Análisis Noticiosos
Por un debate racional
Por Juan Bolívar Díaz
Estamos obligados a imponernos un régimen de real austeridad
El inspirado gobierno del licenciado Danilo Medina debería auspiciar un debate absolutamente racional, abierto y plural antes de decidir una ruta específica para mejorar y abaratar la comunicación terrestre entre la pujante región del Cibao y el relegado Sur, merecedor de una mayor atención, a fin de identificar la opción más ventajosa no sólo desde el punto de vista económico social-sino también por el impacto ambiental.
Hay cada vez mayores y serias objeciones a un nuevo trazado vial. Pero no se trata de una oposición al objetivo fundamental, sino de propuestas alternativas que suponen, por lo menos a juicio de sus portadores, menores costos en términos medio ambientales y económicos. De manera que no se les debe estigmatizar como “oposición al progreso” o “resabios de ecologistas radicales”, ni tampoco como obstrucción a una decisión gubernamental.
Lo primero que debe hacer el gobierno es ejecutar una política de absoluta transparencia. Eso comienza por informar cuál es la ruta escogida, y dar a conocer los estudios de impacto ambiental y económico social que deben preceder una obra de esa magnitud e importancia, que según se ha dicho costaría 345 millones de dólares, aunque expertos indican que podría rondar los 500 millones de dólares.
Lo segundo sería auspiciar un taller de trabajo abierto, convocando a los profesionales e instituciones que han formulado alternativas para que las expongan. Pero no para llenar un expediente cuasi democrático, sino para tomar nota y luego decidir sobre lo que parezca más racional, es decir más conveniente para toda la sociedad dominicana que va a pagar el costo.
Nos inscribimos entre quienes favorecen la ruta Constanza-Padre las Casas, que han sostenido profesionales de la categoría de Frank Moya Pons y Osiris de León. Esta semana conocimos un excelente análisis-propuesta del doctor en geografía José Ramón Martínez Batlle, quien auxiliándose de fotos satelitales ha diseñado varios trazados para concluir en que esa es el más conveniente desde el punto de vista ambiental y socio-económico.
La conexión por Constanza sería más conveniente porque enlaza zonas ya bajo cultivos y porque sería más céntrica para dar paso hacia las dos regiones, dado que el intercambio comercial es de los justificativos de la inversión. Tendría mucho menor costo ya que el tramo nuevo a construir sería más corto, y más rentabilidad porque facilitaría la circulación a una más amplia proporción poblacional.
Desde la perspectiva ecológica no hay discusión posible. Por Constanza no habría que ocasionar un nueva herida a la Cordillera Central, ni afectar dos de los más importantes parques nacionales reservorios de fuentes acuíferas fundamentales, ni tumbar bosques por más de 40 kilómetros, como implica la alternativa que se viene barajando.
Hace décadas que se contempla la posibilidad de una nueva ruta norte sur y los gobiernos le han dado larga por los costos que implica. No hay ninguna razón que ahora obligue a una precipitación. Este es un país pobre con demasiadas necesidades aún en los servicios más elementales de agua, energía, alcantarillados, educación, salud y vivienda, por lo que debemos medir toda inversión.
Acabamos de pasar por un nuevo paquete impositivo y el Fondo Monetario Internacional ya está sugiriendo otro, advirtiendo del riesgo en que ha caído la economía nacional a causa de graves déficits, como el fiscal 8.5 por ciento y el de balanza de pagos sobre el 7 por ciento del producto bruto interno, así como una deuda pública que ya alcanza el 45 por ciento del mismo PIB, incrementada en 5 puntos en el último lustro. Estamos obligados a imponernos un régimen de real austeridad y racionalidad.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.