Análisis Noticiosos
Para una economía política de la dignidad
Por Alberto Quiñónez
El ser humano no nace sujeto. El sujeto, al ser social e histórico, se construye. Más que un cuerpo es una relación. El individuo, que es un vínculo monótono consigo mismo, no puede ascender a ser sujeto. Para escalar en el proceso debe superarse como individuo en el seno de una colectividad, sin que eso signifique perderse, enajenarse en la masa.El capitalismo expropia al ser humano de la posibilidad de reproducirse libremente1, de realizarse. Para desarrollarse en su plenitud como modo de producción dominante a escala mundial, el capital debe reproducirse a costa de la contra producción de la vida misma, debe subsumir las condiciones materiales y espirituales que determinan la conciencia de la libertad, debe acaparar la vida humana y la reproducción de la naturaleza y ponerlos ante la finalidad de la producción, realización y apropiación de plusvalor.
El proceso de explotación de la fuerza de trabajo es un proceso de enajenación de la corporeidad misma del sujeto. El trabajo, como intercambio de sustancias entre el sujeto humano y la naturaleza, es un proceso de desgaste material e intelectual del ser humano; al enajenar el producto de ese desgaste corpóreo, el capitalista enajena la corporeidad misma de las y los trabajadores.
La enajenación de las fuerzas corpóreas se acompaña de una enajenación en el plano de la conciencia. El fetiche de la mercancía abona a que el sujeto no se reconozca como tal; la producción de valores de uso que no son valores de uso para el productor directo, son valores de uso, preñados de valor, pero cuya finalidad por cierto él mismo no conoce, pues la relación entre personas aparece como relación entre cosas, lo que elimina la presencia del otro. La otredad se inhibe y como no hay otro, no hay mismidad, puesto que el reconocimiento de uno no se puede lograr sin la presencia del otro.
El yo y el otro son elementos dialécticos de una misma realidad: el sujeto. El yo es yo mientras sea también su contrario, es decir, mientras ese yo que soy se asuma como un yo en el otro. Como un ser que es no sólo en el ser propio, sino en su propio no-ser, en el ser del otro; y siendo el otro es su no-ser impropio, esto es: él mismo. En la ética del individuo esta premisa resulta inconcebible: el ser es porque es en su soledad, en su ensimismamiento; el otro es tangencia, pero es una tangencia que destruye porque niega el yo del individuo. Hay un conflicto entonces entre el yo y el otro, un conflicto que niega al yo mismo mediante la negación del otro.
De este modo, sólo la praxis unidimensional encuentra espacio legítimo en el ideario de la sociedad atomizada. La individualidad se asume como generalidad, y entonces la particularidad se convierte en fetiche. La diferencia entre los individuos es explotada como forma de legitimación subjetiva, pero la diferencia la marca el acceso a productos diferenciales en el mercado. El consumo de masas es sustituido por el consumo del individuo, personalizado, atomizado.
No es extraño entonces que a nivel de la construcción teórica, sea precisamente el pensamiento único el que predomine. Ese pensamiento unidimensional no va más allá de ser razón instrumental, de legitimarse en la manipulación fenoménica. Dice Kosík: “la práctica utilitaria inmediata y el sentido común correspondiente ponen a los hombres en condiciones de orientarse en el mundo, de familiarizarse con las cosas y manejarlas, pero no les proporciona una comprensión de las cosas y de la realidad”2.
No existe la posibilidad de abrir el pensamiento único a la multidimensionalidad. Ello se deriva del dogma mismo de la cultura de la dominación: si la multidimensionalidad tiende hacia la liberación paulatina de la humanidad, ella no puede sino ser negada; pero esa negación, como paso dialéctico, no puede sino desembocar en evidenciar que lo multidimensional es una necesidad histórica ineludible. Y no puede ser de otro modo: si la multidimensionalidad libera es porque se define como medio para superar la crisis sistémica del capital. Pero si el sistema la asume como tal, si se incorpora a la capacidad regenerativa del sistema, a las entrañas de la dominación, la multidimensionalidad podría quedar subsumida a la acumulación capitalista.
La crisis del capital que entre otras cosas ha arrastrado al núcleo teórico de la economía neoclásica, ha puesto en evidencia la incapacidad de esta teoría para crear las condiciones político-económicas que puedan propiciar el desarrollo de la humanidad en su conjunto y que, por el contrario, se remita a la negación de la vida de esa humanidad; una teoría que salva y lucha por el individuo abstracto, eliminando al sujeto concreto.
Pero la valorización del capital no se hace en abstracto. Particularmente, la valorización del capital se hace por extracción de plusvalía absoluta o relativa y ambas suponen la destrucción progresiva de la fuerza de trabajo, ya sea por la limitación del tiempo vital del sujeto o por la intensificación de su desgaste. Recordemos que la plusvalía absoluta supone el aumento de la jornada de trabajo, alargando el trabajo excedente por sobre el trabajo necesario; por su parte, la plusvalía relativa refiere a la reducción del trabajo necesario a través de la recomposición técnica del proceso de producción.
Al caracterizar de este modo las relaciones de producción capitalistas, se entiende que las mismas atentan contra cualquiera de las formas de la integridad humana. El ser humano se cosifica y su cosificación determina la mercantilización de su corporeidad; la fuerza de trabajo se vende y se compra entonces por la posibilidad que posee de crear siendo destruida, es la mercantilización de su vida, el fetiche de la muerte como posibilidad de la vida. En ese fetiche, la humanidad vale en tanto valor, por lo tanto, al valer como valor se destruye como especificidad humana y se cosifica.
La contrarrevolución marginalista, al introducir al ser abstracto, sin origen, sin necesidades, sin clase, sin vínculo sanguíneo con el mundo, al introducir al prototipo de individuo en el análisis de la economía, eliminó el problema político de la ciencia económica. Extirpada la naturaleza política, la economía se pliega a la razón instrumental; de ahí que la economía neoclásica no sea sino la fenomenología del problema económico fundamental: la reproducción de la vida.
La voz monocorde del individuo habla precios y costes, dice elasticidades, desarrolla depreciaciones. Pero la historia y el sujeto están más allá de eso. A partir de la ética del sujeto, la economía no puede preocuparse sino por la reproducción de los factores de la producción, proceso que debe permear la posibilidad de la vida colectiva misma, pues de contrario el sujeto se convierte en individuo, y además debe hacerlo con una visión liberadora, de lo contrario el sujeto se vacía en la masa. Esa reproducción es un problema eminentemente político, pues entraña una traba contradictoria de intereses económicos y relaciones de poder de las distintas clases sociales.
La dignificación de la economía implicará que la economía se reconozca como elemento de la lucha de clases, y cuyo nudo basal se encuentra en la dignidad de la vida humana. No hay ciencia neutral políticamente; la única ciencia posible es la ciencia que libera. La economía debe ir más allá de la relación entre magnitudes, que no es más que la expresión del fetichismo de la mercancía, recobrar al sujeto oprimido como centro de su sistema.+
Notas:
1 No aludimos en este caso al acto sexual reproductivo, sino a la reproducción física y espiritual vista en su conjunto.
2 Kosík, K. Dialéctica de lo concreto. Grijalbo. 1967. Pág. 26.
Fuente: http://goo.gl/hVzqe
Por José Cabral.
Nadie puede negar que la República Dominicana está en medio de la gran posibilidad de que pueda surgir un “outsider” en la política nacional, aunque el problema descansa en que no se ha articulado una propuesta que responda al nicho que se ha creado en esta dirección.
Prácticamente todas las encuestas colocan en un 54 ó 55 por ciento, aunque se piensa que es mucho mayor, las personas que no sienten ningún respeto ni vinculación con los partidos políticos, los cuales han llegado a un nivel de descrédito que nadie podía imaginarse.
Es tan grave el problema que esa realidad amenaza la democracia representativa, ya que en las últimas elecciones el país ha terminado con autoridades que no cuentan con la legitimidad necesaria para garantizar una buena gobernabilidad.
Pero frente a esa realidad la pregunta que todo el mundo se hace es si valdría la pena que en el país se produzca el fenómeno del “outsider” como que ya ha pasado en muchas naciones latinoamericanos e incluso en los Estados Unidos de América.
El último caso de este tipo se ha producido en Colombia, donde un abogado penalista, un depravado, defensor de narcotraficantes, de evasores de impuestos y de los paramilitares ha quedado en primer lugar en las elecciones presidenciales.
A Abelardo de la Espriella, un ultraderechista, sin ningún mérito, pero sin venir de las estructuras tradicionales del partidarismo político, se ha colocado en la puerta de la presidencia de Colombia, con un discurso agresivo y con una visión de cuestionamiento del derecho internacional que lo acerca al actual jefe de Estado de los Estados Unidos, Donald Trump, quien incluso ya lo ha apoyado.
El asunto es que este tipo de “outsider” no es saludable para que ningún país del mundo, porque representa un antivalor, un enemigo del derecho internacional y además un depravado que no respeta absolutamente nada ni a nadie.
Entonces, si la República Dominicana se viera en ese espejo estaría en un escenario que significa un evidente retroceso al bienestar que se supone debe garantizar todo aquel que se opone a la partidocracia, que nadie puede negar que en todas estas naciones ha implicado una gran desgracia para los pueblos.
Por esta razón es que creo que, si en la República Dominicana se crean las condiciones, como ya parece que ocurre, para desplazar del poder a los partidos políticos, tiene que ser para bien, no para mal, ya que debe ser un “outsider” que cuente con un plan programático y estratégico a corte, mediano y largo plazo para poder lograr las transformaciones que demanda la sociedad.
Naturalmente, la preocupación de que el problema del país no sólo descansa en el funcionario público, el cual procede de los partidos políticos, instancias totalmente corrompidas y enemigas del progreso nacional, sino también en la visión y actitud distorsionada del ciudadano como resultado del neoliberalismo salvaje introducido en el país por Leonel Fernández.
Tal vez ahí esté la explicación de que una opción con una visión colectiva, no individual, no haya podido consolidarse en el país, ya que articular este tipo de propuesta implica, según lo que se ve, romper con lo que luce ser una utopía por la forma en que el neoliberalismo se ha apropiado de la mente y el sentir de la gente.
Pero si Dios quiere y en razón de que las condiciones están dadas para que en el país surja un “outsider”, ojalá sea para bien y no para mal, contrario a como se observa que se produce en Colombia y en otros países latinoamericanos.
El “outsider” dominicano tiene que ser para romper con la vieja política, a los fines de acabar con la corrupción y los principales males que aquejan a la sociedad en asuntos tan fundamentales para tener crecimiento y desarrollo nacionales como el empleo, la institucionalidad, la seguridad pública y ciudadana y en otros aspectos que durante décadas han representado una retranca para la nación.
Por José Cabral.
Los jueces y juezas son considerados emperadores que tienen el privilegio de juzgar la conducta de los demás, pero nunca la de ellos, convirtiéndose muchas veces en los funcionarios públicos que violan más que cualquier otro agente del Estado los derechos de las personas.
La explicación del abuso de poder desde la condición de juez, jueza o fiscal consiste en que somos una nación donde la democracia existe más de apariencia que de realidad y que ello obedece a la herencia patriarcal, machista, caudillista y de amiguismo que genera mucha tolerancia con el que infringe la ley desde la sombrilla del Estado, cuya visión descansa en la herencia histórico-cultural anti-democrática.
La República Dominicana ha pretendido desarrollar una democracia en la que prevalezca el principio de legalidad, juridicidad y de igualdad, pero este propósito ha resultado ser una utopía porque los tiempos de dictaduras tienen un fuerte peso en la vida nacional.
En el Estado democrático los derechos no están por encima de los deberes, ambos van de la mano, pero en los países con escaso nivel de desarrollo la gente piensa que no tiene que cumplir con sus obligaciones y que los derechos son absolutos.
Hace muy pocos días que los actores del sistema de justicia se lanzaron a un paro de labores en demandas de mejores condiciones salariales y de trabajo en sentido general, lo que nadie le regatea porque la realidad es que las mismas son deprimentes, aunque ello no justifica la forma en que muchos tribunales se manejan en los casos que les llegan.
Todo el mundo sabe o por lo menos constitucionalmente está establecido que los jueces son garantes fundamentales de la justicia y la paz social, ya que su principal papel es administrar justicia mediante la solución de conflictos de manera imparcial, aunque este concepto luce ser una utopía.
Los jueces se supone que actúan como puente mediador entre las leyes y los ciudadanos, asegurando la equidad, el respeto a las garantías constitucionales y la estabilidad del Estado de Derecho, ya que en la sociedad contemporánea el ejercicio de la judicatura abarca funciones esenciales que van más allá de simplemente aplicar la ley escrita, sobre todo en una época en que el derecho ha entrado en un profundo proceso de constitucionalización.
Sin embargo, cuando el sistema de justicia no cumple con su rol, entonces llega la distorsión que tiene que ver con la vía de hecho, dado que éste tiene la misión teórica de darle a cada ciudadano lo que le corresponde, a los fines de evitar hacer justicia con sus propias manos y para garantizar una convivencia ordenada.
La justicia también debe velar porque prevalezca el principio de legalidad y de juridicidad para el control del poder, ya que representa un contrapeso vital al supervisar que los actos de los otros órganos del Estado se ajusten a la Constitución y al bien común, pero todo ello requiere, además, que los jueces, juezas y demás actores de la judicatura nacional también ajusten sus actuaciones a los deberes que les impone la ley sustantiva de la nación y las normas por las que se rige el Poder Judicial.
Análisis Noticiosos
Es imperdonable que Subero Isa haya mal asesorado al presidente de la República.
Por José Cabral
Cuando el Congreso Nacional aprobó en violación de la Constitución la promulgada Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes, muchos confiamos en la amplia formación y la vocación democrática del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien ahora se desempeña como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Siempre pensé que lo mínimo que podía sugerirle Subero Isa a Luis Abinader era no promulgar esa pretendida ley y en su lugar recomendar observarla por constituir una violación muy grave a la Constitución de la República y a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el jefe de Estado prometió cumplir cuando se juramentó en el cargo.
Pero aun después de la promulgación en una conversación con el promotor de la acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Alberto Fiallo, éste decía que parece que Subero Isa no había jugado ningún papel en semejante agravio a la democracia y al proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana.
E incluso planteó el amigo Fiallo que Subero Isa no había tenido ninguna participación en semejante disparate jurídico, porque se veía que se trataba de un asunto manejado políticamente desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo cual parece lógico en razón de que fue algo manejado por los cuadros más importantes de la organización oficial.
Sin embargo, luego de ver la recomendación al presidente Abinader de Subero Isa en su condición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que no se meta en lo referente al conflicto entre los jueces, juezas y demás personal del Consejo del Poder Judicial, todo indica que de igual modo debió haberlo hecho con la promulgación de la Ley 13—26.
No hay ninguna razón de que Subero Isa no haya intervenido en la decisión del presidente en lo que respecta a la promulgación de la Ley 13-26, máxime cuando el consultor jurídico ya había hecho pública su posición en contra de las candidaturas independientes.
De ser así, Subero Isa ha incurrido en su peor error como hombre público y jurista de una larga trayectoria, porque se trata de una acción antijurídica y que de alguna manera desmiente la creencia que nos hemos creado muchos de que este expresidente de la Suprema Corte de Justicia es un profesional del derecho lo suficientemente acabado y formado para el mejor de los consejos.
Si esta hipótesis es cierta entonces estaríamos ante un gran fiasco, porque no sé si Subero Isa sabe que con lo que podría ser esa asesoría a un hombre como el presidente Abinader, quien no tiene la menor idea de asuntos constitucionales, lo ha sumergido en una grave violación al derecho interno y externo, lo cual perdurará para toda la historia del país.
Sería imperdonable que Subero Isa no entienda la importancia que tiene en la democracia nacional el proceso de constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del 2010 y de la que se deriva la referida figura jurídica y que tampoco digiera el fenómeno que tiene que ver con la defensa y preservación de los derechos fundamentales en la sociedad dominicana, ya que la decisión de Abinader busca arruinar y eliminar el derecho, valores y principios de legalidad, proporcionalidad, pro participación y de dignidad humana.
No es que Subero Isa no tiene el derecho de estar en contra de lo que considere, pero de igual modo se entiende que es totalmente inaceptable que él se ponga en contra de una jurisprudencia que tiene el sustento del mandato de la Constitución.
Considero que la figura de Subero Isa se degrada y queda muy mal parada cuando entra en el juego de la politiquería al recomendar, si fue que así ocurrió, la promulgación de la Ley 13-26, que en buen derecho no es más que un contrasentido jurídico y que no puede tener otro destino que su nulidad.