Opinión
Urge la suspensión del genocidio civil
Por Juan Bolívar Díaz
La República Dominicana seguirá siendo condenada en los organismos internacionales por el genocidio civil que se ejecuta contra miles de nacionales descendientes de haitianos despojados de sus actas de nacimiento
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) volvió a conocer esta semana en Washington las denuncias contra el Estado dominicano por negarse a expedir copias de sus actas de nacimiento a miles de nacionales de ascendencia haitiana, lo que condenó el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial.
Lo que se ha denominado como genocidio civil contra miles de personas tiene un agravante en la reciente decisión de la Junta Central Electoral, que traspasó a la Dirección de Migración 19 mil 15 expedientes de personas que ha considerado de forma retroactiva que no tenían derecho a la nacionalidad dominicana.
Otra vez en Washington
Una vez más la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sesionó en su sede de la Organización de Estados Americanos en Washington, el martes 12 de marzo, para conocer una solicitud de amparo incoada por 48 de los miles de ciudadanos dominicanos a quienes desde el 2007 la Junta Central Electoral reusa expedirles copias de sus actas de nacimiento porque sus padres no tenían residencia legal cuando los declararon hace hasta más de medio siglo.
Agobiado por las críticas y condenas internacionales el Estado, en la persona del embajador dominicano ante la OEA, doctor Roberto Saladín, pidió a la CIDH que no convoque más audiencias sobre esta temática considerando que “ha sido suficientemente debatido en más de cinco oportunidades”. La última audiencia había sido el 24 de octubre del 2011. Los impetrantes constituyen una alianza de unas 35 organizaciones y grupos defensores de derechos humanos, de entidades religiosas y de personas afectadas, incluyendo instituciones de Estados Unidos y Europa.
La intervención del embajador Saladín fue contestada por Rosa María Ortiz, una paraguaya relatora de la CIDH que visitó el país en febrero, así como por el señor Felipe González, quienes expresaron que “la desnacionalización de dominicanos de ascendencia haitiana ha empeorado” y denunciaron hostigamiento a los grupos que reclaman sus derechos. Justo la noche antes de lo audiencia el padre Mario Serrano, del Servicio Jesuita para Refugiados y Migrantes, y un grupo que hacía vigilia frente a la JCE reclamando sus actas de nacimiento, fueron detenidos una hora por la Policía.
Las audiencias de la CIDH pretenden conciliar conflictos por ejercicio de derechos humanos. El organismo formula recomendaciones y en ocasiones llega a solicitar a los estados miembros del Sistema Interamericano la adopción de medidas cautelares hasta que un expediente sea conocido en todos los órganos judiciales nacionales, para poder traducirlo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que opera como la última instancia de los países que, como República Dominicana, han reconocido esa jurisdicción.
No habrá escapatoria
Al país le esperan múltiples condenas de organismos de derechos humanos, incluso de la Corte Interamericana cuando finalmente le llegue el expediente, por
La decisión de la JCE del 2007 que prohíbe emitir copias de actas de nacimiento a ciudadanos dominicanos cuyos padres no tenían residencia legal cuando los registraron. Hace poco tiempo, de manera confidencial, un funcionario del sistema interamericano alentó a persistir en recomendar a las autoridades que rectifiquen esa práctica.
Con amplio conocimiento de causa, se refirió al hecho de que la Constitución proclamada en enero del 2010, modificó el jus solis justo para crear un nuevo marco jurídico en el que la nacionalidad pasa a ser un derecho de origen sanguíneo, no de suelo, pero especificó que “en ninguna instancia de derecho internacional se aceptará que pueda aplicarse retroactivamente”. Entre los 19 mil casos registrados hay personas con más de medio siglo de nacidas en el país, y declaradas como dominicanas, que viven aquí. La mayoría son pobres que nunca han salido del país, jóvenes, porque son los que más necesitan copias de sus actas de nacimiento para fines escolares, obtener cédula o pasaporte, casarse o divorciarse. Estos, a su vez están impedidos de declarar a los hijos que les están naciendo. Los mayores que tienen cédulas de identidad y viven en la pobreza, no son afectados porque casi nunca necesitan acta de nacimiento.
El funcionario internacional recordó que ya en octubre del 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso que el Estado inscribiera como ciudadanas a las niñas Yean y Bósico, tras considerar que les correspondía. Dio por indudable que con más razón dictaminará a favor de quienes ya habían sido inscritos como dominicanos al amparo de los mismos preceptos constitucionales y legales que favorecían a las dos menores descendientes de haitianas pero declaradas dominicanas.
Otra condena en la ONU
Es relevante que hasta hace poco los reclamos internacionales eran para que el Estado dominicano reconociera a los descendientes de haitianos nacidos en el país, ahora es para que no despoje de la nacionalidad a quienes ya había reconocido. Los sistemas jurídicos son lentos y pasarán varios años antes de que un expediente de esta naturaleza llegue a la Corte Interamericana. Pero una condena no sólo será una nueva humillación internacional, sino que podría conllevar reparaciones y dar paso a demandas previstas en el sistema constitucional y legal.
Pero mientras tanto habrá que prepararse para seguir recibiendo sanciones de organismos internacionales como la contenida en un documento del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial que exhortó a restituir sus documentos de identidad a los descendientes de haitianos a quienes “les han sido confiscados, anulados o destruidos”.
El documento se refiere a audiencias celebradas por el organismo en febrero pasado con participación del director de Migración, de un embajador ante la ONU y dos legisladores dominicanos, quienes defendieron o explicaron el asunto como decisión migratoria soberana y no de nacionalidad. Pero el Comité responde que “el alcance de soberanía nacional en materia de nacionalidad tiene sus límites en el respeto a a los derechos humanos, específicamente en el principio de no discriminación”.
Diplomáticos dominicanos se han visto en verdaderos apuros al tener que defender ante colegas una causa tan absurda como la aplicación retroactiva de una normativa en materia tan sensible como el derecho a una nacionalidad que condena a los afectados a vivir segregados civil y jurídicamente en el medio donde han nacido y se han reproducido y del que no podrían escapar por carecer de recursos para emigrar e iniciar una nueva identidad. Entre los afectados dominicanos ya ha habido intentos de suicidios y jóvenes que han perdido oportunidades de trabajo y becas de estudios.
La JCE saca el bulto
El empecinamiento del ahora presidente de la JCE, Roberto Rosario, desde que presidía la desaparecida Cámara Administrativa de la institución que adoptó la resolución 12-07 restringiendo la expedición de copias de sus actas a los ciudadanos de ascendencia haitiana, ha metido el país en un callejón sin salida en los ámbitos del derecho internacional.
Consciente de la insostenibilidad de sus argumentos pretenden confundir alegando cuestiones migratorias en un conflicto de nacionalidad. Por eso en octubre del 2011, en vísperas de la anterior audiencia temática de la CIDH se puso a la directora del Registro Civil a emitir una circular autorizando a entregar copias de sus actas a los ciudadanos bajo investigación “hasta tanto el pleno de la JCE determine si las mismas son válidas… y proceda a suspenderlas provisionalmente, a demandar su nulidad ante un tribunal o a reconocer su regularidad”. Esa circular, que después de la audiencia fue ignorada, implicaba una rectificación, al reconocer el imperio del artículo 31 de la Ley 659 Sobre Actos del Estado Civil. De hecho varios jueces ya han dictado resoluciones disponiendo entregas de las actas, pero la JCE las ha apelado e ignorado.
El 21 de febrero pasado, por decisión de tres a dos votos, el pleno de la JCE quiso sacar el bulto al problema remitiendo a la dirección de Migración 19 mil 15 expedientes de “personas con situaciones especiales” para que sean depuradas al amparo del artículo 9 de la Ley de Migración. En un voto disidente razonado”, el miembro titular Eddy Olivares Ortega calificó de inconstitucional e ilegal esa resolución en virtud de que ese artículo se refiere a materia migratoria y no a registros del estado civil y porque el organismo no puede delegar sus facultades constitucionales.
Olivares ratificó la posición que desde la emisión de la circular 12-07 ha sostenido junto a la doctora Aura Celeste Fernández. Ex titular de la JCE, de que se ese organismo carece de facultad para anular actas de nacimiento debidamente registradas. Volvió a citar el artículo 45 del Código Civil y el 31 de la Ley 659 que establecen que “Cualquier persona podrá pedir copia de las actas sentadas en los registros del Estado Civil. Estas copias libradas conforme a los registros legalizados por el juez de paz de la jurisdicción o por el que haga sus veces se tendrán por fehacientes mientras no sea declarada la falsedad de dichas actas”. Citó también jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que las actas debidamente asentadas por los oficiales del estado civil “constituyen documentos con enunciaciones de carácter irrefragable hasta inscripción en falsedad”.
Más allá de cualquier alegato, es relevante la persistencia en crear un cementerio de muertos civiles en el país con miles de almas en pena y la indiferencia generalizada ante un atropello a un derecho fundamental de miles de personas.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.
Por Narciso Isa Conde
¡Habría que intentar tumbarlas o aplastarlas con armas e invasiones de alto calibre!, y eso no es fácil, porque los invasores corren el riego de empantanarse como le ha pasado en otras partes del planeta.
Esta América es nuestra, la de ellos es la del “Norte Revuelto y Brutal”, destinado a «sembrar de miseria” nuestra América.
No somos “patio trasero” de nadie.
A estas alturas del proceso, consideramos inaceptable una nueva apelación al monroísmo y más aún las demenciales pretensiones del trumpismo y otras variantes del neofascismo.
En esta América…el oro, el litio, las tierras raras, el titanio, la Amazonía, la biodiversidad, las costas, las playas y los ríos, no son de EEUU.
Son nuestros y los vamos a defender.
¡Que lo sepan bien Trump, Elon Musk, Laura Richardson y Marco Rubio!
¡Que lo sepan su CIA, USAID, Comando Sur, el Pentágono y su gabinete de halcones!
Ni su retórica de terror, ni el coloniaje racista, ni sus guerras de variadas intensidades y generaciones, nos asustan.
Carecen de capacidad para intimidar los estados y pueblos que ejercen el derecho a la autodeterminación
Son huesos duros de roer.
Ni Cuba, ni Venezuela, ni Nicaragua se caen con palabras y fantocherías cobardes, tampoco con guerras de baja intensidad.
Eso está requeté demostrado.
¡Habría que intentar tumbarlas o aplastarlas con armas e invasiones de alto calibre!, y eso no es fácil, porque los invasores corren el riego de empantanarse como le ha pasado en otras partes del planeta.
Pero, además, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia no están solas en el mundo, ni en este continente.
Cuba y Venezuela tienen poder militar para devolver. Como pasa, en otras latitudes con Corea del Norte en la cercanía de Corea de Sur y Japón, aliados carnales y sedes de base militares de EEUU.
El odio colonial neofascista incluso apunta contra México, Colombia y Brasil en favor de las ultraderechas de esas naciones, a pesar de la traición de Lula a Venezuela y las recientes inconsecuencias de Petro con la patria de Bolívar y de Chávez.
Hacia México el trumpismo derrama hiel y desde sus entrañas se esgrimen sanciones y amenazas inaceptables para la dignidad de su gobierno y de su pueblo, y no le será fácil al Gobierno de Trump imponer sus designios; como tampoco le será fácil ejecutar su xenofobia brutal, ni cumplir sus promesas racistas contra los flujos migratorios y la inmigración “tercermundista” que las propias potencias neocoloniales han provocado
· LOS DESIGNIOS NEFASTOS DEL TRUMPISMO HAN SIDO CONFESADOS.
Todas esas pretensiones imperiales han sido confesadas por los halcones “electos” o designados, con todo el descaro del mundo.
Sabemos, además, para que pueden dar Trump, Vance, Musk, Laura Richardson y Rubio, para solo dejarlo en ese nefasto quinteto, hermanado en el anticomunismo, el racismo, la xenofobia y la voracidad sobre riquezas naturales ajenas.
Rubio es más rubio que Trump y más colonialista y neofascista que la sombra de los dos nuevos principales inquilinos de la Casa Blanca. Se crio y formó políticamente en la madriguera de Miami, mientras Musk es un producto del apartheid sudafricano, del elitismo capitalista y de su opulenta existencia.
Estamos enterados, por sus propios alardes que sus “panas full” en estos lares son Milei, Noboa, Bukele, Bolsonaro, Kast, Murillo, Uribe, Duque, Marie Corina-González Urrutia … y con ellos y con otros de parecida calaña, se propone construir el bloque regional de neofascismo mundial; que de seguro va ha ser bendecido por Trump, Netanhau, Zelensky, Giorgia Meloni y la Len Pen…
El plan incluye la ampliación de ese bloque, el asalto a otros estados del continente y el programa para intentar revertir por la fuerza todos los procesos que a escala continental EEUU no controla.
A Puerto Rico le esperan las agresiones consabidas del trumpismo y de su envenenada oferta de estadidad, ahora con menos posibilidades de éxitos, dados acontecimientos (electorales y no electorales) que revelan el ascenso de la conciencia independentista del pueblo de Borinquén.
Y a Haití una mayor dosis de violencia, racismo y opresión.
Entre los/as candidatos/as con “méritos” para esa ampliación están Luis Abinader, el nuevo primer ministro de Haití, Alí Dipré Fil Bien Amé, la presidenta Buluarte de Perú, el presidente Santiago Peña Palacios de Paraguay, entre otros y otras.
· CAUSAS DEL REPLIEGUE VIOLENTO HACIA NUESTRA AMÉRICA.
Trump y sus halcones, no lo confiesan así, pero realmente se trata de un repliegue al “patio trasero”, con un fuerte énfasis en desplazar a China, Rusia e Irán de esta región; desestabilizar y tumbar los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua y la determinación de apoderarse por cualquier medio de su patrimonio natural.
La voracidad minera y el nuevo asalto a la naturaleza no humana tiene portavoces.
La Generala Laura Richardson, Jefa del Comando Sur, organismo encargado de preservar militarmente para EEUU esas riquezas ajenas, ha proclamado abiertamente el interés que tiene esa súper potencia en “el triángulo del litio (Argentina, Chile y Bolivia)”, en “las reservas de petróleo (la más grande del mundo), gas natural, cobre y oro de Venezuela”, en “los bosques de la Amazonia (los pulmones del planeta)” y en “el 31 % del agua dulce del mundo”.
Por su parte, Elon Musk confesó su auspicio al golpe de estado contra Evo Morales en Bolivia y declaró que tras el litio y los minerales imprescindibles para las tecnologías de punta estaba en disposición de dar golpe de estado donde fuera necesario.
Corporaciones petroleras, mineras, químicas e informáticas y el Pentágono, su Comando Sur, la CIA y el Departamento de Estado, confluyen en la misma dirección rapaz. Su hambre de combustibles fósiles, litio, titanio, oro, tierras raras, agua y biodiversidad, potencia la voracidad imperial.
La hostilidad contra China ha tenido una matriz bipartidista y un carácter estratégico hasta hace poco, y está claro que Trump y sus halcones estas prestos a subirle el tono.
Pero recientemente la momia de Biden ha sido usada en la transición por una facción del fracturado poder estadounidense, para meterle una piedra en el camino a TRUMP; asumiendo sorpresivamente la actual Administración una actitud conciliadora con China, la cual ha sido aprovechada por el liderazgo del gigante oriental para reiterar y dejar aún más claro lo que esa súper potencia no aceptaría ni de Biden, ni de Trump, ni de nadie.
El repliegue hacia acá, con la contraofensiva anunciada, tiene su razón de ser en la derrota de la OTAN en Ucrania y en el criterio de importantes sectores de poder que auparon al trumpismo, sobre la necesidad de apaciguar ese capítulo desgastante de la guerra global infinita desatada por EEUU, no otros.
A esa negociación, el mismo Biden, ha respondido autorizando a Ucrania a usar de misiles de largo alcance contra Rusia, lo que ha sido rechazado por Francia e Inglaterra; otra evidencia de la creciente fractura de las elites imperialistas europeas y estadounidenses, y de los riesgos que asechan a la humanidad en medio de este tumultuoso proceso de decadencia y descomposición del sistema imperialista occidental.
· TRUMP Y SUS HALCONES NO REPRESENTAN LA PAZ.
No es que Trump y sus halcones son pacifistas, sino que EEUU ha perdido esa guerra y de continuarla le puede ir peor.
El poder político-militar estadounidense está obligado a negociar con Rusia y el ascenso de Trump ofrece esa oportunidad. La condición no la impondrá Trump, sino Putin que controla territorio y podría avanzar más. De todas formas, se trata de una negociación necesaria y a la vez compleja, que puede dilatar.
El complejo militar-industrial-financiero-informático en estos últimos años ha obtenido enormes beneficios y se puede dar el lujo de un receso de guerra en Europa, en favor del alivio a la carga sobre el deficitario presupuesto de EEUU y su colosal endeudamiento. Así opera el poder profundo de ese Coloso decadente.
La carga económica estadounidense en la OTAN es alta y Europa Occidental, sensiblemente diezmada, está bajo la presión de Trump en materia de financiamiento, forzada también a ceder frente a Rusia.
No es el caso de la guerra contra Palestina, ya sensiblemente regionalizada en el Oriente Medio.
Las relaciones carnales con Israel y el lobby estadounidense del gran capital sionista, obligan a continuarla.
Trump no admite la existencia del Estado Palestino e incita a Netanhau a completar el holocausto palestino, para luego intentar colonizar el litoral occidental de Gaza, cesar los combates y concentrar la presión contra IRÁN.
Sigue siendo difícil aplastar a Hamas y más aún derrotar los Huties yemenitas y a Hebollag,
El “pacifismo” de Trump se fue al carajo al referirse a la guerra en esa región, donde, además existe una resistencia palestina que no cree en cuento y con demostrada capacidad ofensiva frente un sionismo cada vez más desacreditado y vulnerable.
Cierto que los jefes del Partido Demócratas-PD y sus enclaves globalistas son terriblemente guerreristas, pero suponer adversidad a las guerras en las entrañas del pacto neofascista que sustenta a Trump, al trumpismo y a su nueva admiración, es más que una tontería, dado que su esencia es la dominación violenta y que el repliegue en Ucrania es fruto de un gran revés militar, como lo fue en Afganistán. Incluso ese pacto contiene fuertes ingredientes del globalismo “demócrata”, traspasado a los “republicanos” leales a Trump.
Del neofascismo como producto de una decadencia agresiva del imperialismo occidental y su súper potencia dominante, en el contexto de un endurecimiento del neoliberalismo neocolonial, en general solo puede esperarse una continuidad de la política con la modalidad de variadas combinaciones de guerras.
Solo la insurgencia global de la humanidad amenazada de extinción. puede derrotar esos designios imperiales y crear lo nuevo, combinando todos los actores de esa gran transformación hacia un mundo justo, diverso, multicultural y solidario.
Por Isaías Ramos
Las recientes declaraciones del gobierno dominicano sobre el llamado “abastecimiento navideño” han generado indignación y descontento en un sector importante de la población. Con anuncios de 10 millones de raciones de alimentos cocidos y productos festivos como manzanas y dulces, se nos presenta un espectáculo que oculta la dura realidad de miles de familias que enfrentan hambre y pobreza durante todo el año.
El director de comedores económicos afirmó que personas hacen filas desde las 11:00 p. m. del día anterior para recibir su ración navideña. Esto no es motivo de celebración; es una muestra alarmante de la humillación y la dependencia extrema que este modelo asistencialista perpetúa. Que miles tengan que someterse a estas condiciones para acceder a lo más básico evidencia el fracaso de un sistema que prioriza lo mediático sobre lo estructural.
En lugar de atacar las raíces del hambre y la pobreza, el gobierno opta por paliativos temporales. La pregunta es inevitable: ¿por qué esperar hasta diciembre para responder a una crisis alimentaria constante? Estas acciones parecen diseñadas más para apaciguar críticas y desviar la atención pública que para ofrecer soluciones reales. Mientras tanto, el campo dominicano continúa en abandono, con agricultores que trabajan arduamente sin el apoyo necesario del Estado.
Hablar de “multiplicar lo que se da al pueblo”, como mencionó el presidente, es irónico cuando ese mismo pueblo ha sido despojado de oportunidades dignas y sostenibles. El acceso a alimentos no debería depender de campañas temporales, sino ser el resultado de políticas agrarias efectivas que fortalezcan la producción nacional, garanticen la seguridad alimentaria y promuevan el desarrollo rural.
La dependencia del clientelismo o asistencialismo crea un ciclo vicioso: cada diciembre, las familias esperan con resignación una mano tendida, mientras el resto del año se ignoran sus necesidades. Esto no solo perpetúa la pobreza, sino que se convierte en una forma de control social, diseñada para mantener el poder en lugar de empoderar al pueblo.
Más preocupante aún es cómo estas medidas superficiales distraen de los problemas estructurales: falta de empleo digno, educación adecuada y sistemas de salud funcionales. Ofrecer comida en épocas festivas es insuficiente e inaceptable. La solución pasa por un cambio profundo en la gestión de los recursos y en la priorización de las necesidades del pueblo.
El “abastecimiento navideño” debería ser un recordatorio de lo que está mal con nuestro sistema actual. No podemos permitir que nuestras autoridades sigan utilizando estas medidas como herramientas para maquillar el hambre y la pobreza. Es hora de exigir políticas públicas basadas en justicia social, que aseguren salarios justos, inviertan en infraestructura rural y fortalezcan a los agricultores locales.
En el Frente Cívico y Social hacemos un llamado al pueblo dominicano: despertemos ante esta realidad. Cada vez que hacemos fila por un plato de comida, aceptamos la normalización del hambre y la precariedad. Debemos rechazar este sistema que perpetúa ciclos de pobreza y vulnerabilidad.
Movilicémonos por nuestros derechos. Exijamos transparencia, rendición de cuentas y acciones concretas que prioricen las necesidades del pueblo. Las festividades no deberían ser un recordatorio de nuestro fracaso institucional, sino una celebración de logros fruto del esfuerzo colectivo entre el gobierno y su gente.
En el FCS creemos que llegó el momento de construir un país donde la dignidad, la justicia y la igualdad sean accesibles para todos. La lucha por un futuro mejor comienza aquí y ahora.
¡Despierta, RD!
Por Nelson Encarnación
El plan de seguridad vial anunciado el lunes por el presidente Luis Abinader y varios funcionarios es una iniciativa que si se llevara a la práctica debería tener un impacto significativo en la reducción de la siniestralidad en el tránsito, un renglón negativo en el cual nuestro país ocupa uno de los primeros lugares en la región como principal causa de muerte.
Lo delineado apunta a una relevancia si se implementa en su plenitud, aunque se generan interrogantes que deben ser despejadas. Una de ellas—probablemente la más trascendental—es qué hacer con los 3.7 millones de motocicletas que circulan sin ningún control por toda la República Dominicana, que representan el factor determinante para que el país tenga tan elevado sitial en las mediciones sobre siniestralidad vial.
La preocupación no es solo eso, sino que se fundamenta en las estadísticas disponibles—que son muy pobres, por cierto—sobre el impacto de los motores en el flagelo de los accidentes y en el papel que estos juegan como causantes de fallecimientos y lesiones permanentes.
Las únicas estadísticas disponibles las recibimos luego de ocasiones especiales, como Semana Santa, Navidad y festividades que incrementan la movilidad vial, cuando las autoridades montan los llamados operativos. Al pasar balance de esos operativos puntuales nos enteramos de que, en promedio, el 70% de los eventos viales, las muertes y las lesiones es aportado por las motocicletas, un medio de transporte que se ha masificado de manera inimaginable y sin controles efectivos.
Es decir, que al desagregar el factor motocicletas, las estadísticas relacionadas a accidentes viales tenderían a una reducción significativa, y, por consiguiente, nuestro país bajaría a los lugares menos punteros en cuanto a muertes, heridos y discapacidades permanentes que se derivan de ellos.
Esta dramática circunstancia nos lleva a ser escépticos respecto del resultado a obtener del importante plan que se ejecutará, pero también representa una decisión retadora para las autoridades.
¿Qué se contempla frente al desafío de millones motocicletas conducidas por desaprensivos para quienes no existen normas?
Y lo más relevante todavía: ¿Cuál será la conducta de los agentes encargados de hacer cumplir las leyes, y para quienes—frente a motoristas y “padres de familia” que conducen “conchos” y voladoras—las disposiciones son nulas? Esta es una cuestión determinante para que el plan vial alcance el éxito que todos esperamos.