Editorial
La Barrick Gold y La Institucionalidad.
Mucha gente ignora que la colonización económica a través de los organismos crediticios multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, entre otros, está estrechamente vinculada con la explotación de las riquezas naturales de los países del tercer mundo.
Es decir, ahí estriba la corrupción prevaleciente en las empresas transnacionales que llegan a los países pobres y endeudados a explotar sus riquezas naturales al margen de la ley, con la anuencia de políticos y funcionarios públicos que también saben muy bien como apropiarse del patrimonio público con el mayor descaro.
Justamente en este contexto se inscribe la forma de manejarse la Barrick Gold, la cual tiene sus propias leyes y en el marco de esa lógica está por encima de todo el mundo e incluso del propio presidente de la República, no importa que provenga de cualquiera de los tres partidos tradicionales que tienen el control del Estado dominicano desde hace décadas.
La Barrick Gold se ha puesto por encima del presidente bajo su propio código de ética, el cual consigna que su manejo sólo lo determina la forma que más le convenga para saquear los recursos naturales, en este caso de una isla llamada República Dominicana, pero que importa muy poco el nombre del país y de la gente que lo habita, sino de los grandes beneficios que recibe inescrupulosamente.
Una muestra de la forma como se maneja esta empresa multinacional es que saca minerales, como oro y plata, sin hacer ninguna declaración de aduana, pero que es ahora cuando esa dependencia del Estado dominicano se da cuenta.
Porque con la Barrick Gold hay mucha complicidad oficial, sobre todo por los niveles de colonización de la República Dominicana.
Desde su pasado discurso del 27 de febrero el presidente Medina no ha vuelto a tocar el contrato leonino que beneficia a esa empresa transnacional, el cual fue promovido y apoyado por el hombre que más daño les hecho al Estado y a la sociedad dominicana, como lo es el presidente Leonel Fernández.
En cualquier país que se respete y con un mínimo de independencia, la Barrick Gold hubiera sido nacionalizada y sus ejecutivos procesados por los tribunales ordinarios por las declaraciones falsas ofrecidas a funcionarios de Aduanas sobre un embarque de oro y otros minerales que sale desde Cotuí, pero que ellos lo consignaron como que procedía de los Estados Unidos.
Con el caso de la Barrick Gold está en juego la credibilidad del presidente Medina, quien luego de sus enérgicas palabras el pasado 27 de febrero no ha vuelto a hablar sobre el bochornoso caso de esa multinacional.
Duele en lo más profundo de la conciencia nacional la forma poca ética como la Barrick Gold se lleva las riquezas naturales de la República Dominicana a través de una explotación minera que deja grandes daños al medio ambiente y que causa enfermedades catastróficas en la gente que reside en los alrededores de donde existen esas reservas nacionales.
Si el Estado dominicano no hace nada para parar este bochorno, entonces que la Barrick Gold no sólo explota la mina de Cotuí, sino que coja las riendas del país y que las leyes, tanto sustantiva y objetivas, sean acomodadas a los malsanos intereses de los propietarios y ejecutivos de la multinacional.
Así se acaba la doble moral, las dobleces y la desvergüenza de algunos sectores de poder que ven con complacencia semejante entreguismo y falta de patriotismo.
Que nos gobierne la Barrick Gold con su código de inmoralidad y desfachatez.
Basta de tantas injusticias y mezquindades de nacionales y extranjeros.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.