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Yeni Berenice: una fiscal en busca de la excelencia
La Fiscalía del Distrito Nacional busca evitar que los tribunales fallen en contra del Ministerio Público por falta de pruebas o vencimiento de los plazos.
Los fiscales del Distrito Nacional trabajan contra el reloj desde hace más de dos semanas y por primera vez en la historia. Y es que a las 35 horas de realizar el arresto de un ciudadano se vence el plazo para presentarlo a un departamento de calidad que es el que decide si procede llevarlo ante el juez.
Es una carrera contra el tiempo que revoluciona el Ministerio Público en la Capital del país, con un protocolo de adecuación de casos por tipos penales, que busca la excelenciay el servicio de calidad. Y que permite saber que el 86% de los imputados de todos los delitos tiene entre 18 y 35 años de edad y que el 82% de todas las víctimas son menores de 35 años, lo que significa que jóvenes cometen delitos en contra de jóvenes.
Este novedoso sistema obliga al fiscal a cumplir unos requisitos mínimos y a brindar un servicio con mayor eficiencia que un servidor privado.
La implementación de este modelo de calidad recae sobre los hombros de la fiscal titular Yeni Berenice Reynoso Gómez, quien desde su designación, el 28 diciembre del año pasado, ejecuta los parámetros de la Fiscalía de Santiago, la que cuando dirigió obtuvo medalla de oro por los indicadores de control de calidad. La matriz de calidad le pone un plazo administrativo al fiscal para presentar acto conclusivo en el tribunal en tres meses, de acuerdo al tipo penal, en aras de evitar las intimaciones y el vencimiento del plazo de la investigación.
A su llegada. La fiscal no encontró en la Fiscalía del Distrito base de datos. Su empeño comenzó por el manejo de los casos desde la entrada por los distintos departamentos de las sedes, medir los plazos, las decisiones, el manejo indebido de los procesos y los volúmenes.
Cuando de evaluar su año de gestión se trata, la fiscal afirma que desde el principio se enfocaron en el tema de implementar un modelo de gestión como el de Santiago, donde tenían un sistema de calidad por el que postularon al Premio Nacional de la Calidad del Mercado, ganando medalla de oro y el Gran Premio a la Calidad en el segundo año. La Fiscalía del Distrito Nacional se rige desde su llegada por el Modelo CAF (sigla en inglés), destinado a hacer calidad en el sector público. “Nosotros estamos más que convencidos de que es posible hacer calidad desde el sector público”. Considera una obligación para el servidor público dar un servicio de calidad, puesto que reciben recursos de los ciudadanos que pagan los impuestos.
Primero, crearon la base del modelo, es decir, definir los indicadores de gestión. Se enfocaron en crear los departamentos para medir: Auditoría de casos, departamento que se ocupa de establecer el manejo de los procesos desde la entrada por las distintas sedes, asignarle un número único a cada caso y darle seguimiento al proceso hasta su salida. Esto permite medir los plazos, el manejo indebido de los procesos.
Luego crearon el Departamento de Asuntos Internos, complementario de Auditoría, por medio del cual trabajan los casos de los servidores públicos de la Fiscalía que se ven involucrados en faltas o hechos delictivos, así como los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Asuntos Internos trabaja directamente con el despacho de la fiscal Reynoso Gómez.
Otros departamentos. Se creó la unidad de Litigación Definitiva, que pone dos fiscales por cada tribunal colegiado (porque los juicios no daban las sentencias solicitadas), a causas de ausencia o traslado de los imputados, falta de los fiscales en las audiencias, falta de notificaciones.
Instalaron el Departamento de Gestión de Notificación, el cual envía las citaciones a las personas, para evitar los aplazamientos de las audiencias por ausencia de las partes. Un cuerpo de alguaciles hace las notificaciones de acusaciones y querellas. Los expedientes llegan completos a los tribunales.
Por carencia de base de datos de los imputados en rebeldía, se creó el Departamento de Captura, el cual ubicó cerca de 7,200 prófugos por distintas causas, la mayoría por droga. La unidad hace las conducencias y arresta a los condenados en libertad y que se desaparecen de las autoridades en garantía económica.
El Departamento de Sistema de Calidad de Casos se creó en febrero, pero inició sus labores hace dos semanas. Es uno de los que más trabajo ha llevado. El protocolo de actuación enseña al fiscal cómo se hace un caso y los requisitos mínimos que debe de tener para entrar al sistema.
Reynoso Gómez señala que el Sistema de Calidad define su política de persecución frente a equis delitos, para que no se vea que el Ministerio Público varía de criterio y actúa un día de una forma y al otro día, de otra forma. Esta fase se ocupa de estandarizar los documentos en el criterio de calidad. Si procede acusar al imputado, el departamento de Calidad tramita la medida de coerción.
Las reglas varían si el caso es por droga, violencia de género, homicidio y trata de tráfico de persona y niños explotados, a vez, estos fueron los primeros departamentos instalados.
Gestión de Procesos es el departamento que vela porque los actos conclusivos se presenten dentro del plazo administrativo que estableció la Fiscalía, en un máximo de dos meses.
El Sistema de Atención es la única vía de entrada de las denuncias y querellas, para poder establecer las estadísticas de forma clara, por lo que el usuario no podrá interponer procesos por cualquier otro departamento. El área física de la edificación es acondicionada para albergar los nuevos departamentos.
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Metas para 2013
La fiscal tiene planes de aumentar considerablemente el conocimiento de los casos, mejorar significativamente la investigación, poner en práctica el protocolo de procesamiento de la escena del crimen, facilitarle al ciudadano el acceso de la justicia, con respuesta en tiempo oportuno. También, incursionar en las infracciones a la Ley de Tránsito junto a la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet). Mantener en agenda la persecución y prevención de la violencia de género y consolidar el sistema de gestión de calidad, para reducir la impunidad a su mínima expresión. Implementar la evaluación de desempeño de los fiscales.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
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Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.