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Yeni Berenice: una fiscal en busca de la excelencia
La Fiscalía del Distrito Nacional busca evitar que los tribunales fallen en contra del Ministerio Público por falta de pruebas o vencimiento de los plazos.
Los fiscales del Distrito Nacional trabajan contra el reloj desde hace más de dos semanas y por primera vez en la historia. Y es que a las 35 horas de realizar el arresto de un ciudadano se vence el plazo para presentarlo a un departamento de calidad que es el que decide si procede llevarlo ante el juez.
Es una carrera contra el tiempo que revoluciona el Ministerio Público en la Capital del país, con un protocolo de adecuación de casos por tipos penales, que busca la excelenciay el servicio de calidad. Y que permite saber que el 86% de los imputados de todos los delitos tiene entre 18 y 35 años de edad y que el 82% de todas las víctimas son menores de 35 años, lo que significa que jóvenes cometen delitos en contra de jóvenes.
Este novedoso sistema obliga al fiscal a cumplir unos requisitos mínimos y a brindar un servicio con mayor eficiencia que un servidor privado.
La implementación de este modelo de calidad recae sobre los hombros de la fiscal titular Yeni Berenice Reynoso Gómez, quien desde su designación, el 28 diciembre del año pasado, ejecuta los parámetros de la Fiscalía de Santiago, la que cuando dirigió obtuvo medalla de oro por los indicadores de control de calidad. La matriz de calidad le pone un plazo administrativo al fiscal para presentar acto conclusivo en el tribunal en tres meses, de acuerdo al tipo penal, en aras de evitar las intimaciones y el vencimiento del plazo de la investigación.
A su llegada. La fiscal no encontró en la Fiscalía del Distrito base de datos. Su empeño comenzó por el manejo de los casos desde la entrada por los distintos departamentos de las sedes, medir los plazos, las decisiones, el manejo indebido de los procesos y los volúmenes.
Cuando de evaluar su año de gestión se trata, la fiscal afirma que desde el principio se enfocaron en el tema de implementar un modelo de gestión como el de Santiago, donde tenían un sistema de calidad por el que postularon al Premio Nacional de la Calidad del Mercado, ganando medalla de oro y el Gran Premio a la Calidad en el segundo año. La Fiscalía del Distrito Nacional se rige desde su llegada por el Modelo CAF (sigla en inglés), destinado a hacer calidad en el sector público. “Nosotros estamos más que convencidos de que es posible hacer calidad desde el sector público”. Considera una obligación para el servidor público dar un servicio de calidad, puesto que reciben recursos de los ciudadanos que pagan los impuestos.
Primero, crearon la base del modelo, es decir, definir los indicadores de gestión. Se enfocaron en crear los departamentos para medir: Auditoría de casos, departamento que se ocupa de establecer el manejo de los procesos desde la entrada por las distintas sedes, asignarle un número único a cada caso y darle seguimiento al proceso hasta su salida. Esto permite medir los plazos, el manejo indebido de los procesos.
Luego crearon el Departamento de Asuntos Internos, complementario de Auditoría, por medio del cual trabajan los casos de los servidores públicos de la Fiscalía que se ven involucrados en faltas o hechos delictivos, así como los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Asuntos Internos trabaja directamente con el despacho de la fiscal Reynoso Gómez.
Otros departamentos. Se creó la unidad de Litigación Definitiva, que pone dos fiscales por cada tribunal colegiado (porque los juicios no daban las sentencias solicitadas), a causas de ausencia o traslado de los imputados, falta de los fiscales en las audiencias, falta de notificaciones.
Instalaron el Departamento de Gestión de Notificación, el cual envía las citaciones a las personas, para evitar los aplazamientos de las audiencias por ausencia de las partes. Un cuerpo de alguaciles hace las notificaciones de acusaciones y querellas. Los expedientes llegan completos a los tribunales.
Por carencia de base de datos de los imputados en rebeldía, se creó el Departamento de Captura, el cual ubicó cerca de 7,200 prófugos por distintas causas, la mayoría por droga. La unidad hace las conducencias y arresta a los condenados en libertad y que se desaparecen de las autoridades en garantía económica.
El Departamento de Sistema de Calidad de Casos se creó en febrero, pero inició sus labores hace dos semanas. Es uno de los que más trabajo ha llevado. El protocolo de actuación enseña al fiscal cómo se hace un caso y los requisitos mínimos que debe de tener para entrar al sistema.
Reynoso Gómez señala que el Sistema de Calidad define su política de persecución frente a equis delitos, para que no se vea que el Ministerio Público varía de criterio y actúa un día de una forma y al otro día, de otra forma. Esta fase se ocupa de estandarizar los documentos en el criterio de calidad. Si procede acusar al imputado, el departamento de Calidad tramita la medida de coerción.
Las reglas varían si el caso es por droga, violencia de género, homicidio y trata de tráfico de persona y niños explotados, a vez, estos fueron los primeros departamentos instalados.
Gestión de Procesos es el departamento que vela porque los actos conclusivos se presenten dentro del plazo administrativo que estableció la Fiscalía, en un máximo de dos meses.
El Sistema de Atención es la única vía de entrada de las denuncias y querellas, para poder establecer las estadísticas de forma clara, por lo que el usuario no podrá interponer procesos por cualquier otro departamento. El área física de la edificación es acondicionada para albergar los nuevos departamentos.
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Metas para 2013
La fiscal tiene planes de aumentar considerablemente el conocimiento de los casos, mejorar significativamente la investigación, poner en práctica el protocolo de procesamiento de la escena del crimen, facilitarle al ciudadano el acceso de la justicia, con respuesta en tiempo oportuno. También, incursionar en las infracciones a la Ley de Tránsito junto a la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet). Mantener en agenda la persecución y prevención de la violencia de género y consolidar el sistema de gestión de calidad, para reducir la impunidad a su mínima expresión. Implementar la evaluación de desempeño de los fiscales.
Santo Domingo, R.D.-Los cuatro candidatos presidenciales plantearon este miércoles durante el llamado «Verdadero Debate» la creación masiva de empleos, redistribución de riqueza y múltiples reformas para combatir la inseguridad.
Estas respuestas fueron emitidas luego de que a los aspirantes se les preguntó “¿cuáles aspectos debe contener un plan de seguridad ciudadana que realmente garantice la paz y vida de las personas?”.
La primera en responder fue la candidata del partido Opción Democrática, Virginia Antares Rodríguez, quien aseguró que la inseguridad es la principal preocupación de las familias dominicanas, afirmando que se debe abordar en tres niveles: a largo plazo, a mediano plazo y en lo inmediato.
Fotografía muestra a Virginia Antares, de Opción Democrática (OP).GLAUCO MOQUETE
Afirmó que a mediano y largo plazo la única forma de reducir la inseguridad es disminuir la desigualdad social que existe en el país, indicando que su solución para este problema es introducir un cambio en la política salarial, a fin de que los ingresos de los dominicanos aumenten progresivamente a través de los años.
También propuso una reforma educativa, con el objetivo de multiplicar las oportunidades de la juventud dominicana.
En cuanto a lo inmediato, resaltó la necesidad de una “reforma profunda” a la Policía Nacional y al Poder Justicia dominicano. La primera incluiría una depuración de las filas de la uniformada, mientras que la segunda estaría orientada a minimizar el tiempo de espera del sistema judicial.
La segunda en tomar la palabra fue María Teresa Cabrera, del Frente Amplio.
La candidata presidencial del partido Frente Amplio, María Teresa CabreraGLAUCO MOQUETE
Cabrera aseguró que el problema de inseguridad en República Dominicana es uno de los muchos males que afectan a la sociedad que, en su opinión, provienen en su mayoría de un flagelo: la concentración de riquezas.
Afirmó que con una redistribución adecuada de las riquezas, junto a servicios públicos más eficientes, una buena estrategia de inclusión social y una depuración de las instituciones que combaten el crimen, se puede aumentar el nivel de seguridad en el país.
Luego de esta respuesta le llegó el turno al aspirante de Patria Para Todos, Fulgencio Severino.
El candidato presidencial del partido Patria Para Todos, Fulgencio SeverinoGLAUCO MOQUETE
El aspirante presidencial dijo que tiene un plan de gobierno sobre el tema de inseguridad enfocado alrededor de 5 ejes.
El primero de estos ejes gira en torno a garantizar el acceso a un empleo y salario digno; el segundo consiste en desarrollar un mayor y mejor acceso a la educación para la juventud del país.
Asimismo, indicó la necesidad de garantizar mejores condiciones de las comunidades de República Dominicana.
En cuarto lugar abogó por la modificación del sistema penitenciario, indicando que su plan contempla principalmente la rehabilitación de los internos y su posterior reinserción en la sociedad.
Finalmente, destacó la imperiosidad de combatir la “narcopolítica”, afirmando que el narcotráfico y microtráfico son una de las causas principales de la alta inseguridad en los barrios.
El candidato presidencial de GenS, Carlos PeñaGLAUCO MOQUETE
Al final le tocó a Carlos Peña, candidato presidencial de Generación de Servidores (GenS). Indicó que, de acurdo a estudios realizados, la razón principal de la inseguridad en el país se debe al alto nivel de desempleo, por lo que aseguró que pretende crear 500 mil empleos durante cada año de su Gobierno, si resulta ser elegido.
Explicó que para crear estos empleos eliminará el Impuesto Sobre la Renta, para crear más trabajos.
Santo Domingo, R.D.-El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional flexibilizó este martes las medidas de coerción a tres de los imputados de participar en esta red llamada Coral y Coral 5 G acusada de desfalco de dinero público durante el Gobierno de Danilo Medina, cuya decisión se produce a 48 horas del inicio del juicio de fondo en su contra.
El Tribunal no hizo caso al Ministerio Público que se opuso a las nuevas medidas de coerción contra los tres imputados, al considerar de que estos no presentaron nuevos presupuestos ni pruebas novedosas que permitieran al tribunal variar las medidas de coerción anterior.
El tribunal dispuso que el general de la Fuerza Aérea (FARD) Julio de los Santos Viola deje de cumplir el arresto domiciliario y le impuso una garantía económica de un millón de pesos, aunque le mantuvo el impedimento de salida del país sin previa autorización judicial.
Además, dictaminó que el radio de acción del localizador electrónico que utiliza el general De los Santos Viola le fuera ampliado a nivel nacional.
Con relación al cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, la corte también le retiró el arresto domiciliario y a cambio le impuso una garantía económica de 100 mil y le mantiene el impedimento de salida del país sin previa autorización judicial.
Mientras que para el coronel de la Policía Rafael Núñez D’ Aza dispuso asimismo el cese de arresto domiciliario a cambio de una garantía económica de 100 millones de pesos, impedimento de salida sin previa del país autorización judicial y amplió a todo el territorio nacional el radio de acción del localizador que utiliza.
Al igual que el Ministerio Público, el abogado del Estado José Alberto Ortiz dijo que lo más prudente era mantener la medida de coerción vigente para no contaminar el juicio de fondo que comienza este jueves 18 de abril.
Los imputados cumplen medida de coerción, tras ser imputados de pertenecer al presunto entramado de corrupción que estafó al Estado dominicano en más de 4 mil 500 millones de pesos entre los años 2012 y 2020.
Además, están acusados de sustraer los fondos de inteligencia del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
Entre los acusados también están el mayor del Ejército Nacional Raúl Alejandro Girón Jiménez; el mayor general Adán Cáceres Silvestre; el general de la Armada de República Dominicana (ARD) Boanerges Reyes, así como el capitán de navío de ese mismo organismo Franklin Antonio Mata Flores.
También el general Juan Carlos Torres Robiou, Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora) y el sargento de la Armada, Alejandro José Montero Cruz.
Santiago, R.D.-Tres medidas de coerción fueron impuestas por la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago a una mujer acusada de ser cómplice en la muerte a tiros de su esposo en el municipio de Tamboril.
La magistrada Yiberty Polanco, del referido tribunal, impuso arresto domiciliario, impedimento de salida del país y la colocación de grilletes electrónicos contra Daneris Pérez Espinal.
«Dentro del proceso que se lleva a cabo, está ya no podrá ser víctima ni testigo, sino, que en este proceso pasó a ser un imputado más, junto a Fabricio Antonio Báez Pérez y a Giancarlos Café», explicó Carlos Villanueva, abogado de la familia de la víctima. Asimismo, Informó que analizará la motivación que haga la jueza para determinar si apela o no la decisión.
«Hubo manipulación de los hijos, (dijeron) que ella estaba enferma (…). entonces, su mamá está enferma y mi hermano, ¿adónde?, muerto, lo acribilló, ordenado por su mamá, su sobrino y el sicario», criticó Ana Dolores al advertir que las cosas no se van a quedar así.
De acuerdo al Ministerio Público, la mujer habría pagado la suma de RD$4 millones a un sobrino para que éste contratara a un sicario que acabara con la vida de Julio César Rodríguez Paula, de 68 años