requerimiento de una autoridad judicial conforme a las condiciones establecidas por la normativa.

El proyecto dispone igualmente protección respecto de los datos sensibles obtenidos durante una investigación.

Requisitos para ejercer

La propuesta establece una serie de condiciones para obtener autorización como detective privado.

Entre ellas figuran ser mayor de 18 años, haber alcanzado el nivel de bachillerato, cumplir determinadas condiciones de salud y no poseer antecedentes penales.

Asimismo, quedarían impedidos de ejercer esta actividad quienes hayan sido separados de determinados servicios públicos por mala conducta.

Los miembros activos de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y los organismos vinculados con la persecución penal tampoco podrían desempeñarse simultáneamente como investigadores privados.

Una profesión que busca entrar al marco legal

La iniciativa procura establecer reglas para una actividad que puede involucrar directamente derechos fundamentales y producir información susceptible de adquirir relevancia en procesos judiciales.

Entre las motivaciones expuestas para impulsar la regulación se encuentra la necesidad de establecer controles sobre el ejercicio de la investigación privada y delimitar claramente hasta dónde puede llegar la actuación de quienes la practiquen.

El proyecto utiliza como uno de sus fundamentos el artículo 40 de la Constitución dominicana, relativo al derecho a la libertad y seguridad personal.

Con la aprobación en segunda discusión por el Senado, la iniciativa avanza en el Congreso Nacional, aunque todavía no constituye una ley vigente.

De completar exitosamente el proceso legislativo, República Dominicana pasaría a contar con una regulación específica para los detectives privados, sus atribuciones, prohibiciones, deberes de confidencialidad y la posible utilización judicial de los resultados de sus investigaciones.