Opinión
Enjuiciar a los asesinos de Caamaño¡
Por Narciso Isa Conde
El coronel Francisco Alberto Caamaño, abrazado con el pueblo, hizo historia: encabezó la principal gesta del siglo XX: la revolución de democrática de abril 1965 y la Guerra Patria contra el invasor impenitente.
Pasado uno años, lleno de indignación, desembarcó con estampa guerrillera en Playa Caracoles desde Cuba para trascender a la eternidad.
Capturando herido, un 16 de febrero de 1973, fue fusilado, descuartizado y quemado sus restos. Mucho odio y demasiado temor inspiraron esa pérfida determinación gubernamental.
Informado el presidente Balaguer de su captura, le expresó al general Ramón Emilio Jiménez (hijo), entonces Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, que “en el país no había cárceles para un hombre como el coronel Caamaño”, dejando bien insinuado que procediera a su fusilamiento.
El general Ramiro Matos González, anticomunista de “tomo y lomo”, quien dirigió la persecución y el cerco militar contra la escuadra guerrillera comandada por Caamaño, en ningún momento advirtió a sus compañeros militares que los canones internacionales y los derechos humanos universalmente consagrados impedían asesinar al comandante apresado. Consintió, por tanto, el fusilamiento.
No podían faltar como figuras relevantes de esa horrenda determinación “in sito”, el propio ministro Ramón Emilio Jiménez (Milo), el general Beauchamps Javier, el general Enríquez Pérez y Pérez y el mayor Pou Castro; estos dos últimos vinculados, junto al general Salvador Lluberes Montás, a los crímenes mas siniestros de esa época, siempre en estrecha relación con la CIA y la mafia cubana de OMEGA 7 en Miami.
Tampoco podían estar ausentes otros oficiales-sicarios, encargados de las vejaciones, el fusilamiento y la que quema del cadáver. Tampoco los agentes encubiertos de la CIA, mandatados para verificar la muerte del Coronel de Abril.
Balaguer los interpretó “al pie de la letra”, mientras sus peones mayores y los envidiados de Washington se cercioraban de que todo lo perversamente decidido fuera debidamente consumado.
Estremece el parecido de ese crimen de lesa humanidad con lo acontecido en 1967 en la Higuera, en Bolivia, con el comandante Ernesto -Che- Guevara.
Varían los protagonistas locales, los jefes militares y de Estado, pero tienen en común el desenlace a tono con el patrón de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para ese tipo de situaciones y frente a ese tipo de líderes.
Coinciden también ese asesinato y el del Orlando Martínez (1975) en la participación directa de una parte de la “plana mayor” del estamento militar del país y del presidente de la república; precisamente de aquellos altos oficiales calificados por el propio Orlando en su columna Microscopio como de “horca y la cuchillo”, los mismos que poco después, con la misma matriz CIA detrás, ordenaron su asesinato, previa consulta con el inefable presidente Balaguer.
Siempre he estado convencido -y así lo he proclamado innumerables veces- que los asesinos de Caamaño fueron en lo fundamental (tanto a nivel de decisión política como en cuanto a la orden militar), los mismos que asesinaron a Orlando y a muchos otros luchadores/as en el periodo de terrorismo de Estado de los doce años. Siempre, además, he insistido en la necesidad de enjuiciarlos y condenarlos sin contemplaciones.
Una parte de ellos sigue con vida, ostentando fortunas y oprobios, señalados por la sociedad como asesinos y ladrones protegidos por la impunidad.
Acabar con esa protección es la que están reclamando, en un momento muy oportuno, los familiares cercanos del coronel Caamaño y en especial su hijo coronel Francis Caamaño Acevedo.
Oportuno porque se ha decidido llevar los restos del Coronel de Abril y Comandante de Caracoles al Panteón Nacional, dada su condición de Héroe Nacional.
Oportuno porque la sociedad está clamando sanción ejemplarizadora contra los autores de graves actos de corrupción y otros crímenes cercanos. En especial se exige el procesamiento de Leonel Fernández y su cártel de la corrupción, protectores por demás -junto a las cúpulas del PLD, PRSC y PRD- de los asesinos de Caamaño y de otros/as mártires de la Patria.
Oportuno, en fin, porque gran parte del pueblo reclama desmantelar un sistema de impunidad que dura ya cerca de ocho décadas: desde el nacimiento de la tiranía de Trujillo hasta la fecha.
En tales circunstancias, alegar la condición de militar del coronel Francis Caamaño hijo para mandarlo callar, es un grosería inaceptable para la sociedad dominicana.
Porque si político es el reclamo de justicia de un hijo respecto a la muerte de su padre, – y lo es en tanto se trata de un héroe nacional revolucionario y en tanto este fuera victima de una fuerza partidista proclive al crimen y de militares politizados por ellas-, mandarlo a callar y pretender su silencio, es una manera de hacer un uso político-partidista de la peor calaña por parte de la mas alta autoridad militar del país, seguramente orientada desde el Palacio Nacional y el Senado de la República.
Por Narciso Isa Conde
La reacción del pueblo es vital, porque este Estado (en especial sus PN-DNCD-DNI, Inteligencia Militar) está penetrado por mafias hasta el tuétano.
La doble moral es ley en no pocos integrantes de los altos mandos políticos, policiales, militares y empresariales de este país. En estas circunstancias hay que estimular a la gente buena y trabajar para que el pueblo sencillo vuelque su solidaridad hacia Miriam Germán.
· En el delicado rol que le ha tocado desempeñar con dignidad a Miriam Germán -dentro de un Estado e instituciones que cercan y acosan valores, e infiltradas por agentes de la corrupción y de la maldad- solo se debe confiar en defenderse con el pueblo y desde el pueblo.
· Según lo oficiosamente relatado, quien amenaza a Miriam German, cuenta con poder de chantaje y complicidades altas, decidido a amenazar de muerte y agredir moralmente desde un discurso turbio, construido para sembrar dudas, a lo Jean Alain. Un plan múltiple desde infiltraciones protegidas.
· La amenaza a Miriam es más que eso. Parece contemplar otras vertientes perversas, dada la rareza de su curso: llamadas amenazantes identificables desde España, filtración oficiosa de la información a través de enclaves oscuros, precedida de una reunión de alto nivel en Palacio, recogida en forma moderada por otros medios.
· Miriam Germán es factor fundamental de una PGR en lucha contra corrupción mafiosa, pero con enormes limitaciones // Abinader, emplazado a investigar conexiones entre España y RD, dirá lo que le convenga.
· La reacción del pueblo es vital, porque este Estado (en especial sus PN-DNCD-DNI, Inteligencia Militar) está penetrado por mafias hasta el tuétano.
Por. Isaías Ramos
Hoy, el pueblo dominicano vive sorprendido, cuestionándose cómo la delincuencia, el crimen y el caos se apoderaron de nuestras calles, barrios y ciudades. Cada horrendo crimen suena una alarma, pero la realidad es que la mayoría de nuestros barrios ya han sido tomados por el narcotráfico y la delincuencia. Lugares donde la autoridad estatal es casi nula y el crimen organizado actúa a sus anchas.
Durante mucho tiempo, algunos de los «líderes» que gobernaron nuestro país, y que pretenden volver a hacerlo, optaron por «corromper para no matar». Dedicaron hasta un 6% del presupuesto nacional a corromper en lugar de implementar la ley de educación que busca formar ciudadanos íntegros y con principios.
Nos preguntamos: ¿qué podemos esperar de una sociedad guiada por hombres y mujeres que no distinguen lo bueno de lo malo? Confunden libertad con libertinaje. Recordemos una reciente declaración de un ex presidente y aspirante a volver al poder. Cuando se le pidió su opinión sobre el dembow y la 42 de Capotillo, afirmó que eran “expresiones culturales y artísticas que no deben censurarse o prohibirse”. En otras palabras, aceptó como normal que la vulgaridad, la perversión, el desorden y el caos sean parte de las normas sociales.
Nuestro pueblo ha sido dirigido por una clase política mayoritariamente inepta e incapaz durante casi tres décadas. Gente ansiosa de alcanzar el poder para garantizar su impunidad y continuar saqueando, endeudando y pervertiendo nuestros recursos naturales. Han permitido la inundación de nuestro territorio con ciudadanos del vecino país para complacer intereses foráneos, creando un desequilibrio demográfico que, a largo plazo, traerá sangre, sudor y lágrimas a las generaciones futuras.
Han sembrado antivalores, caos, injusticia y gran desigualdad, y es esa la cosecha que estamos viviendo hoy. Esa es la herencia que nos dejan como legado. Somos el resultado de las decisiones tomadas ayer. Seremos mañana lo que decidamos hoy y pasado mañana, el resultado de lo que decidamos mañana.
No podemos permitir que esta clase política siga sembrando desasosiego, perversión, injusticia, caos y desigualdad en este hermoso país. Han demostrado ser expertos en hacer el mal, pero cuando se trata de hacer el bien, parecen olvidar cómo se hace.
No nos han engañado una o dos veces, sino incontables veces. Hemos sido víctimas de su manipulación y engaño repetidas veces, depositando nuestra confianza en aquellos que han demostrado ser enemigos del pueblo y traidores a la patria. Si continuamos por este camino, la certeza es absoluta: seguirán hundiéndonos en la peor de las miserias humanas.
Afortunadamente, la mayoría del pueblo ya no es ingenua. Saben quiénes les han robado el presente y comprometido su futuro.
En el Frente Cívico y Social (FCS), comprendemos que el pueblo dominicano ha sido víctima de una clase política manipuladora. Reconocemos que ha sufrido de la ignorancia respecto a lo que debería y podría conocer. Creemos firmemente que el secreto de una sociedad donde reine el orden, la justicia y la igualdad de oportunidades reside en sus principios y valores.
En FCS, somos y continuaremos siendo diferentes a lo que esta partidocracia representa. Si el pueblo nos brinda la oportunidad, prometemos actuar de manera distinta. Nos comprometemos a devolverle al pueblo la dignidad que le ha sido arrebatada. Solo así podremos comenzar a levantar nuestra bandera bien alta.
Nuestro trabajo se centrará en rescatar nuestros principios y valores a través de la educación ciudadana. Estamos decididos a abordar y solucionar los problemas domésticos que enfrenta la población día a día: la seguridad ciudadana, la salud y la educación. También reconocemos la carencia de servicios fundamentales como el agua, la electricidad, el drenaje sanitario y pluvial y la falta de viviendas confortables.
Impulsaremos un modelo económico de desarrollo inclusivo, que se enfoque en la producción y el ahorro. Queremos una economía que beneficie a todos los dominicanos, no solo a unos pocos.
Es hora de un cambio. Es hora de poner en marcha la máquina del progreso y de la prosperidad para todos. ¡Únete a nosotros en este camino!
La esperanza de un futuro mejor para todos está en nuestras manos. En FCS, creemos en ese futuro, y sabemos que, con tu apoyo, podemos hacerlo realidad.
Despierta RD!
Por Rommel Santos Díaz
Igual que con cualquier tratado internacional, los Estados deben tomar en cuenta si el formar parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional requerirá cambios a sus leyes o a los procedimientos administrativos nacionales, con el fin de cumplir con las obligaciones del tratado.
Respecto a lo anterior, se podrían requerir algunas medidas legislativas para asegurar una efectiva cooperación entre los Estados Partes y la Corte Penal Internacional durante las investigaciones. Si los Estados ya cuentan con legislación nacional sobre la asistencia legal y la extradición, la introducción de estas medidas no será difícil.
En general, al redactar la legislación de implementación, es necesario tomar en cuenta que la Corte Penal Internacional no es un órgano regulador o institucional internacional ordinario.
La Corte Penal Internacional tiene una potestad única para impedir y reprimir¨ los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto¨, según lo estipulado en el artículo 5 del Estatuto de Roma.
Cabe señalar que el potencial de la Corte Penal Internacional, al no existir una fuerza policial internacional que pueda llevar a cabo la labor de asistencia con la Corte en sus investigaciones y en el cumplimiento de sus órdenes, será alcanzado sólo si existe plena cooperación por parte de los Estados.
Respecto a lo anterior, se debe de prestar especial atención al apoyo de los Estados a la Corte, en particular para asegurar que estos puedan cumplir con sus obligaciones según el Estatuto de Roma.
La incidencia de los crímenes de la competencia de la Corte Penal Internacional se considera mucho más baja que para aquellos crímenes ¨ordinarios¨ que son procesados regularmente en los Estados.
Por las razones anteriores, se considera como regla general, muchas de las formas de cooperación estipuladas en el Estatuto de Roma ya forman parte del trabajo usual de los sistemas de justicia penal y de los ministerios de relaciones exteriores nacionales , y por lo tanto no requerirán recursos adicionales.
En el marco de las posibles medidas para la implementación del Estatuto de Roma se estima que el proceso de implementación de obligaciones de tratados internacionales varía significativamente de un Estado a otro, de acuerdo con los requisitos políticos y constitucionales de cada Estado.
Todo Estado Parte del Estatuto de Roma tiene la libertad de escoger cómo implementar las obligaciones con el tratado , siempre que proceda de buena fe y responda a todas las obligaciones bajo el Estatuto.
Algunos Estados generalmente ratifican primero los tratados, y así las reglas incluidas en el tratado automáticamente devienen ley nacional luego de su ratificación y publicación en el diario oficial (sistema monista). Otros Estados, especialmente en la Comunidad de Estados Británicos, están obligados por sus constituciones a preparar primero la legislación de implementación, antes de ratificar o acceder a cualquier tratado internacional (sistema dualista).
Cada sistema tiene sus propias ventajas y desventajas, las cuales se deben tomar en cuenta durante el proceso de ratificación e implementación. Por ejemplo, en algunos Estados, el Poder Ejecutivo deberá contar con la aprobación del Poder Legislativo para ratificar, o deberá consultar con el Tribunal Constitucional antes de ratificar. Estos procesos inevitablemente atrasan los procesos de ratificación e implementación, pero también brindan una oportunidad para que se considere el impacto de los tratados en un Estado.