Opinión
Dialogando sobre la paz en Colombia
Por Narciso Isa Conde
En esta entrega he preferido compartir con ustedes el texto íntegro de las informaciones que hemos ofrecidos relacionadas con mi visita a Cuba, invitado por la Delegación de Paz de las FARC-EP para consultar, intercambiar puntos de vista y concertar acuerdos de solidaridad con esa iniciativa de paz. A manera de nota informativa invitada le presentamos a nuestro lectores/as esta declaración:
Resultados de la consulta con la Delegación de Paz de las FARC-EP en Cuba.
Al finalizar la semana pasada, unos días después de lo previsto, concluyeron con significativas coincidencias, valoraciones comunes e importantes acuerdos, los intercambios que sostuve en la Habana, Cuba, con la delegación de paz de las FARC-EP, respaldado por Izquierda Revolucionaria, el MC y el MCB.
Allí -además de exponer nuestras apreciaciones sobre la actual situación dominicana y latino-caribeña- pudimos constatar con mucha satisfacción la firme determinación de esa organización político-militar de emplearse a fondo, con toda el alma, para lograr en esta oportunidad una paz digna, con justicia social, verdadera democracia y plena soberanía.
En ese tenor y exhibiendo una notable fortaleza y una impresionante capacidad política y tecno-científica en sus análisis y propuestas, pude valorar que en esos diálogos las FARC-EP siempre procuran ir a la causas profundas de ese largo y desgarrador conflicto social armado, en interés de abrir las compuertas de su superación definitiva; poniendo en el centro de los debates y de cara a su pueblo y a los demás pueblos del mundo, tres cuestiones realmente cruciales e ineludibles a las que hay que darle soluciones adecuadas:
1.-La apropiación injusta y el uso indebido del territorio colombiano (suelo, subsuelo y sobresuelo) por las insensibles y corrompidas elites sociales, políticas y militares de su país, y por poderosas y depredadoras corporaciones minero-energéticas trasnacionales (incluida Barrick Gold).
2.-La negación de democracia y derechos humanos esenciales, el estado policial, el para-militarismo criminal, la militarización extrema, y la narco-delincuencia estatal y para estatal; problemas todos interrelacionados.
3.-El modelo neoliberal empobrecedor, re-colonizador, ecocida, negador de soberanía popular y nacional.
Esa determinación en favor de la paz y los cambios más urgentes de las FARC, incluye en lo inmediato su disposición a aceptar un cese bilateral al fuego con fiscalización internacional, a lo que se resiste el Gobierno de Santos, empecinado en dialogar en medio de la guerra; siempre en interés de imponer lo imposible: la entrega unilateral de armas y la desmovilización a cambio de simples promesas relacionadas con los temas agendados, tratados al vapor. Una especie de rendición tonta, que expondría a FARC-EP al exterminio.
Pude apreciar que las FARC-EP, desde su fortaleza política, moral y militar – muy seguras de la imposibilidad de ser militarmente derrotadas por sus enemigos- conciben el problema de las armas de otra manera: esto es, como cuestión integral que involucra a las dos partes y como asunto que abarca la desmilitarización del Estado y del país, la restructuración y reorientación de los cuerpos armados, la erradicación del para-militarismo al servicio de la actual dominación, el fin de la represión y la criminalidad estatal y plenas garantías democráticas para actuar en la vida pública y ejercer los derechos políticos.
Los diálogos apenas están en el primer punto de los cinco agendado, con buenos avances registrados. FARC-EP tiene propuestas consistentes para lo que resta de ese punto y para los otros cuatros por tratar.
Su delegación de paz exige no solo promesas y acuerdos en el papel, sino hechos, ejecución de acuerdos paso a paso; por lo que el tema de la “dejación de armas”, ha sido colocado de último y como posible resultado del despliegue y la ejecución de los demás; concebido todo esto como un proceso complejo y delicado que atañe a ambas partes y a un programa de des-militarización integral con soluciones compartidas y dispositivos de seguimiento y control.
Acuerdos para impulsar la iniciativa hacia una paz digna
Las FARC-EP y IZQUIERDA REVOLUCIONARIA-IR coincidimos plenamente en la necesidad de desplegar un intenso y ascendente esfuerzo de opinión y movilización en favor de la paz en Colombia, poniendo nosotros énfasis aquí; lo que se ha tornado más necesario y urgente en vista de que el gobierno de ese país, cada vez más a la defensiva en el debate y presionado por la facción guerrerista del régimen y sus padrinos imperialistas, presenta ominosas señales de obstrucción e inclinación a una eventual interrupción de los diálogos de paz.
Las FARC-EP están procurando, con éxitos iniciales, que la sociedad colombiana y mundial se apodere de esos diálogos y sus contenidos, y contribuya con su sabiduría y solidaridad a salvar los diálogos amenazados, a garantizar su desarrollo exitoso y a los mejores acuerdos; lo que la contraparte de derecha y extrema derecha, por el contrario, se empeña en impedir y criminalizar en busca de resultados chuecos o mediocres, e incluso apostando a su fracaso desde su facción guerrerista y ultraderechista.
Como MOVIMIENTO CAAMAÑISTA-MC y como IZQUIERDA REVOLUCIONARIA-IR, desde nuestra actitud de solidaridad sin límites para con el pueblo colombiano, nos comprometimos a impulsar con tesón en nuestro país y nuestra América la iniciativa por una paz digna en Colombia, que implique procesos de creación de democracia, recuperación de soberanía y conquista de justicia social refrendado por una nueva Constituyente.
Más aun. Durante nuestra estancia en la Habana se realizó una trascendente reunión entre las FARC-EP y una delegación de la Presidencia Colectiva del Movimiento Continental Bolivariano-MC, que quien suscribe coordina, en la que se acordó asumir a escala continental y mundial esa línea de movilización por la paz en Colombia; plasmada en una declaración conjunta que daremos a conocer en los próximos días.
Abrazados a los ideales de Bolívar y Manuela Sáez, de Duarte, Caamaño y las Hermanas Mirabal, coincidimos en continuar en pie de lucha, comunicados, hermanados/as en el proyecto de Patria Grande Liberada y Socialismo, exhortando vehementemente a nuestro pueblo a movilizarse en solidaridad con el pueblo colombiano y su aspiración a una paz justa.
Por la Izquierda Revolucionaria-IR:
Frente Popular Aniana Vargas-FEPAV/Movimiento Caamañista-MC/Movimiento Popular Dominicano-MPD/Fuerza Popular Duartiano-FPD/Movimiento Restaurador Socialista-MRS/Liga Socialista de los Trabajadores/Congreso/Unitario de Revolucionarios y Revolucionarias (LST-CURR).
INDEPENDIENTES: Ángel Landis Mercedes, Carlos Féliz Cuello, Juan Pablo, Cristian Polanco, Clemente Terrero, Felipe Lora, Manuel Linares, Kirsy Mota, Papito Jiménez, Rafael Jiménez, Milciades Geraldo.
Narciso Isa Conde/ Delegado
(I)
Por Oscar López Reyes
Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.
En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.
La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.
A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.
Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.
Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:
1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.
2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.
3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.
4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.
5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.
6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.
7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.
……………………………………………………..
El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD
Por Rommel Santos Díaz
A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia y Ruanda son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.
Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución 827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)
En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.
De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones de la Corte Penal Internacional.
Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.
Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas para mantener la seguridad y la paz internacional.
Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.
Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su independencia con respecto a dicha organización internacional.