Análisis Noticiosos
El Nunca Jamás de Guillermo Moreno
Por Juan Bolívar Díaz
La querella del doctor Guillermo Moreno contra el expresidente Leonel Fernández y su Fundación Global es un documento pesado que sacudiría cualquier democracia siquiera de mediana intensidad
La generalidad de los que han leído la querella del doctor Guillermo Moreno para que se investiguen las cuentas del expresidente Leonel Fernández (LF) y su Fundación Global (Funglode) concluyen en que es un documento con abundante fundamentación que por lo menos pone de relieve la ausencia de transparencia.
Aunque se presentan indicios documentales de serias irregularidades, muchos estiman que las debilidades institucionales de la nación dejan escasas posibilidades de que la querella prospere, y hay quienes esperan que siquiera sirva para incentivar transparencia y escrupulosidad en la gestión pública.
La valentía de Moreno. La iniciativa del jurista y profesor universitario que fuera el primer procurador fiscal del presidente Fernández en 1996 y candidato presidencial en las elecciones del año pasado, es un acto de valentía frente al poder político, económico y judicial acumulado por el exmandatario y líder del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Por supuesto que está movida por intencionalidad política, como es lógico y normal en todas las actividades de los personajes públicos, pero merece una ponderación y respuestas más allá de la simple descalificación.
Frente al cúmulo de documentos contenidos en la querella, el más interesado en su dilucidación debería ser el propio acusado, sobre todo cuando todo el país le atribuye la también intencionalidad política de buscarse por lo menos un cuarto período de gobierno. El doctor Fernández y sus abogados podrían aprovechar la circunstancia para hacer transparente todo el financiamiento y el gasto de la Fundación Global que acaba de cumplir trece años de constituida, el 3 de enero del 2000, al amparo de su primer período de gobierno (1996-2000).
En el mundo democrático no se acepta que un presidente en ejercicio constituya una fundación y recabe recursos multimillonarios mientras ejerce la labor de gobierno, porque se presta al tráfico de influencia, cuando no a la extorsión. Eso se reserva a los ya retirados de la competencia política y en cualquier caso tienen que publicar anualmente sus ingresos y gastos, con las fuentes de financiamiento.
La falta de información sobre las fuentes de financiamiento y el gasto de Funglode ha sido objeto de murmullos en los ámbitos diplomáticos y de instituciones internacionales. Hasta personalidades invitadas a actividades de esa entidad han quedado sorprendidas por el lujo de sus instalaciones y se han interesado por saber cómo se financia. El año pasado se produjo una exclamación de molestia por parte de representantes de un organismo internacional ante tres periodistas cuando al pronunciar un discurso el embajador de su país informó de un programa con la Fundación Global. Aludieron a que la cooperación internacional debería ser coherente con el reclamo de transparencia.
Consistente documentación. Las lujosas edificaciones de Funglode, con oficina de alta clase en Nueva York, y sus múltiples actividades son suficiente evidencia de una entidad multimillonaria. Y lo fue casi desde el principio ya que al quebrar el Banco Intercontinental en marzo del 2003, tenía allí depósitos financieros por 104 millones 49 mil pesos, más 15 millones 67 mil 245 pesos en tres cuentas corrientes, y 15 mil 791 dólares, para un total superior a 119 millones de pesos, según detalló la comisión del Banco Central que intervino el banco.
La querella documenta la movilización de decenas de millones de pesos obtenidos mientras el doctor Fernández era presidente de la nación, pero manejados en cuentas personales, primero a nombre de Manuel Rodríguez Casado, y luego de Marilis Pérez y Luisa del Pilar Marte, la primera asistente personal de Diandino Peña, ministro administrativo de la presidencia, luego ministro de Obras Públicas y finalmente director de la Opret, constructora de las dos líneas del metro capitalino. Las cuentas permanecieron a nombre de esos particulares que nunca fueron directivos de Funglode, aún años después que la entidad tuviera formal incorporación y pudiera operar en el mercado bancario.
Los lectores de la querella que ha sido profusamente difundida en innumerables sitios de Internet y en un folleto editado con el título de ¡Nunca Más!, resultan impresionados por la cantidad de facsímiles de cheques y cuentas bancarias que la documentan. Sostiene que la cuenta en Baninter a nombre de Rodríguez Casado, cerrada en septiembre del 2000, manejó entre depósitos y créditos 66 millones 622 mil 292 pesos en los primeros nueve meses de la fundación y cuando Fernández todavía era presidente de la nación. En algunas fechas los depósitos fueron multimillonarios: 11 millones 200 mil el 15 de junio, 15 cheques de un millón cada uno el 19 de junio, y un depósito de 7 millones de pesos el 15 de agosto, último día del gobierno 96-2000, mediante un cheque de administración comprado con dinero en efectivo.
Pesada carga para la Fiscal. La querella con 104 “elementos de prueba” presentada a la procuradora fiscal del Distrito Nacional el 24 de enero constituye una carga muy pesada que podría poner en juego la tranquilidad y hasta la carrera de la joven abogada Yeni Berenice Reynoso, traída a la capital tras acumular prestigio en la fiscalía de Santiago. La generalidad de los observadores cree que es un peso demasiado grande por los poderes que concentra el expresidente Fernández, especialmente en las altas cortes. Aunque no faltan quienes esperan que ella se constituya en una especie de Baltasar Garzón, el juez español que ganó prestigio mundial con atrevidas acciones judiciales.
El 5 de enero Moreno y sus abogados adicionaron un documento amparados en el Código procesal Penal señalando una serie de diligencias que la fiscalía debería realizar ante instituciones financieras públicas y privadas para investigar los cargos que formulan al expresidente y su fundación. También las cuentas de las personas que manejaron recursos de Funglode.
Piden centrar indagaciones sobre las declaraciones juradas ante la Dirección General de Impuestos Internos que debió hacer la fundación a partir del 2005 cuando entró en vigencia la Ley 122-05 sobre entidades sin fines de lucro y que obliga a transparentar cada año los ingresos y egresos de las mismas. Solicitan identificar nombres y montos de los donantes, empresas o personas.
Los cargos específicos. Los cargos presentados en la querella incluyen la violación al artículo 146 de la Constitución que sanciona la corrupción y penaliza a quien “prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico”. Así como a quien “proporcione ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados”.
También imputan delitos establecidos en el Código Penal como concusiones de funcionarios públicos, de funcionarios mezclados en asuntos incompatibles con su calidad, violación a la ley que castiga el lavado e incremento patrimonial derivado de actividades ilícitas, y los crímenes de prevaricación y perjurio.
Es obvio que no resulta fácil comprobar ni condenar tantos y tan graves cargos y menos a un líder político, con amplia defensa, pero la documentación es tan pesada y abundante que en cualquier democracia siquiera de mediana intensidad produciría un gran escándalo político. Por lo menos obliga a una minuciosa y extensa investigación a no ser que se le pretenda despachar políticamente.-
Muchas operaciones turbias
La querella de Moreno, sustentada por tres brillantes jóvenes abogados, Cristóbal Rodríguez, Carlos Moisés Almonte y Jorge Luis Polanco Rodríguez, muestra numerosas operaciones trianguladas de cuentas. Por ejemplo para la construcción y equipamiento del edificio de Funglode de la cuenta Marilis-Luisa se destinan al menos 15 millones de pesos a Promociones Madeira SA, pero los cheques eran depositados en una cuenta a nombre de Maritza López y/o José Abréu, funcionarios y aliados políticos de los gobiernos de Fernández. De aquí se documentan cuatro pagos entre febrero y septiembre del 2002 para equipos y cubicaciones de la fundación que totalizan 4 millones 474 mil pesos.
La querella ejemplifica cargos a LF como propiciar compañías e interpósitas personas como “empresarios” para captar recursos y ponerlos a su disposición a través de Funglode, lo que consideran incompatible con la función pública y violatorio de la ley; prestadores de servicios al Estado hacían contribuciones; entidades públicas convertidas en clientes y patrocinadores de la fundación. Se citan cheques con montos de cientos de miles de pesos de instituciones como el Banco Central, Indotel y varios ministerios para patrocinar cursos, seminarios, cenas y fiestas de la fundación.
Una extensa documentación se refiere al patrocinio de Funglode por diez empresas cuya propiedad se atribuye al actual senador Félix Bautista, íntimo colaborador de LF, quien dirigiera la poderosa Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado entre el 2000 y 2010. Según la instancia de Moreno sólo en el 2001 esas contribuciones totalizaron alrededor de 45 millones de pesos, con citas y facsímiles de dos bancos. Documentan transferencias de diversas empresas contratistas del Estado por sumas de cientos de miles de dólares y millones de pesos.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.
El conflicto ha provocado una huida masiva a países como Sudán del Sur. Allí, en pueblos fronterizos como Atham, algunas mujeres vuelven a sus hogares a recuperar bienes que abandonaron. Pero el viaje lo hacen las mayores para evitar que las chicas sufran agresiones sexuales
Atham, Sudán del Sur .-Halima Hamed, de 25 años, y Nema Musa, de 22, se tocan primero el pecho, luego las costillas y finalmente la cadera. Primero con las manos, después con los dedos. Pechos, costillas, cadera. Así manosean los paramilitares a las chicas jóvenes que huyen la guerra en Sudán. A ellas no les pasó nada, pero saben que esto ocurre muy a menudo durante el trayecto. “A veces, [los milicianos de las Fuerzas de Apoyo Rápido] paran los autobuses, hacen bajar solo a las más jóvenes y se las llevan”, explica Hamed desde el centro de tránsito de Renk, en Sudán del Sur. “Algunas vuelven, pero a otras no las vemos más”, añade.
La guerra, que esta semana ha cumplido dos años, ha devastado el país y provocado el desplazamiento forzado de más de 12,9 millones de personas, de las cuales 3,8 millones han huido fuera de Sudán, según datos de marzo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Sudán del Sur es uno de los países receptores de personas desplazadas y el pueblo de Atham, situado a cinco kilómetros de la frontera con Sudán, se ha convertido en uno de los principales destinos.
Bout está a cinco horas a pie de Atham, lo suficientemente cerca para volver, aunque sea una vez, a buscar lo que tuvieron que abandonar de manera precipitada. Es por esto que una treintena de mujeres ancianas del pueblo, que ahora están refugiadas en Atham, se organizaron cuando la situación mejoró para volver todas juntas a Sudán y ver qué había quedado de sus recuerdos, propiedades y, sobre todo, del sorgo que habían cultivado. Fueron ellas, las más mayores, las que hicieron el trayecto de vuelta para proteger a sus nietas, bisnietas e hijas. Los milicianos prefieren a las jóvenes. “Yo tengo miedo de volver porque a las más jóvenes nos violan y nos hacen sus esclavas”, dice Al Nur.
El buma o alcalde de Atham, Diing Aguer Chol, explica que el día anterior “unos militares rescataron a una chica que había sido violada por las RSF justo cerca de la frontera”. Cordula Haeffner, trabajadora de Médicos Sin Fronteras en el terreno, afirma que las mujeres sufren violencia sexual “en el lugar de origen, durante el trayecto y en el sitio de llegada”. De acuerdo con ONU Mujeres, en 2024 aumentó en un 288 % la demanda de servicios contra la violencia de género en Sudán, en comparación con los datos de 2023.
A las chicas jóvenes nos violan y a los chicos más jóvenes los rebeldes les dicen que, o se unen a ellos, o los matanNasrin Al Nur, refugiada sudanesa en Sudán del Sur
La violencia sexual es el fantasma que planea entre las mujeres sudanesas. Abdarahaman es consciente del riesgo, aunque, afortunadamente, nunca ha sufrido una agresión. Ella fue una de las mujeres que caminaron hacia Bout para ir a buscar comida y las pocas cosas que le quedaban, porque en Atham no hay alimentos ni ayuda internacional. “Solo volví una vez, vi mi casa quemada y el campo devastado. Me sentí desolada”, recuerda.
Aisha Malek, de 65 años, también formó parte del grupo de mujeres que hizo el camino. La mujer afirma que “no es seguro volver” y que no dejaría a su hija ir sola. Sentada en un camastro, recuerda su travesía. Detrás de ella hay dos colchones, uno rosa y otro azul. También un catre que consiguió recuperar de su antigua casa. Malek explica que pagó 5.000 libras sursudanesas (aproximadamente 1 euro en el mercado negro, el más común y accesible para la población) en un puesto de control de las Fuerzas de Apoyo Rápido para que le dejaran pasar. A la vuelta, trajo las pertenencias que pudo encontrar con la ayuda de un burro.
Violencia sexual como arma de guerra
“El sistema de violencia sexual que se está perpetuando como arma de guerra en Sudán, incluso contra los niños, es terrorífico”, afirmaron miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el pasado marzo. El último informe de Unicef publicado a principios del mes pasado hizo saltar todas las alarmas: desde el inicio de 2024 se habían documentado 221 violaciones contra niños, incluidos cuatro de solo un año de edad y otros 16 menores de cinco. Según el análisis, esta violencia sexual sucede durante la invasión de ciudades, mientras se huye del conflicto, durante detenciones, en el trayecto hacia otro país con una intención de explotación sexual, a cambio de alimentos u otros suministros esenciales y durante las actividades del día a día, como ir a buscar agua.
En febrero de este año, la organización Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa (SIHA) hizo una declaración en Ginebra delante del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) en la que afirmó que habían documentado 300 casos de violencia sexual en Sudán, de los cuales un 23,5% involucraban a niños. También denunciaron que hay 230 casos de desaparición forzada de mujeres que, temen, hayan sido sometidas a esclavitud sexual o matrimonio forzado. SIHA atribuye la mayoría de estos crímenes de guerra “sistemáticos y deliberados” a las RSF pero también al ejército sudanés que, aseguran, buscan “controlar y dominar las comunidades”.
Laetitia Bader, directora de Human Rights Watch (HRW) en África, afirmaba en un informe de 86 páginas en el que se describe la violencia sexual contra las mujeres en el conflicto de Sudán que “los grupos armados han aterrorizado a las mujeres y a las niñas, y que las dos partes han bloqueado la entrada de ayuda humanitaria, lo que está provocando que sientan que no hay un lugar seguro dónde ir”.
Falta de comida en Atham
Chol, el alcalde de Atham, explica que, antes de la guerra, el pueblo tenía 1.000 habitantes y ahora son más de 24.000. “Tenemos un grave problema de falta de comida”, subraya preocupado. La refugiada Nasrin Al Nur confía en la buena voluntad de los vecinos para su manutención. “No sé lo que voy a comer hoy”, admite. Su trabajo consiste en construir hornos de adobe para comerciar con ellos, aunque no siempre los logra vender. Tanto ella como su madre y sus hermanos han decidido quedarse en Sudán del Sur, a pesar de la incertidumbre que planea sobre el país tras la suspensión de las elecciones previstas a finales de 2024, una situación que pone en jaque la estabilidad de los acuerdos de paz firmados en 2018.
Sudán del Sur ha sufrido claramente los efectos colaterales de la guerra en Sudán después de que en enero de 2024 la exportación de crudo del país —que representa el 85% del Producto Interior Bruto—, se paralizara de la noche a la mañana debido a la inestabilidad. La moneda, que se sostiene por la entrada de petrodólares, perdió más de la mitad de su valor y el país se hundió en una crisis económica sin precedentes y una inflación del 600%.
Por ello, en Atham hay gente que hace las maletas. “Mi hija parió en casa porque no la quisieron atender en el hospital”, explica, enfadada, Mazaer Musa, una mujer sudanesa que vive en Atham. Delante de su casa, un camión con catres, ropa, muebles y cortinas la espera a ella y sus hijas para irse, quizá, dice, hasta Etiopía. “Claro que me da miedo, pero aquí no hay comida”, concluye.
elpais.com
Por Ramón Ceballo
Desde el año 2020, la República Dominicana ha enfrentado una serie de tragedias naturales y humanas que han dejado una huella profunda en la memoria colectiva del país. Entre fenómenos climáticos extremos, accidentes fatales, hechos de violencia y desastres urbanos, la nación caribeña ha tenido que superar múltiples desafíos en un corto período de tiempo.
Una tormenta tras otra, en medio de una pandemia, El año 2020 marcó un punto de inflexión para el mundo entero con la llegada de la pandemia de COVID-19, y para los dominicanos, esa crisis sanitaria se vio agravada por desastres naturales.
En medio del confinamiento y la incertidumbre, la tormenta Isaías causó importantes daños en varias zonas del país. Además, ese mismo año, la tormenta tropical Laura impactó el territorio dominicano un domingo de agosto, provocando inundaciones, destrucción de viviendas y pérdida de vidas humanas. Ese año también estuvo marcado por protestas sociales, reflejo del descontento popular por diversas problemáticas nacionales.
Hemos padecido tormentas y tragedias marítimas, el 2021 trajo consigo una intensa actividad ciclónica. Las tormentas Fred, Grace y Elsa golpearon diferentes regiones del país, dejando comunidades afectadas, desplazamientos forzados y cuantiosos daños materiales. Además, ese año, una embarcación que pretendía llegar de manera ilegal a Puerto Rico zozobró, cobrando la vida de ocho personas, una tragedia que refleja la desesperación de quienes arriesgan todo por un futuro mejor.
En los últimos 5 años, no hemos escapados a huracanes, accidentes y explosiones, en este periodo el huracán Fiona azotó República Dominicana con fuerza, especialmente en la región Este, donde dejó cientos de desplazados y severas pérdidas en la agricultura e infraestructura. Poco después, en 2023, la tormenta tropical Franklin volvió a poner a prueba la resiliencia del pueblo dominicano.
Ese mismo año, el país se estremeció con la explosión en San Cristóbal, un desastre urbano de gran magnitud que dejó un saldo de muertos, heridos y una ciudad en luto. También se registraron accidentes viales de gran impacto: un choque entre un autobús escolar y una patana en Hato Mayor, y otro accidente en el que dos autobuses chocaron de frente en la carretera La Otra Banda-Verón, en La Altagracia. En otro hecho lamentable, turistas peruanos y chilenos fallecieron cuando el autobús en el que viajaban volcó en una carretera del este del país.
Otras tragedias que estremecieron al país y dejaron cicatrices dolorosas, que indignó a la sociedad, fue cuando una patrulla policial mató a una joven pareja de esposos, Elisa Muñoz Marte, de 32 años, y Joel Eusebio Díaz Ferrer, de 35. A su vez, tres miembros del Cuerpo de Bomberos de Moca perdieron trágicamente la vida en el cumplimiento de su deber, recordándonos el riesgo que enfrentan quienes sirven a la comunidad.
Recientemente, la desaparición de un niño en una comunidad rural del municipio de Jarabacoa conmocionó a la opinión pública, así como el reciente derrumbe en la discoteca Jet Set, un ícono del entretenimiento capitalino, ha dejado más de 100 muertes así como a varias decenas de heridos, situación que ha reavivado el debate sobre la seguridad en los espacios públicos.
A pesar del dolor y la incertidumbre, el pueblo dominicano ha demostrado una admirable capacidad de recuperación. Sin embargo, estos eventos también subrayan la urgente necesidad de fortalecer la prevención de desastres, mejorar la seguridad vial y reforzar el respeto por los derechos humanos.
Las tragedias vividas desde 2020 hasta hoy no deben ser olvidadas. Son heridas abiertas que llaman a la reflexión, la acción y la solidaridad nacional.
Somos un país resiliente, marcado por el dolor!
Un estudio confirma que en cada lugar los adinerados viven más que los pobres y que las diferencias entre clases sociales son mucho más acusadas en EE UU
En una ciudad como Madrid, los hombres viven, de media, tres años más en el barrio de Chamartín, de mayor poder adquisitivo, que en Puente de Vallecas, uno con menos. La tendencia es similar en todo el mundo, porque la capacidad económica se correlaciona con el estado de salud y la esperanza de vida. Sin embargo, según acaba de publicar el New England Journal of Medicine, esta tendencia cambia cuando se comparan a ricos y pobres de EE UU y Europa.
El estudio, liderado por Irene Papanicolas, directora del Centro de Sostenibilidad del Sistema de Salud de la Escuela de Salud Pública, tomó como muestra a 73.000 estadounidenses y europeos de entre 50 y 85 años. Se les siguió desde 2010 para observar cuál era el efecto de la riqueza en la probabilidad de morir de un individuo. En primer lugar, se vio que, tanto en EE UU como en Europa, los ricos vivían más que los pobres, aunque la brecha era mucho mayor en el país norteamericano.
Ese dato coincidía con estudios anteriores, que muestran que los ricos viven más, pero, cuando la comparación se realizó entre continentes, el resultado fue más sorprendente. Las tasas de mortalidad en todos los niveles de riqueza de EE UU eran mayores que en las regiones europeas incluidas en el estudio. Los estadounidenses más ricos tenían menor esperanza de vida que los europeos más ricos y no superaban la de los más pobres de algunos países europeos como Alemania, Francia o Países Bajos.
En una nota de su institución, Sara Machado, investigadora de la Universidad Brown y coautora del estudio, plantea que sus hallazgos son una cura de humildad para EE UU y una llamada a la acción para los responsables de las políticas que pueden mejorar la salud en aquel país. “Si miras a otros países, tienen mejores resultados y eso significa que podemos aprender de ellos y mejorar”, afirma. “No es necesario gastar más, se trata de abordar los factores que estamos pasando por alto y podrían darnos mayores beneficios de lo que pensamos”, concluye.
Según el estudio, el 25% más rico de los individuos presentó una tasa de mortalidad un 40% menor que la de aquellos en el cuartil más pobre. Además, los participantes europeos murieron a tasas aproximadamente un 40% menores que los de Estados Unidos durante todo el período de estudio. En el caso de Europa del Sur, las tasas de mortalidad estimadas fueron un 30% más bajas que las de los participantes estadounidenses, mientras que en Europa Oriental las tasas de mortalidad fueron entre un 13% y un 20% menores en comparación con EE UU.
Parece que hay gente muy pudiente que no tiene acceso a un sistema sanitario tan completo como el europeoMiguel Ángel Martínez Beneito, autor principal del Atlas Nacional de Mortalidad en España
Estos datos proporcionan más información para entender por qué en los últimos años, en el país más poderoso del mundo y de donde salen los principales avances científicos y médicos del planeta, la esperanza de vida se está reduciendo.
Papanicolas reconoce que “existen muchas diferencias que observamos entre Estados Unidos y Europa, pero no está claro cómo explican las ventajas en salud de los europeos sobre los estadounidenses”. El estudio observó que muchos de los determinantes asociados con una mayor supervivencia, como tener educación universitaria, no fumar o estar casado, se concentran más en el 25% más rico de los estadounidenses, algo que explicaría la gran diferencia en esperanza de vida entre ricos y pobres en aquel país. En Europa, factores como la educación o el tabaquismo están distribuidos de manera más equitativa.
“La riqueza puede influir en la salud al afectar el acceso a la educación, las oportunidades laborales, la atención médica y las redes sociales, todos ellos factores importantes para predecir la salud”, apunta la investigadora. “Posiblemente, la red de protección social más generosa en Europa también ejerce un efecto protector en la supervivencia de quienes tienen menos recursos y la posición de la riqueza importa menos en general”, añade. “Este hallazgo nos indica que, aunque la riqueza está vinculada a la salud en todas partes, en Europa, especialmente en el norte y el oeste, se necesita menos riqueza para lograr una mejor supervivencia que en Estados Unidos”, resume la investigadora.
Para los investigadores, sus resultados nos recuerdan que, incluso los estadounidenses más pudientes, no están protegidos de problemas estructurales del país que están influyendo en el empeoramiento de la salud y la reducción de la esperanza de vida, como la desigualdad económica, el estrés, la mala alimentación o los riesgos medioambientales. “Si queremos mejorar la salud en EE. UU., necesitamos comprender mejor los factores subyacentes que contribuyen a estas diferencias, especialmente entre grupos socioeconómicos similares, y por qué se traducen en distintos resultados de salud entre países”, afirma Papanicolas.
Miguel Ángel Martínez Beneito, autor principal del Atlas Nacional de Mortalidad en España, resalta que lo más llamativo del trabajo que publica este miércoles New England Journal of Medicine es la transversalidad de la mortalidad en EE UU en todos los grupos económicos. “Esto quiere decir que ese exceso de mortalidad va más allá de cuestiones económicas, porque parece que hay gente muy pudiente que no tiene acceso a un sistema sanitario tan completo como el europeo o que está expuesta a factores de riesgo acumulado superiores a los de los europeos”, señala Martínez Beneito. “Ahora deben abrir líneas de investigación para saber qué factores explican los datos y cómo mejorar el acceso a una vida más saludable para toda la sociedad estadounidense”, añade.
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