Editorial
Miguel Vargas Maldonado en conflicto con su conciencia y con el país.
Cada día que pasa queda demostrado que en la República Dominicana hay toda una cadena de corrupción y complicidad que comienza en el Palacio Nacional y que penetra a la Justicia, el Congreso Nacional, los cuerpos castrenses, la Policía Nacional, los partidos políticos, los empresarios, los medios de comunicación y que luego se convierte en un cometa, porque nadie sabe dónde termina.
La revelación de la convicta Sobeida Félix Morel, no sólo constituye una demostración de la existencia de esa cadena de complicidad, sino también de que la misma se maneja con un código del silencio, mediante el cual sólo se sabe lo que a la propia instancia superior de la organización mafiosa le interesa que salga a la luz pública por la razón que sea.
De la revelación de Sobeida Félix Morel se deducen varias cosas, primero que los partidos políticos reciben regularmente dinero del bajo mundo, de organizaciones de narcotraficantes y segundo que el sistema judicial está contaminado de arriba hasta abajo e incluso con jueces de la Suprema Corte de Justicia que han llegado a esas posiciones sobre la base de acuerdos políticos y con poderosos narcotraficantes que controlan el mercado de las drogas en la República Dominicana.
El ex-fiscal Alejandro Moscoso Segarra y ahora juez de la Suprema Corte de Justicia debe ser investigado porque evidentemente que responde a esa cadena de complicidad de que hablamos, que además involucra a líderes políticos de la oposición y a personajes importantes del Gobierno, porque sólo así se podría entender que ese representante del ministerio público llegara a ese acuerdo con los procesados por sus vínculos con Figueroa Agosto y que el mismo se manejara hasta ahora como todo un secreto de Estado, porque ni siquiera se interrogó a los implicados por Sobeida Félix Moral, parece que por órdenes superiores y por razones políticas.
La complicidad de este ex-fiscal e incluso la forma como llegó a la Suprema Corte de Justicia, sobre la base del apoyo de uno de los señalados como beneficiarios de donaciones del narcotraficante puertorriqueño, y nos referimos muy concretamente al presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, quien, según Sobeida Félix, recibió alrededor de 300 mil dólares y una yipeta de su compañero sentimental, ahora recluido en una cárcel federal de los Estados Unidos, nos dice hasta dónde las llamadas altas cortes están seriamente contaminadas.
Miguel Vargas Maldonado ya debe darle un respiro a la sociedad dominicana, dado que toda su bellaquería lo que hace es enlodar más a un partido como el Revolucionario Dominicano, que ha dado demostraciones suficientes de que carece de moral y de escrúpulo para manejar el patrimonio público, lo cual también es propio del Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Reformista Social Cristiano.
Los tres operan como instancias mafiosas que con sus acciones y su forma de hacer política dañan a todos y cada uno de los dominicanos, a la Nación en el sentido más amplio de la palabra.
Este reclamo se inscribe en el marco de lo que debía ser, pero que jamás será en el contexto de la falta de institucionalidad y la impunidad que prevalece en el país, por lo que todo se queda en una simple aspiración.
Miguel Vargas Maldonado debe abandonar la política y concomitantemente ponerse a disposición de los tribunales competentes de la República Dominicana para que demuestre su inocencia o se compruebe su culpabilidad.
Ese es su deber por lo menos con sus propios compañeros, no lo que militan en una corriente distinta a la de él, sino a los que hacen causa común con su quehacer político ante tan grave imputación.
Y tiene que ser así porque este rufián de la política, no sólo recibió el dinero de Figueroa Agosto, sino también que se apropió de él, lo que implica la comisión de otro delito que tiene que ver con el manejo de fondos a través de donaciones ilegales que no reportó a su partido.
En tales circunstancias es importante apelar al método del Estado norteamericano, consistente en que si una persona se robó un peso perteneciente al patrimonio público, se asume que ese proceder es una norma en ese ciudadano y en consecuencia se le atribuyen otros delitos del mismo carácter para que sea el imputado quien demuestre lo contrario.
Esto así, porque entonces habría que determinar a cuántos narcotraficantes y delincuentes del bajo mundo Vargas Maldonado le aceptó donaciones que nunca reportó a sus propios compañeros y cuáles otras transacciones ilegales habría consumado el presidente del Partido Revolucionario Dominica no?
Toda la sociedad dominicana, incluyendo las organizaciones de profesionales, empresariales y sociales en sentido general, deben iniciar desde ya una cruzada para que no sólo Miguel Vargas Maldonado, sino también otros involucrados sean investigados y luego de comprobada su responsabilidad con los hechos imputados, someterlos a los tribunales ordinarios para dar un ejemplo, para sentar por lo menos un precedente de castigo a los que usan los partidos para delinquir.
Por lo menos esa sería la respuesta de una sociedad civilizada y con algún nivel de institucionalidad.
Durante décadas, República Dominicana ha hablado con orgullo de sus ciudadanos residentes en el exterior.
Los llamamos diáspora. Reconocemos sus sacrificios. Celebramos sus éxitos.
Y cada mes observamos atentamente cuánto dinero enviaron al país.
Pero ha llegado el momento de preguntarnos si el reconocimiento que República Dominicana ofrece a sus dominicanos en el exterior está realmente a la altura de lo que ellos representan para la nación.
Los números hablan con claridad.
En 2025 ingresaron al país US$11,866.3 millones en remesas, mientras que entre enero y julio de 2026 ya se habían recibido US$7,316.4 millones. Estados Unidos continúa siendo, con enorme diferencia, el principal origen de esos recursos.
Pero La República entiende que medir a nuestros emigrantes exclusivamente por las remesas constituye una visión incompleta de la diáspora.
Detrás de esas cifras existen ciudadanos.
Existen familias.
Existen décadas de trabajo y sacrificio.
Muchos dominicanos tuvieron que construir su futuro lejos de su tierra sin abandonar nunca completamente el país que dejaron.
Han sostenido padres, hijos y hermanos. Han financiado viviendas, educación, alimentación y pequeños negocios. Han invertido sus ahorros en República Dominicana y han promovido nuestra cultura fuera de nuestras fronteras.
Nueva York constituye probablemente la expresión histórica más poderosa de ese fenómeno.
Allí los dominicanos han pasado de trabajadores inmigrantes a comerciantes, profesionales, empresarios, dirigentes comunitarios y representantes políticos.
Ahora esa comunidad está cambiando.
Investigaciones recientes muestran una reducción de la población dominicana residente dentro de la ciudad de Nueva York y sugieren un desplazamiento hacia otras zonas de Estados Unidos.
Eso significa que República Dominicana también deberá cambiar la manera en que piensa su diáspora.
No podemos continuar diseñando nuestra relación con el dominicano del exterior como si todos permanecieran concentrados en los mismos barrios de Nueva York.
El Estado dominicano necesita conocer dónde están sus ciudadanos, qué necesitan, cómo están evolucionando sus nuevas generaciones y de qué manera pueden participar más activamente en el desarrollo nacional.
También necesitamos construir una relación que vaya más allá de pedir inversión, promover turismo o celebrar el volumen de las remesas.
La segunda y tercera generación dominicana en Estados Unidos representa un patrimonio extraordinario.
Son jóvenes que pueden dominar dos idiomas, comprender dos culturas y desenvolverse profesionalmente dentro de una de las economías más importantes del mundo.
Mantenerlos vinculados a República Dominicana debe convertirse en una política de Estado.
Eso requiere programas educativos y culturales, oportunidades de inversión transparentes, fortalecimiento de los servicios consulares y mecanismos efectivos para incorporar conocimientos, emprendimientos y capacidades profesionales de la diáspora.
El dominicano residente en Nueva York no debe sentirse importante para su país únicamente cuando envía dinero.
Debe sentirse parte de él.
La República considera que nuestra diáspora constituye una extensión humana de la nación dominicana.
Reconocerla verdaderamente significa escucharla, proteger sus vínculos con el país y crear condiciones para que sus nuevas generaciones puedan seguir sintiendo que República Dominicana también les pertenece.
Porque los dominicanos que un día salieron buscando oportunidades no abandonaron necesariamente la patria.
En muchos casos, simplemente ampliaron sus fronteras.
El motoconcho forma parte de la cotidianidad dominicana. Está presente en los barrios, municipios, comunidades rurales, mercados, hospitales, centros educativos y alrededores de las principales estaciones y paradas del transporte colectivo.
Negar su importancia sería desconocer una realidad social y económica construida durante décadas.
Para miles de ciudadanos representa una fuente de ingresos. Para muchos otros constituye una alternativa rápida para trasladarse hacia lugares donde el transporte público resulta insuficiente o inexistente.
Por eso, criminalizar indiscriminadamente al motoconchista sería un error.
Pero igualmente irresponsable sería ignorar las consecuencias negativas asociadas a la falta de regulación y al incumplimiento de las normas de tránsito.
República Dominicana cerró 2025 con 3,846,694 motocicletas registradas, equivalentes al 57.9 % del parque vehicular nacional. La motocicleta dejó hace mucho tiempo de ser un elemento marginal del tránsito para convertirse en protagonista de la movilidad nacional.
Y precisamente por eso debe preocuparnos otra cifra: de las 2,992 personas fallecidas en siniestros viales durante 2025, más del 65 % eran motociclistas, según datos divulgados por el INTRANT.
No todos eran motoconchistas. Sería incorrecto afirmarlo. Pero la estadística demuestra que quienes se desplazan sobre dos ruedas constituyen uno de los grupos más vulnerables de nuestras vías.
Frente a esta realidad, el país necesita superar dos posiciones extremas: la persecución indiscriminada del motoconchista y la tolerancia absoluta frente al desorden.
Ni prohibición ni anarquía. Regulación.
Todo conductor dedicado al transporte de pasajeros debe estar identificado, poseer la licencia correspondiente, utilizar una motocicleta debidamente registrada y cumplir rigurosamente las normas de seguridad vial.
El casco protector debe ser obligatorio tanto para quien conduce como para quien utiliza el servicio. Las paradas tienen que estar organizadas y ubicadas de manera que no obstaculicen calles, aceras ni entradas de establecimientos. Y las autoridades deben establecer mecanismos que permitan identificar con facilidad al conductor que presta el servicio.
La formalización también beneficia al motoconchista.
Un trabajador registrado y capacitado adquiere legitimidad frente al ciudadano. Deja de ser visto como parte de una actividad desorganizada para convertirse en prestador reconocido de un servicio de transporte.
Los operativos realizados durante 2026 muestran que las autoridades han comenzado a avanzar en esa dirección. En junio fueron intervenidas 488 paradas en distintos puntos del país dentro del proceso nacional de regularización, mientras la emisión de nuevas licencias categoría 1 para motocicletas aumentó 107.5 % entre marzo y junio.
Es un avance, pero la solución no puede depender exclusivamente de fiscalizaciones temporales.
Hace falta una política permanente.
El Estado debe combinar autoridad con educación, organización con oportunidades de formalización y fiscalización con prevención.
También corresponde responsabilidad a los propios motoconchistas. Quien transporta pasajeros no solamente conduce una motocicleta: lleva consigo una vida humana. Respetar un semáforo, utilizar casco, evitar una maniobra peligrosa o reducir la velocidad puede marcar la diferencia entre terminar un viaje o terminar una vida.
Y existe igualmente una responsabilidad ciudadana. El pasajero debe comenzar a exigir seguridad. No debería aceptar como normal abordar una motocicleta sin casco o viajar con alguien que conduce de manera temeraria.
El motoconchismo ofrece beneficios evidentes: genera ingresos, facilita la movilidad, conecta comunidades y complementa el transporte colectivo. Pero también produce desafíos que no pueden seguir posponiéndose: accidentalidad, informalidad, desorden vial y dificultades de identificación y control.
La solución sensata no consiste en acabar con una actividad de la que dependen numerosas familias.
Consiste en dignificarla.
República Dominicana necesita un motoconcho organizado, seguro y profesional. Un servicio donde trabajar no signifique arriesgar la vida y donde llegar rápido nunca sea más importante que llegar vivo.
La República Dominicana tiene razones para valorar cualquier avance que permita ampliar las oportunidades de trabajo. Pero las estadísticas laborales también obligan a observar una realidad que no debe ser normalizada: durante el primer trimestre de 2026, el 54.1 % de los ocupados se encontraba en la informalidad, frente a un 45.9 % de ocupación formal.
El dato merece atención precisamente porque la economía ha comenzado a recuperar dinamismo. En junio, la actividad económica creció 6.4 % interanual y el primer semestre acumuló una expansión de 4.5 %, según el Banco Central.
El país necesita crecimiento, inversión y empresas capaces de competir. Pero necesita igualmente que el progreso económico pueda sentirse en la estabilidad de los hogares.
Un trabajador no deja de ser productivo porque sea informal, ni un pequeño comerciante debe ser visto automáticamente como alguien que pretende incumplir la ley. En muchos casos, la informalidad es consecuencia de barreras económicas, administrativas y estructurales que el Estado tiene la obligación de comprender y reducir.
Por eso, formalizar no puede significar simplemente aumentar controles. Debe significar abrir puertas.
Las micro y pequeñas empresas necesitan procesos sencillos, financiamiento accesible, capacitación y condiciones que les permitan asumir gradualmente sus responsabilidades. Los trabajadores independientes necesitan mecanismos de protección compatibles con la realidad de sus ingresos. Y los jóvenes necesitan una ruta clara hacia su primer empleo formal.
También corresponde al sector empresarial asumir su responsabilidad. La competitividad no puede construirse sobre la precariedad permanente de la fuerza laboral. Una economía moderna necesita productividad, innovación y capital humano, pero también relaciones laborales capaces de ofrecer seguridad y perspectivas de progreso.
El crecimiento económico debe convertirse en una herramienta para ampliar oportunidades y no solamente en una estadística macroeconómica favorable.
Reducir significativamente la informalidad laboral debe ser una prioridad nacional que trascienda gobiernos y coyunturas. Para conseguirlo será necesario coordinar políticas laborales, tributarias, educativas, productivas y de protección social.
La República considera que el país debe avanzar hacia una nueva etapa en la que la pregunta no sea solamente cuántos empleos se crean, sino qué calidad tienen esos empleos y cuánto contribuyen al bienestar de quienes los desempeñan.
Porque detrás de cada porcentaje existe una persona, una familia y una expectativa de futuro.
El desarrollo será verdaderamente exitoso cuando crecimiento, productividad, oportunidades y dignidad laboral avancen en una misma dirección.