Editorial
La Migración Haitiana: Un Problema de Seguridad Nacional.
La inmigración haitiana juega un papel muy importante en la economía dominicana, sobre todo porque su mano de obra ya no sólo es la principal en el corte de la caña, sino también en la industria de la construcción y en el trabajo agrícola en la República Dominicana.
Haití es en realidad nuestra hermano siamés, porque somos dos países que compartimos la misma isla y tenemos en común los mismos sufrimientos y somos víctimas de los mismos verdugos.
Haitianos y dominicanos tenemos que trabajar para construir un futuro mejor, a fin de que nuestros pueblos no sigan sumidos en la miseria como consecuencia del mal manejo del patrimonio público por parte de una clase política indolente y que no le importa el sufrimiento de nuestros niños, ancianos y madres parturientas, así como de las amplias mayorías nacionales.
Incluso Haití es en la actualidad nuestro segundo socio comercial más importante, sólo está por debajo de los Estados Unidos, pero cuya balanza comercial arroja déficit en sus niveles de comercialización con la República Dominicana.
Se podrían enumerar miles de factores que sugieren que la República Dominicana debe mantener una buena relación con la República de Haití.
Sin embargo, cada uno de estos países, es decir Haití y la República Dominicana, deben procurar fortalecer su institucionalidad, a fin de garantizar la seguridad y de propiciar las convivencias nacionales, cuyo propósito no puede ser posible sin un sistema judicial inquebrantable y unas fuerzas armadas incorruptibles e implacables en lo que tiene que ver con la aplicación de la ley.
Esto es válido para ambas naciones.
Es decir, los haitianos deben castigar al dominicano que viola sus leyes y viceversa, a fin de garantizar la convivencia y la seguridad nacionales.
De modo, que no tiene ninguna lógica que la República Dominicana permita la entrada por su frontera de grandes cantidades de haitianos sin estar dotados de su documentación correspondiente, incluyendo su visa de entrada al país.
Ningún haitiano tiene el derecho de reclamar que se le permita la entrada al territorio nacional sin dotarse de su visado correspondiente, lo que no es motivo para alegar discriminación o maltrato en contra de nuestros vecinos.
Se sabe de más que el problema haitiano es prácticamente un tema tabú, en virtud de que cualquier opinión sobre los haitianos que implique el respeto a ley, tanto sustantiva como objetiva, es calificada como anti-haitianismo, lo que constituye una distorsión de lo que debe ser una relación de Estado a Estado y del derecho de cualquier nacion a proteger y regular sus fronteras, asi como castigar severamente las violaciones a su normativa legal.
Este editorial no sólo tiene razón de ser por la tensión que se vive hace varios días en la frontera, sino también porque la debilidad del Estado dominicano ha llagado a niveles de tolerancia que rayan en lo que muy bien podría definirse como caricatura de nación.
Independientemente de la gran cantidad de haitianos que viven en la República Dominicana y que son respetuosos de las leyes, lo cierto es que muchos se dedican a delinquir, lo que no es exclusivo de ellos, sino de todos los conglomerados sociales del mundo, no importa que sean del primer, segundo o tercer mundo.
Pero ningún país que se respete puede permitir que ciudadanos de otros nacionalidades vayan a su territorio a defecar en los ríos, depredar las montañas, destruir en sentido general el medio ambiente, propagar enfermedades epidémicas y cometer todo tipo de actos delincuenciales, muchos con violencia, sin que existen autoridades para aplicar la ley.
Cualquier relación con los haitianos deben ser sobre la base del respeto de la integridad física, moral y legal de ambas naciones.
No puede ser de otra manera, no importa quien quiera establecer una regla del juego diferente.
Esto no es válido sólo para los haitianos, sino para los suecos, rusos, judíos, puertorriqueños, franceses, estadounidenses y todo el ciudadano extranjero que esté de visita o que se quiera establecerse en el territorio nacional.
Sólo así, no de otra manera, se puede establecer una relación con el hermano país de Haití en la que prevalezca el respeto mutuo y el bienestar reciproco.
La educación superior dominicana, que como bien se establece en el reportaje que aparece en la sección “De Portada” de este diario, implica un problema que debe motivar profundas reflexiones para que el país se avoque a pasar de la deficiencia a la calidad de la enseñanza universitaria.
Pero este es un asunto que sólo puede solucionarlo el Estado, el cual no está en capacidad de dar los pasos para que al cabo de algunos años el cuadro pueda dar un giro positivo.
La tendencia entre los dominicanos es sólo ver lo que está frente a ellos, sobre todo en materia de educación universitaria, pero no hay forma de llevar su mirada crítica a lo que requiere de un esfuerzo más profundo y exhaustivo.
El gran problema de la educación superior del país es que no sólo la situación depende de la negligencia y la deficiencia del Estado, sino que además que no se cuenta con una cultura para crear un cuerpo profesoral preparado para impartir docencia a nivel universitario, aunque, naturalmente, una cosa depende de la otra.
De manera, que los resultados no pueden ser peores, cuyos egresados, penosamente, terminan su carrera con una formación tan precaria que en la práctica son analfabetos funcionales.
Lo peligroso del fenómeno es que la sociedad está frente a médicos que puedan matar al paciente, ingeniero civil que construya una obra que puede caerle en la cabeza en cualquier momento a sus propietarios y un abogado que no puede asesorar idóneamente a su clientes y en consecuencia poner en peligro, por su poca formación, la tutela judicial efectivo, el debido proceso y el derecho a la defensa.
De manera, que el asunto no es como se puede ver a simple vista, sino que se trata de una deficiencia que aparte de hablar muy mal de toda la sociedad, amenaza la seguridad nacional, todo como resultado de un problema integral que impacta a todo el Estado.
Lo grave del problema es que no se ven soluciones fáciles en el camino, porque además la explicación de una educación superior fundamentada más en el negocio vulgar que en un plan nacional para lograr los índices de desarrollo del mundo competitivo de hoy, es parte de una cultura nacional y de un neoliberalismo salvaje que se lleva de paso todo lo bueno.
La realidad es que no es posible poner en orden las universidades nacionales, ya que en el país todo está contaminado con la politiquería, de arriba hacia abajo y lo contrario, de abajo hacia arriba.
Se impone entonces la siguiente pregunta: ¿Quién nos sacará del tremendo tollo de la educación superior nacional, aunque la respuesta más realista es que no hay una respuesta convincente y que satisfaga.
No son pocos los conflictos originados en sindicatos, clubes culturales y deportivos, cooperativas de ahorros y préstamos y los propios partidos políticos, que son asaltados por grupos de personas que los usan con fines muy particulares.
Puede decirse que se trata de un cáncer que resulta complicado erradicar, con el agravante que esa mala práctica es reproducida cuando personas con la misma filosofía de vida llegan a la administración pública, lo que explica la gran cantidad de casos de sustracciñn de fondos del patrimonio público.
Realmente el país está copado por los que piensan que deben llegar a este tipo de instituciones, las cuales no tienen fines de lucro, para manipular sus recursos y creerse incluso que es algo que legítimamente les pertenece.
Un ejemplo muy elocuente al respecto son los partidos políticos, los cuales son manejados como empresas privadas y propiedad de particulares, pese a que en realidad se trata de una figura que está legalmente regulada y que no puede ser jamás un patrimonio personal.
Pero el mismo problema es encontrado por doquier, cuyos propiciadores de este tipo de conducta sumergen a la sociedad en un gran dolor de cabeza.
El asunto ahora se puede ver con lo que ocurre en el Patronato Cibao contra el Cáncer, cuya institución juega un papel de primer orden para combatir una enfermedad tan severa y mortal como esa.
El problema del Oncológico del Cibao ha entrado ya a los tribunales competentes y sólo se espera un desenlace que tal vez no sea la panacea al problema, porque se van unos con un criterio equivocado en el manejo de este tipo de organizaciones, pero llegan otros que no difieren, absolutamente en nada, en la forma de ver el asunto.
Independiente de cual sea la decisión del tribunal que conoce el caso, debe admitirse que la sociedad dominicana está frente a una cuestión que lesiona lo más profundo de la sensibilidad humana, sobre todo porque no hay ningún tipo de arrepentimiento.
Hoy ha salido a la superficie el conflicto en el Patronato Cibao contra el Cáncer, pero la raíz del conflicto, con una explicacion profundamente cultural, es que una gran cantidad de instituciones sin fines de lucro hoy permanecen asaltados por grupos de «vividores» que ponen en tela de juicio las bases de la dominicanidad.
Así como Nueva York es un ejemplo de progresos y de que todo con esfuerzo se puede, este 4 de noviembre ha enviado el mensaje de empoderamiento democrático con el triunfo de un joven musulmán con apenas siete años de haber obtenido la ciudadanía de los Estados Unidos, condición indispensable para ser candidato a la posición política más importante de la ciudad.
Lo más impresionante de este triunfo es el contexto en que se produce y sobre todo por tratarse de un joven nacido en Uganda de ascendencia india, con muy poco tiempo de haber adquirido la ciudadanía estadounidense, pero además amenazado por el presidente Donald Trump de deportarlo si ganaba la contienda electoral.
El triunfo de Zohan Mandami es el vencimiento de la legalidad en contra de la ilegalidad, de la tolerancia contra la intolerancia y de la vulnerabilidad de aquellos que prefieren inclinarse por la dictadura en vez de la democracia.
Es un mensaje muy grande el que ha dado la ciudad de Nueva York cuando en los Estados Unidos se producen unos retrocesos institucionales y democráticos que son motivos de preocupación para el mundo entero.
La situación es tan delicada que el presidente Trump aparentemente ha logrado doblegar a una de las democracias más sólidas del mundo, cuyos logros constitucionales son un ejemplo y emulados por países del planeta entero.
En realidad, se trata de una situación que nadie podía creer que fuera posible, ya que el alto nivel de institucionalidad de los Estados Unidos no permitía que cupiera en cualquier mente humana que los derechos constitucionales y los derechos humanos quedaran al capricho de un mandatario.
El triunfo de Mandami en Nueva York reafirma esa vocación de ciudad de inmigrantes y además de que ciertamente se trata no sólo de la capital del mundo en términos comerciales, económicos y financieros, sino también políticos.
Una nueva visión se impone en la ciudad de Nueva York en tiempos de retrocesos y de preocupantes violaciones a los derechos constitucionales en la mayor potencia del mundo, donde su presidente impone su voluntad como en los tiempos de las más férreas dictaduras.
La República Dominicana por tener millones de sus hijos en la ciudad de Nueva York es beneficiaria de los nuevos aires democráticos que abrazan a la llamada capital del mundo, cuna de una gran riqueza cultural que enorgullece a todo al que vive en ella y tiene el privilegio de visitarla.
La elección de Mandami no pude ser mejor, porque en momentos de tantas fricciones y tensiones sociales y raciales y religiosas, sobre todo en el medio oriente, llega la buena nueva de la tolerancia y de que todos bajo la ley y la democracia pueden convivir en paz.