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Yeni Berenice: una fiscal en busca de la excelencia
La Fiscalía del Distrito Nacional busca evitar que los tribunales fallen en contra del Ministerio Público por falta de pruebas o vencimiento de los plazos.
Los fiscales del Distrito Nacional trabajan contra el reloj desde hace más de dos semanas y por primera vez en la historia. Y es que a las 35 horas de realizar el arresto de un ciudadano se vence el plazo para presentarlo a un departamento de calidad que es el que decide si procede llevarlo ante el juez.
Es una carrera contra el tiempo que revoluciona el Ministerio Público en la Capital del país, con un protocolo de adecuación de casos por tipos penales, que busca la excelenciay el servicio de calidad. Y que permite saber que el 86% de los imputados de todos los delitos tiene entre 18 y 35 años de edad y que el 82% de todas las víctimas son menores de 35 años, lo que significa que jóvenes cometen delitos en contra de jóvenes.
Este novedoso sistema obliga al fiscal a cumplir unos requisitos mínimos y a brindar un servicio con mayor eficiencia que un servidor privado.
La implementación de este modelo de calidad recae sobre los hombros de la fiscal titular Yeni Berenice Reynoso Gómez, quien desde su designación, el 28 diciembre del año pasado, ejecuta los parámetros de la Fiscalía de Santiago, la que cuando dirigió obtuvo medalla de oro por los indicadores de control de calidad. La matriz de calidad le pone un plazo administrativo al fiscal para presentar acto conclusivo en el tribunal en tres meses, de acuerdo al tipo penal, en aras de evitar las intimaciones y el vencimiento del plazo de la investigación.
A su llegada. La fiscal no encontró en la Fiscalía del Distrito base de datos. Su empeño comenzó por el manejo de los casos desde la entrada por los distintos departamentos de las sedes, medir los plazos, las decisiones, el manejo indebido de los procesos y los volúmenes.
Cuando de evaluar su año de gestión se trata, la fiscal afirma que desde el principio se enfocaron en el tema de implementar un modelo de gestión como el de Santiago, donde tenían un sistema de calidad por el que postularon al Premio Nacional de la Calidad del Mercado, ganando medalla de oro y el Gran Premio a la Calidad en el segundo año. La Fiscalía del Distrito Nacional se rige desde su llegada por el Modelo CAF (sigla en inglés), destinado a hacer calidad en el sector público. “Nosotros estamos más que convencidos de que es posible hacer calidad desde el sector público”. Considera una obligación para el servidor público dar un servicio de calidad, puesto que reciben recursos de los ciudadanos que pagan los impuestos.
Primero, crearon la base del modelo, es decir, definir los indicadores de gestión. Se enfocaron en crear los departamentos para medir: Auditoría de casos, departamento que se ocupa de establecer el manejo de los procesos desde la entrada por las distintas sedes, asignarle un número único a cada caso y darle seguimiento al proceso hasta su salida. Esto permite medir los plazos, el manejo indebido de los procesos.
Luego crearon el Departamento de Asuntos Internos, complementario de Auditoría, por medio del cual trabajan los casos de los servidores públicos de la Fiscalía que se ven involucrados en faltas o hechos delictivos, así como los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Asuntos Internos trabaja directamente con el despacho de la fiscal Reynoso Gómez.
Otros departamentos. Se creó la unidad de Litigación Definitiva, que pone dos fiscales por cada tribunal colegiado (porque los juicios no daban las sentencias solicitadas), a causas de ausencia o traslado de los imputados, falta de los fiscales en las audiencias, falta de notificaciones.
Instalaron el Departamento de Gestión de Notificación, el cual envía las citaciones a las personas, para evitar los aplazamientos de las audiencias por ausencia de las partes. Un cuerpo de alguaciles hace las notificaciones de acusaciones y querellas. Los expedientes llegan completos a los tribunales.
Por carencia de base de datos de los imputados en rebeldía, se creó el Departamento de Captura, el cual ubicó cerca de 7,200 prófugos por distintas causas, la mayoría por droga. La unidad hace las conducencias y arresta a los condenados en libertad y que se desaparecen de las autoridades en garantía económica.
El Departamento de Sistema de Calidad de Casos se creó en febrero, pero inició sus labores hace dos semanas. Es uno de los que más trabajo ha llevado. El protocolo de actuación enseña al fiscal cómo se hace un caso y los requisitos mínimos que debe de tener para entrar al sistema.
Reynoso Gómez señala que el Sistema de Calidad define su política de persecución frente a equis delitos, para que no se vea que el Ministerio Público varía de criterio y actúa un día de una forma y al otro día, de otra forma. Esta fase se ocupa de estandarizar los documentos en el criterio de calidad. Si procede acusar al imputado, el departamento de Calidad tramita la medida de coerción.
Las reglas varían si el caso es por droga, violencia de género, homicidio y trata de tráfico de persona y niños explotados, a vez, estos fueron los primeros departamentos instalados.
Gestión de Procesos es el departamento que vela porque los actos conclusivos se presenten dentro del plazo administrativo que estableció la Fiscalía, en un máximo de dos meses.
El Sistema de Atención es la única vía de entrada de las denuncias y querellas, para poder establecer las estadísticas de forma clara, por lo que el usuario no podrá interponer procesos por cualquier otro departamento. El área física de la edificación es acondicionada para albergar los nuevos departamentos.
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Metas para 2013
La fiscal tiene planes de aumentar considerablemente el conocimiento de los casos, mejorar significativamente la investigación, poner en práctica el protocolo de procesamiento de la escena del crimen, facilitarle al ciudadano el acceso de la justicia, con respuesta en tiempo oportuno. También, incursionar en las infracciones a la Ley de Tránsito junto a la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet). Mantener en agenda la persecución y prevención de la violencia de género y consolidar el sistema de gestión de calidad, para reducir la impunidad a su mínima expresión. Implementar la evaluación de desempeño de los fiscales.
Santo Domingo, 5 mar (EFE).- Francia y República Dominicana anunciaron este jueves la instalación de una academia regional, con sede en la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), para la capacitación y el entrenamiento de las fuerzas de seguridad de la región del Caribe.
Santo Domingo.- Los debates en torno a las candidaturas independientes vuelven a sentirse en el Congreso Nacional, tras la aprobación en primera lectura por el Senado del proyecto de ley que busca eliminar los tres artículos de la Ley 20-20, Orgánica del Régimen Electoral, que mencionan dicha figura.
El jurista Alberto Fiallo Billini rechazó el marco jurídico propuesto por el senador Ramón Rogelio Genao (PRSC-La Vega) y su ratificación en la Cámara Alta, y advirtió que lo más grave es que se trata de “un enfrentamiento directo” con una sentencia del Tribunal Constitucional (TC), cuyas decisiones son vinculantes, “lo que no ha pasado en 16 años”.
El proponente del recurso ante el TC para regular las candidaturas independientes en el sistema electoral dominicano aclaró que, si bien el Congreso acostumbra a ignorar las sentencias exhortativas de la alta corte que le obligan a emitir una ley, ahora, con el proyecto aprobado en primera lectura, “no es tan sencillo” como no escuchar al Tribunal Constitucional, porque –a su juicio- se trata de un enfrentamiento directo con el órgano que interpreta la Carta Magna.
Dijo que el Congreso no puede legislar eliminando un derecho fundamental, como el de participar como candidato independiente.
“Participar como candidato independiente es una expresión del derecho a elegir, pero eso se dijo hace más de 30 años. En Latinoamérica tenemos de 18 países hispanoamericanos, tenemos 10 que tienen candidatos independientes: México tiene candidatos independientes desde hace más de 100 años, pero aquí lo importante es que el problema es que no se le puede obligar a una persona que para participar en política, para ser candidato, tenga que inscribirse en un partido político”, sostuvo.
Según el abogado, el derecho a participar como candidato independiente está avalado en la Constitución y tiene cerca de 100 años.
En la sentencia 0788 de 2024, el Tribunal Constitucional determinó que los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 impedían de forma excesiva o condicionada la postulación de candidatos independientes, al exigir que éstos dependieran de partidos u organizaciones políticas existentes.
Precisa que ese requisito limita el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos sin necesidad de vínculo partidario.
Frente Cívico y Social: el Congreso debe sujetarse a la Constitución y al TC
Sobre el tema se pronunció también el presidente del Frente Cívico y Social (FCS), Isaías Ramos, quien explicó que la aprobación de la pieza en el Senado no es tan simple como parece, ya que se trata del alcance que esta pudiera tener sobre los derechos políticos en la democracia.
Wessin, “sorprendido” con iniciativa del Senado
Elías Wessin, presidente de la comisión especial de la Cámara de Diputados que estuvo a cargo de los proyectos de ley de candidaturas independientes, dijo que se sorprendió con la iniciativa del Senado, ya que la Cámara Baja estuvo apoderada de la misma propuesta, sometida por el diputado Rogelio Alfonso Genao (hijo del senador).
Detalló que la comisión especial de diputados rindió un informe no favorable, consensuado con la mayoría de los miembros de la comitiva, diciendo que había que buscarle una ruta adecuada a las candidaturas independientes mediante una modificación a la Constitución.
“Lo que hemos dicho es que, necesariamente, hay que introducir una modificación constitucional para que esas candidaturas sean factibles, porque sencillamente la Constitución dice claramente que cualquier candidatura debe expresarse bajo el esquema o la plataforma de los partidos políticos. Esa es la opinión y se mantiene igualita”, señaló.
Rogelio Genao defiende propuesta
El senador Ramón Rogelio Genao defendió su propuesta legislativa, la cual está pendiente de una segunda discusión en la Cámara Alta para pasar a la Cámara de Diputados. Dijo que con la sentencia 0788/24, el Tribunal Constitucional legisla y suplanta un poder que está definido por la Ley Suprema, que es el Congreso Nacional.
Señaló que, al eliminar los artículos 156, 157 y 158 de la Ley del Régimen Electoral, sale del país la discusión de las candidaturas independientes.
Recordó, además, que la Constitución establece las candidaturas sólo a través de partidos, agrupaciones y movimientos políticos.
Gustavo Sánchez pide los mismos requisitos para los independientes
También se pronunció el vocero de los diputados del Partido de la Liberación de Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, al indicar que la solución más viable es que los candidatos independientes cumplan con los mismos requisitos que se les exigen a los partidos políticos.
Ricardo de los Santos: el Pleno puede hacer los reparos que considere
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos (PRM-Sánchez Ramírez), explicó que la iniciativa de ley apenas ha sido aprobada en primera discusión, pero que en la segunda el Pleno tiene la facultad de hacerle todos los reparos que considere.
La Cámara Alta aprobó ayer en primera lectura el proyecto legislativo que deroga los artículos 156, 157 y 158 de la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral.
Para poder ser efectiva, la pieza deberá ser acogida por el Senado en segunda discusión y en dos lecturas por la Cámara de Diputados. De ahí, la iniciativa iría al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.
En las candidaturas independientes, las personas se postulan a un cargo de elección popular sin pertenecer a un partido, movimiento o agrupación política, y sin que los mismos sirvan de plataforma para su propuesta electoral.
Santo Domingo, R.D.-La defensa de Raymer Pastor de los Santos, implicado en el caso Coral, solicitó ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional una sentencia de absolución total en favor de su defendido. El argumento principal es que el Ministerio Público no logró sustentar las acusaciones de lavado de activos y testaferrato.
Wendy Lora, representante legal del imputado, planteó a los jueces que el análisis de las pruebas de la defensa, sumado a las debilidades de la acusación, robustecen la postura de inocencia de Pastor de los Santos.
Conforme a la acusación del Ministerio Público, Raymer Pastor de los Santos es señalado como presunto testaferro del general Julio Camilo de los Santos Viola, subdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP).
Sin embargo, Lora sostuvo que no existen pruebas que vinculen al imputado con fondos ilícitos ni con la estructura de corrupción que pretende establecer la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
«Las calificaciones legales no subsisten ni conviven con la de testaferrato. No se ha probado ningún tipo de asociación de malhechores que vincule a nuestro representado con actividad delictiva alguna», afirmó la abogada ante las magistradas.
Solicitud de devolución de bienes
Asimismo, la defensa solicitó el cese de las restricciones financieras y patrimoniales que pesan sobre el imputado, incluyendo, levantamiento de la prohibición de traspaso de propiedades ante la DGII y el Registro Inmobiliario, el reintegro de los fondos generados por el alquiler de tres solares en el proyecto Cabirma del Este, los cuales, según la defensa, han sido retenidos de forma irregular, así como levantamiento inmediato del congelamiento de todos los productos bancarios de Pastor de los Santos.
Rechazo a la Actoría Civil y al Estado
La defensa pidió al tribunal rechazar la querella y constitución en actoría civil presentada por el Estado dominicano.
Wendy Lora argumentó que dicha querella no fue presentada conforme a la norma y que carece de pruebas que vinculen las acciones de su cliente con un perjuicio real al patrimonio público. Además, señaló que «los daños morales no pueden ser reconocidos a las personas jurídicas o al Estado», solicitando así que se desestime cualquier pretensión indemnizatoria.