Opinión
Persistente empeño en aniquilar el PRD
Por Juan Bolívar Díaz
El presidente del PRD mantiene secuestrado y encadenado ese partido, y negado a dar vigencia a sus organismos, prolongando una crisis que sólo tendría solución con una convención transparente que elija nuevos dirigentes
El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) ha entrado en un tercer año consecutivo de crisis institucional que prolonga una agonía que lo incapacita para ejercer el papel de oposición y equilibrio político que requiere el desarrollo democrático nacional, sin que se vislumbre una salida que no sea una convención democrática.
Numerosos esfuerzos por alcanzar acuerdos para convocar los organismos de dirección de ese partido han tropezado con la resistencia de su presidente Miguel Vargas Maldonado, quien parece haber asumido la misión de desguañangar una organización que en sus 74 años ha sobrevivido a múltiples avatares.
Se profundiza la agonía
La pretendida expulsión del expresidente de la República Hipólito Mejía y del presidente en funciones del PRD Andrés Bautista, así como la suspensión por 2 años de su secretario general Orlando Jorge Mera y su secretaria nacional de organización Geanilda Vásquez, profundiza la agonía del más antiguo instrumento del sistema partidista dominicano, sin que se vislumbre posibilidad de rectificación.
El 2012 terminó en la expectativa de que el presidente del partido blanco, Miguel Vargas Maldonado respondiera una solicitud de más de un centenar de dirigentes de que convocara la Comisión Política (CP) perredeísta para abrir una vía institucional de entendimiento. Pero la respuesta al comenzar el año ha sido la convocatoria a un juicio disciplinario que abona la división.
Con la casa nacional del PRD encadenada y con impedimento de entrada de sus dirigentes nacionales e históricos, Vargas Maldonado monta un tribunal disciplinario sin la menor legitimidad estatutaria ni democrática, ya que fue conformado por seguidores de su fracción, violentando el principio de que no se puede ser juez y parte a la vez.
Resulta grotesco que tuvieran que apelar a oficiales de la Policía para hacer prevalecer un listado de quienes podían o no ingresar al local partidario. Hasta la “peligrosa profesora” doña Ivelisse Prats está impedida de entrar a sus oficinas. El juez presidente sería Rafael Francisco Vázquez (Fiquito), con un largo historial conflictivo desde que en 1985 armó un tiroteo que anarquizó una convención que pretendía elegir candidato presidencial, y quien en 1998 fue expulsado del partido junto a otros nueve diputados por aliarse al gobierno de Leonel Fernández desafiando a su dirección.
Fiquito Vásquez fue designado presidente del tribunal el 1 de noviembre del 2012 en sustitución de José Luis Tavárez, quien había sido electo apenas cuatro meses antes, el 29 de junio. Quien actuó de fiscal, Geovanny Tejada, fue designado el 3 de junio pasado en sustitución de Nelson Arroyo, antes que este terminara su período en el 2013. En una instancia de impugnación elevada ante el Tribunal Superior Electoral y pendiente de fallo, se documenta que esas designaciones no fueron ratificadas por la CP como indica el artículo 206 de los estatutos partidarios ni acorde con el 31, 121 y 172.
Una división irrevocable
En El Tema de Hoy del 3 de junio del 2012 se planteaba que “el PRD está fraccionado desde la convención que escogió candidato presidencial hace 15 meses y si no pudo reunificarse aún cuando las encuestas lo proyectaban ganador de las elecciones, parece casi imposible que lo logre tras la derrota”. Numerosos esfuerzos realizados desde entonces han ratificado ese criterio.
A un año y diez meses de la convención del 6 de marzo del 2011 que escogió a Hipólito Mejía candidato presidencial, Vargas y parte de quienes le siguieron todavía no aceptan que perdieron como lo entendió más de un 90 por ciento de los perredeístas que se incorporaron a su campaña electoral y la opinión pública que desde el principio legitimó la votación. El resentimiento y odio parece haber guiado su accionar político, constituyéndose en caballo de Troya durante la campaña y permitiendo que sus más cercanos hasta hicieran proselitismo por la candidatura peledeísta. Decepcionó hasta su propia familia que poco antes de la votación se empeñó en invitarlo a un almuerzo de reconciliación al que asistió Mejía.
Reclamando una “presidencia institucional” que él mismo había propuesto que correspondiera a quien fuera el candidato, Vargas aceptó una medicación encabezada por el especialista en conflicto Nelson Espinal para proclamar a Mejía candidato, pero resistió todos los intentos de reunirlos, incluidos los que hicieron cercanos a él como Peggy Cabral viuda Peña Gómez, y los reconocidos médicos José Joaquín Puello y César Mella. Hasta el expresidente panameño Martín Torrijos fracasó como mediador.
Mientras casi todos los integrantes de su estado mayor en la lucha por la candidatura se incorporaban a la campaña perredeísta, incluyendo a tres de los cuatro que hizo sancionar esta semana (Bautista, Orlando y Geanilda), y que le seguían en la jerarquía partidaria, Vargas se mantuvo encerrado. También se le alejaron la presidenta de las mujeres Janet Camilo y el presidente de la Juventud perredeísta, así como Alfredo Pacheco, quien dirigiera su campaña interna, y otros relevantes como Neney Cabrera, Eligio Jáquez, Jesús Vásquez, Roberto Fulcar, Andy Dauhajre y Pëggy Cabral.
De los dirigentes perredeístas nacionales reconocidos sólo siguen respaldando a Vargas: Fiquito Vásquez, Julio Maríñez, Aníbal García, Ruddy González, César Díaz Filpo, Alejandro Abréu, Wilfredo Alemany y Nelson Marte, varios de ellos funcionarios pagados del partido, cuyo presupuesto maneja solito el presidente.
Responsabilidad compartida
Es obvio que la responsabilidad de la crisis rebasa el resentimiento de Vargas Maldonado y se extiende al primitivismo político con que a menudo actúa Hipólito Mejía, y a todo su alto liderazgo que se acostumbró a los acuerdos de aposento, al margen de los organismos, lo que degradó la democracia interna. Aunque Vargas lo extremó cuando invirtió una altísima suma de dinero para comprar voluntades y actuó como quien adquiere una nueva empresa, sin capacidad para gerenciar las diversidades y disensiones.
Los organismos perredeístas medios y de base han venido siendo inmovilizados desde antes que Vargas asumiera la presidencia y las ambiciones personales han predominado sobre los objetivos partidarios y ni hablar de los propósitos nacionales. La mayoría de sus dirigentes lucen desmovilizados, dejando todo el espacio a los más ambiciosos y ha permitido que la crisis se vea como un simple enfrentamiento entre Vargas y Mejía.
La crisis del PRD no deja de ser una expresión de la crisis de la institucionalidad democrática nacional, donde el estrado de derecho y la legitimidad son carcomidas por la corrupción y la imposición para mantener privilegios cada vez desproporcionados. Es obvio que la confrontación perredeísta ha sido estimulada y financiada con los recursos del Estado y abonada por los repartos originados en el pacto del 2009 del presidente Leonel Fernández con Vargas Maldonado, quien a título de excandidato comprometió al PRD pasando por encima a todos sus dirigentes y organismos. Por eso Fernández le dio una cuota en la Suprema Corte, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, lo que se pregona como una de sus “fortalezas”.
La voluntad democrática
A pesar de que el precario equilibrio de la democracia dominicana requiere un partido de oposición, cada vez más hay quienes quitan relevancia al PRD y hasta se plantea que lo más conveniente podría ser que acabaran de desguañangarlo, para ver si surge una mejor alternativa partidista, lo que no parece a la vista, dado el conservadurismo y la desmovilización predominantes.
En los cenáculos políticos se advierte que la división del PRD es irremisible por los intereses que la alientan, entre ellos porque parece la mejor garantía para que Leonel Fernández vuelva al poder en el 2016, reeditando el continuismo de Santana, Báez, Lilís, Horacio, Trujillo y Balaguer, hilo conductor de la historia política nacional.
Lo que se puede discutir es si la división se producirá civilizadamente o por actos de violencia e imposición. Si la mayoría de sus dirigentes, más allá de las voluntades de Vargas y Mejía, se lo propusieran tal vez podrían lograr algún arbitraje y una observación externa capaz de incentivar la realización de una convención democrática, donde quede certificada la voluntad de las mayorías de los perredeístas.
Es lo que han propuesto y pactado varias comisiones, la última en Septiembre pasado integrada por Peggy Cabral, Neney Cabrera, Nelson Espinal, Siquió NG de la Rosa, Eligio Jáquez, William Jana y Angel de la Cruz. Obtuvo apoyo de los cuatro recién sancionados, pero Vargas no respondió. Como tampoco respondió la solicitud del centenar de dirigentes, por iniciativa de una “tercera fuerza”, que en noviembre pidió reunir la Comisión Política para iniciar el proceso de elección de nuevos dirigentes.
Vargas Maldonado aduce que su mandato de 4 años termina en el 2014, porque según él comenzó en el 2010. Los periódicos y documentos permiten establecer que fue propuesto a “unanimidad” por una reunión de la Comisión Política el 7 de junio del 2009. La segunda resolución de la XXVII Convención Nacional Ordinaria del 19 de julio del mismo año indica: “Se aprueba la elección del compañero Ing. Miguel Vargas Maldonado y en consecuencia se proclama como presidente del Partido Revolucionario Dominicano para el período 2009-2013”.
Dos días antes, el 17, la entonces Cámara Contenciosa de la JCE, mediante su Resolución 049-2009 estableció “como al efecto declara, en cuanto al fondo, buena y válida la convocatoria única y exclusivamente para la proclamación y juramentación del Ing. Miguel Vargas Maldonado como presidente del Partido Revolucionario Dominicano a celebrarse el domingo 19 de julio del 2009, dentro de las actividades de la XXVII Convención Nacional Ordinaria, por haber sido realizada por los organismos competentes, de conformidad con los Estatutos del PRD y el Reglamento de la indicada convención”.
Por Rommel Santos Diaz
El Estatuto de Roma facultó a la Corte Penal Internacional para solicitar la cooperación de los Estados Partes. Estas solicitudes serán normalmente por escrito y serán tramitadas por la vía diplomática, salvo que el Estado especifique lo contrario.
En algunos casos de urgencias, los requerimientos podrán tramitarse por cualquier otro medio que permita dejar constancia escrita, como facsímiles o correo electrónico, siempre que la solicitud sea confirmada por el método apropiado.
Las solicitudes de la Corte Penal Internacional y cualquier otra documentación de apoyo serán traducidas al idioma oficial del Estado requerido o en uno de los idiomas de trabajo de la Corte. Los idiomas de trabajo de la CPI son el inglés y el francés.
El Estatuto de Roma señala los contenidos necesarios de la mayoría de las solicitudes de cooperación. La Corte Penal Internacional deberá cumplir con una exposición concisa de su propósito y fundamentos jurídicos y los motivos de la asistencia solicitada.
La CPI, también deberá presentar una exposición concisa de los hechos esenciales que fundamentan la solicitud hecha al Estado. Asimismo deberá ofrecer información detallada acerca del paradero o la identificación de la persona o el lugar de la búsqueda o identificación.
Según el Estatuto de Roma la CPI, es importante para las solicitudes de cooperación de los Estados precisar las razones y la indicación detallada de cualquier procedimiento que deba seguirse o requisito que deba cumplirse.
Finalmente, se requiere según el Estatuto de la CPI cualquier información que pueda ser necesaria conforme al derecho interno del Estado requerido para cumplir la solicitud. Los Estados deberán comunicar a la Corte cualquier disposición especifica de su derecho interno al respecto.
El Estatuto de Roma prevé que las solicitudes de asistencia sean ejecutadas de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido.
Sin embargo, si el derecho interno no lo prohíbe, la CPI podrá especificar la forma de proceder, incluidos los procedimientos indicados y la autorización a las personas que deberán estar presentes o que deberán asistir en el proceso de ejecución.
En el caso de una solicitud de cooperación y asistencia de la Corte Penal Internacional urgente, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán tramitados con urgencia.
Por Isaías Ramos
La República Dominicana no puede seguir ordenando su territorio desde el subsuelo. No somos un continente con cuencas de repuesto; somos una nación insular donde una herida en la montaña puede convertirse en agua perdida, agricultura afectada y futuro comprometido. Por eso, el debate minero no debe empezar preguntando dónde hay minerales, sino dónde la Constitución prohíbe tocar, perforar, explorar o explotar.
Los artículos 6, 7 y 8 establecen la supremacía constitucional, el Estado Social y Democrático de Derecho y la obligación de proteger derechos, dignidad y bienestar general. Ningún permiso, concesión o contrato minero puede colocarse por encima de la vida, del agua ni del interés nacional.
Los artículos 14, 15, 16 y 17 trazan la línea roja: recursos naturales como patrimonio de la Nación; agua como patrimonio nacional estratégico, esencial para la vida, con prioridad del consumo humano; áreas protegidas inalienables; y explotación de recursos no renovables solo bajo criterios ambientales sostenibles. La Constitución no prohíbe toda minería, pero sí prohíbe minería contra el agua, las cuencas, la sostenibilidad y la vida.
A esa protección se suman el artículo 54, sobre seguridad alimentaria; el 61, sobre salud, agua potable y saneamiento; el 66, sobre derechos colectivos y equilibrio ecológico; el 67, que obliga a prevenir contaminación y reparar daños; los artículos 68 y 69, sobre tutela efectiva y debido proceso; y el 74, que ordena interpretar los derechos fundamentales de la manera más favorable a la persona. En minería: ante duda seria, primero el agua; ante riesgo irreversible, primero la vida.
Los artículos 193 y 194 completan el marco. El territorio debe organizarse de forma compatible con la preservación de los recursos naturales, y el Estado debe formular un plan de ordenamiento territorial para el uso eficiente y sostenible de esos recursos, con adaptación climática. Por tanto, una ley de ordenamiento territorial debió decir con precisión dónde no se explora, dónde no se perfora y dónde no se negocia.
Pero la Ley 368-22 dejó zonas peligrosas de ambigüedad. Debió vetar expresamente toda exploración y explotación minera metálica en cuencas altas, nacimientos de ríos, zonas de recarga acuífera, áreas protegidas, bosques de protección, presas, embalses, territorios agrícolas estratégicos y ecosistemas frágiles.
La exploración no es inocente. Abre caminos, mueve suelos, introduce presión empresarial, crea expectativas financieras, divide comunidades y se convierte en antesala de explotación. En una isla, una cuenca herida amenaza el agua que bebe una familia, el conuco que alimenta una comunidad y los hijos que heredarán nuestras decisiones.
El artículo 58 de la Ley 368-22 es especialmente preocupante cuando permite que el uso del suelo minero quede determinado por el título de concesión. Esa lógica debe invertirse: no es el título minero el que ordena el territorio; es el territorio, conforme a la Constitución, el que decide si la minería procede. Si el municipio queda obligado a reconocer un uso minero por una concesión previa, el ordenamiento territorial deja de proteger el país y se convierte en registro de concesiones.
La Ley Minera 146-71 es todavía más grave. Nació bajo una lógica extractivista anterior a la Constitución moderna. Sus disposiciones que dan preferencia a la minería sobre otros usos, convierten la exploración en escalera hacia la explotación, permiten concesiones larguísimas, limitan la suspensión de trabajos y reconocen derechos de uso de agua al concesionario deben ser reformadas, aplicadas conforme a la Constitución o impugnadas.
Continuar emitiendo permisos, concesiones y derechos territoriales a empresas extractivas sin respetar el marco constitucional vigente no es trámite administrativo: es riesgo de soberanía. La Constitución ya trazó el límite; lo que falta es obedecerla. Cada concesión crea expectativas financieras, derechos contractuales, presión jurídica, poder económico e influencia sobre comunidades, municipios y autoridades. No son microestados, pero pueden convertirse en enclaves privados capaces de condicionar decisiones públicas y fragmentar la soberanía territorial.
Desde el Foro y Frente Cívico y Social invitamos a los dominicanos que aman y sienten esta patria a unirnos en acciones constitucionales. Debemos promover ante el Tribunal Constitucional acciones directas de inconstitucionalidad contra las disposiciones de la Ley 368-22 y de la Ley Minera 146-71 que vulneren la Constitución. Y los permisos, concesiones, renovaciones, licencias o actos administrativos de exploración otorgados después de la Constitución de 2010, si contradicen agua, ambiente, ordenamiento territorial, participación ciudadana o precaución, deben revisarse y anularse por las vías correspondientes.
El Tribunal Constitucional puede declarar inconstitucionales las normas; los actos concretos deben impugnarse por la vía procedente. Pero el principio rector es uno solo: ningún permiso administrativo tiene más fuerza que la Constitución. No existe seguridad jurídica válida para sostener actos contrarios a la supremacía constitucional.
Un funcionario puede firmar un permiso; no puede autorizar una violación constitucional. Un Congreso puede aprobar una ley; no puede derogar por omisión el derecho al agua. Un Ejecutivo puede promulgar una norma; no puede convertir en constitucional lo que vulnera el Estado Social y Democrático de Derecho.
La regla debe ser sencilla: donde nace el agua, no se explora; donde se recarga un acuífero, no se perfora; donde la agricultura garantiza alimentos, no se impone minería metálica; donde la Constitución protege la vida, ningún contrato prevalece.
Primero la Constitución. Primero el agua. Primero el territorio. Primero la gente. Porque en una isla, proteger el agua no es una opción ambientalista: es una obligación de Estado.
Ya basta de improvisar, es tiempo de gobernar.
(Tercera entrega)
Por Oscar López Reyes
Como ciencia y como arte, la publicidad se entronca en la complejidad, agenciando la persuasión para la venta y gestando valor de marca comercial, institucional o personal. Interrelaciona investigaciones sobre las necesidades, deseos y aspiraciones de los consumidores; pedestales psicológicos, creatividad en mensajes inolvidables, tecnología y métricas, a fin de conectar emocionalmente con los usuarios y propulsar el acto de compra.
En la secuencia para vender y complacer en las emociones, más que en realidades, se encarta una producción, postproducción, contratación y difusión que públicamente no muestra los trucos, manipulaciones, exageraciones, promesas milagrosas, tejemanejes, entramados ocultos, restricciones y efectos adversos, y mucho menos las evasiones a los códigos de ética publicitaria y periodística, que compilamos en diez apartados:
1.- Leer noticias y ser promotor publicitario (Televisión).
El periodista y locutor fundamentados en principios éticos aparta rigurosamente los análisis críticos de los anuncios, para no aparecer como voceros pagados de marcas comerciales, y así evitar conflictos de intereses y que se produzca una confusión entre noticias y publicidad, o que la primera influya en la segunda. Las cadenas televisivas de Estados Unidos separan la paja del grano del trigo, para cuidar la credibilidad de sus presentadores de noticias, que no leen textos comerciales, y tampoco buscan publicidad.
En República Dominicana abundan los comentaristas, analistas, intérpretes noticiosos y entrevistadores que gestionan anuncios, presionan y acosan a funcionarios y empresarios, en privado y en actos públicos, sin ningún protocolo ni rubor. Aceptan que les cubran gastos en viajes al exterior para devolverlos en reportajes y anuncios. Algunos de estos son inescrupulosos e ingratos, porque guardan en sus bolsillos recursos financieros y denigran a sus auspiciadores.
“El periodista se comprometerá a no difundir como noticia ningún texto comercial sin su correspondiente identificación, ni a usar imágenes de personas que las conviertan en productos comerciales” (Código de Ética del Periodista Dominicano -CDP-).
El periodista “rechaza toda actividad publicitaria en relación directa con su trabajo de redacción; no firmará ningún texto cuya inserción esté pagada” (Código de Honor del Periodista de Francia).
“El periodista…debe también abstenerse de toda publicidad comercial en sus artículos” (Carta de los Derechos de los Periodistas Canadienses de Lengua Francesa).
“El periodista deberá negarse a publicar avisos de crónicas, de fotografías o de emisiones radiales o televisadas sin que se presenten de modo que su índole comercial aparezca claramente identificada (Carta de Ética Periodística de Chile).
2.- Colocar publicidad única en la portada (Prensa escrita).
La colocación de publicidad exclusiva (a lo largo y ancho sin ninguna noticia) de la primera plana de un periódico -portada falsa- colide con los códigos de ética periodística, porque privilegia el rendimiento/utilidad privada por encima del interés informativo colectivo. Concebido como un mecanismo de supervivencia ante la drástica reducción de los ingresos tradicionales, a menudo lectores confunden ese anuncio con un hecho noticioso, que en ciertos círculos ha sido comparado con “fake news” y publicidad engañosa.
“Los anuncios deben ser claramente distinguidos como tales, sea cual fuere la forma que tengan, independientemente del medio que se utilice” (Código Brasileño de Ética Publicitaria y Autorreglamentación).
3.- Insertar espacios pagados sin identificar (Prensa escrita).
Con frecuencia, medios escritos insertan espacios pagados de instituciones privadas y públicas sin hacer las especificaciones correspondientes -etiquetados como encubiertos, capciosos y artificiosos-, bañando a los lectores de confusión, porque no distinguen entre contenidos informativos y avisos sufragados.
“El anuncio a manera de publinoticia, reportaje, artículo, nota, texto, leyenda o cualquier otra forma que se difunda mediante pago deberá ser claramente identificado para que se distinga del material noticioso y no confunda al consumidor” (El Nuevo Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria).
4.- Propalar vulgaridades y mensajes malsanos (Radio).
En la radio tradicional, como en la digital/streaming -plataformas de radio online- se difunden cuñas comerciales o spots pregrabados, que son jingles pegajosos o dramatizaciones humorísticas de doble sentido, que se asumen en la cultura popular. Basta citar a «Cama vieja, tufa vieja», y a segmentos de noticias y comentarios en programas basuras, producidos por influencers y pseudo-comunicadores, que aprovechan esos patrocinios publicitarios para propalar -con libertinaje- insultos, sensacionalismos, palabras obscenas y hacer apología al crimen, que impactan negativamente en niños y jóvenes.
“Toda publicidad deberá ser legal, decente, honesta y verídica” (Código Internacional del Ejercicio de la Publicidad”) y “Deberán evitarse los estereotipos sociales que sean degradantes o despectivos para cualquier grupo (Normas de Autocontrol de la Publicidad en España).
5.- Esparcir publicidad engañosa (Radio/televisión).
Carentes de veracidad y autenticidad, los mensajes comerciales engañosos procuran inducir, a través de mecanismos ópticos, acústicos o espaciales, en la decisión de compra de bienes y servicios. Usan por lo menos diez modalidades: 1) Datos ficticios, 2) Imágenes imprecisas, 3) Omisión u ocultamiento de informaciones trascendentes, 4) Abultar beneficios o señalar cualidades inexistentes, 5) Ofertar promesas fantásticas y hechiceras, 6) Ofrecer precios y descuentos errados, 7) Presentar testimonios sin respaldo científico, 8) Poner letras pequeñísimas que discrepan de las disposiciones legales, 9) Emplear terminologías de múltiples interpretaciones, que entorpecen la comprensión, y 10) Hacer equiparaciones inadecuadas.
“No debe permitirse que se haga a un anunciante afirmaciones engañosas o exageradas sobre los efectos de una campaña en proyecto” (Código Internacional de Normas de Práctica Publicitaria hacia un Acuerdo Mundial). Y, “…rechazar, automáticamente, “Afirmaciones o exageraciones falsas o engañosas, tanto visual como verbalmente” (Código de Ética Publicitaria de Estados Unidos).
6.- Morbosidad y falta de transparencia (Internet).
En línea abundan los mensajes publicitarios, con imágenes y videos impactantes, sobre fantasías sexuales, personas intentando suicidarse y otras escenas violentas y trágicas, misteriosas, crueles, escandalosas, prohibidas, sensacionalistas y curiosas que –con interés enfermizo sin patología en primera instancia- fascinan en el entretenimiento del placer a un alto porcentaje de los seres humanos. Colocadas por compañías comerciales sin cumplir las normativas de transparencia ética y jurídica, generan un intenso y continuo flujo de visitantes digitales, para beneficio financiero particular.
“El periodista debe abstenerse de estimular los vicios, el crimen y todas las manifestaciones morbosas de la sociedad” (Código de Honor del Periodista de Perú), así como: “a) Inmoralidad u obscenidad; b) El uso de expresiones vulgares; c) Maliciosas imputaciones; Declaraciones falsas y difamaciones (Código de Ética de la Prensa de Birmania).
7.- Insertar mensajes subliminales (Auditivos y digitales)
La publicidad subliminal es un mensaje (texto, tipografía, imagen, color, sonido y sensorial) oculto que en el ser humano opera imperceptiblemente por debajo del umbral de la conciencia, para inducir sutilmente a la compra de un producto o servicio. Esta técnica manipuladora de difícil detección altera la percepción de la realidad del consumidor y anula su libre elección, por lo que Implica un quebrantamiento legal y ético.
“Percepción del subconsciente. No se permite la técnica por la cual se hace un intento de dirigir información a los telespectadores transmitiendo mensajes por debajo del principio de un normal conocimiento” (Código de la Asociación Nacional de Teledifusores de Estados Unidos).
Los citados contenidos y utilizaciones no son un desliz, una inexactitud, un descuido, un gazapo ni una confusión. Son un quebrantamiento consciente para la subsistencia en los apuros por la reducción de la inserción publicitaria.
¿Ceder o morir? representa un dilema, que se parafrasea con el dicho de que la necesidad tiene cara de hereje. Esa disyuntiva se asemeja al dilema del tranvía: desviar el tren de los rieles para matar a uno solo y salvar a cinco personas. Se acoge al mal menor.
La comunicación persuasiva impugna el rompimiento con las normas deontológicas, los artificios y la manipulación. No admite la deformación, en la filosofía de la transparencia y el bien hacer. Tampoco consiente el traspaso de los límites prefijados para complacer a los clientes. Rememoremos la máxima jurídica: Dura lex, sed lex, que se traduce como «la ley es dura, pero es ley», o sea, mandan por encima de las necesidades.
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El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano, en 1994, como presidente del Tribunal Disciplinario del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), mercadólogo y escritor.
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