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Yeni Berenice: una fiscal en busca de la excelencia
La Fiscalía del Distrito Nacional busca evitar que los tribunales fallen en contra del Ministerio Público por falta de pruebas o vencimiento de los plazos.
Los fiscales del Distrito Nacional trabajan contra el reloj desde hace más de dos semanas y por primera vez en la historia. Y es que a las 35 horas de realizar el arresto de un ciudadano se vence el plazo para presentarlo a un departamento de calidad que es el que decide si procede llevarlo ante el juez.
Es una carrera contra el tiempo que revoluciona el Ministerio Público en la Capital del país, con un protocolo de adecuación de casos por tipos penales, que busca la excelenciay el servicio de calidad. Y que permite saber que el 86% de los imputados de todos los delitos tiene entre 18 y 35 años de edad y que el 82% de todas las víctimas son menores de 35 años, lo que significa que jóvenes cometen delitos en contra de jóvenes.
Este novedoso sistema obliga al fiscal a cumplir unos requisitos mínimos y a brindar un servicio con mayor eficiencia que un servidor privado.
La implementación de este modelo de calidad recae sobre los hombros de la fiscal titular Yeni Berenice Reynoso Gómez, quien desde su designación, el 28 diciembre del año pasado, ejecuta los parámetros de la Fiscalía de Santiago, la que cuando dirigió obtuvo medalla de oro por los indicadores de control de calidad. La matriz de calidad le pone un plazo administrativo al fiscal para presentar acto conclusivo en el tribunal en tres meses, de acuerdo al tipo penal, en aras de evitar las intimaciones y el vencimiento del plazo de la investigación.
A su llegada. La fiscal no encontró en la Fiscalía del Distrito base de datos. Su empeño comenzó por el manejo de los casos desde la entrada por los distintos departamentos de las sedes, medir los plazos, las decisiones, el manejo indebido de los procesos y los volúmenes.
Cuando de evaluar su año de gestión se trata, la fiscal afirma que desde el principio se enfocaron en el tema de implementar un modelo de gestión como el de Santiago, donde tenían un sistema de calidad por el que postularon al Premio Nacional de la Calidad del Mercado, ganando medalla de oro y el Gran Premio a la Calidad en el segundo año. La Fiscalía del Distrito Nacional se rige desde su llegada por el Modelo CAF (sigla en inglés), destinado a hacer calidad en el sector público. “Nosotros estamos más que convencidos de que es posible hacer calidad desde el sector público”. Considera una obligación para el servidor público dar un servicio de calidad, puesto que reciben recursos de los ciudadanos que pagan los impuestos.
Primero, crearon la base del modelo, es decir, definir los indicadores de gestión. Se enfocaron en crear los departamentos para medir: Auditoría de casos, departamento que se ocupa de establecer el manejo de los procesos desde la entrada por las distintas sedes, asignarle un número único a cada caso y darle seguimiento al proceso hasta su salida. Esto permite medir los plazos, el manejo indebido de los procesos.
Luego crearon el Departamento de Asuntos Internos, complementario de Auditoría, por medio del cual trabajan los casos de los servidores públicos de la Fiscalía que se ven involucrados en faltas o hechos delictivos, así como los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Asuntos Internos trabaja directamente con el despacho de la fiscal Reynoso Gómez.
Otros departamentos. Se creó la unidad de Litigación Definitiva, que pone dos fiscales por cada tribunal colegiado (porque los juicios no daban las sentencias solicitadas), a causas de ausencia o traslado de los imputados, falta de los fiscales en las audiencias, falta de notificaciones.
Instalaron el Departamento de Gestión de Notificación, el cual envía las citaciones a las personas, para evitar los aplazamientos de las audiencias por ausencia de las partes. Un cuerpo de alguaciles hace las notificaciones de acusaciones y querellas. Los expedientes llegan completos a los tribunales.
Por carencia de base de datos de los imputados en rebeldía, se creó el Departamento de Captura, el cual ubicó cerca de 7,200 prófugos por distintas causas, la mayoría por droga. La unidad hace las conducencias y arresta a los condenados en libertad y que se desaparecen de las autoridades en garantía económica.
El Departamento de Sistema de Calidad de Casos se creó en febrero, pero inició sus labores hace dos semanas. Es uno de los que más trabajo ha llevado. El protocolo de actuación enseña al fiscal cómo se hace un caso y los requisitos mínimos que debe de tener para entrar al sistema.
Reynoso Gómez señala que el Sistema de Calidad define su política de persecución frente a equis delitos, para que no se vea que el Ministerio Público varía de criterio y actúa un día de una forma y al otro día, de otra forma. Esta fase se ocupa de estandarizar los documentos en el criterio de calidad. Si procede acusar al imputado, el departamento de Calidad tramita la medida de coerción.
Las reglas varían si el caso es por droga, violencia de género, homicidio y trata de tráfico de persona y niños explotados, a vez, estos fueron los primeros departamentos instalados.
Gestión de Procesos es el departamento que vela porque los actos conclusivos se presenten dentro del plazo administrativo que estableció la Fiscalía, en un máximo de dos meses.
El Sistema de Atención es la única vía de entrada de las denuncias y querellas, para poder establecer las estadísticas de forma clara, por lo que el usuario no podrá interponer procesos por cualquier otro departamento. El área física de la edificación es acondicionada para albergar los nuevos departamentos.
Zoom
Metas para 2013
La fiscal tiene planes de aumentar considerablemente el conocimiento de los casos, mejorar significativamente la investigación, poner en práctica el protocolo de procesamiento de la escena del crimen, facilitarle al ciudadano el acceso de la justicia, con respuesta en tiempo oportuno. También, incursionar en las infracciones a la Ley de Tránsito junto a la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet). Mantener en agenda la persecución y prevención de la violencia de género y consolidar el sistema de gestión de calidad, para reducir la impunidad a su mínima expresión. Implementar la evaluación de desempeño de los fiscales.
La embadora de los Estados Unidos en el país ha dado un giro inesperado en su discurso que redefinen el enfoque de la potencia del norte hacia la Republica Dominicana de la administracion Trump.
La intervención, marcada por un tono personal, abiertamente religioso y políticamente directo, envió varios mensajes clave con implicaciones en seguridad, comercio, presiones políticas y relación bilateral. Algunos de esos mensajes representan rupturas explícitas con la postura estadounidense reciente en temas sensibles como Haití y el escrutinio a grandes empresas con operaciones en el país.
Haití y las fronteras
Fiel a su estilo no convencional, la embajadora reveló que la administración Biden presionó a República Dominicana para mantener abierta la frontera con Haití en momentos de crisis, una postura que ella relacionó con la política de «fronteras abiertas» de Washington y que calificó como desacertada.
Debió ser reabierta al comercio bilateral, aunque se mantienen restricciones al tráfico de personas. El tema de la seguridad advino con el rápido desplome del orden en el vecino país.
El contraste ahora es marcado. EE. UU. está «100% alineado» con el gobierno del presidente Abinader en su política de seguridad fronteriza y en la valoración de la soberanía territorial como prioridad.
Es, en términos diplomáticos, una admisión de que el ciclo de fricciones bilaterales por la frontera, incluidas advertencias de agencias y comunicados de derechos humanos, queda clausurado por decisión política del nuevo gobierno estadounidense.
Durante el año precedente, informes, declaraciones de funcionarios de EE. UU. y coordinaciones con organismos multilaterales habían colocado a República Dominicana bajo presión por sus controles migratorios, particularmente en lo relativo a detenciones, deportaciones y trato a migrantes haitianos. En el discurso, ese capítulo desaparece.
Campos no mencionó ninguna preocupación humanitaria ni de derechos humanos ligada a Haití, ni al manejo interno dominicano de la movilidad fronteriza. Por el contrario, su énfasis fue exclusivamente de seguridad: reforzar vigilancia, contener amenazas transfronterizas, enfrentar redes delictivas y evitar desestabilización regional.
La embajadora incluso enmarcó la inestabilidad haitiana como una preocupación de seguridad tanto para RD como para EE. UU., no como un problema humanitario.
El énfasis deja ver un cambio de prioridades: la diplomacia norteamericana ya no condicionará su relación con Santo Domingo al tratamiento de población migrante y deja de lado un discurso que en administraciones anteriores era habitual.
Ese silencio no se limita al tema haitiano. Durante todo el discurso, Campos evitó referirse a asuntos de derechos humanos en sentido amplio. Lo más cercano fue la mención del regreso del país al nivel dos en el último informe del Departamento de Estado sobre trata de personas.
No es una novedad histórica, sino un retorno a una posición que el país ha ocupado varias veces en la última década. En el discurso de Campos, la mención aparece estratégicamente vinculada a los «valores compartidos» y a los otros pilares de la relación bilateral, no como un análisis técnico de la situación.
La pieza, centrada en seguridad, prosperidad económica, comercio y valores religiosos compartidos, se aparta del estilo tradicional del Departamento de Estado, que suele incluir al menos menciones formales a derechos fundamentales.
Se acabaron las sanciones
La omisión es significativa no tanto por lo que dice, sino por lo que ya no se dice. Bajo la nueva administración estadounidense, la agenda de derechos humanos pierde peso visible en la relación bilateral.
Eso se enlaza con otro mensaje directo del discurso: el aviso de que la embajada no permitirá la «politización de asuntos comerciales» ni «insinuaciones o acusaciones falsas» promovidas por «sectores activistas» dentro de Estados Unidos.
La frase, inusual en boca de un embajador, apunta claramente a grupos de presión, organizaciones sindicales y ONG que tradicionalmente han influido en la política comercial y laboral de EE. UU., sobre todo en relación con productos agrícolas y manufactura en países socios.
Bajo esa advertencia se lee una toma de distancia de la diplomacia estadounidense respecto a esos grupos, a los que identifica como actores que no deben interferir en la relación económica con República Dominicana.
Demostración del nuevo enfoque es el anuncio de su «primera visita oficial» como embajadora al Central Romana, principal proveedor de azúcar dominicano bajo cuota preferencial de EE. UU. y compañía que estuvo bajo sanciones laborales durante casi dos años.
El Departamento de Trabajo y el CBP de EE. UU. suspendieron las importaciones del azúcar producido por esa empresa por señalamientos de trabajo forzoso y violaciones a estándares laborales. Su inclusión en la llamada «lista de entidades» restringidas, desaprobada ampliamente en los círculos empresariales dominicanos, fue un caso emblemático del activismo laboral estadounidense.
Que la embajadora anuncie esa visita como su primer acto, y que la justifique como un gesto de transparencia y amistad, es un mensaje explícito al mercado y a los grupos de presión.
La nueva administración quiere dar por superado ese episodio y reposicionar a la empresa como un socio legítimo e importante del comercio bilateral.
La señal es doble. Para Washington, implica un viraje desde el escrutinio laboral hacia el apoyo económico a una empresa clave dentro de una cadena comercial estratégica. Para Santo Domingo, supone una validación política de que el conflicto comercial quedó atrás y que el principal comprador del azúcar dominicano respalda al productor local.
Es también un mensaje interno: Campos subraya que la Embajada trabajará para proteger intereses comerciales estadounidenses, pero lo hará «sin activismo» y sin ceder a presiones internas en su país.
Declaración de prioridades
En suma, el discurso de la embajadora Campos fue una declaración de prioridades, y esas prioridades redefinen el marco de la relación bilateral:
- Primero, cierre de tensiones por Haití y alineamiento total en seguridad fronteriza.
- Segundo, un desplazamiento explícito de la agenda de derechos humanos y del escrutinio migratorio.
- Tercero, un respaldo político al sector empresarial, incluyendo a empresas previamente cuestionadas, y una advertencia a grupos de presión estadounidenses.
- Cuarto, un énfasis sostenido en comercio, nearshoring, ciberseguridad y cadenas de suministro como ejes de la cooperación.
La nueva diplomacia estadounidense en Santo Domingo se presenta así más cercana, más política, más alineada con el Gobierno dominicano y menos condicionada por las agendas tradicionales de derechos humanos y activismo laboral.
Un mensaje claro de hacia dónde se mueve Washington en el Caribe y de qué espera de República Dominicana en este nuevo ciclo.
SANTO DOMINGO.- Fueron reelectos este martes por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tres miembros del Tribunal Superior Electoral, incluyendo a su presidente, y eligió a dos nuevos integrantes de esa alta corte.
En la reunión fueron seleccionados cinco jueces titulares y sus respectivos suplentes, para un total de 10, quienes serán juramentados, por un período de cuatro años, este jueves 4 de diciembre a las 6:00 de la tarde en el Palacio Nacional.
En cuanto a los cinco jueces que deben ser escogidos como titulares de la Suprema Corte de Justicia, la magistrada Nancy Salcedo, jueza de ese organismo, miembro y secretaria del CNM, indicó que, para estos fines, será convocada una nueva reunión en los próximos días.
Los jueces titulares del Tribunal Superior Electoral son su presidente Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, escogido a unanimidad; así como a Pedro Pablo Yermenos Forastieri y Fernando Fernández Cruz, quienes se mantienen como juez titutlares.
Los nuevos jueces son Rafaelina Peralta Arias y Lenis Rosángela García. Los suplentes son Lourdes Teresa Salazar, Juan Cuevas, Juan Manuel Martín Garrido, Freddy Ángel Castro y Víctor Rafael Menieur.
Estos fueron elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura tras agotar la etapa de evaluación de los 41 postulantes preseleccionados para integrar el Tribunal Superior Electoral, en virtud de las funciones que le confieren los artículos 179 y 215 de la Constitución y el artículo 3 de la ley número 138-11, que rige el Consejo.
Santo Domingo.- La seguridad de las festividades navideñas quedó formalmente activada este miércoles con el despliegue de 27,794 efectivos policiales y militares, tras el lanzamiento del operativo “Garantía de Paz en Navidad 2.0”, encabezado por el presidente Luis Abinader, quien exhortó a las tropas a actuar con firmeza, profesionalidad y respeto a los derechos humanos.
El despliegue incluye 22,794 policías y más de 5,000 militares, que reforzarán calles, zonas comerciales, terminales, áreas residenciales y puntos turísticos en todo el territorio nacional. El acto se realizó en la explanada del Palacio de la Policía Nacional con la presencia de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta.
Abinader, al dirigirse a los agentes, pidió actuar con compromiso y cercanía con la ciudadanía.
“Trabajen en favor de la población dominicana, respetando los derechos humanos y protegiendo la paz. Confiamos en ustedes”, expresó el mandatario al despedir las brigadas.
Raful destacó que este operativo incorpora la promoción más numerosa hasta la fecha y aseguró que el enfoque principal será preventivo, con inteligencia territorial para anticiparse al delito.
“No esperamos a que ocurra el delito para reaccionar. El objetivo es disuadir, vigilar y proteger”, afirmó.
La funcionaria insistió en que la seguridad no recae solo en las autoridades, sino también en la responsabilidad ciudadana.
“Si cada quien no asume su parte, el esfuerzo se queda corto. La paz no se decreta, se construye entre todos”, dijo, llamando al respeto de horarios comerciales, a evitar conducir bajo los efectos del alcohol y a reducir ruidos en las comunidades.
El director de la Policía, Guzmán Peralta, aseguró que los miembros de las fuerzas del orden reforzarán la vigilancia en espacios públicos y privados durante la temporada.
“Estaremos donde se nos necesite. Que estas sean unas fiestas de paz y unión familiar”, manifestó.
El operativo se mantendrá activo durante toda la temporada navideña con el objetivo de prevenir delitos, accidentes y garantizar la sana convivencia, mientras el Gobierno apuesta por un cierre de año seguro y en orden para las familias dominicanas.