Editorial
La Migración Haitiana: Un Problema de Seguridad Nacional.
La inmigración haitiana juega un papel muy importante en la economía dominicana, sobre todo porque su mano de obra ya no sólo es la principal en el corte de la caña, sino también en la industria de la construcción y en el trabajo agrícola en la República Dominicana.
Haití es en realidad nuestra hermano siamés, porque somos dos países que compartimos la misma isla y tenemos en común los mismos sufrimientos y somos víctimas de los mismos verdugos.
Haitianos y dominicanos tenemos que trabajar para construir un futuro mejor, a fin de que nuestros pueblos no sigan sumidos en la miseria como consecuencia del mal manejo del patrimonio público por parte de una clase política indolente y que no le importa el sufrimiento de nuestros niños, ancianos y madres parturientas, así como de las amplias mayorías nacionales.
Incluso Haití es en la actualidad nuestro segundo socio comercial más importante, sólo está por debajo de los Estados Unidos, pero cuya balanza comercial arroja déficit en sus niveles de comercialización con la República Dominicana.
Se podrían enumerar miles de factores que sugieren que la República Dominicana debe mantener una buena relación con la República de Haití.
Sin embargo, cada uno de estos países, es decir Haití y la República Dominicana, deben procurar fortalecer su institucionalidad, a fin de garantizar la seguridad y de propiciar las convivencias nacionales, cuyo propósito no puede ser posible sin un sistema judicial inquebrantable y unas fuerzas armadas incorruptibles e implacables en lo que tiene que ver con la aplicación de la ley.
Esto es válido para ambas naciones.
Es decir, los haitianos deben castigar al dominicano que viola sus leyes y viceversa, a fin de garantizar la convivencia y la seguridad nacionales.
De modo, que no tiene ninguna lógica que la República Dominicana permita la entrada por su frontera de grandes cantidades de haitianos sin estar dotados de su documentación correspondiente, incluyendo su visa de entrada al país.
Ningún haitiano tiene el derecho de reclamar que se le permita la entrada al territorio nacional sin dotarse de su visado correspondiente, lo que no es motivo para alegar discriminación o maltrato en contra de nuestros vecinos.
Se sabe de más que el problema haitiano es prácticamente un tema tabú, en virtud de que cualquier opinión sobre los haitianos que implique el respeto a ley, tanto sustantiva como objetiva, es calificada como anti-haitianismo, lo que constituye una distorsión de lo que debe ser una relación de Estado a Estado y del derecho de cualquier nacion a proteger y regular sus fronteras, asi como castigar severamente las violaciones a su normativa legal.
Este editorial no sólo tiene razón de ser por la tensión que se vive hace varios días en la frontera, sino también porque la debilidad del Estado dominicano ha llagado a niveles de tolerancia que rayan en lo que muy bien podría definirse como caricatura de nación.
Independientemente de la gran cantidad de haitianos que viven en la República Dominicana y que son respetuosos de las leyes, lo cierto es que muchos se dedican a delinquir, lo que no es exclusivo de ellos, sino de todos los conglomerados sociales del mundo, no importa que sean del primer, segundo o tercer mundo.
Pero ningún país que se respete puede permitir que ciudadanos de otros nacionalidades vayan a su territorio a defecar en los ríos, depredar las montañas, destruir en sentido general el medio ambiente, propagar enfermedades epidémicas y cometer todo tipo de actos delincuenciales, muchos con violencia, sin que existen autoridades para aplicar la ley.
Cualquier relación con los haitianos deben ser sobre la base del respeto de la integridad física, moral y legal de ambas naciones.
No puede ser de otra manera, no importa quien quiera establecer una regla del juego diferente.
Esto no es válido sólo para los haitianos, sino para los suecos, rusos, judíos, puertorriqueños, franceses, estadounidenses y todo el ciudadano extranjero que esté de visita o que se quiera establecerse en el territorio nacional.
Sólo así, no de otra manera, se puede establecer una relación con el hermano país de Haití en la que prevalezca el respeto mutuo y el bienestar reciproco.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que ya los son y que deben ser evaluados tienen que someterse para ser elegibles al tráfico de influencia y al modo operandi de los partidos políticos.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.