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AI destaca sometimiento de policías dominicanos por homicidio
El organismo insitió en la necesidad de una reforma radical de la Policía dominicana
SANTO DOMINGO, (EFE).- Amnistía Internacional (AI) resaltó hoy el hecho de que «por fin» se presentaran cargos contra cinco policías y un oficial de la Armada de República Dominicana acusados de ejecutar a dos civiles señalados como autores de un secuestro ocurrido en 2009 en el noreste del país.
Según un comunicado difundido en Santo Domingo, AI calificó este caso de «crucial», ya que, en su opinión, «indica la urgente necesidad de una reforma radical de la Policía en el país caribeño».
El asesor especial de AI, Javier Zúñiga, señaló que después de más de tres años, la decisión de imputar a los acusados de la muerte de los dos civiles y seguir adelante con las actuaciones policiales es «un importante paso adelante» y dijo esperar en la investigación y el procesamiento «se averigüe hasta dónde llega la responsabilidad de estos homicidios en la cadena de mando policial».
«Esperamos que las novedades en este caso lleven a las autoridades dominicanas a seguir adelante con la anunciada reforma integral de las fuerzas de la Policía Nacional, que todos los años están implicadas en centenares de casos de homicidios y torturas», destacó Zúñiga en el comunicado.
AI se pronunció así después de que el pasado 19 de enero, la Procuraduría Fiscal de la provincia de Montecristi (noroeste) presentara cargos contra los agentes por su presunta responsabilidad en el homicidio de los izquierdistas William de Jesús Checo y Cecilio Díaz, quienes murieron por impacto de arma de fuego el 10 de octubre de 2009.
Los dos hombres estaban acusados de raptar un mes antes en Nagua (noreste dominicano) a Eduardo Baldera Gómez, quien tras 22 días en cautiverio logró escapar de sus raptores. Según testimonios de vecinos de la citada la comunidad, Checo fue entregado vivo a una patrulla de la Policía que lo condujo detenido hasta una estación en esa misma localidad.
También la Marina de Guerra y lugareños del paraje los Conucos, en la zona costera de Villa Vásquez, confirmaron que entregaron vivo a Cecilio Díaz, el otro vinculado al secuestro de Baldera Gómez. Los dos hombres fueron encontrados con disparos en la cabeza después de permanecer cuatro horas detenidos y, según el entonces jefe de la Policía Nacional, Guillermo Guzmán Fermín, murieron en «un intercambio de disparos» con los agentes.
Sin embargo, una comisión investigadora de la Procuraduría General del país determinó en un informe presentado en 2010 que los dos hombres fueron ejecutados por cinco policías. El informe precisó que la versión de los policías de que se produjo un intercambio de disparos «no se corresponde con la verdad» porque los civiles fueron entregados vivos, esposados y desarmados.
Zúñiga declaró que el anuncio de una política de «tolerancia cero» con las violaciones de derechos humanos cometidas por policías locales «es un cambio sumamente positivo con respecto al pasado».
Sin embargo, dijo que el caso de William de Jesús Checo y Cecilio Díaz «es sólo uno de los muchos ejemplos de por qué se deben adoptar medidas para prevenir las violaciones de derechos humanos y garantizar una reforma radical de la Policía Nacional».
Asimismo, lamentó que las autoridades dominicanas aún no hayan «impartido justicia» en el caso de la desaparición el 28 de septiembre de 2009 de Juan Almonte, otro de los implicados en este secuestro y que presuntamente fue raptado por miembros de la Policía.
Cada año, recordó AI en su comunicado, cientos de personas mueren a causa de la violencia policial en República Dominicana, y la justicia «tarda mucho en llegar o es simplemente inexistente».
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.