Análisis Noticiosos
El Nunca Jamás de Guillermo Moreno
Por Juan Bolívar Díaz
La querella del doctor Guillermo Moreno contra el expresidente Leonel Fernández y su Fundación Global es un documento pesado que sacudiría cualquier democracia siquiera de mediana intensidad
La generalidad de los que han leído la querella del doctor Guillermo Moreno para que se investiguen las cuentas del expresidente Leonel Fernández (LF) y su Fundación Global (Funglode) concluyen en que es un documento con abundante fundamentación que por lo menos pone de relieve la ausencia de transparencia.
Aunque se presentan indicios documentales de serias irregularidades, muchos estiman que las debilidades institucionales de la nación dejan escasas posibilidades de que la querella prospere, y hay quienes esperan que siquiera sirva para incentivar transparencia y escrupulosidad en la gestión pública.
La valentía de Moreno. La iniciativa del jurista y profesor universitario que fuera el primer procurador fiscal del presidente Fernández en 1996 y candidato presidencial en las elecciones del año pasado, es un acto de valentía frente al poder político, económico y judicial acumulado por el exmandatario y líder del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Por supuesto que está movida por intencionalidad política, como es lógico y normal en todas las actividades de los personajes públicos, pero merece una ponderación y respuestas más allá de la simple descalificación.
Frente al cúmulo de documentos contenidos en la querella, el más interesado en su dilucidación debería ser el propio acusado, sobre todo cuando todo el país le atribuye la también intencionalidad política de buscarse por lo menos un cuarto período de gobierno. El doctor Fernández y sus abogados podrían aprovechar la circunstancia para hacer transparente todo el financiamiento y el gasto de la Fundación Global que acaba de cumplir trece años de constituida, el 3 de enero del 2000, al amparo de su primer período de gobierno (1996-2000).
En el mundo democrático no se acepta que un presidente en ejercicio constituya una fundación y recabe recursos multimillonarios mientras ejerce la labor de gobierno, porque se presta al tráfico de influencia, cuando no a la extorsión. Eso se reserva a los ya retirados de la competencia política y en cualquier caso tienen que publicar anualmente sus ingresos y gastos, con las fuentes de financiamiento.
La falta de información sobre las fuentes de financiamiento y el gasto de Funglode ha sido objeto de murmullos en los ámbitos diplomáticos y de instituciones internacionales. Hasta personalidades invitadas a actividades de esa entidad han quedado sorprendidas por el lujo de sus instalaciones y se han interesado por saber cómo se financia. El año pasado se produjo una exclamación de molestia por parte de representantes de un organismo internacional ante tres periodistas cuando al pronunciar un discurso el embajador de su país informó de un programa con la Fundación Global. Aludieron a que la cooperación internacional debería ser coherente con el reclamo de transparencia.
Consistente documentación. Las lujosas edificaciones de Funglode, con oficina de alta clase en Nueva York, y sus múltiples actividades son suficiente evidencia de una entidad multimillonaria. Y lo fue casi desde el principio ya que al quebrar el Banco Intercontinental en marzo del 2003, tenía allí depósitos financieros por 104 millones 49 mil pesos, más 15 millones 67 mil 245 pesos en tres cuentas corrientes, y 15 mil 791 dólares, para un total superior a 119 millones de pesos, según detalló la comisión del Banco Central que intervino el banco.
La querella documenta la movilización de decenas de millones de pesos obtenidos mientras el doctor Fernández era presidente de la nación, pero manejados en cuentas personales, primero a nombre de Manuel Rodríguez Casado, y luego de Marilis Pérez y Luisa del Pilar Marte, la primera asistente personal de Diandino Peña, ministro administrativo de la presidencia, luego ministro de Obras Públicas y finalmente director de la Opret, constructora de las dos líneas del metro capitalino. Las cuentas permanecieron a nombre de esos particulares que nunca fueron directivos de Funglode, aún años después que la entidad tuviera formal incorporación y pudiera operar en el mercado bancario.
Los lectores de la querella que ha sido profusamente difundida en innumerables sitios de Internet y en un folleto editado con el título de ¡Nunca Más!, resultan impresionados por la cantidad de facsímiles de cheques y cuentas bancarias que la documentan. Sostiene que la cuenta en Baninter a nombre de Rodríguez Casado, cerrada en septiembre del 2000, manejó entre depósitos y créditos 66 millones 622 mil 292 pesos en los primeros nueve meses de la fundación y cuando Fernández todavía era presidente de la nación. En algunas fechas los depósitos fueron multimillonarios: 11 millones 200 mil el 15 de junio, 15 cheques de un millón cada uno el 19 de junio, y un depósito de 7 millones de pesos el 15 de agosto, último día del gobierno 96-2000, mediante un cheque de administración comprado con dinero en efectivo.
Pesada carga para la Fiscal. La querella con 104 “elementos de prueba” presentada a la procuradora fiscal del Distrito Nacional el 24 de enero constituye una carga muy pesada que podría poner en juego la tranquilidad y hasta la carrera de la joven abogada Yeni Berenice Reynoso, traída a la capital tras acumular prestigio en la fiscalía de Santiago. La generalidad de los observadores cree que es un peso demasiado grande por los poderes que concentra el expresidente Fernández, especialmente en las altas cortes. Aunque no faltan quienes esperan que ella se constituya en una especie de Baltasar Garzón, el juez español que ganó prestigio mundial con atrevidas acciones judiciales.
El 5 de enero Moreno y sus abogados adicionaron un documento amparados en el Código procesal Penal señalando una serie de diligencias que la fiscalía debería realizar ante instituciones financieras públicas y privadas para investigar los cargos que formulan al expresidente y su fundación. También las cuentas de las personas que manejaron recursos de Funglode.
Piden centrar indagaciones sobre las declaraciones juradas ante la Dirección General de Impuestos Internos que debió hacer la fundación a partir del 2005 cuando entró en vigencia la Ley 122-05 sobre entidades sin fines de lucro y que obliga a transparentar cada año los ingresos y egresos de las mismas. Solicitan identificar nombres y montos de los donantes, empresas o personas.
Los cargos específicos. Los cargos presentados en la querella incluyen la violación al artículo 146 de la Constitución que sanciona la corrupción y penaliza a quien “prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico”. Así como a quien “proporcione ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados”.
También imputan delitos establecidos en el Código Penal como concusiones de funcionarios públicos, de funcionarios mezclados en asuntos incompatibles con su calidad, violación a la ley que castiga el lavado e incremento patrimonial derivado de actividades ilícitas, y los crímenes de prevaricación y perjurio.
Es obvio que no resulta fácil comprobar ni condenar tantos y tan graves cargos y menos a un líder político, con amplia defensa, pero la documentación es tan pesada y abundante que en cualquier democracia siquiera de mediana intensidad produciría un gran escándalo político. Por lo menos obliga a una minuciosa y extensa investigación a no ser que se le pretenda despachar políticamente.-
Muchas operaciones turbias
La querella de Moreno, sustentada por tres brillantes jóvenes abogados, Cristóbal Rodríguez, Carlos Moisés Almonte y Jorge Luis Polanco Rodríguez, muestra numerosas operaciones trianguladas de cuentas. Por ejemplo para la construcción y equipamiento del edificio de Funglode de la cuenta Marilis-Luisa se destinan al menos 15 millones de pesos a Promociones Madeira SA, pero los cheques eran depositados en una cuenta a nombre de Maritza López y/o José Abréu, funcionarios y aliados políticos de los gobiernos de Fernández. De aquí se documentan cuatro pagos entre febrero y septiembre del 2002 para equipos y cubicaciones de la fundación que totalizan 4 millones 474 mil pesos.
La querella ejemplifica cargos a LF como propiciar compañías e interpósitas personas como “empresarios” para captar recursos y ponerlos a su disposición a través de Funglode, lo que consideran incompatible con la función pública y violatorio de la ley; prestadores de servicios al Estado hacían contribuciones; entidades públicas convertidas en clientes y patrocinadores de la fundación. Se citan cheques con montos de cientos de miles de pesos de instituciones como el Banco Central, Indotel y varios ministerios para patrocinar cursos, seminarios, cenas y fiestas de la fundación.
Una extensa documentación se refiere al patrocinio de Funglode por diez empresas cuya propiedad se atribuye al actual senador Félix Bautista, íntimo colaborador de LF, quien dirigiera la poderosa Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado entre el 2000 y 2010. Según la instancia de Moreno sólo en el 2001 esas contribuciones totalizaron alrededor de 45 millones de pesos, con citas y facsímiles de dos bancos. Documentan transferencias de diversas empresas contratistas del Estado por sumas de cientos de miles de dólares y millones de pesos.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.
Análisis Noticiosos
Años de investigación de una reserva para salvar al loro carirrojo de la extinción
Tras varios años sin avistamientos, se volvió a registrar la presencia de esta especie en peligro de extinción en la recién creada reserva Ridgely, al sur del país andino
La primera expedición fue en 2022. Visitaron casa por casa en un pueblo de la provincia austral de Loja, al sur del Ecuador. Los científicos cargaban un par de fotografías en busca de un loro con brillantes manchas rojas alrededor del pico. “Preguntamos a los habitantes si lo habían visto”, cuenta Patricio Mena, coordinador de especies de la Fundación Jocotoco. Por aquella época había registros de poco más de 20 ejemplares en la zona. “Muchos respondieron que no, sobre todo los más jóvenes”. Pero, mientras avanzaban por el camino, los habitantes mayores de Selva Alegre confirmaron haber visto y hasta escuchado al ave. “Una persona nos dijo: ‘Sí, ese periquito suele estar ahí”, mientras señalaba un parche de árboles. Aquella pista encendió la esperanza de proteger al loro carirrojo (Hapalopsittaca pyrrhops), tanto así que, tres años después, en marzo de este año, crearon la reserva Ridgely, en el mismo Loja, para cuidar a esta especie, cuya población no supera los 2.400 individuos en el mundo.
Tras aquella primera expedición de 2022, emprendieron nuevos recorridos por las montañas y cordilleras cercanas en busca de más ejemplares. Ornitólogos, observadores de aves y personas de la zona trabajaron para confirmar que Selva Alegre era el lugar indicado para cuidar al loro. Es una especie neotropical muy rara, que habita únicamente en los bosques montanos nublados del sur de Ecuador y el norte de Perú. En los últimos años, su población ha disminuido de manera preocupante. Ha sido catalogado como una especie en peligro de extinción por la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), ya que es muy sensible a las alteraciones en su hábitat. Estudios recientes advierten que su población está experimentando declives rápidos, en gran parte por la pérdida de su entorno.
Recuperar su hábitat
La reserva Ridgely es hoy prácticamente una isla de árboles nativos a más de 2.500 metros de altura. A su alrededor, predominan extensas hectáreas de pino —una especie introducida hace más de un siglo en Ecuador, y que ha desplazado a los árboles y plantas originarias. A esto, se suman actividades ganaderas y agrícolas, que han reducido aún más el hogar del loro, explica David Parra, director de conservación de la Fundación Jocotoco, convirtiendo a la reserva en un sitio clave para la vida de las aves.
José Espinoza es el centinela del loro. Una mochila, unos binoculares y un teléfono son sus herramientas para contabilizarlos y proteger su hábitat. Espinoza fue uno de los primeros en lograr fotografiar al loro carirrojo, pocos meses después de la creación de la reserva. Todos los días patrullaba y abría camino en medio de la maleza. “Trataba de buscarlos y no los encontraba. Ya habían pasado más de dos meses”, dice este joven de 26 años mientras camina por los alrededores de la reserva.
En uno de sus patrullajes, en abril de este año, mientras recorría los senderos, llevaba un parlante que reproducía el canto del loro. “Cuando dejó de sonar, respondieron con el mismo sonido”, relata. Apenas los escuchó, alzó la mirada hacia las copas de los árboles y encontró un grupo de diez ejemplares entre las ramas. “Se quedaron varios minutos perchados, logré tomarles fotos. Estaba muy feliz porque rara vez se los logra ver”, cuenta ilusionado.
El siguiente paso es identificar si anidan o se desplazan en busca de comida en esta zona, explica Leovigildo Cabrera, administrador de las reservas del programa Chocó– Tumbes, una zona que combina las selvas tropicales del Chocó con los bosques secos de Tumbes, entre Ecuador y Perú, y de la que forma parte la reserva Ridgely. “Hay que entender cómo es su comportamiento, sus movimientos” y “para eso son necesarios los recorridos de monitoreo”, agrega. Hay que realizar largas horas de caminatas desde el amanecer, a las seis de la mañana, hasta entrada la tarde. Una tarea que exige paciencia, dedicación y constancia.
Pero el loro carirrojo no es único habitante de estos bosques. A más de 3.600 metros de altura, donde los pajonales y la vegetación de páramo domina el paisaje, vive el colibrí garganta azul (Lampornis clemenciae), en la reserva Cerro de Arcos que, junto con Ridgely, forman un corredor ecológico. “Las especies que habitan esta larga y delgada cordillera son muy móviles”, menciona Parra. Y, añade, estos ecosistemas “se comportan como islas porque guardan a especies únicas”.
Los vigilantes del colibrí son Ángel Macas y Norberto Ordóñez, dedicados a monitorear los nidos de esta especie única. En la aplicación de su celular llevan un registro exacto de cuántos colibríes habitan en la reserva. “Incluso identificamos los nidos con código y placas para diferenciarlos”, comenta Macas. Los recorridos los realizan en solitario por lo sensibles que pueden ser las aves. Pero su trabajo no se termina ahí, también participan en la reforestación con plantas nativas, como la chuquiragua, una especie de arbusto andino, que es el principal alimento del colibrí de garganta azul.
La meta de la nueva reserva Ridgely es aumentar su extensión. “Actualmente, tiene alrededor de 200 hectáreas y en el futuro se espera duplicar el área para crear un hábitat más grande que permita incrementar la población del loro carrirojo”, cuenta Mena. Proteger al loro crea un efecto paraguas: “Al conservar estos bosques, donde habita el loro, protegemos a muchas otras especies. La reserva empieza desde los 2.800 hasta los 3.500 metros, llegando casi el páramo. Al cuidar este ecosistema, preservamos fuentes hídricas y garantizamos la supervivencia de osos y aves, como el tucán andino, las pavas de monte, los colibríes o las ranas”, zanja el investigador.
La historia detrás del loro carirrojo y del colibrí garganta azul en Selva Alegre es también la de las personas que dedican su vida a protegerlos en medio de una región del Ecuador que está cada vez más amenazada por el impacto del cambio climático, además de la nueva presión que ha puesto en jaque a las áreas protegidas del país andino: la minería ilegal. La creación y expansión de la reserva Ridgely no solo busca salvar a una especie, sino preservar un bosque entero, sus ríos, su páramo y la increíble diversidad que habita en este ecosistema único.
ELPAIS.COM
En México, la alerta de las inundaciones recientes llegó “cuando la ola ya estaba encima”, según dijo un testigo. En Haití, el huracán ‘Melissa’ no llegó, pero fue el país del Caribe donde más muertes dejó el potente ciclón. Los desastres se vuelven catástrofes por sistemas que se omiten y presupuestos que se desvían
Podemos hablar del paso de los huracanes y tormentas como si fueran una serie de números y nombres que desfilan: Erin, Gabrielle, Humberto, Imelda, Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen, Lorenzo y Melissa. El último de esta temporada 2025 en el Atlántico, Melissa, dejó al 77% de Jamaica sin electricidad, al menos 28 muertos, más de 25.000 personas en refugios de emergencia; a Haití con 40 fallecidos, decenas de desaparecidos y más de 160 viviendas inundadas; a Cuba con 735.000 personas evacuadas.
Y pensamos en esas personas —las afortunadas— que siguen con vida, pero que perdieron sus hogares y que no tienen dinero para reconstruirlas; que con el tiempo terminarán por reconstruir(se) hasta que el paso de un futuro huracán les vuelva a atravesar por la mitad.
Empezamos, entonces, a asimilar mejor el concepto de “injusticia climática” cuando desciframos estas cifras en el periódico y vemos los encabezados que compiten en grandilocuencia: “el más devastador”, “el más fuerte”, “el más destructivo”. Atravesados como rayo por la palabra cambio climático.
Es más difícil pensar en conceptos y cifras cuando estos se viven en carne propia. Es, también, más difícil tomar distancia de estas tragedias para preguntarse qué convirtió estos desastres en catástrofes humanitarias, crisis de salud pública y económicas. ¿Qué tuvo que acontecer para que esto sucediera?
Quisiera hablar de desastres en un sentido más amplio. En México, hace tan solo unas semanas, lluvias torrenciales en cinco estados provocaron la muerte de al menos 70 personas y otras 70 más siguen desaparecidas. Se estima, también, que hay más de 100.000 viviendas afectadas. Cuando nos preguntamos qué pasó, los sobrevivientes hablan: “La alerta llegó cuando la ola ya estaba encima”.
Y entonces, empezamos a entender el tipo de cosas que tienen que acontecer para que lo inevitable suceda.
En su momento, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que no se escatimaría en recursos para atender a víctimas y que este año se aprobaron 19.000 millones de pesos mexicanos (unos 1.200 millones de dólares) para la atención de desastres.
Pero la atención no es lo mismo que la prevención. Como no es lo mismo salvar vidas que resarcir daños y enterrar muertos.
Cuando vemos los masivos recortes presupuestales a los sistemas de alerta temprana en México, en beneficio al tren Maya, a PEMEX, entre otros, entendemos por qué, el sistema mexicano de protección civil, que fue único e innovador a nivel global en su momento, sea tan insuficiente hoy en día. Se explica mejor el desmoronamiento de la comunicación de riesgos, la ausencia de convenios de colaboración con las telefonías para que alerten a las poblaciones vulnerables y los fondos de Prevención de Desastres desarticulados.
Este es el tipo de cosas que hacen que lo inevitable suceda.
En junio de este año, la ONU lanzó las alertas en Haití: el 96% de la población estaba en riesgos por desastres y, sin embargo, no existía el financiamiento necesario para activar sistemas de prevención ni material de emergencia post-desastre. Hacía tan solo unos meses, la ONU había decretado que el gobierno no tenía la capacidad de proteger a su población en su entrada a la época más difícil del año, la presente y temible temporada de huracanes. La ONU pedía 908 millones de dólares para apoyar a Haití, a mediados de junio tan solo había logrado reunir el 8%.
Este es el tipo de cosas que hacen que lo inevitable suceda.
En México, como en muchos otros países, la memoria sobre lugares a riesgo se fue gradualmente borrando y la legislación se hizo esquiva: los territorios inundables se volvieron habitables y se convenció a las poblaciones vulnerables de que eran seguros. Se omitieron, también, las estrategias de prevención y adaptación.
Y el problema, después, fue que “la alerta llegó cuando la ola ya estaba encima”.
En Haití, el huracán Melissa no llegó. Pero en las últimas décadas, el país fue paulatinamente acabando con sus bosques y zonas húmedas que permitían las infiltraciones al subsuelo, limitando las inundaciones; transformó sus árboles en energía para electricidad y debilitó los territorios que eran barrera a los deslizamientos de terreno. El huracán Melissa no llegó, pero Haití, que tenía ya a 230.000 haitianos en refugios improvisados, sufrió las consecuencias más mortíferas de la región tras su paso.
Las dinámicas territoriales de las últimas décadas y la degradación de los ecosistemas son ese tipo de cosas que tienen que suceder para que lo inevitable acontezca.
Y así, los desastres se vuelven catástrofes por procesos que se construyen, sistemas que se omiten, presupuestos que se desvían, personas cuyas vidas se juzgan poco importantes. Los escenarios son conocidos, las tragedias son previsibles, pero por falta de capacidad, se vuelven imposibles de evitar.
Estos desastres y tragedias ocurren a tan solo una semana de que se lleve a cabo la COP30, el evento climático más importante a nivel global, en donde se decidirá, entre otros temas, las inversiones que tienen que ser destinadas a la adaptación, la ayuda que recibirán los países más vulnerables a los riesgos climáticos y el rol de esos estados insulares que, a pesar de no ser responsables del cambio climático, terminan siendo los más afectados.
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Análisis Noticiosos
Al menos 64 muertos y decenas de detenidos en una megaoperación contra el crimen organizado en Río de Janeiro
El gobernador afirma que “es una guerra que nada tiene que ver con la seguridad urbana” y pide ayuda a las Fuerzas Armadas
Sao Paulo.- Río de Janeiro vive este martes una jornada de caos colosal e intensos tiroteos por una operación policial contra el crimen organizado que ya es la más letal de la historia de la ciudad brasileña. Al menos 64 personas han muerto (incluidos cuatro agentes) y 81 han sido detenidas, según datos oficiales. El despliegue de 2.500 policías en esta megaoperación, que se ha centrado inicialmente en dos grandes barriadas cariocas de favelas, pretende frenar la expansión territorial del Comando Vermelho, el segundo grupo más poderoso del crimen organizado en el país sudamericano. El gobernador del Estado de Río, Claudio Castro, se ha quejado de que “Río está sola en esta guerra”, ha criticado la falta de apoyo del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y ha pedido ayuda a las Fuerzas Armadas.
Río de Janeiro, turística, antigua capital y el hogar de seis millones de vecinos, es simultáneamente una ciudad muy desigual y acostumbrada a la violencia, pero las dosis desplegadas este martes resultan extraordinarias incluso para los locales. El descomunal despliegue policial ha sido respondido con intensos tiroteos por los hombres del Comando Vermelho, que incluso han lanzado granadas desde drones sobre los agentes. Horas después, el grupo criminal ha desplegado a sus miembros, que han cortado avenidas y calles con barricadas por toda la ciudad y por la zona metropolitana.
Las autoridades han elevado el nivel de alerta en Río ciudad y los noticiarios se han llenado de imágenes de avenidas cortadas con autobuses, coches quemados y decenas de hombres sin camiseta a los que los agentes se llevan detenidos. La policía se ha incautado de al menos 75 fusiles.
El baño de sangre en Río se ha producido a las puertas de que Brasil acoja a partir de la semana que viene la cumbre mundial del cambio climático, la COP30, que se celebrará en Belém, en la Amazonia, a más de 3.000 kilómetros de distancia. El presidente Lula será el anfitrión de una cumbre los días 6 y 7.
El principal objetivo de la operación policial es el jefe del Comando Vermelho en una barriada carioca llamada Complexo da Penha, el capo Edgar Alves de Andrade, apodado Doca. Los agentes, que tenían un centenar de órdenes de arresto, también buscan a decenas de sus lugartenientes.
Ya a primera hora de la mañana, las autoridades habían anunciado que los tiroteos entre agentes y criminales obligaron a suspender las clases en 45 colegios y a desviar 12 líneas de autobús. Por la tarde, el CV había logrado cortar el tráfico en al menos una quincena de puntos de la ciudad, incluida la avenida Brasil, una de las principales arterias viarias. “Es un escenario de guerra”, le ha contado la profesora Suellen Gomes al diario Estadão desde el Complexo do Alemão. Según ella, los tiros empezaron al amanecer y nadie fue al colegio. “Ninguna escuela de esta zona abre cuando hay operación”, explica.
Para atrapar a los jefes del negocio, a los contables que les ayudan a blanquear sus ganancias y a los soldados de a pie que con los que mantienen el control absoluto sobre barriadas completas donde dictan la ley, las autoridades han movilizado un despliegue enorme. A los 2.500 agentes de la policía militar y la civil involucrados, se han sumado una treintena de vehículos blindados, dos helicópteros, drones policiales y una docena de vehículos de demolición.
El gobernador Castro, bolsonarista, se ha quejado de que las Fuerzas Armadas rechazaron tres veces sus peticiones para que le enviaran blindados de apoyo. Ha pedido ayuda a los militares con el argumento de que esta “es una guerra que nada tiene que ver con la seguridad urbana” sino que está alimentada “por las armas del narcotráfico internacional”.
El secretario de Seguridad Pública Victor Santos, ha destacado que toda la operación se diseñó y se realiza con apoyo del Gobierno federal. Santos ha lamentado el caos para los vecinos y los heridos, pero ha recalcado que esta acción “era necesaria, estaba planificada, se basa en inteligencia y va a continuar”.
El epicentro de la megaoperación son dos enormes conjuntos de favelas donde viven casi 300.000 personas, el Complexo da Penha y el Complexo do Alemão. El primero es, según la fiscalía de combate a las familias criminales de Río, un centro neurálgico de las actividades del Comando Vermelho. El Complexo da Penha, dice una nota del Grupo Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco), “es un punto estratégico para el flujo de drogas y armas, gracias a que está en las proximidades de varias autopistas, y se ha convertido en una de las principales bases del proyecto expansionista del grupo criminal”.
Uno de cada cuatro brasileños, es decir, 50 millones de personas, viven en barrios dominados por el crimen organizado, según un reciente estudio de la Universidad de Cambridge. El Comando Vermelho, el PCC u otros grupos armados, imponen su ley a sus vecinos y, en ocasiones, impide la acción de las autoridades. Los vecinos directamente afectados, que suelen ser pobres, negros y periféricos, se encuentran atrapados entre dos fuegos, abandonados por las autoridades, blanco fácil y presa de las balas perdidas, además de sometidos a extorsión.
En los últimos tiempos los delincuentes han descubierto las bondades del trabajo en remoto. Un fiscal del Estado amazónico de Rondonia explicaba recientemente en el diario O Globo que los jefes de las franquicias del Comando Vermelho por otros estados, sobre todo los fronterizos con otros países, se están refugiando en Río de Janeiro, que hasta este martes eran la principal guarida del grupo. “Se dieron cuenta de que el jefe ya no necesitaba estar en su estado natal. Podía estar protegido en Río y tomar decisiones por videollamada”, explicaba al diario carioca Anderson Batista de Oliveira, jefe del Gaeco en Rondonia. “El capo está en un lugar de difícil acceso para la policía, y la organización protege así a sus principales activos”, añadía.
Hasta ahora la operación más letal de Río era la de la favela de Jacarezinho, en el centro, donde en 2021 murieron 27 personas. La policía de Brasil es considerada una de las que más mata y más muere del mundo. En torno a un 10% de las muertes violentas suelen ser obra de uniformados. La de Río, tanto de la ciudad como del Estado, ha destacado durante años a nivel nacional por su alto. La creciente incorporación de cámaras en los uniformes ha contribuido a reducir las muertes en enfrentamientos a tiros con criminales.
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