Editorial
Miguel Vargas Maldonado en conflicto con su conciencia y con el país.
Cada día que pasa queda demostrado que en la República Dominicana hay toda una cadena de corrupción y complicidad que comienza en el Palacio Nacional y que penetra a la Justicia, el Congreso Nacional, los cuerpos castrenses, la Policía Nacional, los partidos políticos, los empresarios, los medios de comunicación y que luego se convierte en un cometa, porque nadie sabe dónde termina.
La revelación de la convicta Sobeida Félix Morel, no sólo constituye una demostración de la existencia de esa cadena de complicidad, sino también de que la misma se maneja con un código del silencio, mediante el cual sólo se sabe lo que a la propia instancia superior de la organización mafiosa le interesa que salga a la luz pública por la razón que sea.
De la revelación de Sobeida Félix Morel se deducen varias cosas, primero que los partidos políticos reciben regularmente dinero del bajo mundo, de organizaciones de narcotraficantes y segundo que el sistema judicial está contaminado de arriba hasta abajo e incluso con jueces de la Suprema Corte de Justicia que han llegado a esas posiciones sobre la base de acuerdos políticos y con poderosos narcotraficantes que controlan el mercado de las drogas en la República Dominicana.
El ex-fiscal Alejandro Moscoso Segarra y ahora juez de la Suprema Corte de Justicia debe ser investigado porque evidentemente que responde a esa cadena de complicidad de que hablamos, que además involucra a líderes políticos de la oposición y a personajes importantes del Gobierno, porque sólo así se podría entender que ese representante del ministerio público llegara a ese acuerdo con los procesados por sus vínculos con Figueroa Agosto y que el mismo se manejara hasta ahora como todo un secreto de Estado, porque ni siquiera se interrogó a los implicados por Sobeida Félix Moral, parece que por órdenes superiores y por razones políticas.
La complicidad de este ex-fiscal e incluso la forma como llegó a la Suprema Corte de Justicia, sobre la base del apoyo de uno de los señalados como beneficiarios de donaciones del narcotraficante puertorriqueño, y nos referimos muy concretamente al presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, quien, según Sobeida Félix, recibió alrededor de 300 mil dólares y una yipeta de su compañero sentimental, ahora recluido en una cárcel federal de los Estados Unidos, nos dice hasta dónde las llamadas altas cortes están seriamente contaminadas.
Miguel Vargas Maldonado ya debe darle un respiro a la sociedad dominicana, dado que toda su bellaquería lo que hace es enlodar más a un partido como el Revolucionario Dominicano, que ha dado demostraciones suficientes de que carece de moral y de escrúpulo para manejar el patrimonio público, lo cual también es propio del Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Reformista Social Cristiano.
Los tres operan como instancias mafiosas que con sus acciones y su forma de hacer política dañan a todos y cada uno de los dominicanos, a la Nación en el sentido más amplio de la palabra.
Este reclamo se inscribe en el marco de lo que debía ser, pero que jamás será en el contexto de la falta de institucionalidad y la impunidad que prevalece en el país, por lo que todo se queda en una simple aspiración.
Miguel Vargas Maldonado debe abandonar la política y concomitantemente ponerse a disposición de los tribunales competentes de la República Dominicana para que demuestre su inocencia o se compruebe su culpabilidad.
Ese es su deber por lo menos con sus propios compañeros, no lo que militan en una corriente distinta a la de él, sino a los que hacen causa común con su quehacer político ante tan grave imputación.
Y tiene que ser así porque este rufián de la política, no sólo recibió el dinero de Figueroa Agosto, sino también que se apropió de él, lo que implica la comisión de otro delito que tiene que ver con el manejo de fondos a través de donaciones ilegales que no reportó a su partido.
En tales circunstancias es importante apelar al método del Estado norteamericano, consistente en que si una persona se robó un peso perteneciente al patrimonio público, se asume que ese proceder es una norma en ese ciudadano y en consecuencia se le atribuyen otros delitos del mismo carácter para que sea el imputado quien demuestre lo contrario.
Esto así, porque entonces habría que determinar a cuántos narcotraficantes y delincuentes del bajo mundo Vargas Maldonado le aceptó donaciones que nunca reportó a sus propios compañeros y cuáles otras transacciones ilegales habría consumado el presidente del Partido Revolucionario Dominica no?
Toda la sociedad dominicana, incluyendo las organizaciones de profesionales, empresariales y sociales en sentido general, deben iniciar desde ya una cruzada para que no sólo Miguel Vargas Maldonado, sino también otros involucrados sean investigados y luego de comprobada su responsabilidad con los hechos imputados, someterlos a los tribunales ordinarios para dar un ejemplo, para sentar por lo menos un precedente de castigo a los que usan los partidos para delinquir.
Por lo menos esa sería la respuesta de una sociedad civilizada y con algún nivel de institucionalidad.
La influencia de la política populista y del atropello del derecho internacional por parte del presidente del Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, no ha dejado dudas del poder que otorga el presidencialismo en el mundo.
El caso de los Estados Unidos de América ha puesto a prueba el poder que tiene un presidente de la República frente a los que se suponen altos de niveles de institucionalidad logrados durante siglos de luchas y largas y complejas batallas jurídicas.
No ha sido difícil Trump hacer las cosas como le venga en gana, sin que nadie, absolutamente nadie, le ponga freno, ni siquiera la Suprema Corte de Justicia, lo que genera un deterioro que durante muchas décadas difícilmente se pueda reponer.
Lo más preocupante de lo que ocurre es cómo daña la democracia ese comportamiento en el resto del mundo, principalmente en los países latinoamericanos, donde hay toda una historia de gobiernos dictatoriales y de una corrupción generalizada.
Por ejemplo, que temor puede tener Luis Abinader de violar la Constitución y el orden institucional cuando tiene como carta de presentación la imitación de lo que ocurre en la potencia del norte, la cual, incluso, se ha pasado la vida supervisando la conducta de los gobiernos de todo el planeta.
El Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que supo engañar a todo el mundo cuando quiso ascender al gobierno, pero que ahora tanto su presidente y la propia organización que sustenta la fuerza que otorga el poder público, ha dado señales claras de que es más conservadora, corrupta y anti-democrática que sus antecesores.
A este comportamiento se suma que los dirigentes de esta entidad política no tienen una agenda y una visión de futuro, sino que se ciegan y no miran más allá del escritorito de la oficina que ocupan mediante el carguito en el que fueron designados.
En el país no existe la menor duda de que Luis Abinader es una extensión de las políticas arbitrarias e ilegales de Donald Trump, cuyo peso se vuelve irresistible para una democracia débil y de papel como la dominicana.
El fenómeno tiene otro agravante y es que la gran mayoría de los que buscan mantenerse en el poder mediante figuras sin ninguna formación para dirigir el Estado, implica unos peligros que puede llevar a la República Dominicana a la conversión de otro Haití, con un Estado que sólo exista de derecho, pero no de hecho, es decir, sólo en el papel.
El otro factor que pesa mucho en el proceso de deterioro de la democracia nacional es que la distribución de publicidad oficial en los diferentes medios de comunicación, convencionales y digitales, es una herramienta para contrarrestar el nivel de criticidad a las acciones antijurídicas de las actuales autoridades nacionales.
Con toda legitimidad se puede pensar que podría hacerse muy tarde para salvar a la República Dominicana de una tendencia que procura hacer pedazos el Estado de Derecho y la democracia nacional.
La muerte de un chofer de un camión recolector de basura ha dejado al descubierto una situación que debe llamar a la alarma a las autoridades nacionales, dado que más de un cincuenta por ciento de las muertes violentas en el país provienen de conflictos sociales.
La fuente principal de este problema son el tránsito vehicular y los condominios, tanto de viviendas como comerciales, entre otros hechos que se vuelven violento, cuya Ley 5038 parece no encajar con la gravedad de la cuestión de las diferencias entre los que viven y trabajan en este tipo de complejo.
Puede asegurarse que la detonante de los conflictos en los condominios podría ser mucho peor de lo que ocurre con hechos como el del chofer que murió atacado por motoristas en Santiago.
La advertencia tiene que ver con la negligencia y la incapacidad que se observa en la fiscalía, la Policía y la justicia para afrontar esta problemática, ya que hay un alto nivel de tolerancia por parte de las autoridades que deja estupefacto a cualquiera.
El problema reviste tal gravedad que los fiscales no logran ver los ilícitos penales que se cometen en los condominios y se focalizan principalmente en lo que llaman un conflicto social sin profundizar en el intríngulis o la esencia de la situación.
Este periódico advierte que lo que ocurre con los condominios podría explotar con resultados preocupantes para la sociedad, ya que hay una acumulación de tensiones, cuyos resultados podrían ser lamentables para todos.
Hay que decir que la tragedia que ahora ha ocurrido con el chofer que genera el presente editorial, representa un llamado de alarma de una sociedad donde la violencia toma rebetes muy preocupantes.
Tal vez lo más aconsejable es que la Procuraduría General de la República entrene mejor a los fiscales que bregan con este problema, porque definitivamente hay que estar a la expectativa de la detonación de un problema social de grandes magnitudes.
Otra cosa que debe ocurrir es reformar la Ley 5038 para atribuir mayor responsabilidad a los funcionarios públicos, principalmente a fiscales y policías, a los fines de evitar un gran dolor de cabeza para la sociedad dominicana.
El problema está planteado y ahora falta ver cómo se afronta lo que podría ser una gran causa de desasosiego nacional, máxime cuando el país tiene un aumento impresionante de esta forma de vivienda en todo el territorio nacional.
La muerte del chofer lleva a poner el tema de la violencia social, la vía de hecho, hacer justicia con sus propias, sobre la mesa, a los fines, sino de lograr eliminar el mal o por lo menos disminuirlo a su más mínima expresion.
La muerte del chofer del camión recolector de basura en Santiago es un llamado para encender las alarmas, ya que la agresion en su contra se produjo en el mismo entorno donde los responsables de lo que ocurre operan, como lo es el Palacio de Justicia de Santiago, donde están localizados los fiscales, una dotacion politicial y donde se conocen las audiencias civiles y penales del distrito judicial de Santiago.
En este caso se impone recurrir a la expresion que dice: «No hay bien que por mal no venga», ya que tuvo que producirse una muerte cruel en el mismo entorno de la justicia para llamar a la atencion a la sociedad sobre el grave problema de la violencia social.
Los colegios profesionales, corporaciones de derecho público de carácter autónomos, con personalidad jurídica propia, sirven de ejemplo, de que no es suficiente la creación de leyes que no funcionan o que se crean con el propósito de organizar la sociedad.
La razón de ser de este tipo de modelo institucional es mejorar sectoriamente los niveles de institucionalidad de que adolecen los países del llamado tercer mundo, aunque la figura ya es encontrada también en los países desarrollados como los Estados Unidos de América e Inglaterra.
Ello deja claro que pese a que se creen los mecanismos idóneos para combatir el mal comportamiento, porque si el país como tal no anda bien, resulta difícil, por no decir imposible, disciplinarlo y llevarlo a un estándar de vida que se corresponda con una sociedad civilizada y respetuosa de las reglas establecidas.
Es ahí donde descansa el fracaso de los colegios profesionales en el país, ya que no importa que buena y perfecta sea la ley que les da soporte, si el Estado no tiene capacidad fiscalizadora y reguladora, lo cual implica que tenga un cierto nivel de institucionalidad.
Este periódico siempre ha sostenido que el Estado impone valores o antivalores, porque tiene la fuerza para ello, pero si quienes lo manejan se inclinan por violar la ley y hacer lo mal hecho es una forma de imponer falsos valores y todo lo que se derive de él difícilmente pueda caminar derecho.
Es el caso de los colegios profesionales y ahí está la explicación de que sean una réplica de una sociedad en la que ya no existen valores, sino antivalores, por lo que todo el que los controla procura que su gestión responde más que a otra cosa a sus intereses personales.
Este cuadro y los resultados dejados hasta ahora por la figura de los colegios profesionales, permite llegar a la conclusión que el país está ante otro gran fiasco nacional, así como lo han sido los partidos políticos y las cooperativas de ahorros y préstamos, pero podrían agregarse también el Congreso Nacional y el sistema de justicia.
Pero igual afirmación se puede hacer del Ministerio Público y de todo lo que tiene que ver con el Poder Ejecutivo por cuyo despecho de su principal titular, el presidente de la República, es por donde entra la corrupción, la cual se expande a un amplio sector del empresario e impacta a los medios de comunicación social y luego se convierte en un cometa, porque que no se sabe dónde termina.
Esa cadena de complicidad para incurrir en lo mal hecho es lo que explica que instituciones como los colegios profesionales también estén contaminados y que sean un fiasco nacional.