Análisis Noticiosos
El 2012 registra declive institucional y económico
Por Juan Bolívar Díaz
El pragmatismo político salvaje se apoderó del país en este 2012 que concluye, debilitando la institucionalidad democrática, desintegrando los partidos y desguañangando la economía, dejando serias incógnitas sobre la sostenibilidad económica y el equilibrio social.
Heredero de grandes desequilibrios el presidente Danilo Medina lucha por restablecer la confianza en las instituciones, mientras nuevos actores sociales ocupan el vacío de liderazgo político opositor, generando un activismo que reivindica el protagonismo de la ciudadanía.
Un exitoso pragmatismo. Un año de elecciones cobró alto costo en el debilitamiento de la institucionalidad democrática y con el desguañangue de la economía nacional, cuando el presidente Leonel Fernández superó su promesa de que invertiría 40 mil millones de pesos para que su partido se mantuviera gobernando, con una doble campaña, incluso después de los comicios del 20 de mayo, para abonar su regreso en el 2016.
La campaña electoral concluyó en los peores niveles de abuso del poder del Estado marcando una competencia desigual. El clientelismo, la compra de voluntades y votos y el involucramiento de todo el gobierno superaron los precedentes como lo certificaron seis informes de la observación electoral del movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) y quedó patente en los medios de comunicación.
Hasta la diplomática misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó afirmando que “el Estado se convirtió finalmente en un actor electoral”, recomendando poner atención “al uso de recursos públicos y a la presencia de las más altas autoridades del gobierno y del partido gobernante en las campañas, cualquiera esta sea, a fin de asegurar la equidad en la contienda electoral”. Un extenso informe recomienda también que se “reglamente el acceso equitativo a los medios de comunicación en todos sus aspectos”, así como “el establecimiento de límites al gasto electoral, con miras a promover mecanismos de equidad en la contienda”.
Debilidades institucionales. Las denuncias de corrupción, sin la menor investigación de unos órganos judiciales sin independencia ocuparon todo el año, proviniendo no sólo de los partidos y candidatos de oposición, sino también de medios de comunicación. Se documentó que el financiamiento político del poderoso senador Félix Bautista se extendió fuera del país hasta Haití y Perú con millones de dólares. Mientras el Foro Económico Mundial y Amnistía Internacional ratificaban al país como líder de la malversación, del favoritismo de los funcionarios públicos y en la falta de transparencia.
Un elemento que evidenció la extrema debilidad institucional dominicana fue la presencia del Procurador General de la República y del canciller en una rueda de prensa donde se acusó al jefe de seguridad del principal candidato opositor de conspirar contra el gobierno de Haití, en base a una grabación fruto del espionaje telefónico en violación de la Constitución y la ley. La denuncia fue desestimada por el ministerio público.
El Congreso Nacional actuó todo el año como sello gomígrafo del Gobierno, sin cumplir su responsabilidad de fiscalización pero realizando tareas de asistencialismo social clientelista. Pese a que habría elección presidencial, no tuvieron interés en aprobar el proyecto de ley orgánica electoral elaborado por una misión de la OEA ni el de ley de partidos, consensuado durante más de una década. Tampoco el proyecto de ley de regulación salarial, vetada por el presidente Fernández en su última jornada de gobierno, ni el de la urgente reforma de la Policía. Mientras, pasaba el onceavo año sin que dieran vigencia a la ley del Defensor Público.
Varios senadores oficialistas, encabezados por Charles Mariotti y Julio César Valentín, se hicieron conscientes de la necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática y sometieron un paquete de siete proyectos de fiscalización y control, de racionalización del gasto público, de Cámara de Cuentas y de integridad en la función pública, entre otros, sin haber obtenido mayor atención congresual.
Ningún órgano de control ni autoridad llamó la atención cuando el Presidente de la República y sus principales funcionarios económicos se volaron varios preceptos constitucionales y una docena de leyes normativas al incurrir en un déficit fiscal que multiplicó por nueve el autorizado en la ley del presupuesto del 2012.
Otros elementos críticos. El debilitamiento institucional quedó al desnudo en el sexto informe del monitoreo de PC a los mandatos de la ley de libre acceso a la información pública donde diez organismos que en el 2001 registraron puntuación sobre 90 por ciento, cayeron entre 20 y 44 puntos. Entre ellos los ministerios de Salud, Educación y administración pública, el despacho de la Primera Dama y hasta la Suprema Corte de Justicia.
La crisis institucional quedó más evidente que nunca en los principales partidos de oposición, el Reformista Social Cristiano fragmentado y absorbido por los gobernantes, y el Revolucionario Dominicano, cuya candidatura presidencial fue debilitada desde su propia presidencia, cayendo en una virtual división, con secuestro de su casa nacional y de los organismos partidarios que no han podido ser reunidos.
La fragmentación del partidismo tuvo dos expresiones, la adscripción de 18 partidos a las candidaturas de los dos mayoritarios y la incapacidad mostrada por cinco contestatarios que frustraron expectativas de una opción alternativa, terminando entre todos con el 2 por ciento del sufragio.
Los cuestionamientos al estado de derecho y denuncias de corrupción se expresaron hasta por parte de embajadores, como los de Estados Unidos y Gran Bretaña, además de organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos. Los reclamos de amparo por la exclusión de miles de descendientes de haitianos que ya habían sido reconocidos como dominicanos fueron acogidas por tribunales nacionales y llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Más de 300 muertos a manos de la Policía, en gran proporción ejecuciones sumarias, una de las cuales fue documentada en vídeo, y denuncias de torturas y de redadas masivas que terminan en extorsión, así como de espionaje y saqueo, dejaron mal parado el estado de derecho. En contraste la inseguridad ciudadana siguió en picada con una delincuencia y un narcotráfico cada vez más atrevidos y criminales.
Desguañangue económico. El costo de este año electoral devino en un escándalo mayúsculo cuando el gobierno de Danilo Medina cuantificó en 8 por ciento del PIB el déficit fiscal que heredó de su antecesor, que el Fondo Monetario Internacional (FMI) elevaría a 8.5 por ciento, unos 204 mil millones de pesos. Sería el quinto año consecutivo de déficits fiscales pero esta vez cuadruplicando el promedio de 50 mil millones de pesos.
A pesar del desbordamiento del gasto público, cubierto con un endeudamiento que ya alcanza el 44 por ciento del PIB, la economía nacional siguió reduciendo su crecimiento, este año alrededor del 4 por ciento, con menor actividad privada, e impactando la posición externa del país, según el FMI, que sitúa el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos en un 7 por ciento del PIB. Se proyecta a 4,286 millones de dólares, con un desbalance comercial de casi 9 mil millones de dólares. Según la evaluadora JP Morgan, la deuda del sector público no financiero creció en 2,200 millones de dólares, sumando casi 19 mil millones de dólares. La total pasó de 25 mil millones de dólares.
El agravante de reducción de la inversión extranjera y la pérdida de 800 millones de dólares en las reservas internacionales, “por debajo de las normas de referencia”, explican la devaluación de los últimos meses, a pesar del gran éxito de una inflación de apenas 3 por ciento.
Los niveles de los déficits y el peso del endeudamiento cuestionan la sostenibilidad económica del país y de su modelo de desarrollo, desafiando al Gobierno instaurado en agosto, que ha impuesto una reforma tributaria, cuyos beneficios y costosas repercusiones no se podrán apreciar hasta los primeros meses del próximo año.
Artículo originalmente publicado en el periódico HOY.
Por José Cabral
Un fenómeno muy preocupante que se produce en la República Dominicana tiene que ver con la pérdida de la cultura del trabajo.
Aparentemente hay un relativo cumplimiento con las obligaciones laborales cuando se trata de una empresa con altos niveles de organización y supervisión.
La pérdida de la cultura del trabajo puede ser demoledora para la micro, pequeña y mediana empresa, en las que no hay forma de que se respete el contrato laboral entre empleados y empleadores.
La desaparición de la cultura del trabajo en el país representa una crisis muy profunda debido a la precariedad laboral, la informalidad y la pérdida de incentivos para el esfuerzo formal.
La pérdida de la cultura del trabajo está asociada a una serie de factores como los bajos salarios y que un empleo no garantiza la salida de la pobreza, según los estudios económicos al respecto.
Sin embargo, la razón principal, siempre de acuerdo a lo que puedo observar, obedece a la crisis de valores que impacta a la sociedad dominicana.
Hay una tendencia muy acentuada a no cumplir con la responsabilidad asumida, es decir, que se observa una negación de la gente a asumir sus obligaciones.
Inclinarse por la vida fácil es una percepción ciudadana que tiene que ver con la crisis de valores que procura la búsqueda de ingresos sin hacer ningún esfuerzo, cuyo ejemplo más contundente es la famosa “botella” a nivel estatal, la cual es estimulada por el clientelismo que promueven los partidos políticos.
Lo otro que explica el fenómeno es que la gente ha aprendido a reclamar sus derechos sin cumplir con sus deberes.
Es una percepción generalizada, la cual va de lo pequeño a lo grande y lo contrario, pero no parece que haya una respuesta a la vista por tratarse de una realidad en la que el Estado no hace ningún esfuerzo planificado para combatirla.
Asistimos, con el alma acongojada pero erguida en el patriotismo más puro, al espectáculo de unos ministros que celebran como proeza histórica el servilismo diplomático.Por José Cabral
Hace ya muchos años fuí testigo de varios anécdotas que deben servir para algo a cualquier persona, no importa de que país sea.
En un lugar en Nueva York llamado Merchant, donde se vende vinos y cigarros y se toca Jaz, compartía con unos amigos, entre ellos había varias muchachas colombianas y una de ellas me pregunta que si soy dominicano y le responde que sí.
Y de inmediato me narra que su hermana más joven, quien se encontraba también en el lugar, tenía un noviazgo con un joven dominicano, pero que esa relación le había traído muchos problemas a la familia, porque su papá entendía que la misma no debía existir.
Me decía la joven que su papá siempre decía que lo menos que él debía hacer era estrangular a su hija por mantener una relación que podía terminar en procreación con una persona de una baja procedencia.
Pero la historia se repite unos años después en la calle 50 y la quinta avenida de la ciudad de Nueva York cuando me decía otro señor que conoció una muchacha tan hermosa y educada de apellido Trujillo que nadie podía pensar que fuera dominicana.
Evidentemente que ambas narraciones tenían su explicación en que la mayor parte de la inmigración dominicana hacia los Estados Unidos, que es el escenario analizado, procedia en ese momento del campo y cuya formación académica y cultural es muy pobre.
Además, por un asunto cultural, la mayoría de los dominicanos radicados en Nueva York proceden de barrios muy pobres o del campo de la región del Cibao, cuyas características y acento es, podría decirse, la representación de un regionalismo que se expresa a través del uso de la i para hablar.
Naturalmente, las razones que tienen que ver con que mucha de nuestra gente no haya tenido la oportunidad de cursar estudios universitarios y de tener una buena formacion cultural son parte de las deficiencias que se observa en el Estado dominicano.
De cualquier manera, la imagen de cualquier gentilicio se complica o deteriora cuando una buena parte del grupo étnico de que se trate se ve involucrado en actividades que nadie quiere para su familia, aunque, naturalmente, ese no sea el caso de lo planteado en este comentario.
Hay que decir que los propios colombianos se vieron en una situación indeseable cuando la época de Pablo Escobar que un pasaporte de ese país era prácticamente una ofensa a nivel internacional.
La enseñanza que quiero dejar con estas narraciones es que el orgullo de ser dominicano es algo que no se negocia, pero el mismo está determinado por la imagen que se venda en la comunidad internacional.
Y para sentirse orgulloso de la dominicanidad hay que partir, principalmente, de que sea un país en el que la dignidad humana sobresalga sobre la mayoría de los derechos, pero además que quien la representa sea gente con la decencia y un comportamiento acorde con los tiempos de las sociedades civilizadas.
Ciertamente que las democracias han fallado, sobre todo por el comportamiento de los partidos políticos y si bien hay que combatir ese mal y buscar la sustitución ahora y para siempre de esos actores de la vida nacional, pero cualquier solución al respecto no puede ser peor que lo que existe y sobre la base de lesionar el orgullo de ser dominicano.
Con esto quiero decir que en aras de preservar el orgullo nacional, se debe procurar llevar a la direccion del Estado a personas que, no sólo sean éticas y defensoras del interés nacional, sino también que coloquen en la cima, si es posible, la imagen del gentilicio por tener una conducta en el contexto de una sociedad civilizada.
Hay una expresión popular que dice que es muy importante guardar bien las apariencias, lo cual es aplicable en estos momentos en la República Dominicana, pero que ello no sea una causa para dejar de gestionar la salida del poder de los que han dañado gravemente la democracia, aunque, naturalmente, sin apoyarnos en ciudadanos que, aunque tienen el derecho constitucional de elegir y ser elegido, pero que su comportamiento lo descalifica para representar a todos los que tenemos un criterio muy claro del orgullo de ser dominicano y lo que ello implica para la economia y toda la vida nacional.