Opinión
Enjuiciar a los asesinos de Caamaño¡
Por Narciso Isa Conde
El coronel Francisco Alberto Caamaño, abrazado con el pueblo, hizo historia: encabezó la principal gesta del siglo XX: la revolución de democrática de abril 1965 y la Guerra Patria contra el invasor impenitente.
Pasado uno años, lleno de indignación, desembarcó con estampa guerrillera en Playa Caracoles desde Cuba para trascender a la eternidad.
Capturando herido, un 16 de febrero de 1973, fue fusilado, descuartizado y quemado sus restos. Mucho odio y demasiado temor inspiraron esa pérfida determinación gubernamental.
Informado el presidente Balaguer de su captura, le expresó al general Ramón Emilio Jiménez (hijo), entonces Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, que “en el país no había cárceles para un hombre como el coronel Caamaño”, dejando bien insinuado que procediera a su fusilamiento.
El general Ramiro Matos González, anticomunista de “tomo y lomo”, quien dirigió la persecución y el cerco militar contra la escuadra guerrillera comandada por Caamaño, en ningún momento advirtió a sus compañeros militares que los canones internacionales y los derechos humanos universalmente consagrados impedían asesinar al comandante apresado. Consintió, por tanto, el fusilamiento.
No podían faltar como figuras relevantes de esa horrenda determinación “in sito”, el propio ministro Ramón Emilio Jiménez (Milo), el general Beauchamps Javier, el general Enríquez Pérez y Pérez y el mayor Pou Castro; estos dos últimos vinculados, junto al general Salvador Lluberes Montás, a los crímenes mas siniestros de esa época, siempre en estrecha relación con la CIA y la mafia cubana de OMEGA 7 en Miami.
Tampoco podían estar ausentes otros oficiales-sicarios, encargados de las vejaciones, el fusilamiento y la que quema del cadáver. Tampoco los agentes encubiertos de la CIA, mandatados para verificar la muerte del Coronel de Abril.
Balaguer los interpretó “al pie de la letra”, mientras sus peones mayores y los envidiados de Washington se cercioraban de que todo lo perversamente decidido fuera debidamente consumado.
Estremece el parecido de ese crimen de lesa humanidad con lo acontecido en 1967 en la Higuera, en Bolivia, con el comandante Ernesto -Che- Guevara.
Varían los protagonistas locales, los jefes militares y de Estado, pero tienen en común el desenlace a tono con el patrón de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para ese tipo de situaciones y frente a ese tipo de líderes.
Coinciden también ese asesinato y el del Orlando Martínez (1975) en la participación directa de una parte de la “plana mayor” del estamento militar del país y del presidente de la república; precisamente de aquellos altos oficiales calificados por el propio Orlando en su columna Microscopio como de “horca y la cuchillo”, los mismos que poco después, con la misma matriz CIA detrás, ordenaron su asesinato, previa consulta con el inefable presidente Balaguer.
Siempre he estado convencido -y así lo he proclamado innumerables veces- que los asesinos de Caamaño fueron en lo fundamental (tanto a nivel de decisión política como en cuanto a la orden militar), los mismos que asesinaron a Orlando y a muchos otros luchadores/as en el periodo de terrorismo de Estado de los doce años. Siempre, además, he insistido en la necesidad de enjuiciarlos y condenarlos sin contemplaciones.
Una parte de ellos sigue con vida, ostentando fortunas y oprobios, señalados por la sociedad como asesinos y ladrones protegidos por la impunidad.
Acabar con esa protección es la que están reclamando, en un momento muy oportuno, los familiares cercanos del coronel Caamaño y en especial su hijo coronel Francis Caamaño Acevedo.
Oportuno porque se ha decidido llevar los restos del Coronel de Abril y Comandante de Caracoles al Panteón Nacional, dada su condición de Héroe Nacional.
Oportuno porque la sociedad está clamando sanción ejemplarizadora contra los autores de graves actos de corrupción y otros crímenes cercanos. En especial se exige el procesamiento de Leonel Fernández y su cártel de la corrupción, protectores por demás -junto a las cúpulas del PLD, PRSC y PRD- de los asesinos de Caamaño y de otros/as mártires de la Patria.
Oportuno, en fin, porque gran parte del pueblo reclama desmantelar un sistema de impunidad que dura ya cerca de ocho décadas: desde el nacimiento de la tiranía de Trujillo hasta la fecha.
En tales circunstancias, alegar la condición de militar del coronel Francis Caamaño hijo para mandarlo callar, es un grosería inaceptable para la sociedad dominicana.
Porque si político es el reclamo de justicia de un hijo respecto a la muerte de su padre, – y lo es en tanto se trata de un héroe nacional revolucionario y en tanto este fuera victima de una fuerza partidista proclive al crimen y de militares politizados por ellas-, mandarlo a callar y pretender su silencio, es una manera de hacer un uso político-partidista de la peor calaña por parte de la mas alta autoridad militar del país, seguramente orientada desde el Palacio Nacional y el Senado de la República.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.