Análisis Noticiosos
El 4% es también para los maestros
Por Juan Bolívar Díaz
El debate sobre las demandas salariales de los maestros evidencia las dificultades de concertación de la sociedad dominicana, la subestimación que prevalece sobre la función del educador y la concepción de que el progreso es construcción.
El gobierno y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) han dado una elocuente demostración de las dificultades de la sociedad dominicana para concertar aún cuando se comparten posiciones políticas que frecuentemente se imponen sobre los intereses colectivos.
En el debate general resalta la prevalencia de una cultura política que subestima la función del maestro en el proceso educativo y que entiende el desarrollo y el progreso como sinónimo de construcciones materiales tras las que se oculta el tráfico de comisiones y el reparto de beneficio a los asociados más cercanos.
Confrontación inexplicable
Al caer la semana el Ministerio de Educación (MINERD) y la ADP parecían haber recuperado la capacidad de dialogar, después que se perdieran varias jornadas docentes y que se intercambiaran expresiones virulentas y descalificaciones, en una confrontación que muchos no lograban entender dado que el secretario general y otros importantes dirigentes magisteriales son militantes del partido de gobierno.
La confrontación pareció más encendida cuando desde finales de la semana anterior la batuta no parecía estar en manos del MINERD, sino más bien de funcionarios del Palacio Nacional, a los que se atribuyen “duras advertencias” a los dirigentes de la ADP, y donde se habría originado un comunicado que produjo indignación en el ámbito gremial.
La respuesta de la ADP no se hizo esperar dejando mal parados algunos de los datos básicos contenidos en el comunicado ampliamente publicitado bajo el membrete del MINERD. Tras la radicalización de ambas posiciones algunos divisaban un interés por hacer naufragar la gestión de la ministra Josefina Pimentel, una reputada profesional que aunque miembro del partido gobernante siempre ha sabido sobreponerse al sectarismo partidista. En ámbitos políticos se señalan numerosos aspirantes a la dirección del ministerio que tiene el mayor presupuesto del Estado, este año cifrado en 99 mil millones de pesos, casi el 19 por ciento del total.
La respuesta de la ADP, paralizando las labores docentes el martes disparó los mecanismos de defensa del gobierno y creó una situación que obligó a instituciones sociales y universitarias a plantearse de mediadores. El jueves se acordó un cese de hostilidades para dar oportunidad a que una comisión de cuatro viceministros de educación se sentara al diálogo con la asociación magisterial, lo que debió producirse desde que la ADP formulara su reclamo salarial en octubre pasado.
Un error recurrente
Como es habitual, la ADP partió de un reclamo desproporcionado cuando hace 5 meses planteó que el salario básico de los maestros de 8 mil 972 pesos fuera triplicado a 27 mil, pero con la llegada del año, se moderaron a una duplicación, con el cien por ciento de incremento, todavía muy por encima de lo razonable. En contraposición, el MINERD se quedó en el otro extremo, también habitual, ofreciendo en principio un pírrico 15 por ciento, elevado más tarde al 20. Entre ese 20 y el 100 por ciento hay una amplia distancia para la negociación.
Pero en vez de sentarse al diálogo las posiciones se fueron extremando. La ADP inició su tradicional programa de asambleas y paros regionales, y una consulta nacional que casi a unanimidad rechazó el incremento salarial del 20 por ciento. Apareció el comunicado atribuido al MINERD con otra exageración, que los maestros querían en salario el equivalente al 50 por ciento del incremento del presupuesto para educación de este año. Remachaba que “la sociedad dominicana no luchó por el 4% para terminar repartiéndolo pura y simplemente en aumento de salarios”.
Se dramatizaba acusando a los maestros de querer “castigar la alimentación escolar, sacrificar la construcción de 10 mil aulas, detener la adquisición de pupitres y paralizar la contratación de nuevos maestros y maestras para la tanda extendida”. El comunicado también subestimaba la labor docente al repetir que “trabajan sólo 4 horas”.
Las exageraciones seguían en alza, ya que la demanda de incremento del 100 por ciento al salario básico de los maestros quedaba muy lejos de la mitad de los 47 mil 365 millones de pesos adicionados este año al presupuesto de educación básica. Tampoco impedía el desayuno escolar ni la construcción de aulas o nuevas contrataciones de docentes, y el último que debe asumir que la jornada es sólo de 4 horas, es el ministerio, pues con preparación de clases, seguimiento a alumnos, corrección de tareas y de exámenes, debería reclamarse por lo menos 6 horas.
Cogido fuera de base.
La incomunicación llegó a extremos tales que el comunicado reitera la oferta de aumento general del 20 por ciento pero indica que con efecto a febrero pasado “no habrá un solo maestro o maestra que gane menos de 15,000 pesos por 4 horas de trabajo”, que los maestros con licenciatura ganarán “por cuatro horas de clase” un mínimo de 15,830 pesos, que los que tienen el salario más bajo, sin incentivos, “recibirán un aumento del 58 por ciento”, para más confusión se afirma que “en lo sucesivo ganarán en promedio 33,241 pesos por jornada completa y 18 mil 996 pesos los que trabajan solo 4 horas”.
Esas cifras implican mucho más que un incremento del 20 por ciento y se aproxima tanto al cien por ciento que pide la ADP que ésta se apresuró en comunicado el martes 5 a tomarle la palabra al MINERD, diciendo que no quieren tanto y se conformarían con que se aumente el salario base “tan solo a 15 mil pesos por tanda, de forma que se ahorre 3 mil 996 para fortalecer otros programas”. No entiende cómo se pagaría 18 mil 996 pesos por una tanda, pero sólo 33 mil 241 por dos. Sostiene que con incremento del 20 por ciento, 9 mil 780 maestros que sólo tienen el incentivo de titulación, apenas alcanzarían a recibir 12 mil 920 pesos.
Esas cifras indican múltiples manipulaciones que en el diálogo pactado el jueves podrían quedar rápidamente aclaradas. Pero indican que las posiciones no están distantes, a menos que una de las dos partes esté hablando simplemente por hablar.
Para resaltar la condición de pobreza de la mayoría de los maestros, la ADP sostuvo que “el año pasado el gobierno de manera oficial colocó en el rango de pobre a una familia de 4 miembros con ingresos por debajo de 18 mil 927 pesos mensuales”. Economistas como Iván Rodríguez estiman el costo de la canasta básica en más de 12 mil pesos para el quintil poblacional más bajo y sobre 18 mil para el segundo. En 2010 estaban en 10 mil 400 y 15 mil respectivamente. Esta semana las centrales sindicales estimaron el costo promedio de la canasta familiar básica en 35 mil para la capital y 24 mil 600 en el resto del país.
El docente es fundamental
En el debate ha quedado claro que en muchos funcionarios, políticos y comunicadores subyace la cultura de que el progreso es sólo construcción, y que la labor docente es secundaria. Así se justifica que el programa de construcción, ampliación y rehabilitación de escuelas tenga este año una partida de 30 mil 914 millones de pesos, el 75 por ciento del incremento presupuestal de educación, y el 31 por ciento del total, pero se defienda que al docente se le aumente un 20 por ciento con salario a nivel del mínimo, de obreros o mensajeros, al mismo tiempo que se le exige titulación universitaria y dedicación.
Hay quienes sostienen que los maestros dominicanos son tan deficientes que ni triplicándole el sueldo mejorarán la calidad de la enseñanza, criterios que no aplican para el pago de los políticos, funcionarios, legisladores y hasta regidores que ya reciben hasta 150 mil pesos mensuales por asistir a una o dos sesiones mensuales.
La Coalición por la Educación Digna, que encabezó la lucha por el 4 por ciento del PIB para educación, entiende que los aumentos de sueldos por sí mismos no garantizan el mejoramiento de la calidad, pero que éste objetivo no se puede alcanzar sin dignificar la función y la vida de los docentes. En un comunicado emitido el jueves sostiene que el 55 por ciento de los maestros gana menos de l0 mil pesos mensuales, incluidos los incentivos y que con un incremento del 20 por ciento, el 83 por ciento quedaría con menos de 15 mil mensuales, aún con los incentivos.
Al llamar a las autoridades y a la ADP a dialogar, la Coalición sostuvo que “Es falso que una mejora significativa de los salarios de los maestros y las maestras ponga en peligro las metas que concebimos al luchar por el 4% del PIB para la educación pre-universitaria”.
Del debate ha quedado claro que el magisterio sigue siendo una de las profesiones más subestimadas, sobre todo si es para el ejercicio público, y que eso cambiaría si los políticos y forjadores de opinión tuvieran que mandar sus hijos a las escuelas del Estado, pues entonces ya se habrían percatado de que el docente es el primer factor clave para superar el desastre de la educación nacional.-
Artículo publicado originalmente en el diario HOY.
En México, la alerta de las inundaciones recientes llegó “cuando la ola ya estaba encima”, según dijo un testigo. En Haití, el huracán ‘Melissa’ no llegó, pero fue el país del Caribe donde más muertes dejó el potente ciclón. Los desastres se vuelven catástrofes por sistemas que se omiten y presupuestos que se desvían
Podemos hablar del paso de los huracanes y tormentas como si fueran una serie de números y nombres que desfilan: Erin, Gabrielle, Humberto, Imelda, Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen, Lorenzo y Melissa. El último de esta temporada 2025 en el Atlántico, Melissa, dejó al 77% de Jamaica sin electricidad, al menos 28 muertos, más de 25.000 personas en refugios de emergencia; a Haití con 40 fallecidos, decenas de desaparecidos y más de 160 viviendas inundadas; a Cuba con 735.000 personas evacuadas.
Y pensamos en esas personas —las afortunadas— que siguen con vida, pero que perdieron sus hogares y que no tienen dinero para reconstruirlas; que con el tiempo terminarán por reconstruir(se) hasta que el paso de un futuro huracán les vuelva a atravesar por la mitad.
Empezamos, entonces, a asimilar mejor el concepto de “injusticia climática” cuando desciframos estas cifras en el periódico y vemos los encabezados que compiten en grandilocuencia: “el más devastador”, “el más fuerte”, “el más destructivo”. Atravesados como rayo por la palabra cambio climático.
Es más difícil pensar en conceptos y cifras cuando estos se viven en carne propia. Es, también, más difícil tomar distancia de estas tragedias para preguntarse qué convirtió estos desastres en catástrofes humanitarias, crisis de salud pública y económicas. ¿Qué tuvo que acontecer para que esto sucediera?
Quisiera hablar de desastres en un sentido más amplio. En México, hace tan solo unas semanas, lluvias torrenciales en cinco estados provocaron la muerte de al menos 70 personas y otras 70 más siguen desaparecidas. Se estima, también, que hay más de 100.000 viviendas afectadas. Cuando nos preguntamos qué pasó, los sobrevivientes hablan: “La alerta llegó cuando la ola ya estaba encima”.
Y entonces, empezamos a entender el tipo de cosas que tienen que acontecer para que lo inevitable suceda.
En su momento, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que no se escatimaría en recursos para atender a víctimas y que este año se aprobaron 19.000 millones de pesos mexicanos (unos 1.200 millones de dólares) para la atención de desastres.
Pero la atención no es lo mismo que la prevención. Como no es lo mismo salvar vidas que resarcir daños y enterrar muertos.
Cuando vemos los masivos recortes presupuestales a los sistemas de alerta temprana en México, en beneficio al tren Maya, a PEMEX, entre otros, entendemos por qué, el sistema mexicano de protección civil, que fue único e innovador a nivel global en su momento, sea tan insuficiente hoy en día. Se explica mejor el desmoronamiento de la comunicación de riesgos, la ausencia de convenios de colaboración con las telefonías para que alerten a las poblaciones vulnerables y los fondos de Prevención de Desastres desarticulados.
Este es el tipo de cosas que hacen que lo inevitable suceda.
En junio de este año, la ONU lanzó las alertas en Haití: el 96% de la población estaba en riesgos por desastres y, sin embargo, no existía el financiamiento necesario para activar sistemas de prevención ni material de emergencia post-desastre. Hacía tan solo unos meses, la ONU había decretado que el gobierno no tenía la capacidad de proteger a su población en su entrada a la época más difícil del año, la presente y temible temporada de huracanes. La ONU pedía 908 millones de dólares para apoyar a Haití, a mediados de junio tan solo había logrado reunir el 8%.
Este es el tipo de cosas que hacen que lo inevitable suceda.
En México, como en muchos otros países, la memoria sobre lugares a riesgo se fue gradualmente borrando y la legislación se hizo esquiva: los territorios inundables se volvieron habitables y se convenció a las poblaciones vulnerables de que eran seguros. Se omitieron, también, las estrategias de prevención y adaptación.
Y el problema, después, fue que “la alerta llegó cuando la ola ya estaba encima”.
En Haití, el huracán Melissa no llegó. Pero en las últimas décadas, el país fue paulatinamente acabando con sus bosques y zonas húmedas que permitían las infiltraciones al subsuelo, limitando las inundaciones; transformó sus árboles en energía para electricidad y debilitó los territorios que eran barrera a los deslizamientos de terreno. El huracán Melissa no llegó, pero Haití, que tenía ya a 230.000 haitianos en refugios improvisados, sufrió las consecuencias más mortíferas de la región tras su paso.
Las dinámicas territoriales de las últimas décadas y la degradación de los ecosistemas son ese tipo de cosas que tienen que suceder para que lo inevitable acontezca.
Y así, los desastres se vuelven catástrofes por procesos que se construyen, sistemas que se omiten, presupuestos que se desvían, personas cuyas vidas se juzgan poco importantes. Los escenarios son conocidos, las tragedias son previsibles, pero por falta de capacidad, se vuelven imposibles de evitar.
Estos desastres y tragedias ocurren a tan solo una semana de que se lleve a cabo la COP30, el evento climático más importante a nivel global, en donde se decidirá, entre otros temas, las inversiones que tienen que ser destinadas a la adaptación, la ayuda que recibirán los países más vulnerables a los riesgos climáticos y el rol de esos estados insulares que, a pesar de no ser responsables del cambio climático, terminan siendo los más afectados.
elpais.com
Análisis Noticiosos
Al menos 64 muertos y decenas de detenidos en una megaoperación contra el crimen organizado en Río de Janeiro
El gobernador afirma que “es una guerra que nada tiene que ver con la seguridad urbana” y pide ayuda a las Fuerzas Armadas
Sao Paulo.- Río de Janeiro vive este martes una jornada de caos colosal e intensos tiroteos por una operación policial contra el crimen organizado que ya es la más letal de la historia de la ciudad brasileña. Al menos 64 personas han muerto (incluidos cuatro agentes) y 81 han sido detenidas, según datos oficiales. El despliegue de 2.500 policías en esta megaoperación, que se ha centrado inicialmente en dos grandes barriadas cariocas de favelas, pretende frenar la expansión territorial del Comando Vermelho, el segundo grupo más poderoso del crimen organizado en el país sudamericano. El gobernador del Estado de Río, Claudio Castro, se ha quejado de que “Río está sola en esta guerra”, ha criticado la falta de apoyo del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y ha pedido ayuda a las Fuerzas Armadas.
Río de Janeiro, turística, antigua capital y el hogar de seis millones de vecinos, es simultáneamente una ciudad muy desigual y acostumbrada a la violencia, pero las dosis desplegadas este martes resultan extraordinarias incluso para los locales. El descomunal despliegue policial ha sido respondido con intensos tiroteos por los hombres del Comando Vermelho, que incluso han lanzado granadas desde drones sobre los agentes. Horas después, el grupo criminal ha desplegado a sus miembros, que han cortado avenidas y calles con barricadas por toda la ciudad y por la zona metropolitana.
Las autoridades han elevado el nivel de alerta en Río ciudad y los noticiarios se han llenado de imágenes de avenidas cortadas con autobuses, coches quemados y decenas de hombres sin camiseta a los que los agentes se llevan detenidos. La policía se ha incautado de al menos 75 fusiles.
El baño de sangre en Río se ha producido a las puertas de que Brasil acoja a partir de la semana que viene la cumbre mundial del cambio climático, la COP30, que se celebrará en Belém, en la Amazonia, a más de 3.000 kilómetros de distancia. El presidente Lula será el anfitrión de una cumbre los días 6 y 7.
El principal objetivo de la operación policial es el jefe del Comando Vermelho en una barriada carioca llamada Complexo da Penha, el capo Edgar Alves de Andrade, apodado Doca. Los agentes, que tenían un centenar de órdenes de arresto, también buscan a decenas de sus lugartenientes.
Ya a primera hora de la mañana, las autoridades habían anunciado que los tiroteos entre agentes y criminales obligaron a suspender las clases en 45 colegios y a desviar 12 líneas de autobús. Por la tarde, el CV había logrado cortar el tráfico en al menos una quincena de puntos de la ciudad, incluida la avenida Brasil, una de las principales arterias viarias. “Es un escenario de guerra”, le ha contado la profesora Suellen Gomes al diario Estadão desde el Complexo do Alemão. Según ella, los tiros empezaron al amanecer y nadie fue al colegio. “Ninguna escuela de esta zona abre cuando hay operación”, explica.
Para atrapar a los jefes del negocio, a los contables que les ayudan a blanquear sus ganancias y a los soldados de a pie que con los que mantienen el control absoluto sobre barriadas completas donde dictan la ley, las autoridades han movilizado un despliegue enorme. A los 2.500 agentes de la policía militar y la civil involucrados, se han sumado una treintena de vehículos blindados, dos helicópteros, drones policiales y una docena de vehículos de demolición.
El gobernador Castro, bolsonarista, se ha quejado de que las Fuerzas Armadas rechazaron tres veces sus peticiones para que le enviaran blindados de apoyo. Ha pedido ayuda a los militares con el argumento de que esta “es una guerra que nada tiene que ver con la seguridad urbana” sino que está alimentada “por las armas del narcotráfico internacional”.
El secretario de Seguridad Pública Victor Santos, ha destacado que toda la operación se diseñó y se realiza con apoyo del Gobierno federal. Santos ha lamentado el caos para los vecinos y los heridos, pero ha recalcado que esta acción “era necesaria, estaba planificada, se basa en inteligencia y va a continuar”.
El epicentro de la megaoperación son dos enormes conjuntos de favelas donde viven casi 300.000 personas, el Complexo da Penha y el Complexo do Alemão. El primero es, según la fiscalía de combate a las familias criminales de Río, un centro neurálgico de las actividades del Comando Vermelho. El Complexo da Penha, dice una nota del Grupo Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco), “es un punto estratégico para el flujo de drogas y armas, gracias a que está en las proximidades de varias autopistas, y se ha convertido en una de las principales bases del proyecto expansionista del grupo criminal”.
Uno de cada cuatro brasileños, es decir, 50 millones de personas, viven en barrios dominados por el crimen organizado, según un reciente estudio de la Universidad de Cambridge. El Comando Vermelho, el PCC u otros grupos armados, imponen su ley a sus vecinos y, en ocasiones, impide la acción de las autoridades. Los vecinos directamente afectados, que suelen ser pobres, negros y periféricos, se encuentran atrapados entre dos fuegos, abandonados por las autoridades, blanco fácil y presa de las balas perdidas, además de sometidos a extorsión.
En los últimos tiempos los delincuentes han descubierto las bondades del trabajo en remoto. Un fiscal del Estado amazónico de Rondonia explicaba recientemente en el diario O Globo que los jefes de las franquicias del Comando Vermelho por otros estados, sobre todo los fronterizos con otros países, se están refugiando en Río de Janeiro, que hasta este martes eran la principal guarida del grupo. “Se dieron cuenta de que el jefe ya no necesitaba estar en su estado natal. Podía estar protegido en Río y tomar decisiones por videollamada”, explicaba al diario carioca Anderson Batista de Oliveira, jefe del Gaeco en Rondonia. “El capo está en un lugar de difícil acceso para la policía, y la organización protege así a sus principales activos”, añadía.
Hasta ahora la operación más letal de Río era la de la favela de Jacarezinho, en el centro, donde en 2021 murieron 27 personas. La policía de Brasil es considerada una de las que más mata y más muere del mundo. En torno a un 10% de las muertes violentas suelen ser obra de uniformados. La de Río, tanto de la ciudad como del Estado, ha destacado durante años a nivel nacional por su alto. La creciente incorporación de cámaras en los uniformes ha contribuido a reducir las muertes en enfrentamientos a tiros con criminales.
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México.-La historia de Zhi Dong Zhang se parece más a la de un agente doble durante la Guerra Fría que a la de un capo chino del fentanilo. Acusado de mover miles de kilos de droga y de blanquear millones de dólares a través de una organización criminal con tentáculos en medio mundo, Zhi Dong fue detenido en otoño del año pasado en Ciudad de México. Es un objetivo prioritario para Estados Unidos y todo parecía listo para su inminente extradición. Pero este verano escapó y dio comienzo una peripecia por varios países en un desesperado intento por esquivar la justicia estadounidense.
La decisión del juez fue criticada incluso por la presidenta, Claudia Sheinbaum. En plena negociación de un acuerdo de seguridad con EE UU, que tiene al fentanilo como enemigo público número uno, la mandataria salió a defender los avances de su Gobierno en el combate contra el crimen y cargó contra la decisión judicial. “El juez, sin ningún argumento, porque la Fiscalía estuvo peleando y dando todos los argumentos, le da prisión domiciliaria. No debería de haber tenido esa resolución por parte de un juez”. “¿Cómo es posible?”, insistió la mandataria, quien argumentó que su Gobierno ha estado insistiendo “en la corrupción del Poder Judicial”. El mismo juez de la capital que dio la polémica orden de mandar a Zhi Dong a arresto domiciliario hizo lo mismo con el exprocurador general, Jesús Murillo Karam, acusado de desaparición forzada y tortura en el caso Ayotzinapa.
La fuga del narco chino sucedió además en un momento especialmente delicado. Seis días antes, un tribunal federal de Georgia había emitido nuevos cargos contra Zhi Dong. En concreto, le acusan de lavar, solo entre los años 2020 y 2021, al menos 20 millones de dólares en Estados Unidos, a través de una compleja trama de más de 150 empresas fantasma y 170 cuentas bancarias.
Célula mexicana, célula china
El cerco sobre Zhi Dong se estrechó tras la detención reciente de uno de sus operadores, Ruipeng Li, al que le confiscaron cientos de documentos bancarios vinculados con Zhi Dong. Según la denuncia del tribunal de Georgia, a la que ha tenido acceso este diario, Li explicó a las autoridades estadounidenses cómo estaba organizado el negocio criminal. Por un lado, una célula mexicana se encargaba de recolectar el dinero de la venta de droga a los traficantes finales. Por otro, una célula china se dedicaba a recibir ese dinero negro y lavarlo a través de la red de empresas y cuentas bancarias.
La denuncia recoge un listado exhaustivo de los pagos por goteo que se realizan en distintas cuentas y en diferentes Estados: Georgia, California, Illinois, Nueva York, Michigan. Siempre por sumas que no superaban los 100.000 dólares y siempre en entidades solventes como Bank of América, JP Morgan o Wells Fargo. Según la denuncia, porque “esos bancos están acostumbrados a recibir altas sumas de dinero sin hacer demasiadas preguntas”. La mayoría de las transacciones eran a favor de la empresa Mnemosyne International Trading Inc, una de las compañías fachada vinculadas a Zhi Dong.
La investigación de la DEA incluye la intervención de llamadas y mensajes, así como seguimientos a las casas de seguridad donde resguardaban la droga. Zhi Dong utilizaba palabras clave para comunicarse con sus cómplices. “Coffee” significaba fentanilo. “Food”, cocaína. Los cálculos sobre la cantidad total de droga que la organización transportaba de México a EE UU ascienden a más de 1000 kilos de cocaína y casi 2.000 de fentanilo.
La denuncia judicial incluye también una descripción de Zhi Dong. Nacido en Pekín en 1987. Algo más de un metro setenta de estatura y unos 80 kilos. Pelo negro y ojos marrones. Alías: Brother Wang, El Chino, Tocayo, Pancho y Nelson Mandela. El enigmático capo chino usaba diferentes identidades y pasaportes falsos para moverse sin levantar sospechas entre América, Asía y Europa. Hasta su fuga de Ciudad de México y su intento de entrada en Rusia y posterior destino en Cuba. Las andanzas de Zhi Dong parece que esta vez están más cerca de acabar en una prisión estadounidense.
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