Opinión
El mayor fraude inmobiliario
Por Juan Bolívar Díaz
Ley prohibe el traspaso o venta de las parcelas de asentamientos
Aunque ya ninguna iniquidad nos debería sorprender, confieso que he quedado anonadado con la decisión del gobierno de asociarse en un fideicomiso con parte de los beneficiarios de lo que hace más de trece años fue calificado por una abogada apoderada del Estado como el mayor fraude inmobiliario de la historia nacional.Puede ser parte del costo de la pasada campaña electoral, ya que el Poder Especial 7-13 con que el Presidente Danilo Medina autorizó a su consultor jurídico para suscribir un Acuerdo Transaccional con quienes “poseen derechos registrados” sobre una enorme parcela colindante con la Bahía de las Águilas, Pedernales, deja constancia, en su último párrafo, que el 7 de mayo del 2012, (a 13 días de las elecciones), el Procurador General de la República emitió un acto identificando los abogados apoderados por el Estado para que lo representaran en la litis.
Con fecha 15 de enero pasado el gobierno desistió del recurso judicial que buscaba anular los títulos de terrenos obtenidos irregularmente según comprobó y documentó la doctora Piky Lora Iglesias, quien hasta su temprana y lamentada muerte en 1999 fue apoderada del Estado para perseguir a quienes se asociaron para expropiarse de la parcela 215-A, en el municipio Enriquillo. Trascendió esta semana cuando lo reveló el periódico digital 7 días.com.
El poder autoriza un fideicomiso para la explotación turística del terreno, otorgándole el 45 por ciento de su beneficio a quienes compraron títulos de reforma agraria. Si alguno de los poseedores lo prefiere, podrá emprender camino propio, pagando al Estado el 55 por ciento del monto en que vendan, según el numeral 7 del Poder Especial 7-13, pero sin precisar cómo se establecería el valor actual del terreno que para explotación turística podría cotizarse en miles de millones de pesos. Seguro que algunos preferirán quedarse con parcelas propias.
El expediente completo de la investigación de Piky Lora fue entregado al presidente Leonel Fernández en 1999 por su hija la doctora Laura Acosta Lora. El 5 de diciembre de 1995, el director del Instituto Agrario Dominicano (IAD) Jaime Rodríguez Guzmán, mediante oficio 10790 solicita al Registrador de Títulos de Barahona el traspaso de la parcela 215-A “para un asentamiento agrícola”. Rápido, ese mismo día y sin ninguna averiguación, el doctor Ramírez Suberví transfiere al IAD la totalidad de la parcela (de 36 mil hectáreas). Dos meses después, el 5 de febrero de 1996, con el oficio 433, el Administrador de Bienes Nacionales, Carlos Eligio Linares, remite el expediente, con su aprobación, al Registrador de Títulos de Barahona, quien al otro día ya lo inscribe en el folio 387, número 1547 y expide un nuevo título a nombre del IAD, pero esta vez por sólo 943 hectáreas, aparentemente bien seleccionadas.
El director del IAD procede a realizar un “asentamiento campesino” en terrenos inútiles para la producción agrícola o pecuaria. Piky Lora estableció que muchos de los supuestos asentados no sabían que eran propietarios de las parcelas de reforma agraria, y que ni vivían en la región y algunos eran difuntos. Pero ya “habían vendido” las parcelas a un grupo entre los cuales figuraba el senador de Pedernales Antonio Féliz Pérez y otros políticos como Puro Pichardo, así como a numerosas empresas que serían ahora los beneficiarios del fideicomiso.
La maniobra implicó la violación de procedimientos y leyes. Rodríguez Guzmán pidió el traspaso sin la aprobación del directorio del IAD. Tampoco obtuvo autorización legal del Poder Ejecutivo, y la ley de reforma agraria prohibe el traspaso o venta de las parcelas de asentamientos. Pese a todo eso, la complicidad de los funcionarios de cuatro gobiernos de tres partidos ha operado para que el tribunal de tierra no haya deshecho un fraude tan claro y comprobable. Y según dijo el jueves el ministro de Turismo, Francisco Javier García, pretendiendo justificar la última decisión, podrían pasar 40 o 50 años más antes que el tribunal dictamine. O sea que no hay estado de derecho.
Al Poder Especial de Danilo Medina le faltó algo: una reparación, tal vez en especie, al ingeniero Rodríguez Guzmán por los meses de prisión que sufrió cuando la maniobra fraudulenta fue denunciada por el actual senador Wilton Guerrero, entonces director del IAD, de lo que sabe el actual Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, para aquellos años Fiscal del Distrito Nacional.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.