Análisis Noticiosos
El 2012 registra declive institucional y económico
Por Juan Bolívar Díaz
El pragmatismo político salvaje se apoderó del país en este 2012 que concluye, debilitando la institucionalidad democrática, desintegrando los partidos y desguañangando la economía, dejando serias incógnitas sobre la sostenibilidad económica y el equilibrio social.
Heredero de grandes desequilibrios el presidente Danilo Medina lucha por restablecer la confianza en las instituciones, mientras nuevos actores sociales ocupan el vacío de liderazgo político opositor, generando un activismo que reivindica el protagonismo de la ciudadanía.
Un exitoso pragmatismo. Un año de elecciones cobró alto costo en el debilitamiento de la institucionalidad democrática y con el desguañangue de la economía nacional, cuando el presidente Leonel Fernández superó su promesa de que invertiría 40 mil millones de pesos para que su partido se mantuviera gobernando, con una doble campaña, incluso después de los comicios del 20 de mayo, para abonar su regreso en el 2016.
La campaña electoral concluyó en los peores niveles de abuso del poder del Estado marcando una competencia desigual. El clientelismo, la compra de voluntades y votos y el involucramiento de todo el gobierno superaron los precedentes como lo certificaron seis informes de la observación electoral del movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) y quedó patente en los medios de comunicación.
Hasta la diplomática misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó afirmando que “el Estado se convirtió finalmente en un actor electoral”, recomendando poner atención “al uso de recursos públicos y a la presencia de las más altas autoridades del gobierno y del partido gobernante en las campañas, cualquiera esta sea, a fin de asegurar la equidad en la contienda electoral”. Un extenso informe recomienda también que se “reglamente el acceso equitativo a los medios de comunicación en todos sus aspectos”, así como “el establecimiento de límites al gasto electoral, con miras a promover mecanismos de equidad en la contienda”.
Debilidades institucionales. Las denuncias de corrupción, sin la menor investigación de unos órganos judiciales sin independencia ocuparon todo el año, proviniendo no sólo de los partidos y candidatos de oposición, sino también de medios de comunicación. Se documentó que el financiamiento político del poderoso senador Félix Bautista se extendió fuera del país hasta Haití y Perú con millones de dólares. Mientras el Foro Económico Mundial y Amnistía Internacional ratificaban al país como líder de la malversación, del favoritismo de los funcionarios públicos y en la falta de transparencia.
Un elemento que evidenció la extrema debilidad institucional dominicana fue la presencia del Procurador General de la República y del canciller en una rueda de prensa donde se acusó al jefe de seguridad del principal candidato opositor de conspirar contra el gobierno de Haití, en base a una grabación fruto del espionaje telefónico en violación de la Constitución y la ley. La denuncia fue desestimada por el ministerio público.
El Congreso Nacional actuó todo el año como sello gomígrafo del Gobierno, sin cumplir su responsabilidad de fiscalización pero realizando tareas de asistencialismo social clientelista. Pese a que habría elección presidencial, no tuvieron interés en aprobar el proyecto de ley orgánica electoral elaborado por una misión de la OEA ni el de ley de partidos, consensuado durante más de una década. Tampoco el proyecto de ley de regulación salarial, vetada por el presidente Fernández en su última jornada de gobierno, ni el de la urgente reforma de la Policía. Mientras, pasaba el onceavo año sin que dieran vigencia a la ley del Defensor Público.
Varios senadores oficialistas, encabezados por Charles Mariotti y Julio César Valentín, se hicieron conscientes de la necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática y sometieron un paquete de siete proyectos de fiscalización y control, de racionalización del gasto público, de Cámara de Cuentas y de integridad en la función pública, entre otros, sin haber obtenido mayor atención congresual.
Ningún órgano de control ni autoridad llamó la atención cuando el Presidente de la República y sus principales funcionarios económicos se volaron varios preceptos constitucionales y una docena de leyes normativas al incurrir en un déficit fiscal que multiplicó por nueve el autorizado en la ley del presupuesto del 2012.
Otros elementos críticos. El debilitamiento institucional quedó al desnudo en el sexto informe del monitoreo de PC a los mandatos de la ley de libre acceso a la información pública donde diez organismos que en el 2001 registraron puntuación sobre 90 por ciento, cayeron entre 20 y 44 puntos. Entre ellos los ministerios de Salud, Educación y administración pública, el despacho de la Primera Dama y hasta la Suprema Corte de Justicia.
La crisis institucional quedó más evidente que nunca en los principales partidos de oposición, el Reformista Social Cristiano fragmentado y absorbido por los gobernantes, y el Revolucionario Dominicano, cuya candidatura presidencial fue debilitada desde su propia presidencia, cayendo en una virtual división, con secuestro de su casa nacional y de los organismos partidarios que no han podido ser reunidos.
La fragmentación del partidismo tuvo dos expresiones, la adscripción de 18 partidos a las candidaturas de los dos mayoritarios y la incapacidad mostrada por cinco contestatarios que frustraron expectativas de una opción alternativa, terminando entre todos con el 2 por ciento del sufragio.
Los cuestionamientos al estado de derecho y denuncias de corrupción se expresaron hasta por parte de embajadores, como los de Estados Unidos y Gran Bretaña, además de organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos. Los reclamos de amparo por la exclusión de miles de descendientes de haitianos que ya habían sido reconocidos como dominicanos fueron acogidas por tribunales nacionales y llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Más de 300 muertos a manos de la Policía, en gran proporción ejecuciones sumarias, una de las cuales fue documentada en vídeo, y denuncias de torturas y de redadas masivas que terminan en extorsión, así como de espionaje y saqueo, dejaron mal parado el estado de derecho. En contraste la inseguridad ciudadana siguió en picada con una delincuencia y un narcotráfico cada vez más atrevidos y criminales.
Desguañangue económico. El costo de este año electoral devino en un escándalo mayúsculo cuando el gobierno de Danilo Medina cuantificó en 8 por ciento del PIB el déficit fiscal que heredó de su antecesor, que el Fondo Monetario Internacional (FMI) elevaría a 8.5 por ciento, unos 204 mil millones de pesos. Sería el quinto año consecutivo de déficits fiscales pero esta vez cuadruplicando el promedio de 50 mil millones de pesos.
A pesar del desbordamiento del gasto público, cubierto con un endeudamiento que ya alcanza el 44 por ciento del PIB, la economía nacional siguió reduciendo su crecimiento, este año alrededor del 4 por ciento, con menor actividad privada, e impactando la posición externa del país, según el FMI, que sitúa el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos en un 7 por ciento del PIB. Se proyecta a 4,286 millones de dólares, con un desbalance comercial de casi 9 mil millones de dólares. Según la evaluadora JP Morgan, la deuda del sector público no financiero creció en 2,200 millones de dólares, sumando casi 19 mil millones de dólares. La total pasó de 25 mil millones de dólares.
El agravante de reducción de la inversión extranjera y la pérdida de 800 millones de dólares en las reservas internacionales, “por debajo de las normas de referencia”, explican la devaluación de los últimos meses, a pesar del gran éxito de una inflación de apenas 3 por ciento.
Los niveles de los déficits y el peso del endeudamiento cuestionan la sostenibilidad económica del país y de su modelo de desarrollo, desafiando al Gobierno instaurado en agosto, que ha impuesto una reforma tributaria, cuyos beneficios y costosas repercusiones no se podrán apreciar hasta los primeros meses del próximo año.
Artículo originalmente publicado en el periódico HOY.
Un estudio revela que el 10,8% de las inversiones de los fondos de pensiones -2.500 millones de dólares- respaldan al sector de la soja, del azúcar y el ganadero a través de préstamos a bajo interés
Bogotá.-Cuando habla de deforestación en Bolivia, Matthew Hansen, científico y docente especializado en el mapeo del cambio de cobertura terrestre, define al país como “el lejano oeste” y los datos lo corroboran. Desde 2001 hasta 2022, Bolivia perdió 3,73 millones de hectáreas de bosque primario húmedo, lo que representa 51% de su pérdida total de cobertura arbórea. A pesar de que es uno de los países con mayor superficie de bosques primarios, también es el tercero de la región que más rápido la está perdiendo. Desde la pandemia, cada año ha ido rompiendo el lamentable récord del desmantelamiento. Y sólo en 2023, el país había perdido un 27% más de bosque que en 2022. La creciente presencia ganadera, los monocultivos y las políticas del Gobierno parecen subrayar lo que para muchos es ya una realidad: la deforestación vino para quedarse. Con todas estas cifras en mente, Stasiek Czaplicki Cabezas, periodista de datos y economista ambiental, se hizo una pregunta: ¿Quién financia esta devastación ambiental? Tres años de investigación después revelaron una parte de la respuesta: los ahorros de los bolivianos.
“Si América Latina fuera un salón de clase, los peores alumnos serían Bolivia y Brasil, la diferencia es que Brasil sí tiene políticas públicas. En Bolivia, el Gobierno está aprobando medidas que apoyan el sector agropecuario”, explica Czaplicki, el autor del estudio Las finanzas grises del agronegocio en Bolivia y su rol en la deforestación, realizado en colaboración con Alianza por la Solidaridad / Actionaid Bolivia y publicado a finales de agosto. Este informe revela que el 10,8% de las inversiones de los fondos de pensiones bolivianos, una suma de 2.569 millones de dólares, están financiando los sectores de la soja, el azúcar y la ganadería, los principales responsables de la deforestación en el país. Este monto equivale a casi el triple de la inversión realizada en 2024 a las universidades públicas del país.
Esta cifra, según cuenta el autor, es el resultado de una compleja red de inversiones directas e indirectas a través de la banca y fondos de inversión cerrados (FICs) que terminan financiando los principales sectores que generan la destrucción ecosistémica. “Estos préstamos que les dan no consideran el destino de esos fondos y sus implicaciones socio-ecológicas”, lamenta por teléfono.
Hace años que a Czaplicki le llamaban la atención las supuestas crisis del sector de la soja, así que decidió hacerle seguimiento a esas cuentas. “Hice lo que se conoce como ‘follow de money’ (seguir el dinero). Empecé a encontrar cosas sospechosas, pagos de impuestos muy bajos, utilidades casi inexistentes… ¿Entonces dónde está el negocio?”, se preguntó. “Me di cuenta de que hay dos mecanismos para hacer dinero en el agronegocio. El primero es la especulación comercial de la tierra en la que desmontas el terreno y lo revendes, pero no es tan común. Y la segunda, la especulación financiera. Tener tierras activas para conseguir préstamos. De ahí sale la principal ganancia del agro en Bolivia”.
En la última década, la participación de estos préstamos en la cartera bancaria nacional ha escalado del 11,7% al 18,2%, en un contexto donde el volumen total de créditos se ha cuadruplicado. Paralelamente, los fondos de pensiones han experimentado un crecimiento similar, con la obligación de invertir mayoritariamente en el sector formal boliviano, que representa apenas el 18% de la economía del país. “En otras palabras, a medida que los créditos bancarios e inversiones de los fondos de pensiones aumentaron, también creció la proporción y el volumen destinado al agronegocio”, dice.
Hay tres cosas que le preocupan seriamente al respecto. “Por un lado, lo ético. Ya que los fondos de pensión, siendo ahorros para el futuro, están siendo usados para destrozar los ecosistemas del futuro. Después, está el ámbito económico porque promueven la inequidad. Y por último, es que los fondos de pensiones sirven para alimentar la banca y el sector. Lo peor es que la gente ni lo imagina”, reconoce. De acuerdo con encuestas de WWF que coordinó el autor del estudio, entre el 45 y 55% de la poblacion entre los 18 y los 45 años de La Paz y Santa Cruz no concibe que la ganadería pueda generar deforestación.
Para Czaplicki, economista ambiental, otro de los puntos clave de la investigación es la concentración del capital. En el sector soyero, por ejemplo, sólo ocho empresas reciben el 63% de los créditos bancarios, mayoritariamente en pesos bolivianos y a tasas de interés anual máximas de 6% y, en general, mucho menores. “Esta concentración genera un endeudamiento cuestionable e incrementa el riesgo del sistema bancario y de nuestras pensiones”, critica.
Pese a estas facilidades de financiación, estos sectores son intervenidos y apoyados a menudo, según el estudio. El ejemplo más reciente fue la creación de un fondo público de unos 300 millones de dólares de apoyo a los productores de soja y palma a un 0,5% de interés anual. “Estas condiciones en comparación con las de los préstamos sociales son muy diferentes. Para la vivienda social, el interés anual está entre el 5,5 y el 6,5%”.
La deforestación no la generan (sólo) los incendios
El experto lamenta que siga existiendo una fuerte estigmatización alrededor de las comunidades indígenas y campesinas vinculada a la deforestación. Estas comunidades suelen usar quemas controladas para sus cosechas. Si bien algunas de ellas se han descontrolado y han causado daños en los ecosistemas, al ser estos muy visibles, la percepción boliviana es que son los principales responsables del desmantelamiento. Sin embargo, el 88% de la conversión de bosques es producto de una deforestación planificada y ejecutada, en gran medida, con maquinaria pesada, sin incendios.
Es por ello que el economista cree que hay que informar más y mejor a la población. “Como sociedad tenemos que exigir una mayor transparencia y empujar la desinversión de actividades de sectores extractivos de las pensiones”, dice. “El problema es que no hay muchos otros sectores donde invertir, tenemos que replantear el presente y el futuro. Estamos hipotecando nuestro futuro y el de las generaciones venideras”.
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Las autoridades mexicanas reconocen que han ratificado esta herramienta de financiamiento en un entorno de incertidumbre e inestabilidad de los mercados financieros
México .-El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha ratificado su línea de crédito flexible a México por 35.000 millones de dólares. El financiamiento, a dos años, fue otorgado al país en 2023 y, ahora, es su evaluación a medio término, el organismo multilateral ha resaltado que el país mantiene los requisitos necesarios para acceder, en caso de que lo requiera a este fondeo. Las autoridades mexicanas han explicado que ante un entorno de riesgos externos y volatilidad han decidido mantener esta herramienta de financiamiento activa. “El entorno externo sigue presentando incertidumbre y riesgos. Entre ellos destacan los derivados de la dinámica de la economía global y de la volatilidad en los mercados financieros. Esta medida refuerza la posición del país frente a escenarios de volatilidad internacional”, indicaron por escrito. La Línea de Crédito Flexible es un instrumento disponible a algunos países del mundo que les permite fortalecer sus reservas y atender choques inesperados.
La Comisión de Cambios, integrada por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, han informado este viernes que México continúa cumpliendo con todos los criterios de habilitación necesarios para acceder a los recursos disponibles a través de este instrumento, en caso de requerirlo y sin condicionalidad por parte del FMI. “Las autoridades refrendan su compromiso con políticas macroeconómicas prudentes que contribuyan a la estabilidad financiera y al crecimiento económico sostenible e incluyente”, añaden.
El organismo admite que México tiene un historial sostenido en la implementación de políticas macroeconómicas sólidas y sigue contando con fundamentos económicos y marcos de política institucional muy fuertes; un nivel de reservas internacionales adecuado; un historial de acceso a los mercados de capitales en condiciones favorables y finanzas públicas sanas. Además, de un marco de política monetaria y cambiario sólido y un sistema financiero bien capitalizado que se mantiene sólido frente a los riesgos sistémicos del sector financiero.
Entre los riesgos y desafíos, el FMI, advierte de que se espera que el crecimiento económico del país se modere aún más en 2025, debido a la retirada del estímulo fiscal de este año y a la continua restricción monetaria. Se necesita una consolidación fiscal anticipada, respaldada por medidas creíbles y bien identificadas, para reducir la deuda pública a lo largo del tiempo y proporcionar un margen de maniobra en caso de shocks negativos. “Existe una necesidad crítica de fortalecer la gobernanza, combatir la corrupción y el delito, mejorar la infraestructura física y movilizar el ahorro privado para financiar inversiones privadas”, sugiere.
El monto del financiamiento renovado en esta ocasión es igual al de 2023, sin embargo, desde 2018, México ha venido reduciendo la línea de crédito con el FMI. En 2018, México decidió recortar la línea de 88.000 millones de dólares a 74.000 millones de dólares. Esta línea de crédito internacional es un instrumento de carácter precautorio frente a condiciones externas adversas que refuerza la reserva de activos internacionales y complementa las herramientas de las autoridades mexicanas para preservar la estabilidad económica y financiera.
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Estudio asegura que jardines Suizos esconden toneladas de oro de sus propietarios
Agencia Efe
Ginebra.- Las familias suizas acumulan en total, a modo de inversión segura, unas 200 toneladas de oro valoradas en 15,000 millones de francos (16,000 millones de euros), y una parte de ellas han sido enterradas en los jardines de sus propiedades, revela un estudio publicado por la Universidad de San Galo (este del país).
A esta conclusión han llegado los autores del estudio del que se hace eco este jueves la televisión nacional RTS, realizado mediante encuestas a unos 3,000 residentes en el país, a los que se les preguntó si poseían reservas de oro y dónde las guardaban, lo que dio resultados inesperados.
Un 15 % indicaron que guardaban su oro en un lugar secreto de la vivienda y un 5 % enterrado en el jardín, lo que en este último caso equivaldría a 10 toneladas del metal precioso valoradas en 750 millones de francos (800 millones de euros).
El estudio se refiere únicamente al oro en lingotes o en monedas y excluye el utilizado en joyas y otros objetos.
Aunque dos tercios de los encuestados en el estudio consideran que el oro es un valor seguro para la inversión, son más los ciudadanos del país que invierten en el sector inmobiliario o en el bancario.
Los encuestados con reservas de oro aseguraron que no venderían estas peculiares fortunas más que en caso de absoluta necesidad, pese a que actualmente el precio del oro se encuentra en valores récord que se aproximan ya a los 2.800 dólares (2.600 euros) por onza (medida de peso de metales preciosos equivalente a unos 31 gramos).