Análisis Noticiosos
El 4% es también para los maestros
Por Juan Bolívar Díaz
El debate sobre las demandas salariales de los maestros evidencia las dificultades de concertación de la sociedad dominicana, la subestimación que prevalece sobre la función del educador y la concepción de que el progreso es construcción.
El gobierno y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) han dado una elocuente demostración de las dificultades de la sociedad dominicana para concertar aún cuando se comparten posiciones políticas que frecuentemente se imponen sobre los intereses colectivos.
En el debate general resalta la prevalencia de una cultura política que subestima la función del maestro en el proceso educativo y que entiende el desarrollo y el progreso como sinónimo de construcciones materiales tras las que se oculta el tráfico de comisiones y el reparto de beneficio a los asociados más cercanos.
Confrontación inexplicable
Al caer la semana el Ministerio de Educación (MINERD) y la ADP parecían haber recuperado la capacidad de dialogar, después que se perdieran varias jornadas docentes y que se intercambiaran expresiones virulentas y descalificaciones, en una confrontación que muchos no lograban entender dado que el secretario general y otros importantes dirigentes magisteriales son militantes del partido de gobierno.
La confrontación pareció más encendida cuando desde finales de la semana anterior la batuta no parecía estar en manos del MINERD, sino más bien de funcionarios del Palacio Nacional, a los que se atribuyen “duras advertencias” a los dirigentes de la ADP, y donde se habría originado un comunicado que produjo indignación en el ámbito gremial.
La respuesta de la ADP no se hizo esperar dejando mal parados algunos de los datos básicos contenidos en el comunicado ampliamente publicitado bajo el membrete del MINERD. Tras la radicalización de ambas posiciones algunos divisaban un interés por hacer naufragar la gestión de la ministra Josefina Pimentel, una reputada profesional que aunque miembro del partido gobernante siempre ha sabido sobreponerse al sectarismo partidista. En ámbitos políticos se señalan numerosos aspirantes a la dirección del ministerio que tiene el mayor presupuesto del Estado, este año cifrado en 99 mil millones de pesos, casi el 19 por ciento del total.
La respuesta de la ADP, paralizando las labores docentes el martes disparó los mecanismos de defensa del gobierno y creó una situación que obligó a instituciones sociales y universitarias a plantearse de mediadores. El jueves se acordó un cese de hostilidades para dar oportunidad a que una comisión de cuatro viceministros de educación se sentara al diálogo con la asociación magisterial, lo que debió producirse desde que la ADP formulara su reclamo salarial en octubre pasado.
Un error recurrente
Como es habitual, la ADP partió de un reclamo desproporcionado cuando hace 5 meses planteó que el salario básico de los maestros de 8 mil 972 pesos fuera triplicado a 27 mil, pero con la llegada del año, se moderaron a una duplicación, con el cien por ciento de incremento, todavía muy por encima de lo razonable. En contraposición, el MINERD se quedó en el otro extremo, también habitual, ofreciendo en principio un pírrico 15 por ciento, elevado más tarde al 20. Entre ese 20 y el 100 por ciento hay una amplia distancia para la negociación.
Pero en vez de sentarse al diálogo las posiciones se fueron extremando. La ADP inició su tradicional programa de asambleas y paros regionales, y una consulta nacional que casi a unanimidad rechazó el incremento salarial del 20 por ciento. Apareció el comunicado atribuido al MINERD con otra exageración, que los maestros querían en salario el equivalente al 50 por ciento del incremento del presupuesto para educación de este año. Remachaba que “la sociedad dominicana no luchó por el 4% para terminar repartiéndolo pura y simplemente en aumento de salarios”.
Se dramatizaba acusando a los maestros de querer “castigar la alimentación escolar, sacrificar la construcción de 10 mil aulas, detener la adquisición de pupitres y paralizar la contratación de nuevos maestros y maestras para la tanda extendida”. El comunicado también subestimaba la labor docente al repetir que “trabajan sólo 4 horas”.
Las exageraciones seguían en alza, ya que la demanda de incremento del 100 por ciento al salario básico de los maestros quedaba muy lejos de la mitad de los 47 mil 365 millones de pesos adicionados este año al presupuesto de educación básica. Tampoco impedía el desayuno escolar ni la construcción de aulas o nuevas contrataciones de docentes, y el último que debe asumir que la jornada es sólo de 4 horas, es el ministerio, pues con preparación de clases, seguimiento a alumnos, corrección de tareas y de exámenes, debería reclamarse por lo menos 6 horas.
Cogido fuera de base.
La incomunicación llegó a extremos tales que el comunicado reitera la oferta de aumento general del 20 por ciento pero indica que con efecto a febrero pasado “no habrá un solo maestro o maestra que gane menos de 15,000 pesos por 4 horas de trabajo”, que los maestros con licenciatura ganarán “por cuatro horas de clase” un mínimo de 15,830 pesos, que los que tienen el salario más bajo, sin incentivos, “recibirán un aumento del 58 por ciento”, para más confusión se afirma que “en lo sucesivo ganarán en promedio 33,241 pesos por jornada completa y 18 mil 996 pesos los que trabajan solo 4 horas”.
Esas cifras implican mucho más que un incremento del 20 por ciento y se aproxima tanto al cien por ciento que pide la ADP que ésta se apresuró en comunicado el martes 5 a tomarle la palabra al MINERD, diciendo que no quieren tanto y se conformarían con que se aumente el salario base “tan solo a 15 mil pesos por tanda, de forma que se ahorre 3 mil 996 para fortalecer otros programas”. No entiende cómo se pagaría 18 mil 996 pesos por una tanda, pero sólo 33 mil 241 por dos. Sostiene que con incremento del 20 por ciento, 9 mil 780 maestros que sólo tienen el incentivo de titulación, apenas alcanzarían a recibir 12 mil 920 pesos.
Esas cifras indican múltiples manipulaciones que en el diálogo pactado el jueves podrían quedar rápidamente aclaradas. Pero indican que las posiciones no están distantes, a menos que una de las dos partes esté hablando simplemente por hablar.
Para resaltar la condición de pobreza de la mayoría de los maestros, la ADP sostuvo que “el año pasado el gobierno de manera oficial colocó en el rango de pobre a una familia de 4 miembros con ingresos por debajo de 18 mil 927 pesos mensuales”. Economistas como Iván Rodríguez estiman el costo de la canasta básica en más de 12 mil pesos para el quintil poblacional más bajo y sobre 18 mil para el segundo. En 2010 estaban en 10 mil 400 y 15 mil respectivamente. Esta semana las centrales sindicales estimaron el costo promedio de la canasta familiar básica en 35 mil para la capital y 24 mil 600 en el resto del país.
El docente es fundamental
En el debate ha quedado claro que en muchos funcionarios, políticos y comunicadores subyace la cultura de que el progreso es sólo construcción, y que la labor docente es secundaria. Así se justifica que el programa de construcción, ampliación y rehabilitación de escuelas tenga este año una partida de 30 mil 914 millones de pesos, el 75 por ciento del incremento presupuestal de educación, y el 31 por ciento del total, pero se defienda que al docente se le aumente un 20 por ciento con salario a nivel del mínimo, de obreros o mensajeros, al mismo tiempo que se le exige titulación universitaria y dedicación.
Hay quienes sostienen que los maestros dominicanos son tan deficientes que ni triplicándole el sueldo mejorarán la calidad de la enseñanza, criterios que no aplican para el pago de los políticos, funcionarios, legisladores y hasta regidores que ya reciben hasta 150 mil pesos mensuales por asistir a una o dos sesiones mensuales.
La Coalición por la Educación Digna, que encabezó la lucha por el 4 por ciento del PIB para educación, entiende que los aumentos de sueldos por sí mismos no garantizan el mejoramiento de la calidad, pero que éste objetivo no se puede alcanzar sin dignificar la función y la vida de los docentes. En un comunicado emitido el jueves sostiene que el 55 por ciento de los maestros gana menos de l0 mil pesos mensuales, incluidos los incentivos y que con un incremento del 20 por ciento, el 83 por ciento quedaría con menos de 15 mil mensuales, aún con los incentivos.
Al llamar a las autoridades y a la ADP a dialogar, la Coalición sostuvo que “Es falso que una mejora significativa de los salarios de los maestros y las maestras ponga en peligro las metas que concebimos al luchar por el 4% del PIB para la educación pre-universitaria”.
Del debate ha quedado claro que el magisterio sigue siendo una de las profesiones más subestimadas, sobre todo si es para el ejercicio público, y que eso cambiaría si los políticos y forjadores de opinión tuvieran que mandar sus hijos a las escuelas del Estado, pues entonces ya se habrían percatado de que el docente es el primer factor clave para superar el desastre de la educación nacional.-
Artículo publicado originalmente en el diario HOY.
Por Robinson Lebrón Céspedes.
La mercantilización del sufragio: Compra de votos y pérdida de autonomía.
A pesar del blindaje garantista introducido por la reforma constitucional de 2010 y la modernización logística de la Junta Central Electoral (JCE), el mercado electoral dominicano durante el periodo 2006-2026 ha seguido condicionado por la persistencia del clientelismo sistémico. La práctica de la compra directa e indirecta de votos en las inmediaciones de los recintos electorales comúnmente operada a través de las denominadas «casas de campaña» informales o logísticas partidarias de último minuto constituye una de las agresiones más severas a la dignidad humana.
Desde una perspectiva ética y sociológica, la transacción monetaria o el intercambio del voto por bienes materiales (como raciones de alimentos, materiales de construcción o promesas de empleo público) despoja al ciudadano de su condición de agente político libre y deliberativo. Este fenómeno genera una «mercantilización del sufragio», donde el votante es percibido por las élites partidarias no como un depositario de la soberanía nacional, sino como un recurso transaccional cuantificable. La autonomía moral del individuo núcleo esencial de la dignidad según la doctrina constitucional queda subordinada a la coacción de sus necesidades materiales básicas, viciando el consentimiento político y erosionando la legitimidad moral de la representación democrática. El uso político-electoral del gasto social estatal.
La instrumentalización de los programas de asistencia social del Estado representa otra vulneración estructural a la dignidad de los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana. Durante las últimas dos décadas, y a pesar de la introducción de legislaciones restrictivas como la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos y la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, la frontera entre la acción institucional del Gobierno y la promoción de las candidaturas oficialistas ha sido históricamente difusa.
El condicionamiento implícito o explícito de subsidios condicionados, tarjetas de ayuda social, programas de transferencias monetarias y planes de empleo coyunturales durante los meses previos a los comicios electorales lesiona gravemente la dignidad ciudadana. Al utilizar los recursos públicos —que constituyen un derecho colectivo— como un mecanismo de chantaje o de inducción del voto, el aparato político instrumentaliza la pobreza. Esta práctica reduce al ciudadano a una condición de dependencia y subordinación psicológica ante el gobernante de turno, transformando lo que constitucionalmente debe ser un ejercicio de libertad soberana en un acto de supervivencia económica forzada.
Desigualdad en el financiamiento y la exclusión de candidaturas idóneas.
La dignidad humana, en su vertiente política, no solo ampara el derecho a elegir en libertad, sino también el derecho a ser elegido en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades (artículo 39 de la Constitución). Sin embargo, el ecosistema electoral dominicano ha operado bajo una profunda distorsión provocada por el alto costo de las campañas políticas y la insuficiencia de los mecanismos de fiscalización del financiamiento privado.
La irrupción de capitales no transparentes y el desborde de los topes de gastos permitidos por la ley generan una plutocratización fáctica de la política. Aquellos ciudadanos e intelectuales idóneos que aspiran a puestos de elección popular, pero que carecen de grandes fortunas personales, el patrocinio corporativo o el acceso a redes clientelares, quedan excluidos de facto de la competencia electoral. Esta asimetría económica no solo vulnera el derecho a la igualdad de los aspirantes, sino que limita la libertad de opción de los electores, quienes ven reducida su oferta política a opciones validadas por el poder económico y no por el mérito programático, consolidando una democracia de exclusión que lesiona la dignidad del debate público.
Las prácticas de clientelismo, la instrumentalización de los programas sociales y la desigualdad en el financiamiento electoral representan desafíos estructurales para la democracia dominicana, al comprometer la dignidad humana y la libertad del sufragio. Superar estas distorsiones requiere fortalecer la transparencia, la fiscalización y la educación cívica, garantizando procesos electorales más equitativos y respetuosos de los principios constitucionales y del Estado social y democrático de derecho.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
Abogado y Docente Universitario.
Análisis Noticiosos
Irresponsabilidad del Estado ante la posible ocurrencia de un terremoto en Santiago.
Por José Cabral
La indignación del ciudadano dominicano no tiene otra razón de ser que la irresponsabilidad, la negligencia y la complicidad de las autoridades edilicias de Santiago y de todo el Estado ante la posibilidad de que el país pueda ser afectado por un terremoto que supere los siete grados como ha ocurrido en Venezuela.
Ya Santiago muchas décadas atrás fue víctima de un fenómeno natural que prácticamente borró del mapa a la segunda ciudad en importancia del país.
Sin embargo, por las propias características de una ciudad que ya representa una gran metrópolis como lo es Santiago, sus residentes están expuestos a un gran peligro, a una tragedia nacional de magnitudes insospechadas.
Los grandes terremotos son cíclicos, ya que hay expertos que sostienen que se producen cada 60 ó 70 años, el cual no debe ser el punto de referencia para que las autoridades tomen las medidas pertinentes, no para que no ocurran, sino para que los daños no sean tan cuantiosos, sobre todo en lo que respecta a pérdida de vidas humanas.
Pero como el asunto tiene su base en una cultura como la improvisación y la falta de planificación estratégica de las autoridades que gobiernan el país, no sólo de las actuales, sino también de las pasadas, en Santiago, cuyo suelo no es recoso, han permitido la construcción de grandes torres que representan una gran amenaza ante la ocurrencia de este tipo de fenómeno natural.
Lo peor de todo es que nada les sirve de escarmiento y sólo el problema se aborda cuando surge una tragedia, como la que ha afectado a Venezuela, la cual luce que esperan tanto las autoridades municipales como las nacionales.
Un ejemplo de la irresponsabilidad y cómo opera el tráfico de influencia es que, por la propia naturaleza del tipo de suelo de Santiago, la ciudad tenia prohibida la construcción de edificios que superaran las cuatro plantas, pero de unos años para acá ha tolerado el levantamiento de altas torres en lugares como “La Trinitaria”, donde algunas alcanzan hasta casi los 30 pisos.
El tema ha sido puesto sobre el tapete ante los terremotos y la gran tragedia que se ha producido en Venezuela por causas parecidas a las que se concretan en Santiago, donde la llamada falla de la zona Septentrional atraviesa la cordillera del mismo nombre, cuyo desplazamiento horizontal parte del límite de la que se conocen como las placas de Norteamérica y del Caribe.
Esta falla atraviesa el norte del país por unos 228 kilómetros desde la bahía de Manzanillo en Montecristi y llega hasta la de Samaná, la cual tiene una gran cercanía a centros urbanos como Santiago y Puerto Plata, la cual es considerada la más peligrosa y con mayor potencial para generar grandes sismos en la región.
Lo más grave del asunto es que hay personas que se les ha ocurrido construir viviendas hasta en la falda de la Cordillera Septentrional, cuyo peligro tiene mucho que ver con la tolerancia, la ignorancia, pero sobre todo con la irresponsabilidad de las autoridades.
A Dios que reparta suerte.
Por Antonio Salcedo
El descredito de los partidos políticos en la República Dominicana ya deja la sensación de que en el 2028 cualquier cosa puede ocurrir.
Pero el hecho de que cualquiera se pueda encamarar en el poder es un fenómeno que ya ha ocurrido en más de una ocasión en el país y en otras naciones del hemisferio.
La República Dominicana ya ha tenido que soportar a varios presidentes que definitivamente no tienen bien puestas sus cabezas.
La cualquierización de que hablo podría representar un gran peligro para la nación, porque ello podría traer consigo una debacle nacional, tal vez el abismo total del país.
Sin embargo, a pesar de la fuerza que toma el fenómeno de que alguien venga desde fuera de la política tradicional y se encaramarse en el poder, es una posibilidad muy real, pero no luce que el país pueda fijarse en una figura vulgar y estrafalaria como Alofoque.
Aunque, repito, cualquier cosa puede ocurrir, ya que cuando una sociedad entra en crisis puede producirse lo que nadie se imagina.
No obstante, no me luce que Alofoke pueda capitalizar la crisis que impacta a los partidos políticos, porque muy difícilmente una figura de las redes sociales con las características de este personaje pueda tener éxito político.
De lo que sí hay que estar consciente es que en la República Dominicana las travesuras de los actores de la clase política no van a dejar nada bueno.
Pero me ratifico en la idea de que no será un Alofoke, un personaje de muy mala procedencia y con una pobre formación, quien capitalice la decepción del ciudadano con la partidocracia.
El tiempo hablará.