Editorial
La Migración Haitiana: Un Problema de Seguridad Nacional.
La inmigración haitiana juega un papel muy importante en la economía dominicana, sobre todo porque su mano de obra ya no sólo es la principal en el corte de la caña, sino también en la industria de la construcción y en el trabajo agrícola en la República Dominicana.
Haití es en realidad nuestra hermano siamés, porque somos dos países que compartimos la misma isla y tenemos en común los mismos sufrimientos y somos víctimas de los mismos verdugos.
Haitianos y dominicanos tenemos que trabajar para construir un futuro mejor, a fin de que nuestros pueblos no sigan sumidos en la miseria como consecuencia del mal manejo del patrimonio público por parte de una clase política indolente y que no le importa el sufrimiento de nuestros niños, ancianos y madres parturientas, así como de las amplias mayorías nacionales.
Incluso Haití es en la actualidad nuestro segundo socio comercial más importante, sólo está por debajo de los Estados Unidos, pero cuya balanza comercial arroja déficit en sus niveles de comercialización con la República Dominicana.
Se podrían enumerar miles de factores que sugieren que la República Dominicana debe mantener una buena relación con la República de Haití.
Sin embargo, cada uno de estos países, es decir Haití y la República Dominicana, deben procurar fortalecer su institucionalidad, a fin de garantizar la seguridad y de propiciar las convivencias nacionales, cuyo propósito no puede ser posible sin un sistema judicial inquebrantable y unas fuerzas armadas incorruptibles e implacables en lo que tiene que ver con la aplicación de la ley.
Esto es válido para ambas naciones.
Es decir, los haitianos deben castigar al dominicano que viola sus leyes y viceversa, a fin de garantizar la convivencia y la seguridad nacionales.
De modo, que no tiene ninguna lógica que la República Dominicana permita la entrada por su frontera de grandes cantidades de haitianos sin estar dotados de su documentación correspondiente, incluyendo su visa de entrada al país.
Ningún haitiano tiene el derecho de reclamar que se le permita la entrada al territorio nacional sin dotarse de su visado correspondiente, lo que no es motivo para alegar discriminación o maltrato en contra de nuestros vecinos.
Se sabe de más que el problema haitiano es prácticamente un tema tabú, en virtud de que cualquier opinión sobre los haitianos que implique el respeto a ley, tanto sustantiva como objetiva, es calificada como anti-haitianismo, lo que constituye una distorsión de lo que debe ser una relación de Estado a Estado y del derecho de cualquier nacion a proteger y regular sus fronteras, asi como castigar severamente las violaciones a su normativa legal.
Este editorial no sólo tiene razón de ser por la tensión que se vive hace varios días en la frontera, sino también porque la debilidad del Estado dominicano ha llagado a niveles de tolerancia que rayan en lo que muy bien podría definirse como caricatura de nación.
Independientemente de la gran cantidad de haitianos que viven en la República Dominicana y que son respetuosos de las leyes, lo cierto es que muchos se dedican a delinquir, lo que no es exclusivo de ellos, sino de todos los conglomerados sociales del mundo, no importa que sean del primer, segundo o tercer mundo.
Pero ningún país que se respete puede permitir que ciudadanos de otros nacionalidades vayan a su territorio a defecar en los ríos, depredar las montañas, destruir en sentido general el medio ambiente, propagar enfermedades epidémicas y cometer todo tipo de actos delincuenciales, muchos con violencia, sin que existen autoridades para aplicar la ley.
Cualquier relación con los haitianos deben ser sobre la base del respeto de la integridad física, moral y legal de ambas naciones.
No puede ser de otra manera, no importa quien quiera establecer una regla del juego diferente.
Esto no es válido sólo para los haitianos, sino para los suecos, rusos, judíos, puertorriqueños, franceses, estadounidenses y todo el ciudadano extranjero que esté de visita o que se quiera establecerse en el territorio nacional.
Sólo así, no de otra manera, se puede establecer una relación con el hermano país de Haití en la que prevalezca el respeto mutuo y el bienestar reciproco.
La influencia de la política populista y del atropello del derecho internacional por parte del presidente del Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, no ha dejado dudas del poder que otorga el presidencialismo en el mundo.
El caso de los Estados Unidos de América ha puesto a prueba el poder que tiene un presidente de la República frente a los que se suponen altos de niveles de institucionalidad logrados durante siglos de luchas y largas y complejas batallas jurídicas.
No ha sido difícil Trump hacer las cosas como le venga en gana, sin que nadie, absolutamente nadie, le ponga freno, ni siquiera la Suprema Corte de Justicia, lo que genera un deterioro que durante muchas décadas difícilmente se pueda reponer.
Lo más preocupante de lo que ocurre es cómo daña la democracia ese comportamiento en el resto del mundo, principalmente en los países latinoamericanos, donde hay toda una historia de gobiernos dictatoriales y de una corrupción generalizada.
Por ejemplo, que temor puede tener Luis Abinader de violar la Constitución y el orden institucional cuando tiene como carta de presentación la imitación de lo que ocurre en la potencia del norte, la cual, incluso, se ha pasado la vida supervisando la conducta de los gobiernos de todo el planeta.
El Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que supo engañar a todo el mundo cuando quiso ascender al gobierno, pero que ahora tanto su presidente y la propia organización que sustenta la fuerza que otorga el poder público, ha dado señales claras de que es más conservadora, corrupta y anti-democrática que sus antecesores.
A este comportamiento se suma que los dirigentes de esta entidad política no tienen una agenda y una visión de futuro, sino que se ciegan y no miran más allá del escritorito de la oficina que ocupan mediante el carguito en el que fueron designados.
En el país no existe la menor duda de que Luis Abinader es una extensión de las políticas arbitrarias e ilegales de Donald Trump, cuyo peso se vuelve irresistible para una democracia débil y de papel como la dominicana.
El fenómeno tiene otro agravante y es que la gran mayoría de los que buscan mantenerse en el poder mediante figuras sin ninguna formación para dirigir el Estado, implica unos peligros que puede llevar a la República Dominicana a la conversión de otro Haití, con un Estado que sólo exista de derecho, pero no de hecho, es decir, sólo en el papel.
El otro factor que pesa mucho en el proceso de deterioro de la democracia nacional es que la distribución de publicidad oficial en los diferentes medios de comunicación, convencionales y digitales, es una herramienta para contrarrestar el nivel de criticidad a las acciones antijurídicas de las actuales autoridades nacionales.
Con toda legitimidad se puede pensar que podría hacerse muy tarde para salvar a la República Dominicana de una tendencia que procura hacer pedazos el Estado de Derecho y la democracia nacional.
La muerte de un chofer de un camión recolector de basura ha dejado al descubierto una situación que debe llamar a la alarma a las autoridades nacionales, dado que más de un cincuenta por ciento de las muertes violentas en el país provienen de conflictos sociales.
La fuente principal de este problema son el tránsito vehicular y los condominios, tanto de viviendas como comerciales, entre otros hechos que se vuelven violento, cuya Ley 5038 parece no encajar con la gravedad de la cuestión de las diferencias entre los que viven y trabajan en este tipo de complejo.
Puede asegurarse que la detonante de los conflictos en los condominios podría ser mucho peor de lo que ocurre con hechos como el del chofer que murió atacado por motoristas en Santiago.
La advertencia tiene que ver con la negligencia y la incapacidad que se observa en la fiscalía, la Policía y la justicia para afrontar esta problemática, ya que hay un alto nivel de tolerancia por parte de las autoridades que deja estupefacto a cualquiera.
El problema reviste tal gravedad que los fiscales no logran ver los ilícitos penales que se cometen en los condominios y se focalizan principalmente en lo que llaman un conflicto social sin profundizar en el intríngulis o la esencia de la situación.
Este periódico advierte que lo que ocurre con los condominios podría explotar con resultados preocupantes para la sociedad, ya que hay una acumulación de tensiones, cuyos resultados podrían ser lamentables para todos.
Hay que decir que la tragedia que ahora ha ocurrido con el chofer que genera el presente editorial, representa un llamado de alarma de una sociedad donde la violencia toma rebetes muy preocupantes.
Tal vez lo más aconsejable es que la Procuraduría General de la República entrene mejor a los fiscales que bregan con este problema, porque definitivamente hay que estar a la expectativa de la detonación de un problema social de grandes magnitudes.
Otra cosa que debe ocurrir es reformar la Ley 5038 para atribuir mayor responsabilidad a los funcionarios públicos, principalmente a fiscales y policías, a los fines de evitar un gran dolor de cabeza para la sociedad dominicana.
El problema está planteado y ahora falta ver cómo se afronta lo que podría ser una gran causa de desasosiego nacional, máxime cuando el país tiene un aumento impresionante de esta forma de vivienda en todo el territorio nacional.
La muerte del chofer lleva a poner el tema de la violencia social, la vía de hecho, hacer justicia con sus propias, sobre la mesa, a los fines, sino de lograr eliminar el mal o por lo menos disminuirlo a su más mínima expresion.
La muerte del chofer del camión recolector de basura en Santiago es un llamado para encender las alarmas, ya que la agresion en su contra se produjo en el mismo entorno donde los responsables de lo que ocurre operan, como lo es el Palacio de Justicia de Santiago, donde están localizados los fiscales, una dotacion politicial y donde se conocen las audiencias civiles y penales del distrito judicial de Santiago.
En este caso se impone recurrir a la expresion que dice: «No hay bien que por mal no venga», ya que tuvo que producirse una muerte cruel en el mismo entorno de la justicia para llamar a la atencion a la sociedad sobre el grave problema de la violencia social.
Los colegios profesionales, corporaciones de derecho público de carácter autónomos, con personalidad jurídica propia, sirven de ejemplo, de que no es suficiente la creación de leyes que no funcionan o que se crean con el propósito de organizar la sociedad.
La razón de ser de este tipo de modelo institucional es mejorar sectoriamente los niveles de institucionalidad de que adolecen los países del llamado tercer mundo, aunque la figura ya es encontrada también en los países desarrollados como los Estados Unidos de América e Inglaterra.
Ello deja claro que pese a que se creen los mecanismos idóneos para combatir el mal comportamiento, porque si el país como tal no anda bien, resulta difícil, por no decir imposible, disciplinarlo y llevarlo a un estándar de vida que se corresponda con una sociedad civilizada y respetuosa de las reglas establecidas.
Es ahí donde descansa el fracaso de los colegios profesionales en el país, ya que no importa que buena y perfecta sea la ley que les da soporte, si el Estado no tiene capacidad fiscalizadora y reguladora, lo cual implica que tenga un cierto nivel de institucionalidad.
Este periódico siempre ha sostenido que el Estado impone valores o antivalores, porque tiene la fuerza para ello, pero si quienes lo manejan se inclinan por violar la ley y hacer lo mal hecho es una forma de imponer falsos valores y todo lo que se derive de él difícilmente pueda caminar derecho.
Es el caso de los colegios profesionales y ahí está la explicación de que sean una réplica de una sociedad en la que ya no existen valores, sino antivalores, por lo que todo el que los controla procura que su gestión responde más que a otra cosa a sus intereses personales.
Este cuadro y los resultados dejados hasta ahora por la figura de los colegios profesionales, permite llegar a la conclusión que el país está ante otro gran fiasco nacional, así como lo han sido los partidos políticos y las cooperativas de ahorros y préstamos, pero podrían agregarse también el Congreso Nacional y el sistema de justicia.
Pero igual afirmación se puede hacer del Ministerio Público y de todo lo que tiene que ver con el Poder Ejecutivo por cuyo despecho de su principal titular, el presidente de la República, es por donde entra la corrupción, la cual se expande a un amplio sector del empresario e impacta a los medios de comunicación social y luego se convierte en un cometa, porque que no se sabe dónde termina.
Esa cadena de complicidad para incurrir en lo mal hecho es lo que explica que instituciones como los colegios profesionales también estén contaminados y que sean un fiasco nacional.