Opinión
Dialogando sobre la paz en Colombia
Por Narciso Isa Conde
En esta entrega he preferido compartir con ustedes el texto íntegro de las informaciones que hemos ofrecidos relacionadas con mi visita a Cuba, invitado por la Delegación de Paz de las FARC-EP para consultar, intercambiar puntos de vista y concertar acuerdos de solidaridad con esa iniciativa de paz. A manera de nota informativa invitada le presentamos a nuestro lectores/as esta declaración:
Resultados de la consulta con la Delegación de Paz de las FARC-EP en Cuba.
Al finalizar la semana pasada, unos días después de lo previsto, concluyeron con significativas coincidencias, valoraciones comunes e importantes acuerdos, los intercambios que sostuve en la Habana, Cuba, con la delegación de paz de las FARC-EP, respaldado por Izquierda Revolucionaria, el MC y el MCB.
Allí -además de exponer nuestras apreciaciones sobre la actual situación dominicana y latino-caribeña- pudimos constatar con mucha satisfacción la firme determinación de esa organización político-militar de emplearse a fondo, con toda el alma, para lograr en esta oportunidad una paz digna, con justicia social, verdadera democracia y plena soberanía.
En ese tenor y exhibiendo una notable fortaleza y una impresionante capacidad política y tecno-científica en sus análisis y propuestas, pude valorar que en esos diálogos las FARC-EP siempre procuran ir a la causas profundas de ese largo y desgarrador conflicto social armado, en interés de abrir las compuertas de su superación definitiva; poniendo en el centro de los debates y de cara a su pueblo y a los demás pueblos del mundo, tres cuestiones realmente cruciales e ineludibles a las que hay que darle soluciones adecuadas:
1.-La apropiación injusta y el uso indebido del territorio colombiano (suelo, subsuelo y sobresuelo) por las insensibles y corrompidas elites sociales, políticas y militares de su país, y por poderosas y depredadoras corporaciones minero-energéticas trasnacionales (incluida Barrick Gold).
2.-La negación de democracia y derechos humanos esenciales, el estado policial, el para-militarismo criminal, la militarización extrema, y la narco-delincuencia estatal y para estatal; problemas todos interrelacionados.
3.-El modelo neoliberal empobrecedor, re-colonizador, ecocida, negador de soberanía popular y nacional.
Esa determinación en favor de la paz y los cambios más urgentes de las FARC, incluye en lo inmediato su disposición a aceptar un cese bilateral al fuego con fiscalización internacional, a lo que se resiste el Gobierno de Santos, empecinado en dialogar en medio de la guerra; siempre en interés de imponer lo imposible: la entrega unilateral de armas y la desmovilización a cambio de simples promesas relacionadas con los temas agendados, tratados al vapor. Una especie de rendición tonta, que expondría a FARC-EP al exterminio.
Pude apreciar que las FARC-EP, desde su fortaleza política, moral y militar – muy seguras de la imposibilidad de ser militarmente derrotadas por sus enemigos- conciben el problema de las armas de otra manera: esto es, como cuestión integral que involucra a las dos partes y como asunto que abarca la desmilitarización del Estado y del país, la restructuración y reorientación de los cuerpos armados, la erradicación del para-militarismo al servicio de la actual dominación, el fin de la represión y la criminalidad estatal y plenas garantías democráticas para actuar en la vida pública y ejercer los derechos políticos.
Los diálogos apenas están en el primer punto de los cinco agendado, con buenos avances registrados. FARC-EP tiene propuestas consistentes para lo que resta de ese punto y para los otros cuatros por tratar.
Su delegación de paz exige no solo promesas y acuerdos en el papel, sino hechos, ejecución de acuerdos paso a paso; por lo que el tema de la “dejación de armas”, ha sido colocado de último y como posible resultado del despliegue y la ejecución de los demás; concebido todo esto como un proceso complejo y delicado que atañe a ambas partes y a un programa de des-militarización integral con soluciones compartidas y dispositivos de seguimiento y control.
Acuerdos para impulsar la iniciativa hacia una paz digna
Las FARC-EP y IZQUIERDA REVOLUCIONARIA-IR coincidimos plenamente en la necesidad de desplegar un intenso y ascendente esfuerzo de opinión y movilización en favor de la paz en Colombia, poniendo nosotros énfasis aquí; lo que se ha tornado más necesario y urgente en vista de que el gobierno de ese país, cada vez más a la defensiva en el debate y presionado por la facción guerrerista del régimen y sus padrinos imperialistas, presenta ominosas señales de obstrucción e inclinación a una eventual interrupción de los diálogos de paz.
Las FARC-EP están procurando, con éxitos iniciales, que la sociedad colombiana y mundial se apodere de esos diálogos y sus contenidos, y contribuya con su sabiduría y solidaridad a salvar los diálogos amenazados, a garantizar su desarrollo exitoso y a los mejores acuerdos; lo que la contraparte de derecha y extrema derecha, por el contrario, se empeña en impedir y criminalizar en busca de resultados chuecos o mediocres, e incluso apostando a su fracaso desde su facción guerrerista y ultraderechista.
Como MOVIMIENTO CAAMAÑISTA-MC y como IZQUIERDA REVOLUCIONARIA-IR, desde nuestra actitud de solidaridad sin límites para con el pueblo colombiano, nos comprometimos a impulsar con tesón en nuestro país y nuestra América la iniciativa por una paz digna en Colombia, que implique procesos de creación de democracia, recuperación de soberanía y conquista de justicia social refrendado por una nueva Constituyente.
Más aun. Durante nuestra estancia en la Habana se realizó una trascendente reunión entre las FARC-EP y una delegación de la Presidencia Colectiva del Movimiento Continental Bolivariano-MC, que quien suscribe coordina, en la que se acordó asumir a escala continental y mundial esa línea de movilización por la paz en Colombia; plasmada en una declaración conjunta que daremos a conocer en los próximos días.
Abrazados a los ideales de Bolívar y Manuela Sáez, de Duarte, Caamaño y las Hermanas Mirabal, coincidimos en continuar en pie de lucha, comunicados, hermanados/as en el proyecto de Patria Grande Liberada y Socialismo, exhortando vehementemente a nuestro pueblo a movilizarse en solidaridad con el pueblo colombiano y su aspiración a una paz justa.
Por la Izquierda Revolucionaria-IR:
Frente Popular Aniana Vargas-FEPAV/Movimiento Caamañista-MC/Movimiento Popular Dominicano-MPD/Fuerza Popular Duartiano-FPD/Movimiento Restaurador Socialista-MRS/Liga Socialista de los Trabajadores/Congreso/Unitario de Revolucionarios y Revolucionarias (LST-CURR).
INDEPENDIENTES: Ángel Landis Mercedes, Carlos Féliz Cuello, Juan Pablo, Cristian Polanco, Clemente Terrero, Felipe Lora, Manuel Linares, Kirsy Mota, Papito Jiménez, Rafael Jiménez, Milciades Geraldo.
Narciso Isa Conde/ Delegado
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.