Análisis Noticiosos
El 2012 registra declive institucional y económico
Por Juan Bolívar Díaz
El pragmatismo político salvaje se apoderó del país en este 2012 que concluye, debilitando la institucionalidad democrática, desintegrando los partidos y desguañangando la economía, dejando serias incógnitas sobre la sostenibilidad económica y el equilibrio social.
Heredero de grandes desequilibrios el presidente Danilo Medina lucha por restablecer la confianza en las instituciones, mientras nuevos actores sociales ocupan el vacío de liderazgo político opositor, generando un activismo que reivindica el protagonismo de la ciudadanía.
Un exitoso pragmatismo. Un año de elecciones cobró alto costo en el debilitamiento de la institucionalidad democrática y con el desguañangue de la economía nacional, cuando el presidente Leonel Fernández superó su promesa de que invertiría 40 mil millones de pesos para que su partido se mantuviera gobernando, con una doble campaña, incluso después de los comicios del 20 de mayo, para abonar su regreso en el 2016.
La campaña electoral concluyó en los peores niveles de abuso del poder del Estado marcando una competencia desigual. El clientelismo, la compra de voluntades y votos y el involucramiento de todo el gobierno superaron los precedentes como lo certificaron seis informes de la observación electoral del movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) y quedó patente en los medios de comunicación.
Hasta la diplomática misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó afirmando que “el Estado se convirtió finalmente en un actor electoral”, recomendando poner atención “al uso de recursos públicos y a la presencia de las más altas autoridades del gobierno y del partido gobernante en las campañas, cualquiera esta sea, a fin de asegurar la equidad en la contienda electoral”. Un extenso informe recomienda también que se “reglamente el acceso equitativo a los medios de comunicación en todos sus aspectos”, así como “el establecimiento de límites al gasto electoral, con miras a promover mecanismos de equidad en la contienda”.
Debilidades institucionales. Las denuncias de corrupción, sin la menor investigación de unos órganos judiciales sin independencia ocuparon todo el año, proviniendo no sólo de los partidos y candidatos de oposición, sino también de medios de comunicación. Se documentó que el financiamiento político del poderoso senador Félix Bautista se extendió fuera del país hasta Haití y Perú con millones de dólares. Mientras el Foro Económico Mundial y Amnistía Internacional ratificaban al país como líder de la malversación, del favoritismo de los funcionarios públicos y en la falta de transparencia.
Un elemento que evidenció la extrema debilidad institucional dominicana fue la presencia del Procurador General de la República y del canciller en una rueda de prensa donde se acusó al jefe de seguridad del principal candidato opositor de conspirar contra el gobierno de Haití, en base a una grabación fruto del espionaje telefónico en violación de la Constitución y la ley. La denuncia fue desestimada por el ministerio público.
El Congreso Nacional actuó todo el año como sello gomígrafo del Gobierno, sin cumplir su responsabilidad de fiscalización pero realizando tareas de asistencialismo social clientelista. Pese a que habría elección presidencial, no tuvieron interés en aprobar el proyecto de ley orgánica electoral elaborado por una misión de la OEA ni el de ley de partidos, consensuado durante más de una década. Tampoco el proyecto de ley de regulación salarial, vetada por el presidente Fernández en su última jornada de gobierno, ni el de la urgente reforma de la Policía. Mientras, pasaba el onceavo año sin que dieran vigencia a la ley del Defensor Público.
Varios senadores oficialistas, encabezados por Charles Mariotti y Julio César Valentín, se hicieron conscientes de la necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática y sometieron un paquete de siete proyectos de fiscalización y control, de racionalización del gasto público, de Cámara de Cuentas y de integridad en la función pública, entre otros, sin haber obtenido mayor atención congresual.
Ningún órgano de control ni autoridad llamó la atención cuando el Presidente de la República y sus principales funcionarios económicos se volaron varios preceptos constitucionales y una docena de leyes normativas al incurrir en un déficit fiscal que multiplicó por nueve el autorizado en la ley del presupuesto del 2012.
Otros elementos críticos. El debilitamiento institucional quedó al desnudo en el sexto informe del monitoreo de PC a los mandatos de la ley de libre acceso a la información pública donde diez organismos que en el 2001 registraron puntuación sobre 90 por ciento, cayeron entre 20 y 44 puntos. Entre ellos los ministerios de Salud, Educación y administración pública, el despacho de la Primera Dama y hasta la Suprema Corte de Justicia.
La crisis institucional quedó más evidente que nunca en los principales partidos de oposición, el Reformista Social Cristiano fragmentado y absorbido por los gobernantes, y el Revolucionario Dominicano, cuya candidatura presidencial fue debilitada desde su propia presidencia, cayendo en una virtual división, con secuestro de su casa nacional y de los organismos partidarios que no han podido ser reunidos.
La fragmentación del partidismo tuvo dos expresiones, la adscripción de 18 partidos a las candidaturas de los dos mayoritarios y la incapacidad mostrada por cinco contestatarios que frustraron expectativas de una opción alternativa, terminando entre todos con el 2 por ciento del sufragio.
Los cuestionamientos al estado de derecho y denuncias de corrupción se expresaron hasta por parte de embajadores, como los de Estados Unidos y Gran Bretaña, además de organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos. Los reclamos de amparo por la exclusión de miles de descendientes de haitianos que ya habían sido reconocidos como dominicanos fueron acogidas por tribunales nacionales y llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Más de 300 muertos a manos de la Policía, en gran proporción ejecuciones sumarias, una de las cuales fue documentada en vídeo, y denuncias de torturas y de redadas masivas que terminan en extorsión, así como de espionaje y saqueo, dejaron mal parado el estado de derecho. En contraste la inseguridad ciudadana siguió en picada con una delincuencia y un narcotráfico cada vez más atrevidos y criminales.
Desguañangue económico. El costo de este año electoral devino en un escándalo mayúsculo cuando el gobierno de Danilo Medina cuantificó en 8 por ciento del PIB el déficit fiscal que heredó de su antecesor, que el Fondo Monetario Internacional (FMI) elevaría a 8.5 por ciento, unos 204 mil millones de pesos. Sería el quinto año consecutivo de déficits fiscales pero esta vez cuadruplicando el promedio de 50 mil millones de pesos.
A pesar del desbordamiento del gasto público, cubierto con un endeudamiento que ya alcanza el 44 por ciento del PIB, la economía nacional siguió reduciendo su crecimiento, este año alrededor del 4 por ciento, con menor actividad privada, e impactando la posición externa del país, según el FMI, que sitúa el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos en un 7 por ciento del PIB. Se proyecta a 4,286 millones de dólares, con un desbalance comercial de casi 9 mil millones de dólares. Según la evaluadora JP Morgan, la deuda del sector público no financiero creció en 2,200 millones de dólares, sumando casi 19 mil millones de dólares. La total pasó de 25 mil millones de dólares.
El agravante de reducción de la inversión extranjera y la pérdida de 800 millones de dólares en las reservas internacionales, “por debajo de las normas de referencia”, explican la devaluación de los últimos meses, a pesar del gran éxito de una inflación de apenas 3 por ciento.
Los niveles de los déficits y el peso del endeudamiento cuestionan la sostenibilidad económica del país y de su modelo de desarrollo, desafiando al Gobierno instaurado en agosto, que ha impuesto una reforma tributaria, cuyos beneficios y costosas repercusiones no se podrán apreciar hasta los primeros meses del próximo año.
Artículo originalmente publicado en el periódico HOY.
Por José Cabral
Los estudios de los fenómenos sociales ocurridos en la sociedad dominicana indican con toda claridad que adoleció del desarrollo de la fuerza productiva, lo que, naturalmente, genera una falta de conciencia social.
Este el fundamento de los que muchos sostienen, incluido yo, de que el sector empresarial amuela cuchillos para su propia garganta, porque no representa un foco de presión para que las cosas se hagan con el propósito de preservar sus intereses.
Pero es que esa conducta se deriva del hecho de que los que se suponen que deben procurar fortalecer el Estado mediante el combate de todas las distorsiones que sufre el sistema, lo que hacen es sumarse a las acciones que le quitan legalidad y legitimidad.
Yo he dicho y lo reitero en este artículo que el sector empresarial se ha sumado a la cadena de complicidad que comienza en el Palacio Nacional, entra a los medios de comunicación social y luego se convierta en un cometa, porque nadie sabe dónde termina, ya que todo el que se hace llamar inversionista no busca otra cosa que mediante una vocación mafiosa acumular fortunas sobre la base de la sombra del Estado.
Lo que pasa, según entiendo, es que ellos como son parte de lo que en sociología política se le llama clase social entre sí, les importa poco la desnaturalización del rol del Estado, aunque al final de la jornada sean los principales afectados porque son los que más tienen que perder frente a una revolución social.
El problema tiene una grave complejidad, ya que al no existir una clase social para sí, consciente de su papel, difícilmente tengan la iniciativa de exigir controles, como por ejemplo, del gasto público, sobre todo si el sector empresarial se suma en complicidad a la corrupción que se promueve o es auspiciada por el sector oficial.
De manera, que resulta un problema con raíces muy profundos que solucionarlo resulta bastante difícil, porque además no se entiende la explicación del fenómeno.
En países pobres y con bajos niveles de institucionalidad, como el dominicano, el llamado empresario se suma a la fiesta de la corrupción, lo que constituye una razón para crear disgusto social y las condiciones para que se produzca una explosión social.
El llamado empresario dominicano, tanto el colocado en la pequeña, mediana o grandes empresas persigue más que seguridad jurídica y paz social y la satisfacción de necesidades sociales, que se le incorpore al contrabando, que se le entregue propiedades públicas y ser favorecidos por todas las travesuras del que tiene el control del Estado.
Sin embargo, la pregunta que me hago es si ciertamente en el país existe alguna propuesta para institucionalizar la nación, al margen del amor por el dinero y las cosas materiales, no importa su procedencia, pues penosamente tengo que decir que ese es un sueño utópico por el momento.
Sigo pensando que sólo un Estado que promueva valores más que antivalores podría ser la panacea a un mal integral que no permite que la gente haga una reflexión profunda y realista y actúe de modo diferente frente a un fenómeno que puede llevar al abismo a la sociedad dominicana.
Por José Cabral
Observo con mucha preocupación el afán desmedido del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por mantenerse en el poder cuando su obra de gobierno es tan pobre que no es comparable con ningún otro por malo que haya sido.
Lo digo por lo que veo que ocurre en Santiago y en todo el territorio nacional, donde el deterioro de los servicios públicos es tan preocupante que cualquiera se larga del país para no volver jamás.
No hay prácticamente servicio de agua potable, ni siquiera para descargar los baños de las casas y los negocios, lo que llena de bacterias los hogares y se propagan las enfermedades, sobre todo las infecto-contagiosas.
El servicio de energía eléctrica no puede ser peor, cuya distribuidora del Norte, EDENORTE y las demás Edes, se la pasan en confabulación con PROTECOM estafando a los usuarios con facturaciones falsas, inventadas y con medidores “arreglados” para buscar cubrir sus déficits con el engaño al ciudadano.
Ahora también se agrega que la recogida de basura en el municipio de Santiago es prácticamente nula, entonces, repito la pregunta, para qué el PRM quiere preservar el poder.
El gran problema de este partido es que no entiende de planificación ni de programar una gestión pública a corto, mediano y largo plazo.
No es que los demás partidos del sistema no tengan la misma visión y comportamiento, pero pienso que lo que ocurre con el PRM ya llega al colmo de la incapacidad para dirigir el país.
El sufrimiento de los dominicanos por la irresponsabilidad de los que van al Estado, principalmente a resolver sus problemas personales, no parece tener fin, ya que aquellos que ya pasaron por la administración pública tienen ojos para ver la irresponsabilidad y la vocación por la corrupción de los que ostentan hoy el poder, pero al final de cuentas todo se trata de una doble moral.
Sin embargo, creo que lo del PRM ya no tiene madre, para utilizar una expresión muy popular de la República Dominicana, por lo que cuando llegue al final de su gobierno es muy poco lo que va a quedar.
En conclusión, el PRM es una verdadera desgracia nacional, máxime porque ahora los dominicanos no tienen derechos ni para disfrutar de un buen servicio de agua potable y energía eléctrica, pero la incapacidad abarca todo lo demás, porque se trata de una deficiencia integral, general.
¡Qué desastre!.
Por José Cabral
Estuvo profundamente convencido de que el presidente Luis Abinader observaría la Ley 13-26 que persigue anular una jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes.
Sin embargo, me equivoqué porque Abinader escogió la vía de la promulgación de lo que muy bien se puede calificar como un adefesio jurídico.
Pero hay otro elemento que me provoca muchas dudas y me refiero a cuál ha sido el papel jugado en este caso por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia y quien ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa.
La pregunta surge porque después de la promulgación sigue la publicación en la gaceta oficial de la nueva ley que pone en tela de juicio todo el sistema legal e institucional del país y precisamente ese último paso recae sobre Subero Isa.
Entonces, se impone preguntarse que si independientemente de que Subero Isa no haya compartido la sentencia TC/0788/24 y que incluso se oponga a las candidaturas independientes, tiene acaso otra opción que no sea respetar la jurisprudencia sentada en esta materia por la alta corte, sobre todo por tratarse de un jurisconsulto que nadie pone en tela de juicio su gran formación jurídica.
Considero que Subero Isa si por alguna razón tiene que cumplir con la decisión tomada por Abinader, la cual parece ser parte de un plan del PRM, entonces lo menos que puede ocurrir es que presente su renuncia de la posición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
Cualquier decisión que no se corresponda con respetar lo que ha sido su trayectoria como hombre de ley, coloca a Subero Isa en una contradicción que impacta muy negativamente el respeto que se ha ganado en el entorno de la justicia dominicana.
Subero Isa es uno de los mejores presidentes de la Suprema Corte de Justicia que ha tenido el país, pero no luce como razonable que juegue algún papel para atacar una jurisprudencia que cumple con todos los requerimientos del derecho constitucional moderno o del neo-constitucionalismo.
Todavía me asalta la duda si Subero Isa se ha sumado a un plan que en todo caso debe ser político para poner en cuestionamiento el proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana, cuyos fines es preservar y promover los derechos fundamentales.
La verdad que me gustaría saber a ciencia cierta cuál es la posición de Subero Isa frente a la torpeza cometida por Luis Abinader, sin que haya una razón lógica que la explique.