Editorial
Miguel Vargas Maldonado en conflicto con su conciencia y con el país.
Cada día que pasa queda demostrado que en la República Dominicana hay toda una cadena de corrupción y complicidad que comienza en el Palacio Nacional y que penetra a la Justicia, el Congreso Nacional, los cuerpos castrenses, la Policía Nacional, los partidos políticos, los empresarios, los medios de comunicación y que luego se convierte en un cometa, porque nadie sabe dónde termina.
La revelación de la convicta Sobeida Félix Morel, no sólo constituye una demostración de la existencia de esa cadena de complicidad, sino también de que la misma se maneja con un código del silencio, mediante el cual sólo se sabe lo que a la propia instancia superior de la organización mafiosa le interesa que salga a la luz pública por la razón que sea.
De la revelación de Sobeida Félix Morel se deducen varias cosas, primero que los partidos políticos reciben regularmente dinero del bajo mundo, de organizaciones de narcotraficantes y segundo que el sistema judicial está contaminado de arriba hasta abajo e incluso con jueces de la Suprema Corte de Justicia que han llegado a esas posiciones sobre la base de acuerdos políticos y con poderosos narcotraficantes que controlan el mercado de las drogas en la República Dominicana.
El ex-fiscal Alejandro Moscoso Segarra y ahora juez de la Suprema Corte de Justicia debe ser investigado porque evidentemente que responde a esa cadena de complicidad de que hablamos, que además involucra a líderes políticos de la oposición y a personajes importantes del Gobierno, porque sólo así se podría entender que ese representante del ministerio público llegara a ese acuerdo con los procesados por sus vínculos con Figueroa Agosto y que el mismo se manejara hasta ahora como todo un secreto de Estado, porque ni siquiera se interrogó a los implicados por Sobeida Félix Moral, parece que por órdenes superiores y por razones políticas.
La complicidad de este ex-fiscal e incluso la forma como llegó a la Suprema Corte de Justicia, sobre la base del apoyo de uno de los señalados como beneficiarios de donaciones del narcotraficante puertorriqueño, y nos referimos muy concretamente al presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, quien, según Sobeida Félix, recibió alrededor de 300 mil dólares y una yipeta de su compañero sentimental, ahora recluido en una cárcel federal de los Estados Unidos, nos dice hasta dónde las llamadas altas cortes están seriamente contaminadas.
Miguel Vargas Maldonado ya debe darle un respiro a la sociedad dominicana, dado que toda su bellaquería lo que hace es enlodar más a un partido como el Revolucionario Dominicano, que ha dado demostraciones suficientes de que carece de moral y de escrúpulo para manejar el patrimonio público, lo cual también es propio del Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Reformista Social Cristiano.
Los tres operan como instancias mafiosas que con sus acciones y su forma de hacer política dañan a todos y cada uno de los dominicanos, a la Nación en el sentido más amplio de la palabra.
Este reclamo se inscribe en el marco de lo que debía ser, pero que jamás será en el contexto de la falta de institucionalidad y la impunidad que prevalece en el país, por lo que todo se queda en una simple aspiración.
Miguel Vargas Maldonado debe abandonar la política y concomitantemente ponerse a disposición de los tribunales competentes de la República Dominicana para que demuestre su inocencia o se compruebe su culpabilidad.
Ese es su deber por lo menos con sus propios compañeros, no lo que militan en una corriente distinta a la de él, sino a los que hacen causa común con su quehacer político ante tan grave imputación.
Y tiene que ser así porque este rufián de la política, no sólo recibió el dinero de Figueroa Agosto, sino también que se apropió de él, lo que implica la comisión de otro delito que tiene que ver con el manejo de fondos a través de donaciones ilegales que no reportó a su partido.
En tales circunstancias es importante apelar al método del Estado norteamericano, consistente en que si una persona se robó un peso perteneciente al patrimonio público, se asume que ese proceder es una norma en ese ciudadano y en consecuencia se le atribuyen otros delitos del mismo carácter para que sea el imputado quien demuestre lo contrario.
Esto así, porque entonces habría que determinar a cuántos narcotraficantes y delincuentes del bajo mundo Vargas Maldonado le aceptó donaciones que nunca reportó a sus propios compañeros y cuáles otras transacciones ilegales habría consumado el presidente del Partido Revolucionario Dominica no?
Toda la sociedad dominicana, incluyendo las organizaciones de profesionales, empresariales y sociales en sentido general, deben iniciar desde ya una cruzada para que no sólo Miguel Vargas Maldonado, sino también otros involucrados sean investigados y luego de comprobada su responsabilidad con los hechos imputados, someterlos a los tribunales ordinarios para dar un ejemplo, para sentar por lo menos un precedente de castigo a los que usan los partidos para delinquir.
Por lo menos esa sería la respuesta de una sociedad civilizada y con algún nivel de institucionalidad.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.