Opinión
Dialogando sobre la paz en Colombia
Por Narciso Isa Conde
En esta entrega he preferido compartir con ustedes el texto íntegro de las informaciones que hemos ofrecidos relacionadas con mi visita a Cuba, invitado por la Delegación de Paz de las FARC-EP para consultar, intercambiar puntos de vista y concertar acuerdos de solidaridad con esa iniciativa de paz. A manera de nota informativa invitada le presentamos a nuestro lectores/as esta declaración:
Resultados de la consulta con la Delegación de Paz de las FARC-EP en Cuba.
Al finalizar la semana pasada, unos días después de lo previsto, concluyeron con significativas coincidencias, valoraciones comunes e importantes acuerdos, los intercambios que sostuve en la Habana, Cuba, con la delegación de paz de las FARC-EP, respaldado por Izquierda Revolucionaria, el MC y el MCB.
Allí -además de exponer nuestras apreciaciones sobre la actual situación dominicana y latino-caribeña- pudimos constatar con mucha satisfacción la firme determinación de esa organización político-militar de emplearse a fondo, con toda el alma, para lograr en esta oportunidad una paz digna, con justicia social, verdadera democracia y plena soberanía.
En ese tenor y exhibiendo una notable fortaleza y una impresionante capacidad política y tecno-científica en sus análisis y propuestas, pude valorar que en esos diálogos las FARC-EP siempre procuran ir a la causas profundas de ese largo y desgarrador conflicto social armado, en interés de abrir las compuertas de su superación definitiva; poniendo en el centro de los debates y de cara a su pueblo y a los demás pueblos del mundo, tres cuestiones realmente cruciales e ineludibles a las que hay que darle soluciones adecuadas:
1.-La apropiación injusta y el uso indebido del territorio colombiano (suelo, subsuelo y sobresuelo) por las insensibles y corrompidas elites sociales, políticas y militares de su país, y por poderosas y depredadoras corporaciones minero-energéticas trasnacionales (incluida Barrick Gold).
2.-La negación de democracia y derechos humanos esenciales, el estado policial, el para-militarismo criminal, la militarización extrema, y la narco-delincuencia estatal y para estatal; problemas todos interrelacionados.
3.-El modelo neoliberal empobrecedor, re-colonizador, ecocida, negador de soberanía popular y nacional.
Esa determinación en favor de la paz y los cambios más urgentes de las FARC, incluye en lo inmediato su disposición a aceptar un cese bilateral al fuego con fiscalización internacional, a lo que se resiste el Gobierno de Santos, empecinado en dialogar en medio de la guerra; siempre en interés de imponer lo imposible: la entrega unilateral de armas y la desmovilización a cambio de simples promesas relacionadas con los temas agendados, tratados al vapor. Una especie de rendición tonta, que expondría a FARC-EP al exterminio.
Pude apreciar que las FARC-EP, desde su fortaleza política, moral y militar – muy seguras de la imposibilidad de ser militarmente derrotadas por sus enemigos- conciben el problema de las armas de otra manera: esto es, como cuestión integral que involucra a las dos partes y como asunto que abarca la desmilitarización del Estado y del país, la restructuración y reorientación de los cuerpos armados, la erradicación del para-militarismo al servicio de la actual dominación, el fin de la represión y la criminalidad estatal y plenas garantías democráticas para actuar en la vida pública y ejercer los derechos políticos.
Los diálogos apenas están en el primer punto de los cinco agendado, con buenos avances registrados. FARC-EP tiene propuestas consistentes para lo que resta de ese punto y para los otros cuatros por tratar.
Su delegación de paz exige no solo promesas y acuerdos en el papel, sino hechos, ejecución de acuerdos paso a paso; por lo que el tema de la “dejación de armas”, ha sido colocado de último y como posible resultado del despliegue y la ejecución de los demás; concebido todo esto como un proceso complejo y delicado que atañe a ambas partes y a un programa de des-militarización integral con soluciones compartidas y dispositivos de seguimiento y control.
Acuerdos para impulsar la iniciativa hacia una paz digna
Las FARC-EP y IZQUIERDA REVOLUCIONARIA-IR coincidimos plenamente en la necesidad de desplegar un intenso y ascendente esfuerzo de opinión y movilización en favor de la paz en Colombia, poniendo nosotros énfasis aquí; lo que se ha tornado más necesario y urgente en vista de que el gobierno de ese país, cada vez más a la defensiva en el debate y presionado por la facción guerrerista del régimen y sus padrinos imperialistas, presenta ominosas señales de obstrucción e inclinación a una eventual interrupción de los diálogos de paz.
Las FARC-EP están procurando, con éxitos iniciales, que la sociedad colombiana y mundial se apodere de esos diálogos y sus contenidos, y contribuya con su sabiduría y solidaridad a salvar los diálogos amenazados, a garantizar su desarrollo exitoso y a los mejores acuerdos; lo que la contraparte de derecha y extrema derecha, por el contrario, se empeña en impedir y criminalizar en busca de resultados chuecos o mediocres, e incluso apostando a su fracaso desde su facción guerrerista y ultraderechista.
Como MOVIMIENTO CAAMAÑISTA-MC y como IZQUIERDA REVOLUCIONARIA-IR, desde nuestra actitud de solidaridad sin límites para con el pueblo colombiano, nos comprometimos a impulsar con tesón en nuestro país y nuestra América la iniciativa por una paz digna en Colombia, que implique procesos de creación de democracia, recuperación de soberanía y conquista de justicia social refrendado por una nueva Constituyente.
Más aun. Durante nuestra estancia en la Habana se realizó una trascendente reunión entre las FARC-EP y una delegación de la Presidencia Colectiva del Movimiento Continental Bolivariano-MC, que quien suscribe coordina, en la que se acordó asumir a escala continental y mundial esa línea de movilización por la paz en Colombia; plasmada en una declaración conjunta que daremos a conocer en los próximos días.
Abrazados a los ideales de Bolívar y Manuela Sáez, de Duarte, Caamaño y las Hermanas Mirabal, coincidimos en continuar en pie de lucha, comunicados, hermanados/as en el proyecto de Patria Grande Liberada y Socialismo, exhortando vehementemente a nuestro pueblo a movilizarse en solidaridad con el pueblo colombiano y su aspiración a una paz justa.
Por la Izquierda Revolucionaria-IR:
Frente Popular Aniana Vargas-FEPAV/Movimiento Caamañista-MC/Movimiento Popular Dominicano-MPD/Fuerza Popular Duartiano-FPD/Movimiento Restaurador Socialista-MRS/Liga Socialista de los Trabajadores/Congreso/Unitario de Revolucionarios y Revolucionarias (LST-CURR).
INDEPENDIENTES: Ángel Landis Mercedes, Carlos Féliz Cuello, Juan Pablo, Cristian Polanco, Clemente Terrero, Felipe Lora, Manuel Linares, Kirsy Mota, Papito Jiménez, Rafael Jiménez, Milciades Geraldo.
Narciso Isa Conde/ Delegado
Por José Cabral
Siempre he dicho y he reiterado, pero que no se trata de ningún descubrimiento, que el sistema está concebido para responder a los intereses de los partidos políticos.
Los diputados y senadores provienen de ese entorno, el presidente de la República y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en el que se escogen los jueces, explica el desempeño de cada uno de estos poderes públicos
La conformación del CNM implica que todo el sistema, incluido el de justicia, obedece a los intereses que se expresan en este órgano.
De manera, que, frente a la confrontación del derecho con la política, el primero siempre tiene todas las de ganar cualquier batalla, máxime cuando se trata de aquella que se desarrolla en el campo legal.
Todo este cuadro permite establecer que resulta prácticamente difícil, por no decir imposible, que el derecho pueda salir triunfante frente a la política.
Sin ninguna duda, que ahí descansa la gran debilidad del proceso de constitucionalización del derecho que se produce en el país a partir de la entrada en vigencia de la Constitución del 2010.
Es hermoso en los textos el proceso de constitucionalización, pero el mismo resulta decepcionante en la práctica y cuando se choca con la realidad.
Nadie, absolutamente nadie, puede negar que una herramienta vital para cualquier democracia es una buena administración de justicia, pero en una nación donde la partidocracia es la dueña del sistema esto se vuelve prácticamente difícil, por no decir imposible.
El problema descansa en un Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), cuyo órgano tiene la sagrada misión de escoger los jueces del sistema de justicia nacional, lo que quiere decir que cuando se presenta un conflicto entre el derecho y la política éstos se inclinen por emitir sentencias en favor de la partidocracia.
Los hechos hablan por sí solos y el que no lo crea que revise la mayoría de las decisiones que conllevan sentencias que impactan los intereses de los partidos para que se puedan valorar los resultados.
Sin no se cambia la conformación del CNM es muy difícil que el proceso de constitucionalización del derecho y que tiene como base el respeto de los derechos fundamentales pueda cristalizarse en una sociedad como la dominicana, donde la política está presente predominantemente en todos los escenarios.
De tal forma, que hablar de una buena administración de justicia al margen de los intereses de los partidos políticos, resulta una quimera y que sólo una persona muy ingenua lo puede creer.
Por Isaías Ramos
Ninguna democracia muere el día en que se rompe la Constitución. Muere mucho antes: cuando quienes juraron defenderla comienzan a tratarla como un obstáculo y la ciudadanía empieza a acostumbrarse a ese irrespeto.
La Constitución no fue escrita para adornar discursos ni para ser invocada cuando conviene al poder. Fue concebida para limitar a quienes gobiernan, proteger a los ciudadanos y garantizar que ningún funcionario, partido, mayoría congresual o presidente coloque su voluntad por encima de la soberanía popular.
Por eso preocupa el rumbo de diversas actuaciones del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo.
En los últimos años se han aprobado normas luego anuladas, corregidas o seriamente cuestionadas por su compatibilidad constitucional. La Ley de la Dirección Nacional de Inteligencia motivó la intervención del Tribunal Constitucional por objeciones relacionadas con derechos fundamentales. La Ley de Facturación Electrónica también requirió su actuación para corregir una disposición que afectaba la privacidad.
Más recientemente, el nuevo Código Penal ha dejado de ser únicamente una inquietud jurídica para provocar un rechazo creciente en amplios sectores de la sociedad. Juristas, periodistas, profesionales, organizaciones sociales y ciudadanos hemos advertido que varias disposiciones, por su amplitud, ambigüedad o desproporción, podrían amenazar la libertad de expresión, la denuncia pública, el ejercicio profesional y la protesta pacífica.
Cuando una legislación penal provoca temor entre quienes informan, denuncian o protestan, el problema deja de ser técnico: amenaza la convivencia democrática.
Pero el caso institucionalmente más delicado es la respuesta legislativa posterior a la sentencia TC/0788/24.
Las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas, irrevocables y vinculantes para todos los poderes públicos. Cuando una legislación posterior genera serios cuestionamientos sobre si respeta materialmente el criterio fijado por el máximo intérprete de la Constitución, no estamos ante un simple debate político. Está comprometida la supremacía constitucional, la seguridad jurídica y la confianza ciudadana.
La preocupación no gira solo alrededor de una sentencia ni de las candidaturas independientes. El problema es más profundo: ¿puede el poder político redefinir, limitar o neutralizar derechos protegidos por la Constitución?
La Constitución dominicana no creó una democracia para beneficio de los partidos. Creó un Estado social y democrático de derecho, fundado en la dignidad humana, la soberanía popular, el pluralismo político, la separación de poderes y la protección efectiva de los derechos fundamentales.
El derecho a expresarse no es una concesión del Gobierno.
El derecho a protestar pacíficamente no es un favor del Congreso.
El derecho a elegir y ser elegido no pertenece a los partidos.
Son derechos constitucionales que ningún poder temporal puede apropiarse, reducir ni administrar según su conveniencia.
No sabemos si quienes gobiernan desconocen el espíritu de la Constitución o si, conociéndolo, han decidido apartarse de él. Lo evidente es que demasiadas decisiones han obligado al Tribunal Constitucional y a la sociedad a recordar principios que debieron orientar desde el inicio a los poderes públicos.
No afirmamos que la República Dominicana sea hoy una dictadura. Pero sería irresponsable esperar a que el autoritarismo esté consumado para denunciar las decisiones que pueden abrirle camino.
Las democracias rara vez desaparecen de un día para otro. Se erosionan lentamente cuando se relativiza la supremacía constitucional, se reducen los espacios de participación, aumentan las facultades del poder sin controles suficientes y los derechos fundamentales dejan de orientar la legislación.
Está en juego la República que dejaremos a nuestros hijos: una nación donde la Constitución gobierne al poder o un país donde el poder acomode la Constitución a sus intereses.
Todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo.
El pueblo dominicano ha demostrado paciencia, madurez y vocación democrática. Ha recurrido a los tribunales, promovido el debate público y utilizado los mecanismos institucionales reconocidos por la Constitución.
Pero la paz social no puede sostenerse indefinidamente si los reclamos constitucionales no encuentran respuesta. Cuando las instituciones dejan de escuchar, aumenta la presión social. Esa realidad no debe celebrarse ni provocarse; debe prevenirse mediante el diálogo, la rectificación y el respeto a la Constitución.
Este no es un llamado a la confrontación. Es un llamado a la rectificación.
El Congreso debe legislar dentro de los límites constitucionales. El Poder Ejecutivo debe ejercer sus facultades constitucionales con el mismo compromiso que juró al asumir el cargo. Y todos los poderes públicos deben recordar que las decisiones del Tribunal Constitucional no son recomendaciones: forman parte del orden que están obligados a respetar.
Cumplir la Constitución no debilita al Estado. Lo fortalece.
Respetar los derechos fundamentales no genera desorden. Construye paz.
Abrir la democracia no amenaza la República. La hace más legítima y fuerte.
Desde el Foro Cívico y Social lo afirmamos con claridad: la Constitución no pertenece al Congreso, al Poder Ejecutivo ni a los partidos políticos.
La Constitución pertenece al pueblo dominicano.
Defenderla por las vías pacíficas, democráticas y constitucionales no es un acto de oposición. Es el deber moral, cívico y patriótico de toda generación que aspire a entregar a sus hijos una República más libre, justa y fiel al Estado social y democrático de derecho.
Una nación puede sobrevivir a una mala ley y corregir una mala decisión. Lo que no puede permitirse es acostumbrarse a que el poder deje de obedecer la Constitución.
Por Oscar López Reyes
(A la 18:00 hora local del miércoles 24 de junio de 2026, Venezuela fue sacudida por dos terremotos: el primero en la escala 7.2 (duró un minuto) y 39 segundos después otro de magnitud 7.5 (se extendió por tres minutos), concentrados especialmente en la Guaira y Caracas, con un salto -hasta el 12 de julio de 2026- de más de 50 mil desaparecidos, según la ONU; cerca de 5 mil fallecidos, 20 mil heridos y 20 mil damnificados).
(I)
¡Oh, Venezuela!
Patria inmensa.
¡Caramba!,
Hermanos en Bolívar,
¡qué dolor soberbio!
que oprime las fibras de mi alma,
En tristeza de gritos que escapan
de escombros retorcidos
por furia de un suelo rebelde.
El telúrico conmueve en miradas
de arquitecturas sin piedras ni ventanas,
y melancolías de niños vagando en penumbras,
Sin padres ni estancias.
Y pone a temblar en rememoración de amor
su épica solidaridad y sacrificio de dignidad infinita
en épocas pretéritas, que configura
una vastedad de grandeza histórica
y el patriotismo compartido.
¡Oh, Venezuela, SOS!
(II)
Cuando no haya más lágrimas que derramar,
rebosantes las porcelanas de mortandad,
esa “Tierra de Venecia” y esa “Tierra de Gracia”
dejará de llorar y se levantará en cumbre de cerros,
contemplando
marchas fúnebres y entierros colectivos,
echando la vista a la resurrección de Cristo.
(III)
Heridos que sollozan en ruinas y hospitales,
sobrevivirán en sonidos de esperanza y el susurro
que late desde los vientos que soplan
de mares y montañas, para otro comienzo
de sonrisas en barcas de adversidad.
(IV)
Los fallecidos descansarán en púrpura palmera
y ecosistemas naturales con flores coloreadas
con toques de bellezas íntimas
que evocan la fragancia
en la eternidad de jardines
con pétalos de atardeceres versátiles.
(V)
Y los muchos desaparecidos fertilizarán
los predios erosionados,
para floración de hojas, frutos y plantas aromáticas,
que germinarán emergentes criaturas en vientres
de primaveras de Luna menguante
y otoños de Luna creciente.
(VI)
En su inocencia, niños huérfanos seguirán jugando
en noches tranquilas, abrazados de madres sustitutas
y nutrientes saludables,
que brotarán renovadas energías
en llanuras, bosques y lagos estrellados,
acariciados por paisajes de jazmines
y saltos que gimen en la nostalgia de edificios desplomados.
(VII)
Sumergidos en cenizas de techos agrietados
por terrestres sacudidas bruscas,
pequeños, adultos y veteranos
alzarán vuelos con recuperados bríos,
como aquel ave mítica y pájaro de fuego.
Tendrán casas alfombradas con claveles
y rosadas cestas colgantes,
en calles sin pedruscos y con Sol,
parques con glorietas y toboganes,
escuelas y parroquias para el cambio.
(y VIII)
En brisas de trompetas, hembras y varones
abatidos en estado emocional resurgirán
de pedazos de paredes rotas,
para reconstruir territorios asolados,
en el renacer de paz y progreso,
y entonces entonar, a viva voz: ¡felicidad, felicidad!
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y gremialista.