Opinión
Dialogando sobre la paz en Colombia
Por Narciso Isa Conde
En esta entrega he preferido compartir con ustedes el texto íntegro de las informaciones que hemos ofrecidos relacionadas con mi visita a Cuba, invitado por la Delegación de Paz de las FARC-EP para consultar, intercambiar puntos de vista y concertar acuerdos de solidaridad con esa iniciativa de paz. A manera de nota informativa invitada le presentamos a nuestro lectores/as esta declaración:
Resultados de la consulta con la Delegación de Paz de las FARC-EP en Cuba.
Al finalizar la semana pasada, unos días después de lo previsto, concluyeron con significativas coincidencias, valoraciones comunes e importantes acuerdos, los intercambios que sostuve en la Habana, Cuba, con la delegación de paz de las FARC-EP, respaldado por Izquierda Revolucionaria, el MC y el MCB.
Allí -además de exponer nuestras apreciaciones sobre la actual situación dominicana y latino-caribeña- pudimos constatar con mucha satisfacción la firme determinación de esa organización político-militar de emplearse a fondo, con toda el alma, para lograr en esta oportunidad una paz digna, con justicia social, verdadera democracia y plena soberanía.
En ese tenor y exhibiendo una notable fortaleza y una impresionante capacidad política y tecno-científica en sus análisis y propuestas, pude valorar que en esos diálogos las FARC-EP siempre procuran ir a la causas profundas de ese largo y desgarrador conflicto social armado, en interés de abrir las compuertas de su superación definitiva; poniendo en el centro de los debates y de cara a su pueblo y a los demás pueblos del mundo, tres cuestiones realmente cruciales e ineludibles a las que hay que darle soluciones adecuadas:
1.-La apropiación injusta y el uso indebido del territorio colombiano (suelo, subsuelo y sobresuelo) por las insensibles y corrompidas elites sociales, políticas y militares de su país, y por poderosas y depredadoras corporaciones minero-energéticas trasnacionales (incluida Barrick Gold).
2.-La negación de democracia y derechos humanos esenciales, el estado policial, el para-militarismo criminal, la militarización extrema, y la narco-delincuencia estatal y para estatal; problemas todos interrelacionados.
3.-El modelo neoliberal empobrecedor, re-colonizador, ecocida, negador de soberanía popular y nacional.
Esa determinación en favor de la paz y los cambios más urgentes de las FARC, incluye en lo inmediato su disposición a aceptar un cese bilateral al fuego con fiscalización internacional, a lo que se resiste el Gobierno de Santos, empecinado en dialogar en medio de la guerra; siempre en interés de imponer lo imposible: la entrega unilateral de armas y la desmovilización a cambio de simples promesas relacionadas con los temas agendados, tratados al vapor. Una especie de rendición tonta, que expondría a FARC-EP al exterminio.
Pude apreciar que las FARC-EP, desde su fortaleza política, moral y militar – muy seguras de la imposibilidad de ser militarmente derrotadas por sus enemigos- conciben el problema de las armas de otra manera: esto es, como cuestión integral que involucra a las dos partes y como asunto que abarca la desmilitarización del Estado y del país, la restructuración y reorientación de los cuerpos armados, la erradicación del para-militarismo al servicio de la actual dominación, el fin de la represión y la criminalidad estatal y plenas garantías democráticas para actuar en la vida pública y ejercer los derechos políticos.
Los diálogos apenas están en el primer punto de los cinco agendado, con buenos avances registrados. FARC-EP tiene propuestas consistentes para lo que resta de ese punto y para los otros cuatros por tratar.
Su delegación de paz exige no solo promesas y acuerdos en el papel, sino hechos, ejecución de acuerdos paso a paso; por lo que el tema de la “dejación de armas”, ha sido colocado de último y como posible resultado del despliegue y la ejecución de los demás; concebido todo esto como un proceso complejo y delicado que atañe a ambas partes y a un programa de des-militarización integral con soluciones compartidas y dispositivos de seguimiento y control.
Acuerdos para impulsar la iniciativa hacia una paz digna
Las FARC-EP y IZQUIERDA REVOLUCIONARIA-IR coincidimos plenamente en la necesidad de desplegar un intenso y ascendente esfuerzo de opinión y movilización en favor de la paz en Colombia, poniendo nosotros énfasis aquí; lo que se ha tornado más necesario y urgente en vista de que el gobierno de ese país, cada vez más a la defensiva en el debate y presionado por la facción guerrerista del régimen y sus padrinos imperialistas, presenta ominosas señales de obstrucción e inclinación a una eventual interrupción de los diálogos de paz.
Las FARC-EP están procurando, con éxitos iniciales, que la sociedad colombiana y mundial se apodere de esos diálogos y sus contenidos, y contribuya con su sabiduría y solidaridad a salvar los diálogos amenazados, a garantizar su desarrollo exitoso y a los mejores acuerdos; lo que la contraparte de derecha y extrema derecha, por el contrario, se empeña en impedir y criminalizar en busca de resultados chuecos o mediocres, e incluso apostando a su fracaso desde su facción guerrerista y ultraderechista.
Como MOVIMIENTO CAAMAÑISTA-MC y como IZQUIERDA REVOLUCIONARIA-IR, desde nuestra actitud de solidaridad sin límites para con el pueblo colombiano, nos comprometimos a impulsar con tesón en nuestro país y nuestra América la iniciativa por una paz digna en Colombia, que implique procesos de creación de democracia, recuperación de soberanía y conquista de justicia social refrendado por una nueva Constituyente.
Más aun. Durante nuestra estancia en la Habana se realizó una trascendente reunión entre las FARC-EP y una delegación de la Presidencia Colectiva del Movimiento Continental Bolivariano-MC, que quien suscribe coordina, en la que se acordó asumir a escala continental y mundial esa línea de movilización por la paz en Colombia; plasmada en una declaración conjunta que daremos a conocer en los próximos días.
Abrazados a los ideales de Bolívar y Manuela Sáez, de Duarte, Caamaño y las Hermanas Mirabal, coincidimos en continuar en pie de lucha, comunicados, hermanados/as en el proyecto de Patria Grande Liberada y Socialismo, exhortando vehementemente a nuestro pueblo a movilizarse en solidaridad con el pueblo colombiano y su aspiración a una paz justa.
Por la Izquierda Revolucionaria-IR:
Frente Popular Aniana Vargas-FEPAV/Movimiento Caamañista-MC/Movimiento Popular Dominicano-MPD/Fuerza Popular Duartiano-FPD/Movimiento Restaurador Socialista-MRS/Liga Socialista de los Trabajadores/Congreso/Unitario de Revolucionarios y Revolucionarias (LST-CURR).
INDEPENDIENTES: Ángel Landis Mercedes, Carlos Féliz Cuello, Juan Pablo, Cristian Polanco, Clemente Terrero, Felipe Lora, Manuel Linares, Kirsy Mota, Papito Jiménez, Rafael Jiménez, Milciades Geraldo.
Narciso Isa Conde/ Delegado
Por Rommel Santos Diaz
A fin de garantizar el desarrollo de sus actividades, determinados funcionarios estatales gozan de una prerrogativa por medio de la cual no puede ser sometido a un proceso penal si previamente el Congreso, u otra instancia no otorga su autorización.
La inmunidad, como lo ha señalado la doctrina, es una institución que fue establecida con un objetivo concreto, cual es el de poner freno a las intenciones políticas de interrumpir el normal desarrollo de las actividades de una importante autoridad pública.
De acuerdo al Estatuto de Roma, esta prerrogativa de los altos funcionarios no constituye un impedimento para que pueda juzgarse a estas personas. Así lo establece el Art. 27 del Estatuto de Roma.
El artículo 27 del Estatuto de Roma establece que el mismo será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial.
En particular el cargo oficial, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno , miembro de un gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena.
Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleven el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstan para que la Corte Penal Internacional ejerza su competencia sobre ella.
La prerrogativa de la inmunidad se encuentra prevista en algunos casos en las normas constitucionales o en las leyes. En este último caso, cualquier posible contradicción con el Estatuto de Roma puede solucionarse con la reforma de la legislación respectiva.
Sin embargo, cuando la inmunidad se encuentra prevista en la constitución el asunto se complica, ya que por su naturaleza , es una norma que exige para su modificación un proceso más rígido.
Dr. Isaías Ramos
Durante casi treinta años, la República Dominicana ha recibido una advertencia tras otra sobre la calidad de su educación y la formación de sus ciudadanos.
Han cambiado gobiernos, programas, funcionarios y discursos.
Lo que demasiado poco ha cambiado son los resultados.
Cada vez que llega una nueva evaluación repetimos el mismo ritual: alarma, titulares, explicaciones, promesas. Después pasa la noticia y continuamos.
Así llevamos demasiado tiempo.
La Ley General de Educación 66-97 definió con extraordinaria claridad el ciudadano que debía formar la escuela dominicana.
Su artículo 5 ordena formar personas libres, críticas y creativas; ciudadanos amantes de su familia y de su patria, conscientes de sus deberes, derechos y libertades, con profundo sentido de responsabilidad y respeto a la dignidad humana. También manda fortalecer la identidad nacional y educar en valores morales y éticos, solidaridad, trabajo productivo y servicio comunitario.
Desde 2010, la Constitución reforzó ese mandato: formación social y cívica, enseñanza constitucional, valores patrios y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes.
El mandato nunca faltó.
Después llegaron las advertencias.
El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, PISA, ha mostrado reiteradamente graves dificultades de nuestros jóvenes para comprender, razonar y aplicar conocimientos en lectura, matemáticas y ciencias.
El Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana, ICCS, reveló profundas debilidades en conocimientos y competencias cívicas.
Nuestras propias Pruebas Nacionales también han mostrado desempeños modestos al concluir la secundaria.
Y la Encuesta de Cultura Democrática volvió a encender alarmas sobre dimensiones esenciales de nuestra cultura ciudadana.
No fueron hechos aislados.
Fueron advertencias acumuladas durante años.
Es justo reconocer avances. Entre PISA 2018 y 2022 el país mejoró significativamente en matemáticas, lectura y ciencias. Pero en 2025 esos avances no continuaron: los resultados fueron estadísticamente similares a los de 2022.
Después de mejorar, nos estancamos.
Y ahí surge la pregunta que la nación merece responder:
¿cómo es posible que, después de tantos diagnósticos, no hayamos tenido la voluntad política, la determinación institucional y la continuidad necesarias para implementar plenamente los fines educativos que nosotros mismos convertimos en ley y mandato constitucional?
No faltaron normas.
No faltaron pruebas.
No faltaron diagnósticos.
Faltaron voluntad política, determinación institucional y continuidad para convertir la educación y la formación ciudadana en una verdadera causa nacional.
Y eso tiene un costo humano.
Ya no hablamos solamente de porcentajes y rankings.
Hablamos de casi dos generaciones de dominicanos que atravesaron el sistema mientras sabíamos que no estábamos formando las competencias académicas y ciudadanas que necesitaban para dirigir sus vidas y, algún día, conducir la República.
¿Quién responde por ellos?
¿Dónde está el gran programa nacional para recuperar y fortalecer a quienes ya salieron de las aulas con brechas académicas y cívicas que el propio sistema había identificado?
En 2025, el Consejo Nacional de Educación aprobó la Ordenanza 02-2025 para incorporar explícitamente la Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana. Hoy vuelve a discutirse legislativamente la obligatoriedad de esa formación.
Bienvenidas sean esas iniciativas.
Pero debemos hacernos una pregunta más profunda:
¿cuántas veces tendremos que escribir la misma obligación antes de convertirla en conducta?
Porque el verdadero problema dominicano no parece ser la ausencia de normas, sino la distancia entre lo que proclamamos y lo que cumplimos.
Ahí la calle compite contra el aula.
Le enseñamos al niño a respetar la ley, pero observa que violarla puede no tener consecuencias.
Le hablamos de mérito mientras contempla favoritismo.
Le exigimos puntualidad mientras normalizamos la impuntualidad.
Le hablamos de responsabilidad mientras ve autoridades incumplir sus propias reglas.
Y debemos comprender algo esencial:
cada autoridad también educa.
Cuando quien ejerce poder incumple una norma sin consecuencias, está impartiendo una clase de educación cívica en sentido contrario.
Por eso no necesitamos simplemente otra asignatura.
Necesitamos una Revolución Cívica que abarque escuela, familia, iglesias, comunidad, empresa y Estado; que alcance también a quienes ya dejaron las aulas; que convierta el cumplimiento en hábito, el mérito en estímulo, el buen ejemplo en norma y la responsabilidad en valor nacional.
No se trata de buscar culpables eternos.
Se trata de asumir una responsabilidad histórica y corregir el rumbo.
Porque ninguna Constitución puede proteger una República cuyos ciudadanos aprenden a ignorarla.
Casi dos generaciones han atravesado ya este proceso.
Y serán esas mismas generaciones las que, tarde o temprano, recibirán la conducción del país.
Todavía estamos a tiempo de cambiar la enseñanza.
Pero el tiempo no es infinito.
La pregunta que debemos responder como nación es ésta:
¿seguiremos administrando el deterioro, o tendremos finalmente el carácter, la voluntad, la determinación y la fidelidad a nuestra Constitución necesarios para formar ciudadanos capaces de construir, respetar y defender la República que prometimos ser?
Por Oscar López Reyes
Demetrio, Higinio y Marcelo, exfuncionarios estatales imbuidos de un hinchado poder político, no prestaron oídos del precavido refrán: “A chica boca, chica sopa” y, cual volcán, cada uno por su lado se arrojó -como si tuvieran en misiones espaciales en diferentes temporadas y universos cósmicos- a hostigar y a perseguir a un periodista respetuoso y cumplidor. La maledicencia, agazapada en villanías, les hizo olvidar que para participar en foros había que tener los bozos limpios.
Ninguno de los tres judicializables estuvo en la mirilla del tranquilo Gael Otero, a quien jamás dejaron de incordiarlo inmisericordemente, sin motivo aparente. Empero, sin este reportero/articulista buscarlos, en sus manos se posaron -como si fueran enviados por un molesto extraterrestre- datos incriminatorios sobre sus acosadores, que lo dejaron perplejo. ¿Cuál fue su reacción?
Los hechos y personajes a ser descritos son reales, ocurridos en Santo Domingo, República Dominicana, en años recientes, aunque sus protagonistas pudieran llamarse Piernavieja (abogado), Pieldelobo (administrador de empresas) y Viejobueno (ingeniero). Sus verdaderos patronímicos son Demetrio Gabilondo, Higinio Quintana y Marcelo Mosquera, el trío diabólico que, visiblemente con el sistema límbico y el tronco encefálico dislocados, asediaron y se pusieron a la caza de Gael, como si fuera un ladrón. ”El cazador cazado”, ¡qué ironía!
Primero. Demetrio: en el examen de tesis de grado, un miembro del jurado al estudiante de periodismo Gael le asignó 98 y otro 95, que ponderaron la metodología en el abordaje, la capacidad investigativa y el pensamiento crítico. El tercer juez docente, Demetrio, emitió su veredicto sin consultar a sus dos colegas: un 40. Cuando el ya graduado aspiró a ser maestro, en un examen le colocó un 0 y en el año que presentó un proyecto para crear una unidad académica en la universidad estatal, lo boicoteó, a la clara. Posteriormente, este abogado lo importunaba en reuniones de las lides gremiales. ¿Y por qué…?, se preguntaba Gael.
Sorpresa: Un domingo en la mañana, mientras Gael chequeaba su agenda en la redacción del periódico Hoy, su director Virgilio Alcántara le entregó un documento que había recibido, con acusaciones comprometedoras contra Demetrio. Le instruyó enfáticamente para que profundizara en la investigación. Si no inquirí estos papeles, si este caballero me ha pisoteado insistentemente -reflexionó Gael- y ahora tengo esta encomienda del director del matutino, por qué no hacer mi trabajo y focalizar el tema con superficialidad.
La indagatoria duró más de una semana, y los hallazgos encontrados fueron demoledores. Escribió tres amplios reportajes y el director del rotativo los publicó en tres primeras páginas. El escándalo no pudo ser más vergonzoso, en el pico de la gravedad. El consejo directivo de la institución donde laboraba el jurista sesionó de emergencia, con el documento original y los reportajes en la mesa. La cancelación de Demetrio fue inevitable. ¡Vaya!
Marcelo: En los años 2018-19, a Gael pretendió trazarle pautas, sin ser su jefe; humillarlo e imponérsele, sin razón, en el organismo gubernamental en la cual ambos ofrecían sus servicios profesionales. Narcisista indecoroso y arrogante, Marcelo escudriñaba fallas en el accionar de Gael, para reportarlo ante la máxima autoridad. Cuando este difundía algún texto periodístico, lo separaba, subrayaba puntos específicos y lo llevaba al mando superior, su amigo de muchos años, con recomendaciones despiadadas. Jamás aceptó conciliación, aun comprobándose que incurría en irrefutables conflictos de intereses.
Asombro: Un colega y amigo del periodista Gael sintió estupor al enterarse del drama –a través de un tercero- y decidió rastrear las andanzas de Marcelo en la administración pública, así como sus actuales relaciones y comportamiento. Descubrió que como director administrativo-financiero hacía negocios con otras instituciones públicas. Siendo así, la única alternativa de la alta gerencia fue su despido. ¡Qué pena! ¿Acaso funge ahora con las mismas funciones en otra dependencia estatal?
Higinio: Después que, con el tráfico de influencia política, truculentamente este ingeniero se enriqueció con la adjudicación de contratos a sobreprecios –y con desvíos de fondos públicos desde un organismo público hacia una corporación en la cual era un testaferro- fuera del gobierno –¡Qué viva Odebrecht!- se dedica actualmente a querer socavar las imágenes de personas honradas, desde un digital en el cual se proclama, sin asearse los colmillos, “comunicador”. ¡Qué tupé!
Espanto: El legajo de documentos acumulados por indignados de organizaciones de interés social sirvió para instrumentar un expediente, depositado en la Procuraduría General de la República para que se añadiera a otro más grande divulgado públicamente, vinculada a la gestión 2012-1016. En una cama supercómoda, el imputado Higinio languidece, dando sus últimos suspiros, y pocos saben que fue por su doble osadía: sustraer, usurpar como “comunicador” y atacar para aparentar… ¡Desvergonzado!, ¿sí o no?
Demetrio, Higinio y Marcelo vituperaban a Gael sin conocer sus facultades divinas: cada vez que este emprendía un proyecto y otros hacían lo mismo, avanzaba con tanta prontitud que los paños y lienzos de sus competidores eran tirados en barrancos. Idénticamente, meses después de que un elocuente lo encaraba con alevosía, ese alevoso moría súbitamente, como aconteció con dos de los tres judicializables. El otro de similar estirpe quedó entrampado en la peor hoguera, porque sufre más que Juana de Arco.
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El autor: periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
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13 de septiembre de 2026