Editorial
Miguel Vargas Maldonado en conflicto con su conciencia y con el país.
Cada día que pasa queda demostrado que en la República Dominicana hay toda una cadena de corrupción y complicidad que comienza en el Palacio Nacional y que penetra a la Justicia, el Congreso Nacional, los cuerpos castrenses, la Policía Nacional, los partidos políticos, los empresarios, los medios de comunicación y que luego se convierte en un cometa, porque nadie sabe dónde termina.
La revelación de la convicta Sobeida Félix Morel, no sólo constituye una demostración de la existencia de esa cadena de complicidad, sino también de que la misma se maneja con un código del silencio, mediante el cual sólo se sabe lo que a la propia instancia superior de la organización mafiosa le interesa que salga a la luz pública por la razón que sea.
De la revelación de Sobeida Félix Morel se deducen varias cosas, primero que los partidos políticos reciben regularmente dinero del bajo mundo, de organizaciones de narcotraficantes y segundo que el sistema judicial está contaminado de arriba hasta abajo e incluso con jueces de la Suprema Corte de Justicia que han llegado a esas posiciones sobre la base de acuerdos políticos y con poderosos narcotraficantes que controlan el mercado de las drogas en la República Dominicana.
El ex-fiscal Alejandro Moscoso Segarra y ahora juez de la Suprema Corte de Justicia debe ser investigado porque evidentemente que responde a esa cadena de complicidad de que hablamos, que además involucra a líderes políticos de la oposición y a personajes importantes del Gobierno, porque sólo así se podría entender que ese representante del ministerio público llegara a ese acuerdo con los procesados por sus vínculos con Figueroa Agosto y que el mismo se manejara hasta ahora como todo un secreto de Estado, porque ni siquiera se interrogó a los implicados por Sobeida Félix Moral, parece que por órdenes superiores y por razones políticas.
La complicidad de este ex-fiscal e incluso la forma como llegó a la Suprema Corte de Justicia, sobre la base del apoyo de uno de los señalados como beneficiarios de donaciones del narcotraficante puertorriqueño, y nos referimos muy concretamente al presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, quien, según Sobeida Félix, recibió alrededor de 300 mil dólares y una yipeta de su compañero sentimental, ahora recluido en una cárcel federal de los Estados Unidos, nos dice hasta dónde las llamadas altas cortes están seriamente contaminadas.
Miguel Vargas Maldonado ya debe darle un respiro a la sociedad dominicana, dado que toda su bellaquería lo que hace es enlodar más a un partido como el Revolucionario Dominicano, que ha dado demostraciones suficientes de que carece de moral y de escrúpulo para manejar el patrimonio público, lo cual también es propio del Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Reformista Social Cristiano.
Los tres operan como instancias mafiosas que con sus acciones y su forma de hacer política dañan a todos y cada uno de los dominicanos, a la Nación en el sentido más amplio de la palabra.
Este reclamo se inscribe en el marco de lo que debía ser, pero que jamás será en el contexto de la falta de institucionalidad y la impunidad que prevalece en el país, por lo que todo se queda en una simple aspiración.
Miguel Vargas Maldonado debe abandonar la política y concomitantemente ponerse a disposición de los tribunales competentes de la República Dominicana para que demuestre su inocencia o se compruebe su culpabilidad.
Ese es su deber por lo menos con sus propios compañeros, no lo que militan en una corriente distinta a la de él, sino a los que hacen causa común con su quehacer político ante tan grave imputación.
Y tiene que ser así porque este rufián de la política, no sólo recibió el dinero de Figueroa Agosto, sino también que se apropió de él, lo que implica la comisión de otro delito que tiene que ver con el manejo de fondos a través de donaciones ilegales que no reportó a su partido.
En tales circunstancias es importante apelar al método del Estado norteamericano, consistente en que si una persona se robó un peso perteneciente al patrimonio público, se asume que ese proceder es una norma en ese ciudadano y en consecuencia se le atribuyen otros delitos del mismo carácter para que sea el imputado quien demuestre lo contrario.
Esto así, porque entonces habría que determinar a cuántos narcotraficantes y delincuentes del bajo mundo Vargas Maldonado le aceptó donaciones que nunca reportó a sus propios compañeros y cuáles otras transacciones ilegales habría consumado el presidente del Partido Revolucionario Dominica no?
Toda la sociedad dominicana, incluyendo las organizaciones de profesionales, empresariales y sociales en sentido general, deben iniciar desde ya una cruzada para que no sólo Miguel Vargas Maldonado, sino también otros involucrados sean investigados y luego de comprobada su responsabilidad con los hechos imputados, someterlos a los tribunales ordinarios para dar un ejemplo, para sentar por lo menos un precedente de castigo a los que usan los partidos para delinquir.
Por lo menos esa sería la respuesta de una sociedad civilizada y con algún nivel de institucionalidad.
Desde los tiempos de Hans Kelsen y Carl Schmitt el debate se concentra en la necesidad de que el control de constitucionalidad esté en manos del Tribunal Constitucional, no del presidente de la República, para dar mayor garantía de imparcialidad en las decisiones que se toman en el sistema de justicia nacional.
Sin embargo, el presidencialismo se ha desbordado en los últimos años y en esa virtud muchos de los candidatos de derecha que han triunfado en las elecciones que se han producido en el planeta tienen la tendencia de irrespetar todos los controles impuestos por el derecho interno y externo.
Este problema tiene como cabeza de la violación del derecho internacional a los Estados Unidos de América, donde se han producido hermosos ejemplos del respeto a los derechos de las personas a través de la Constitución de la República, como el “checks and balances” y en lo que tiene que ver con el derecho constitucional difuso.
Sin embargo, siglos después de haberse tenido estos logros y que han impactado todo el derecho comparado internacional, llega al control del Estado en la potencia del norte una persona que ha echado por la borda todos los avances que ha habido en el marco del estado social democrático de derecho.
Y no es para menos, ya que ello ha conllevado que muchos de los gobernantes de países latinoamericanos, con altos niveles de atrasos, imiten lo que hace su amo que en este caso se trata del presidente Donald Trump, quien se ha puesto por encima de la Constitución de los Estados Unidos, ya que todas sus órdenes ejecutivas violan la carta magna, sin que nadie se dé por agraviado, ni siquiera la Suprema Corte de Justicia de allí.
El fenómeno ya ha hecho su impacto en la República Dominicana, donde el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, no tiene la menor idea de lo que es un Estado y mucho menos del fenómeno de la constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del año 2010.
De manera, que Abinader, quien no ha parado de meter “las patas” desde su llegado al poder, ha incurrido en un tipo de violación que no sólo impactó el derecho interno, sino también el externo, ya que sus decisiones se llevan de paro la Constitución de la República y los convenios y tratados internacionales.
Los errores en esta materia son muchos y muy variados, pero el peor de todos es el que tiene que ver con la promulgación de la Ley 13-26 en violación de la sentencia que sienta jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la TC/0788/24, la cual es el resultado de una acción del Congreso Nacional y del presidente Abinader, que sin tener la facultad para interpretar la carta magna, se atribuyen tal competencia y deciden aprobar primero y promulgar después una norma que choca de frente con la ley suprema de la nación.
Lo más grave de todo es que los tribunales también incurren en la misma ilegalidad para dejar en cuestionamiento la seguridad jurídica y todo el orden institucional de la nación, lo que, sin dudas, representa una amenaza para el sistema democrático.
El problema descansa en el país en que todo el sistema público, desde los órganos del Estado responsables de combatir la violación de la ley y la Constitución y los propios jueces y juezas, no tienen la independencia para tomar decisiones que enrumben el país por el camino del fortalecimiento institucional, porque responden, principalmente, a los intereses de los partidos políticos, que son los que al final de la jornada valoran y deciden a través del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) si los juzgadores en la justicia deben permanecer en sus puestos, lo cual está determinado por cómo se hayan manejado frente a ellos.
Esta distorsión, que ya compromete al presidente Abinader, es fruto de la nueva cultura en esta materia que pretende instaurar Donald Trump en el mundo con el socavamiento de todo el derecho internacional sobre la base de que predomine su interés personal y grupal.
Sólo las naciones que se respetan, donde está consolidado el derecho, valor y principio de la dignidad humana, tolerarán semejante comportamiento que coloca a las naciones en los tiempos de las cavernas en vez de la civilización y el progreso social, lo cual indica que en lo que respecta a la República Dominicana Luis Abinader ha marcado su conducta para toda su existencia como un irresponsable más que buscó el poder sin tener claro para qué, cuyo comportamiento daña más que lo que beneficia a la sociedad.
En el sistema de justicia nacional con las acciones de la partidocracia, que tira por la borda la carrera de cualquier juez, no importan que tan de carrera sea, predomina más el miedo a ser desplazado de su puesto que la vergüenza que se supone que debe ser lo que caracterice a los que tienen la sagrada misión de juzgar la conducta de los demás.
Con lo ocurrido ha salido a la superficie la convicción de los propios actores del sistema de que en la República Dominicana se cuenta con una Constitución de fachada, en la que predomina una percepción que no tiene nada que ver con la realidad y que la constitucionalización del derecho no es más que un mito, pero que del ciudadano depende que esta realidad pueda sufrir un cambio sustancial.
Aunque el deseo es un componente importante en cualquier esfuerzo para que las cosas sean mejores, pero la realidad no se cambia sólo con eso.
Sino que los grandes cambios tienen que conllevar un alto nivel de planificación y de trabajo consistente para poder alcanzar las metas trazadas.
En la República Dominicana todos los esfuerzos de algunos para alcanzar, por ejemplo, el manejo de la administración pública es muy marcado, pero desde que los actores de la vida política nacional se sienten con algún poder estatal, entonces desvían su atención y la solución de los problemas de la población pasan a un segundo plano.
Por esta razón los discursos de la oposición son muy atractivos y convincentes, pero cuando se llega al poder el mismo da un giro que lleva a la gente a perder la confianza en quien se apoyó en esa narrativa para dirigir el Estado.
Esa debilidad de los partidos políticos ha querido cubrirse con el fenómeno del clientelismo, pero la verdad que es prácticamente imposible darle de forma personal alguna dádiva del Estado a todos y cada uno de los ciudadanos, pese a que ello sí es posible mediante la satisfacción de necesidades sociales, es decir, de la solución colectiva de los problemas.
Si el Estado a través de la gestión de los partidos logra una buena educación o buen sistema de salud, la gente lo aprecia y respeta al que lo hace, pero además crea una buena imagen de la administración pública.
En el país el problema estriba en que los partidos no ven las cosas de esa manera, ya que a los principales actores de la actividad política sólo les interesa resolver los problemas individuales o personales, sobre todo a nivel monetario, pero no promover una inversión estatal que fortalezca el sistema.
Por esta razón, ha tomado tanto poder la corrupción administrativa, cuyos responsables gozan además de impunidad, la cual no tiene límites y que se puede decir que sale del Palacio Nacional, entra a un sector importante del empresariado, penetra en los principales medios de comunicación y luego se convierte en un cometa, que nadie sabe dónde termina.
Este problema, conjuntamente con otros tan o más graves, no es tan fácil de erradicar porque se trata de un mal que tiene un profundo componente cultural, que viene desde de los tiempos de la colonia, cuyas consecuencias han lacerado toda la vida nacional.
El asunto ha derivado en que todo se ve desde la perspectiva de los negocios y en realidad no debe ser así, porque hay renglones que su manejo tiene que ver principalmente con la preservación de una serie de valores sociales y morales que no respetarlos hace que la sociedad pase de los tiempos de la civilización a la época de las cavernas.
En este contexto está, por ejemplo, la educación, la cual es el alma de un verdadero desarrollo humano, pero que cuando la misma es contaminada con la corrupción y con otros hechos que le quitan sentido, la sociedad entra en un nivel de estancamiento y retroceso de la que nadie la puede salvar.
El problema es que ya esta crisis ha tocado fondo y que la solución de la misma no puede estar en manos de los que la provocaron, ya que ellos no abandonan la idea de que el Estado es para usarlo en beneficio individual y de los grupos que están anidados en el seno de los partidos políticos del país.
¡Es así de sencillo!
Editorial
Los intereses y la conveniencia es lo que determina el respeto a la Constitución y la jurisprudencia del TC en el país.
Con toda razón diversos sectores de la sociedad dominicana han salido al frente de una de las tantas violaciones constitucionales en que incurre la Junta Central Electoral (JCE).
El debate ahora tiene que ver con el reglamento dictado por el órgano comicial que dispone la prohibición de encuestas antes del inicio de la precampaña y la campaña electoral.
La preocupación es legítima, sobre todo por la acción ilegal provenir de un órgano que es el que tiene que ver con el montaje y fiscalización de las elecciones para escoger las autoridades nacionales.
Sin embargo, llama a la atención de que en algunos casos se quiera hacer valer las jurisprudencias del Tribunal Constitucional y en otros se haya querido justificar la violación que proviene de la JCE.
Son innumerables los errores de la JCE, cuyos peores son aquellos que consistieron en el sometimiento de un proyecto de ley para regular las candidaturas independientes que violaba una serie de derechos fundamentales y los que llevaron al organo comicial a acogerse a la promulgacion ilegal del presidente Luis Abinader de una pretendida ley, la 13-26, que viola la sentencia TC/0788/24 que sentó jurispredencia en el pais en esta materia.
Es como una especie de ver sólo lo que conviene en violación de la regla general que establece la Constitución como ley suprema de la nación.
Naturalmente, no es de ninguna manera, que el reclamo no tenga asidero en lo que se refiere a la prohibición de encuestas, sino que de igual modo que se ha rechazado el reglamento de la JCE sobre la prohibición de encuestas, igual debió ocurrir cuando el presidente Luis Abinader viola la Constitución con la promulgación de una supuesta ley que debió ser observada.
De cualquier manera, los fiascos cometidos por la Junta Central Electoral ponen en tela de juicio la eficiencia de este órgano para controlar unas elecciones donde se supone que debe primar el principio de legalidad y de juridicidad y los cuales viola cotidianamente.
Este periódico pese a que entiende que las encuestas son un instrumento, muchas veces, para desinformar y manipular al votantes por empresas que su regla del juego es buscar dinero por esta vía, pero no hay otra opción que acogerse a los principios de legalidad y de juridicidad y al mandato de la Constitución de la República.