Editorial
La Barrick Gold y La Institucionalidad.
Mucha gente ignora que la colonización económica a través de los organismos crediticios multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, entre otros, está estrechamente vinculada con la explotación de las riquezas naturales de los países del tercer mundo.
Es decir, ahí estriba la corrupción prevaleciente en las empresas transnacionales que llegan a los países pobres y endeudados a explotar sus riquezas naturales al margen de la ley, con la anuencia de políticos y funcionarios públicos que también saben muy bien como apropiarse del patrimonio público con el mayor descaro.
Justamente en este contexto se inscribe la forma de manejarse la Barrick Gold, la cual tiene sus propias leyes y en el marco de esa lógica está por encima de todo el mundo e incluso del propio presidente de la República, no importa que provenga de cualquiera de los tres partidos tradicionales que tienen el control del Estado dominicano desde hace décadas.
La Barrick Gold se ha puesto por encima del presidente bajo su propio código de ética, el cual consigna que su manejo sólo lo determina la forma que más le convenga para saquear los recursos naturales, en este caso de una isla llamada República Dominicana, pero que importa muy poco el nombre del país y de la gente que lo habita, sino de los grandes beneficios que recibe inescrupulosamente.
Una muestra de la forma como se maneja esta empresa multinacional es que saca minerales, como oro y plata, sin hacer ninguna declaración de aduana, pero que es ahora cuando esa dependencia del Estado dominicano se da cuenta.
Porque con la Barrick Gold hay mucha complicidad oficial, sobre todo por los niveles de colonización de la República Dominicana.
Desde su pasado discurso del 27 de febrero el presidente Medina no ha vuelto a tocar el contrato leonino que beneficia a esa empresa transnacional, el cual fue promovido y apoyado por el hombre que más daño les hecho al Estado y a la sociedad dominicana, como lo es el presidente Leonel Fernández.
En cualquier país que se respete y con un mínimo de independencia, la Barrick Gold hubiera sido nacionalizada y sus ejecutivos procesados por los tribunales ordinarios por las declaraciones falsas ofrecidas a funcionarios de Aduanas sobre un embarque de oro y otros minerales que sale desde Cotuí, pero que ellos lo consignaron como que procedía de los Estados Unidos.
Con el caso de la Barrick Gold está en juego la credibilidad del presidente Medina, quien luego de sus enérgicas palabras el pasado 27 de febrero no ha vuelto a hablar sobre el bochornoso caso de esa multinacional.
Duele en lo más profundo de la conciencia nacional la forma poca ética como la Barrick Gold se lleva las riquezas naturales de la República Dominicana a través de una explotación minera que deja grandes daños al medio ambiente y que causa enfermedades catastróficas en la gente que reside en los alrededores de donde existen esas reservas nacionales.
Si el Estado dominicano no hace nada para parar este bochorno, entonces que la Barrick Gold no sólo explota la mina de Cotuí, sino que coja las riendas del país y que las leyes, tanto sustantiva y objetivas, sean acomodadas a los malsanos intereses de los propietarios y ejecutivos de la multinacional.
Así se acaba la doble moral, las dobleces y la desvergüenza de algunos sectores de poder que ven con complacencia semejante entreguismo y falta de patriotismo.
Que nos gobierne la Barrick Gold con su código de inmoralidad y desfachatez.
Basta de tantas injusticias y mezquindades de nacionales y extranjeros.
La candidatura del actual alcalde por la ciudad de Nueva York tuvo raíces muy profundas en la comunidad dominicana de la gran urbe.
Fueron muchos los que la promovieron, no por buscar cambios importantes en la ciudad de Nueva York, sino porque sumieron un compromiso más con sus propios intereses personales, no con las mejores causas de la comunidad.
Incluso esta es la razón de que haya muchas personas en el gabinete del alcalde ahora en problemas, que sólo perseguían asuntos muy individuales.
De cualquier modo, lo ocurrido con Eric Adams toca de forma muy especial al país, ya que una de las causas que generaron su triunfo como el más importante funcionario de la ciudad donde hay la más grande concentración de dominicanos en el exterior, fue el voto de éstos.
De manera, que su desgracia de alguna manera toca muy profundamente a los dominicanos, pero que éste también tiene un mensaje alentador, que va en contra de los que se enrolan a la política con mañas y malsanos propósitos, aunque ojalá no sea su caso.
Pero no son pocos los que saben que los políticos usan esta actividad para acumular grandes fortunas sobre la base de una sociedad o vinculación con el bajo mundo y un buen ejemplo al respecto es la República Dominicana.
Lo que ocurre en Nueva York debe servir como un buen precedente en contra la cultura de hacer política para llenarse los bolsillos sobre la base de la venta de una percepción falsa.
Naturalmente, no se puede pedir un castigo hasta tanto no estén atados todos los cabos en lo que respecta con los cargos contra el alcalde Adams.
El punto de referencia y soporte de la investigación tiene que ser necesariamente la presunción de inocencia.
Debe decirse que esa ha sido la forma en que se maneja el sistema de justicia de los Estados Unidos, donde primero se buscan las pruebas y después viene cualquier imputación.
El drama de muchas víctimas de violación de sus derechos humanos se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza en la sociedad dominicana.
Aunque no han sido tantos los casos llevados al tribunal Superior Administrativo en contra del Ministerio Público y de su auxiliar la Policía Nacional, todo parece indicar que la paciencia se ha agotado en lo que respecta a estos órganos.
Es impresionante la cantidad de denuncias y querellas que se presentan en los centros de recepción de las mismas que son echadas en el zafacón del olvido por una diversidad de razones que van desde la negligencia de los fiscales, la ineptitud y la complicidad.
En realidad, el Ministerio Público ya ha hecho crisis y más que perseguir el crimen y el delito lo que hace es estimularlos.
Hay en la República Dominicana una verdadera amenaza en contra del estado de derecho, porque no hay sanción para que el comete cualquier violación a le ley penal del país.
Por lo que se ve, parece que no queda otra instancia para que este problema se combata que no sea a través del derecho internacional, principalmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Ministerio Público en estos momentos es un instrumento para promover la vía de hecho, que la gente haga justicia con sus propias manos.
Se trata de un órgano que ha pasado a ser un verdadero fiasco, que opera más sobre la base de la percepción que de la eficiencia que demanda una sociedad saturada de violaciones a la ley.
Puede afirmarse, sin temor a ninguna equivocación, que el Ministerio Público ha perdido totalmente su credibilidad, lo cual deja muy mal parada a su incumbente, la magistrada Miriam Germán Brito.
Se impone una minuciosa investigación al respecto y que de esa manera haya un profundo y serio saneamiento de un órgano tan importante para contrarrestar el delito y el crimen en el seno de la sociedad dominicana.
El presidente Luis Abinader si por una cosa se caracteriza es por cometer errores infantiles, propios de los que no tienen ningún tipo de miramientos.
Primero lo vimos con la situación haitiana, porque en vez de procurar atacar las falencias de que adolece el Estado dominicano, se dedicó a ir a conclaves internacionales a solicitar una intervención armada en el pueblo vecino.
Puede afirmarse que el odio acumulado entre ambos pueblos durante la gestión de Abinader se ha profundizado y radicalizado.
Todo como resultado de las torpezas que caracteriza al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y de Luis Abinader, lo cual también tiene un impacto importante en la economía, ya que se trata del segundo socio comercial del país.
Pero ahora resulta que el escogido es Venezuela, porque Abinader ha convertido el país en una caja de resonancia de los Estados Unidos de América, lo cual constituye un craso error.
El hecho de que Nicolás Maduro tenga criterios pocos democráticos en la vida política de Venezuela no le da autoridad a Luis Abinader a crear una situación de ingratitud con un pueblo que las relaciones con él deben ser muy cuidadosas.
En este nuevo capítulo del presidente Abinader hay que volver a retomar la expresión que dice que no se le puede pedir peras al olmo.
Por mucho que se le pida al Gobierno la carencia de razonabilidad es tanta que no hay nada ni nadie que pueda hacerla cambiar.
Ello quiere decir que todavía faltan muchas metidas de patas que involucra al pueblo dominicano aun en contra de aquellos con los que debe haber un agradecimiento muy especial y eterno.
Qué importan las cosas que los hechos tal vez hablan mejor que las palabras, porque también debe decirse que no se sabe de qué se enorgullece el presidente Abinader cuando el país tiene una economía endeudada, con altos déficits fiscales y con una alta carestía de los artículos de la canasta básica.
De manera, que estamos ante una verdadera falsa para establecer una polémica que tiene repercusiones internacionales.
Craso error.