Latinoamericanas
Suspendida audiencia preliminar por la masacre de Curuguaty
El fiscal y el juez de la causa fueron recusados por los abogados de uno de los campesinos acusados. La defensa alegó prevaricato y parcialidad a favor de la firma que pidió el desalojo del campo, donde se generó un enfrentamiento entre campesinos y policías.
El hecho fue utilizado para derrocar al presidente Fernando Lugo (Foto:Archivo).
La audiencia preliminar contra 12 de los 14 acusados por la masacre de Curuguaty, Paraguay, quedó suspendida este jueves, luego de que la defensa recusara al juez José Benítez y el fiscal Mario Rachid por prevaricato y parcialidad a favor de la firma que pidió el desalojo del terreno que había sido tomado por los campesinos. La acción policial generó la muerte de 17 personas.
En esta audiencia se debía definir si el caso se eleva a juicio oral, pero con esta recusación, un tribunal de apelaciones debe resolver si acepta o no este pedido.
«Consideramos que no están siendo imparciales y por el bien de la causa deben ser apartados”, remarcó el abogado Vicente Morales, representate legal del dirigente campesino Rúben Villalba, uno de los acusados.
Morales afirmó que «denunciamos varias veces al fiscal pero fue rechazada, la imparcialidad es un componente fundamental y no se puede avanzar en la causa sin la misma».
El dirigente campesino denunció mediante sus abogados, Morales y Guillermo Ferreiro, al fiscal Mario Rachid por persecución y ejecución penal.
También recordó que el fiscal presentó a los 14 acusados como “culpables”, pese a que no existe una condena firma contra ellos. En tanto que los abogados señalaron que no incluyó entre las pruebas presentadas los casquillos de armas automáticas que fueron hallados por el ex diputado colorado, Julio Colman, lo que demostraría que hay elementos que se intentan ocultar.
La audiencia para los dos menores acusados de invasión de inmueble y asociación criminal sí se realizará este jueves.
El juez Benítez debía definir si lleva a juicio oral a los 14 campesinos acusados por la masacre de Curuguaty, donde murieron 11 miembros de una organización de sin tierra y seis policías. La fiscalía los acusa por delitos de homicidio doloso, asociación criminal e invasión de inmueble.
Sin embargo, por el enfrentamiento no hay ningún policía imputado, lo que generó una ola de manifestaciones de organizaciones campesinas para que “la sociedad conozca verdaderamente lo que sucedió en Curuguaty” y una huelga de hambre por parte de los acusados.
El responsable de la Plataforma de Estudios Campesinos de Paraguay, Domingo Laíno, denunció con fotografías y vídeos que en la masacre participaron francotiradores para desencadenar una crisis institucional en el país. «Los culpables no son los que hoy están presos», remarcó.
El golpe
El episodio fue utilizado por la oposición para argumentar la destitución parlamentaria del presidente constitucionalmente electo, Fernando Lugo, lo que fue calificado como un golpe de Estado por la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), organismo que suspendió al país hasta que normalice su situación institucional.
La oposición sostuvo que por culpa de Lugo las tomas de tierras aumentaron y pusieron de relieve cómo eso afectaba a los grandes propietarios del país.
El vicepresidente Federico Franco del partido liberal, asumió la presidencia al usar a la masacre de Curuguaty como pretexto para destituir a Lugo, acción que venía planificando al poco tiempo de entrar al gobierno, según lo que develaron los cables diplomáticos de la embajada de Estados Unidos en el país, desclasificados por Wikileaks.
El coordinador de camapaña del Frente Guazú, Ricardo Canale, remarcó a teleSUR que “los poderes de Paraguay están controlados por los terratenientes y sus aliados, y que por eso no se espera que la investigación terminé con los culpables tras las rejas ya que solo se investiga a los campesinos y no a los sicarios utilizados para generar la masacre, como afirman hasta expertos de otros países”.
Por esto es que Canale expresó que la única esperanza de conseguir justicia es agotar “todas las instancias judiciales internas ,donde los terratenientes son favorecidos, para concurrir a tribunales y organizaciones internaciones que puedan castigar a los responsables e instigadores del hecho”.
La desigualdad.
La masacre de Curuguaty es emblemática ya que pone de relieve el enfrentamiento entre campesinos de tierras y terratenientes como Blas Riquelme, acusado de haber comprado esas tierras ilícitamente durante la dictadura de Alfredo Strossner, donde más de ocho millones de hectáreas “fueron regaladas”, según Magui Balbuena, dirigente de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Rurales
En Paraguay el 85 por ciento de las tierras, unas 30 millones de hectáreas, están en manos del 2 por ciento de los propietarios, lo que genera que exista una pobreza rural del 53 por ciento.
El estudio Señores de la Soja realizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales afirma que el desalojo de comunidades campesinas en Paraguay forma parte de un proceso de expansión de la producción sojera, que en el país pasó de un millón de hectáreas en 1991 a 2,6 millones en 2010.
Según Guillermo Gallo Mendoza, ingeniero agrónomo y ex asesor de la reforma agraria en Nicaragua, en la producción sojera “se utiliza maquinarias de alta potencia para preparar el suelo, sembrar y distribuir fertilizantes de una sola vez, proceso que economiza mano de obra y concentra tierras debido a la cantidad de dinero que se necesita para acceder a este sistema”.
- Por EUROPA PRESS
LIMA.- Al menos cinco personas han fallecido y otras dos han resultado heridas durante una intervención de las fuerzas de seguridad peruanas en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), una extensa área del centro y sur del país marcada por la presencia de redes del narcotráfico y remanentes insurgentes, según han indicado fuentes militares.
El Comando Especial Vraem ha señalado en un comunicado que el despliegue se llevó a cabo en respaldo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y con conocimiento del Ministerio Público, «el marco de las acciones de control territorial y lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (TID) y remanentes terroristas».
De acuerdo con la versión oficial, los hechos tuvieron lugar en una zona rural del distrito de Colcabamba, en la región de Huancavelica, donde una patrulla castrense «fue atacada con armamento por presuntos delincuentes vinculados a actividades ilícitas».
FUERZAS ARMADAS ADVIERTEN DE PELIGRO INMINENTE
Las Fuerzas Armadas han afirmado que respondieron a un «peligro inminente» y «en legítima defensa». No obstante, han reconocido que, como consecuencia del enfrentamiento, murieron «cinco personas presuntamente vinculadas a organizaciones terroristas», cuya identidad aún no ha sido confirmada. Asimismo, dos heridos fueron trasladados a un centro sanitario.
El comunicado añade que una persona fue arrestada y puesta a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes, mientras que no se registraron bajas entre los efectivos militares.
El mando militar ha reivindicado además que sus intervenciones «se ejecutan en estricto respeto a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y al marco legal vigente».
No obstante, medios locales han apuntado que el Ministerio Público ha iniciado investigaciones sobre lo ocurrido, ante versiones que señalan que la Policía no habría hallado ni drogas ni armamento en el vehículo en el que se desplazaban los fallecidos.
En este contexto, el Comando Especial ha destacado que en la zona se mantiene «un trabajo permanente, riguroso y de muy alto riesgo para garantizar el orden interno, enfrentar a las economías ilegales y proteger a la ciudadanía».
El Vraem, una región de selva montañosa que abarca territorios de cinco departamentos, concentra amplias plantaciones ilegales de hoja de coca -materia prima de la cocaína- y es considerado el principal enclave de los remanentes de Sendero Luminoso, que operan en alianza con organizaciones del narcotráfico, según han sugerido las autoridades.
of-am
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Haití recibe el primer despliegue de nueva fuerza multinacional antipandillas de la ONU
Efe
Puerto Príncipe.- Haití recibió las primeras tropas, procedentes de Chad, de la Fuerza de Supresión de Pandillas (FSG) creada en 2025 por las Naciones Unidas, informó este miércoles el organismo.
La FSG dijo en un mensaje en X que «un destacamento de fuerzas chadianas (…) llegó, marcando el primer despliegue de tropas de la Fuerza de Represión de Pandillas ampliada», que sustituye a la Misión de Seguridad para Haití (MMS), también creada por la ONU y que no tuvo los resultados esperados en el combate contra las bandas.
Con una dotación total de 5.500 efectivos, la GSF tendrá como representante especial a Jack Christofides, que ya se encuentra en Haití, según informó en el mensaje el organismo.
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Esta misión toma el relevo de la MSS cuando las bandas han expandido su dominio este último año más allá de Puerto Príncipe, la capital de Haití, hacia los departamentos de Centro y Artibonite, en medio de altos niveles de violencia entre pandillas, fuerzas de seguridad, empresas privadas y grupos de «autodefensa» que han causado 5.519 muertos y 2.608 heridos entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de este año.
Enfrentamientos armados y una masacre
La Policía Nacional de Haití (PNH) informó precisamente este miércoles de enfrentamientos armados con pandilleros en el marco de una «gran operación» en el departamento de Artibonite, situado al norte de la capital y donde el domingo ocurrió la masacre de al menos 70 personas en un ataque atribuido al grupo armado ‘Gran Grif’, según denuncias de una ONG y la ONU.
El despliegue policial tiene lugar tras la masacre del domingo, denuncia un día después por la ONG Collectif Défenseurs Plus, que acusó al Gobierno haitiano de mostrar una «pasividad indignante que raya en la complicidad flagrante» ante la «barbarie» ocurrida en Arbonite.
Medidas en República Dominicana
En medio de la incertidumbre en Haití, la Cancillería dominicana informó este miércoles que el canciller Álvarez se reunió el lunes con el subsecretario general del Departamento de Apoyo Operacional de las Naciones Unidas, Atul Khare, para abordar el despliegue de la GSF.
En el encuentro se habló de las «facilidades» que podrían brindarse desde la República Dominicana para apoyar a la Fuerza, como el tránsito de personal y equipos, servicios médicos y el establecimiento de un gabinete de apoyo para la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (Unsoh), según indicó un comunicado.
Está cooperación con las GSF se «limita exclusivamente a respaldo desde República Dominicana», precisó el Ministerio de Exteriores.
Por su parte, el periódico dominicano ‘El Listín Diario’ publicó que la República Dominicana ha desplegado miles de soldados del Ejército a lo largo de la frontera con Haití para reforzar la seguridad ante el despliegue de la GSF.