Análisis Noticiosos
Por un debate racional
Por Juan Bolívar Díaz
Estamos obligados a imponernos un régimen de real austeridad
El inspirado gobierno del licenciado Danilo Medina debería auspiciar un debate absolutamente racional, abierto y plural antes de decidir una ruta específica para mejorar y abaratar la comunicación terrestre entre la pujante región del Cibao y el relegado Sur, merecedor de una mayor atención, a fin de identificar la opción más ventajosa no sólo desde el punto de vista económico social-sino también por el impacto ambiental.
Hay cada vez mayores y serias objeciones a un nuevo trazado vial. Pero no se trata de una oposición al objetivo fundamental, sino de propuestas alternativas que suponen, por lo menos a juicio de sus portadores, menores costos en términos medio ambientales y económicos. De manera que no se les debe estigmatizar como “oposición al progreso” o “resabios de ecologistas radicales”, ni tampoco como obstrucción a una decisión gubernamental.
Lo primero que debe hacer el gobierno es ejecutar una política de absoluta transparencia. Eso comienza por informar cuál es la ruta escogida, y dar a conocer los estudios de impacto ambiental y económico social que deben preceder una obra de esa magnitud e importancia, que según se ha dicho costaría 345 millones de dólares, aunque expertos indican que podría rondar los 500 millones de dólares.
Lo segundo sería auspiciar un taller de trabajo abierto, convocando a los profesionales e instituciones que han formulado alternativas para que las expongan. Pero no para llenar un expediente cuasi democrático, sino para tomar nota y luego decidir sobre lo que parezca más racional, es decir más conveniente para toda la sociedad dominicana que va a pagar el costo.
Nos inscribimos entre quienes favorecen la ruta Constanza-Padre las Casas, que han sostenido profesionales de la categoría de Frank Moya Pons y Osiris de León. Esta semana conocimos un excelente análisis-propuesta del doctor en geografía José Ramón Martínez Batlle, quien auxiliándose de fotos satelitales ha diseñado varios trazados para concluir en que esa es el más conveniente desde el punto de vista ambiental y socio-económico.
La conexión por Constanza sería más conveniente porque enlaza zonas ya bajo cultivos y porque sería más céntrica para dar paso hacia las dos regiones, dado que el intercambio comercial es de los justificativos de la inversión. Tendría mucho menor costo ya que el tramo nuevo a construir sería más corto, y más rentabilidad porque facilitaría la circulación a una más amplia proporción poblacional.
Desde la perspectiva ecológica no hay discusión posible. Por Constanza no habría que ocasionar un nueva herida a la Cordillera Central, ni afectar dos de los más importantes parques nacionales reservorios de fuentes acuíferas fundamentales, ni tumbar bosques por más de 40 kilómetros, como implica la alternativa que se viene barajando.
Hace décadas que se contempla la posibilidad de una nueva ruta norte sur y los gobiernos le han dado larga por los costos que implica. No hay ninguna razón que ahora obligue a una precipitación. Este es un país pobre con demasiadas necesidades aún en los servicios más elementales de agua, energía, alcantarillados, educación, salud y vivienda, por lo que debemos medir toda inversión.
Acabamos de pasar por un nuevo paquete impositivo y el Fondo Monetario Internacional ya está sugiriendo otro, advirtiendo del riesgo en que ha caído la economía nacional a causa de graves déficits, como el fiscal 8.5 por ciento y el de balanza de pagos sobre el 7 por ciento del producto bruto interno, así como una deuda pública que ya alcanza el 45 por ciento del mismo PIB, incrementada en 5 puntos en el último lustro. Estamos obligados a imponernos un régimen de real austeridad y racionalidad.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.
Por José Cabral
Los estudios de los fenómenos sociales ocurridos en la sociedad dominicana indican con toda claridad que adoleció del desarrollo de la fuerza productiva, lo que, naturalmente, genera una falta de conciencia social.
Este el fundamento de los que muchos sostienen, incluido yo, de que el sector empresarial amuela cuchillos para su propia garganta, porque no representa un foco de presión para que las cosas se hagan con el propósito de preservar sus intereses.
Pero es que esa conducta se deriva del hecho de que los que se suponen que deben procurar fortalecer el Estado mediante el combate de todas las distorsiones que sufre el sistema, lo que hacen es sumarse a las acciones que le quitan legalidad y legitimidad.
Yo he dicho y lo reitero en este artículo que el sector empresarial se ha sumado a la cadena de complicidad que comienza en el Palacio Nacional, entra a los medios de comunicación social y luego se convierta en un cometa, porque nadie sabe dónde termina, ya que todo el que se hace llamar inversionista no busca otra cosa que mediante una vocación mafiosa acumular fortunas sobre la base de la sombra del Estado.
Lo que pasa, según entiendo, es que ellos como son parte de lo que en sociología política se le llama clase social entre sí, les importa poco la desnaturalización del rol del Estado, aunque al final de la jornada sean los principales afectados porque son los que más tienen que perder frente a una revolución social.
El problema tiene una grave complejidad, ya que al no existir una clase social para sí, consciente de su papel, difícilmente tengan la iniciativa de exigir controles, como por ejemplo, del gasto público, sobre todo si el sector empresarial se suma en complicidad a la corrupción que se promueve o es auspiciada por el sector oficial.
De manera, que resulta un problema con raíces muy profundos que solucionarlo resulta bastante difícil, porque además no se entiende la explicación del fenómeno.
En países pobres y con bajos niveles de institucionalidad, como el dominicano, el llamado empresario se suma a la fiesta de la corrupción, lo que constituye una razón para crear disgusto social y las condiciones para que se produzca una explosión social.
El llamado empresario dominicano, tanto el colocado en la pequeña, mediana o grandes empresas persigue más que seguridad jurídica y paz social y la satisfacción de necesidades sociales, que se le incorpore al contrabando, que se le entregue propiedades públicas y ser favorecidos por todas las travesuras del que tiene el control del Estado.
Sin embargo, la pregunta que me hago es si ciertamente en el país existe alguna propuesta para institucionalizar la nación, al margen del amor por el dinero y las cosas materiales, no importa su procedencia, pues penosamente tengo que decir que ese es un sueño utópico por el momento.
Sigo pensando que sólo un Estado que promueva valores más que antivalores podría ser la panacea a un mal integral que no permite que la gente haga una reflexión profunda y realista y actúe de modo diferente frente a un fenómeno que puede llevar al abismo a la sociedad dominicana.
Por José Cabral
Observo con mucha preocupación el afán desmedido del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por mantenerse en el poder cuando su obra de gobierno es tan pobre que no es comparable con ningún otro por malo que haya sido.
Lo digo por lo que veo que ocurre en Santiago y en todo el territorio nacional, donde el deterioro de los servicios públicos es tan preocupante que cualquiera se larga del país para no volver jamás.
No hay prácticamente servicio de agua potable, ni siquiera para descargar los baños de las casas y los negocios, lo que llena de bacterias los hogares y se propagan las enfermedades, sobre todo las infecto-contagiosas.
El servicio de energía eléctrica no puede ser peor, cuya distribuidora del Norte, EDENORTE y las demás Edes, se la pasan en confabulación con PROTECOM estafando a los usuarios con facturaciones falsas, inventadas y con medidores “arreglados” para buscar cubrir sus déficits con el engaño al ciudadano.
Ahora también se agrega que la recogida de basura en el municipio de Santiago es prácticamente nula, entonces, repito la pregunta, para qué el PRM quiere preservar el poder.
El gran problema de este partido es que no entiende de planificación ni de programar una gestión pública a corto, mediano y largo plazo.
No es que los demás partidos del sistema no tengan la misma visión y comportamiento, pero pienso que lo que ocurre con el PRM ya llega al colmo de la incapacidad para dirigir el país.
El sufrimiento de los dominicanos por la irresponsabilidad de los que van al Estado, principalmente a resolver sus problemas personales, no parece tener fin, ya que aquellos que ya pasaron por la administración pública tienen ojos para ver la irresponsabilidad y la vocación por la corrupción de los que ostentan hoy el poder, pero al final de cuentas todo se trata de una doble moral.
Sin embargo, creo que lo del PRM ya no tiene madre, para utilizar una expresión muy popular de la República Dominicana, por lo que cuando llegue al final de su gobierno es muy poco lo que va a quedar.
En conclusión, el PRM es una verdadera desgracia nacional, máxime porque ahora los dominicanos no tienen derechos ni para disfrutar de un buen servicio de agua potable y energía eléctrica, pero la incapacidad abarca todo lo demás, porque se trata de una deficiencia integral, general.
¡Qué desastre!.
Por José Cabral
Estuvo profundamente convencido de que el presidente Luis Abinader observaría la Ley 13-26 que persigue anular una jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes.
Sin embargo, me equivoqué porque Abinader escogió la vía de la promulgación de lo que muy bien se puede calificar como un adefesio jurídico.
Pero hay otro elemento que me provoca muchas dudas y me refiero a cuál ha sido el papel jugado en este caso por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia y quien ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa.
La pregunta surge porque después de la promulgación sigue la publicación en la gaceta oficial de la nueva ley que pone en tela de juicio todo el sistema legal e institucional del país y precisamente ese último paso recae sobre Subero Isa.
Entonces, se impone preguntarse que si independientemente de que Subero Isa no haya compartido la sentencia TC/0788/24 y que incluso se oponga a las candidaturas independientes, tiene acaso otra opción que no sea respetar la jurisprudencia sentada en esta materia por la alta corte, sobre todo por tratarse de un jurisconsulto que nadie pone en tela de juicio su gran formación jurídica.
Considero que Subero Isa si por alguna razón tiene que cumplir con la decisión tomada por Abinader, la cual parece ser parte de un plan del PRM, entonces lo menos que puede ocurrir es que presente su renuncia de la posición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
Cualquier decisión que no se corresponda con respetar lo que ha sido su trayectoria como hombre de ley, coloca a Subero Isa en una contradicción que impacta muy negativamente el respeto que se ha ganado en el entorno de la justicia dominicana.
Subero Isa es uno de los mejores presidentes de la Suprema Corte de Justicia que ha tenido el país, pero no luce como razonable que juegue algún papel para atacar una jurisprudencia que cumple con todos los requerimientos del derecho constitucional moderno o del neo-constitucionalismo.
Todavía me asalta la duda si Subero Isa se ha sumado a un plan que en todo caso debe ser político para poner en cuestionamiento el proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana, cuyos fines es preservar y promover los derechos fundamentales.
La verdad que me gustaría saber a ciencia cierta cuál es la posición de Subero Isa frente a la torpeza cometida por Luis Abinader, sin que haya una razón lógica que la explique.