Latinoamericanas
Suspendida audiencia preliminar por la masacre de Curuguaty
El fiscal y el juez de la causa fueron recusados por los abogados de uno de los campesinos acusados. La defensa alegó prevaricato y parcialidad a favor de la firma que pidió el desalojo del campo, donde se generó un enfrentamiento entre campesinos y policías.
El hecho fue utilizado para derrocar al presidente Fernando Lugo (Foto:Archivo).
La audiencia preliminar contra 12 de los 14 acusados por la masacre de Curuguaty, Paraguay, quedó suspendida este jueves, luego de que la defensa recusara al juez José Benítez y el fiscal Mario Rachid por prevaricato y parcialidad a favor de la firma que pidió el desalojo del terreno que había sido tomado por los campesinos. La acción policial generó la muerte de 17 personas.
En esta audiencia se debía definir si el caso se eleva a juicio oral, pero con esta recusación, un tribunal de apelaciones debe resolver si acepta o no este pedido.
«Consideramos que no están siendo imparciales y por el bien de la causa deben ser apartados”, remarcó el abogado Vicente Morales, representate legal del dirigente campesino Rúben Villalba, uno de los acusados.
Morales afirmó que «denunciamos varias veces al fiscal pero fue rechazada, la imparcialidad es un componente fundamental y no se puede avanzar en la causa sin la misma».
El dirigente campesino denunció mediante sus abogados, Morales y Guillermo Ferreiro, al fiscal Mario Rachid por persecución y ejecución penal.
También recordó que el fiscal presentó a los 14 acusados como “culpables”, pese a que no existe una condena firma contra ellos. En tanto que los abogados señalaron que no incluyó entre las pruebas presentadas los casquillos de armas automáticas que fueron hallados por el ex diputado colorado, Julio Colman, lo que demostraría que hay elementos que se intentan ocultar.
La audiencia para los dos menores acusados de invasión de inmueble y asociación criminal sí se realizará este jueves.
El juez Benítez debía definir si lleva a juicio oral a los 14 campesinos acusados por la masacre de Curuguaty, donde murieron 11 miembros de una organización de sin tierra y seis policías. La fiscalía los acusa por delitos de homicidio doloso, asociación criminal e invasión de inmueble.
Sin embargo, por el enfrentamiento no hay ningún policía imputado, lo que generó una ola de manifestaciones de organizaciones campesinas para que “la sociedad conozca verdaderamente lo que sucedió en Curuguaty” y una huelga de hambre por parte de los acusados.
El responsable de la Plataforma de Estudios Campesinos de Paraguay, Domingo Laíno, denunció con fotografías y vídeos que en la masacre participaron francotiradores para desencadenar una crisis institucional en el país. «Los culpables no son los que hoy están presos», remarcó.
El golpe
El episodio fue utilizado por la oposición para argumentar la destitución parlamentaria del presidente constitucionalmente electo, Fernando Lugo, lo que fue calificado como un golpe de Estado por la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), organismo que suspendió al país hasta que normalice su situación institucional.
La oposición sostuvo que por culpa de Lugo las tomas de tierras aumentaron y pusieron de relieve cómo eso afectaba a los grandes propietarios del país.
El vicepresidente Federico Franco del partido liberal, asumió la presidencia al usar a la masacre de Curuguaty como pretexto para destituir a Lugo, acción que venía planificando al poco tiempo de entrar al gobierno, según lo que develaron los cables diplomáticos de la embajada de Estados Unidos en el país, desclasificados por Wikileaks.
El coordinador de camapaña del Frente Guazú, Ricardo Canale, remarcó a teleSUR que “los poderes de Paraguay están controlados por los terratenientes y sus aliados, y que por eso no se espera que la investigación terminé con los culpables tras las rejas ya que solo se investiga a los campesinos y no a los sicarios utilizados para generar la masacre, como afirman hasta expertos de otros países”.
Por esto es que Canale expresó que la única esperanza de conseguir justicia es agotar “todas las instancias judiciales internas ,donde los terratenientes son favorecidos, para concurrir a tribunales y organizaciones internaciones que puedan castigar a los responsables e instigadores del hecho”.
La desigualdad.
La masacre de Curuguaty es emblemática ya que pone de relieve el enfrentamiento entre campesinos de tierras y terratenientes como Blas Riquelme, acusado de haber comprado esas tierras ilícitamente durante la dictadura de Alfredo Strossner, donde más de ocho millones de hectáreas “fueron regaladas”, según Magui Balbuena, dirigente de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Rurales
En Paraguay el 85 por ciento de las tierras, unas 30 millones de hectáreas, están en manos del 2 por ciento de los propietarios, lo que genera que exista una pobreza rural del 53 por ciento.
El estudio Señores de la Soja realizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales afirma que el desalojo de comunidades campesinas en Paraguay forma parte de un proceso de expansión de la producción sojera, que en el país pasó de un millón de hectáreas en 1991 a 2,6 millones en 2010.
Según Guillermo Gallo Mendoza, ingeniero agrónomo y ex asesor de la reforma agraria en Nicaragua, en la producción sojera “se utiliza maquinarias de alta potencia para preparar el suelo, sembrar y distribuir fertilizantes de una sola vez, proceso que economiza mano de obra y concentra tierras debido a la cantidad de dinero que se necesita para acceder a este sistema”.
Latinoamericanas
El retraso en la campaña electoral en Haití aumenta la incertidumbre sobre los comicios
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Brasil irá a segunda vuelta: Bolsonaro aventaja a Lula en una cerrada elección presidencial
Agencia EFE
BRASILIA.– Brasil tendrá que esperar hasta el próximo 25 de octubre para definir quién ocupará la Presidencia de la República, luego de que ninguno de los principales candidatos alcanzara la mayoría necesaria para imponerse en la primera vuelta electoral celebrada este domingo.
El senador Flávio Bolsonaro se mantenía al frente del escrutinio sobre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aunque la diferencia entre ambos comenzó a reducirse a medida que avanzaba el conteo de los votos.
Con aproximadamente el 85 % de los sufragios contabilizados, Bolsonaro registraba un 48.47 %, frente al 43.49 % obtenido por Lula, resultados que dejaban a ambos por debajo del porcentaje requerido para ganar directamente la Presidencia.
Posteriormente, con más del 90 % del escrutinio procesado, la ventaja del senador se había estrechado todavía más, colocándose en torno al 47.8 %, mientras Lula superaba el 44 %, confirmando el escenario de una segunda ronda electoral.
De acuerdo con las normas electorales brasileñas, cuando ningún aspirante presidencial obtiene más de la mitad de los votos válidos en la primera vuelta, los dos candidatos más votados deben enfrentarse nuevamente. El Tribunal Superior Electoral establece que la segunda ronda de las elecciones de 2026 será celebrada el domingo 25 de octubre.
Una elección marcada por la polarización
La contienda enfrenta dos proyectos políticos claramente diferenciados.
Lula da Silva busca permanecer en el Palacio del Planalto y alcanzar un nuevo mandato presidencial, mientras Flávio Bolsonaro intenta llevar nuevamente al bolsonarismo al Poder Ejecutivo, esta vez encabezado por una nueva generación de la familia del expresidente Jair Bolsonaro.
La elección ha mostrado nuevamente la profunda división política de Brasil, con temas como la economía, el costo de vida, la seguridad ciudadana, la corrupción y las relaciones internacionales ocupando buena parte del debate electoral.
Cerca de 159 millones de brasileños estaban habilitados para participar en las elecciones generales de este domingo, en las que también fueron escogidos gobernadores, senadores y representantes legislativos.
Bolsonaro conserva la delantera, pero Lula acorta distancia
Durante las primeras horas del escrutinio, Bolsonaro llegó a mantener una ventaja considerable sobre Lula. Sin embargo, esa diferencia comenzó a reducirse conforme fueron incorporándose los resultados procedentes de distintas regiones del país.
El comportamiento del conteo convirtió la noche electoral en una jornada de expectativa, mientras las campañas de ambos candidatos seguían atentamente la actualización de los datos oficiales.
La Justicia Electoral brasileña inició la divulgación de los resultados después de las 5:00 de la tarde, hora de Brasilia, procesando progresivamente los boletines enviados desde los centros de votación del país y del exterior.
Brasil decidirá el 25 de octubre
Con la segunda vuelta confirmada, Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva tendrán ahora aproximadamente tres semanas para buscar el respaldo de los electores que apoyaron a otras candidaturas y de quienes todavía no tienen una decisión definitiva.
El resultado convierte el 25 de octubre de 2026 en una fecha decisiva para Brasil y para América Latina, debido al peso económico, político y geopolítico que posee la mayor nación de la región.
La primera vuelta deja a Bolsonaro en ventaja, pero también evidencia una competencia más cerrada de cara al balotaje.
Brasil entra así en una nueva etapa de campaña electoral en la que cada voto podría resultar determinante para definir quién gobernará el país durante el próximo período presidencial.
Latinoamericanas
Tres dominicanos enfrentan prisión provisional en Panamá por presunta red de reclutamiento para combatir en Rusia
Fiscalía sostiene que los imputados captaban panameños por redes sociales y les ofrecían pagos para viajar a la zona de guerra
Ciudad de Panamá.– Tres ciudadanos dominicanos fueron enviados a detención provisional en Panamá, acusados de formar parte de una presunta estructura dedicada a reclutar personas para viajar a Rusia y participar en el conflicto bélico contra Ucrania.
Los imputados fueron identificados como Joselyn Ramírez, Rolando Newball y María Inés García, contra quienes un juez de garantías admitió cargos relacionados con trata de personas y asociación ilícita, según informó la Procuraduría General de la Nación de Panamá.
La investigación forma parte de las acciones desarrolladas por las autoridades panameñas contra redes que presuntamente captaban ciudadanos mediante ofertas económicas para desplazarlos hacia territorio ruso con fines militares.
Fiscalía habla de transferencias superiores a US$800,000
Durante la audiencia, la fiscal especializada contra la delincuencia organizada Elizabeth Carrión sostuvo que los procesados habrían recibido transferencias superiores a 800,000 dólares destinadas a financiar y organizar el reclutamiento de panameños.
De acuerdo con la investigación citada por La Prensa de Panamá, a algunos de los reclutados se les ofrecían pagos de alrededor de US$2,000 y US$3,000 para incorporarse al conflicto armado.
Las autoridades sostienen que las personas captadas no necesariamente recibían el dinero prometido una vez llegaban a la zona de combate.
Contactaban a posibles reclutas por TikTok
Según la tesis de la Fiscalía, la estructura utilizaba redes sociales, entre ellas TikTok, para contactar a ciudadanos interesados en viajar al extranjero bajo promesas de remuneración.
Entre los panameños señalados como víctimas figuran Octavio Carrillo, Rafael Ulises y José Montenegro, residentes en la provincia de Bocas del Toro.
La investigación sostiene que fueron convencidos de trasladarse hasta la ciudad de Panamá para gestionar pasaportes, boletos aéreos y documentación relacionada con supuestos contratos para prestar servicios en el conflicto.
Posteriormente fueron llevados a un establecimiento de alojamiento en Tocumen, desde donde se habrían coordinado diferentes aspectos logísticos del viaje.
Dos hombres abandonaron el alojamiento y alertaron a la Policía
De acuerdo con la Fiscalía, dos de las personas reclutadas decidieron abandonar el lugar donde permanecían hospedadas y buscaron ayuda de las autoridades al sospechar que podían ser víctimas de explotación.
Un tercer hombre sí habría viajado a Rusia.
Las investigaciones señalan que esa persona no recibió el dinero que supuestamente le habían ofrecido y posteriormente solicitó asistencia a las autoridades panameñas para regresar al país.
Panamá investiga una red más amplia
El caso forma parte de una investigación mayor relacionada con la captación de ciudadanos panameños para incorporarlos al conflicto entre Rusia y Ucrania.
La Procuraduría panameña informó que la denominada Operación Rescate Soberano permitió realizar allanamientos y aprehensiones relacionadas con el presunto reclutamiento de personas con fines militares.
Las autoridades también han documentado otros procesos judiciales vinculados a personas presuntamente reclutadas mediante promesas económicas para viajar a Rusia.
Conflicto ya ha dejado panameños muertos y desaparecidos
La preocupación de las autoridades panameñas ha aumentado ante la presencia de ciudadanos de ese país en la zona de guerra.
Un informe citado por La Prensa señaló recientemente que seis panameños habían muerto y otros 15 figuraban como desaparecidos, mientras decenas permanecían vinculados a las zonas de combate en Rusia y Ucrania.
El Gobierno panameño también ha solicitado públicamente cooperación para facilitar el regreso seguro de sus ciudadanos involucrados en el conflicto.
La investigación contra los tres dominicanos continúa abierta y las acusaciones deberán ser demostradas ante los tribunales panameños. Los imputados conservan su presunción de inocencia mientras avance el proceso.