Análisis Noticiosos
Para una economía política de la dignidad
Por Alberto Quiñónez
El ser humano no nace sujeto. El sujeto, al ser social e histórico, se construye. Más que un cuerpo es una relación. El individuo, que es un vínculo monótono consigo mismo, no puede ascender a ser sujeto. Para escalar en el proceso debe superarse como individuo en el seno de una colectividad, sin que eso signifique perderse, enajenarse en la masa.El capitalismo expropia al ser humano de la posibilidad de reproducirse libremente1, de realizarse. Para desarrollarse en su plenitud como modo de producción dominante a escala mundial, el capital debe reproducirse a costa de la contra producción de la vida misma, debe subsumir las condiciones materiales y espirituales que determinan la conciencia de la libertad, debe acaparar la vida humana y la reproducción de la naturaleza y ponerlos ante la finalidad de la producción, realización y apropiación de plusvalor.
El proceso de explotación de la fuerza de trabajo es un proceso de enajenación de la corporeidad misma del sujeto. El trabajo, como intercambio de sustancias entre el sujeto humano y la naturaleza, es un proceso de desgaste material e intelectual del ser humano; al enajenar el producto de ese desgaste corpóreo, el capitalista enajena la corporeidad misma de las y los trabajadores.
La enajenación de las fuerzas corpóreas se acompaña de una enajenación en el plano de la conciencia. El fetiche de la mercancía abona a que el sujeto no se reconozca como tal; la producción de valores de uso que no son valores de uso para el productor directo, son valores de uso, preñados de valor, pero cuya finalidad por cierto él mismo no conoce, pues la relación entre personas aparece como relación entre cosas, lo que elimina la presencia del otro. La otredad se inhibe y como no hay otro, no hay mismidad, puesto que el reconocimiento de uno no se puede lograr sin la presencia del otro.
El yo y el otro son elementos dialécticos de una misma realidad: el sujeto. El yo es yo mientras sea también su contrario, es decir, mientras ese yo que soy se asuma como un yo en el otro. Como un ser que es no sólo en el ser propio, sino en su propio no-ser, en el ser del otro; y siendo el otro es su no-ser impropio, esto es: él mismo. En la ética del individuo esta premisa resulta inconcebible: el ser es porque es en su soledad, en su ensimismamiento; el otro es tangencia, pero es una tangencia que destruye porque niega el yo del individuo. Hay un conflicto entonces entre el yo y el otro, un conflicto que niega al yo mismo mediante la negación del otro.
De este modo, sólo la praxis unidimensional encuentra espacio legítimo en el ideario de la sociedad atomizada. La individualidad se asume como generalidad, y entonces la particularidad se convierte en fetiche. La diferencia entre los individuos es explotada como forma de legitimación subjetiva, pero la diferencia la marca el acceso a productos diferenciales en el mercado. El consumo de masas es sustituido por el consumo del individuo, personalizado, atomizado.
No es extraño entonces que a nivel de la construcción teórica, sea precisamente el pensamiento único el que predomine. Ese pensamiento unidimensional no va más allá de ser razón instrumental, de legitimarse en la manipulación fenoménica. Dice Kosík: “la práctica utilitaria inmediata y el sentido común correspondiente ponen a los hombres en condiciones de orientarse en el mundo, de familiarizarse con las cosas y manejarlas, pero no les proporciona una comprensión de las cosas y de la realidad”2.
No existe la posibilidad de abrir el pensamiento único a la multidimensionalidad. Ello se deriva del dogma mismo de la cultura de la dominación: si la multidimensionalidad tiende hacia la liberación paulatina de la humanidad, ella no puede sino ser negada; pero esa negación, como paso dialéctico, no puede sino desembocar en evidenciar que lo multidimensional es una necesidad histórica ineludible. Y no puede ser de otro modo: si la multidimensionalidad libera es porque se define como medio para superar la crisis sistémica del capital. Pero si el sistema la asume como tal, si se incorpora a la capacidad regenerativa del sistema, a las entrañas de la dominación, la multidimensionalidad podría quedar subsumida a la acumulación capitalista.
La crisis del capital que entre otras cosas ha arrastrado al núcleo teórico de la economía neoclásica, ha puesto en evidencia la incapacidad de esta teoría para crear las condiciones político-económicas que puedan propiciar el desarrollo de la humanidad en su conjunto y que, por el contrario, se remita a la negación de la vida de esa humanidad; una teoría que salva y lucha por el individuo abstracto, eliminando al sujeto concreto.
Pero la valorización del capital no se hace en abstracto. Particularmente, la valorización del capital se hace por extracción de plusvalía absoluta o relativa y ambas suponen la destrucción progresiva de la fuerza de trabajo, ya sea por la limitación del tiempo vital del sujeto o por la intensificación de su desgaste. Recordemos que la plusvalía absoluta supone el aumento de la jornada de trabajo, alargando el trabajo excedente por sobre el trabajo necesario; por su parte, la plusvalía relativa refiere a la reducción del trabajo necesario a través de la recomposición técnica del proceso de producción.
Al caracterizar de este modo las relaciones de producción capitalistas, se entiende que las mismas atentan contra cualquiera de las formas de la integridad humana. El ser humano se cosifica y su cosificación determina la mercantilización de su corporeidad; la fuerza de trabajo se vende y se compra entonces por la posibilidad que posee de crear siendo destruida, es la mercantilización de su vida, el fetiche de la muerte como posibilidad de la vida. En ese fetiche, la humanidad vale en tanto valor, por lo tanto, al valer como valor se destruye como especificidad humana y se cosifica.
La contrarrevolución marginalista, al introducir al ser abstracto, sin origen, sin necesidades, sin clase, sin vínculo sanguíneo con el mundo, al introducir al prototipo de individuo en el análisis de la economía, eliminó el problema político de la ciencia económica. Extirpada la naturaleza política, la economía se pliega a la razón instrumental; de ahí que la economía neoclásica no sea sino la fenomenología del problema económico fundamental: la reproducción de la vida.
La voz monocorde del individuo habla precios y costes, dice elasticidades, desarrolla depreciaciones. Pero la historia y el sujeto están más allá de eso. A partir de la ética del sujeto, la economía no puede preocuparse sino por la reproducción de los factores de la producción, proceso que debe permear la posibilidad de la vida colectiva misma, pues de contrario el sujeto se convierte en individuo, y además debe hacerlo con una visión liberadora, de lo contrario el sujeto se vacía en la masa. Esa reproducción es un problema eminentemente político, pues entraña una traba contradictoria de intereses económicos y relaciones de poder de las distintas clases sociales.
La dignificación de la economía implicará que la economía se reconozca como elemento de la lucha de clases, y cuyo nudo basal se encuentra en la dignidad de la vida humana. No hay ciencia neutral políticamente; la única ciencia posible es la ciencia que libera. La economía debe ir más allá de la relación entre magnitudes, que no es más que la expresión del fetichismo de la mercancía, recobrar al sujeto oprimido como centro de su sistema.+
Notas:
1 No aludimos en este caso al acto sexual reproductivo, sino a la reproducción física y espiritual vista en su conjunto.
2 Kosík, K. Dialéctica de lo concreto. Grijalbo. 1967. Pág. 26.
Fuente: http://goo.gl/hVzqe
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.