Nacionales
Gobierno presenta su plan para combatir el crimen
El presidente Medina pide a la población integrarse a este esfuerzo para garantizar una paz duradera
El presidente Danilo Medina anuncia el plan de seguridad ciudadana del Gobierno.
El Gobierno presentó ayer el plan de Seguridad Ciudadana, durante un acto encabezado por el presidente Danilo Medina, en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional.Esta iniciativa consiste en la aplicación de una serie de programas que incluyen la reforma de la Policía, la implementación del Sistema Integrado de Emergencias 911, el programa de prevención Vivir Tranquilo y un plan para el registro y control de motocicletas.
También, la estrategia de seguridad vial, maniobras para el control de droga, y medidas para el refuerzo de la Procuraduría General de la República, el registro y control de armas y un observatorio de la violencia.
En su discurso, Medina enfatizó en que “el Gobierno ya está en marcha” y va a “trabajar sin descanso para que este plan lleve la tranquilidad a las madres y padres dominicanos, la tranquilidad que merecen”.
Asimismo, hizo un llamado a la población a sumarse a los esfuerzos del Gobierno por un país más seguro. Dijo que el proyecto necesita de todos los dominicanos y que debe motivar el entusiasmo de toda la población.
“Necesitamos de la esperanza y la participación de cada uno de los dominicanos y dominicanas”.
Medidas en vigencia
Entre las medidas ya en vigencia, el jefe de la Policía destacó la puesta en marcha de un Plan Especial de Acción Inmediata, en áreas identificadas por su mayor vulnerabilidad.
José Armando Polanco Gómez dijo que el plan iniciará en unos 180 barrios del Distrito Nacional, provincia Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, y La Altagracia, cinco lugares cuya extensión representa el 17% del territorio nacional donde habita el 53% de la población y se registra el 64% de los delitos y crímenes del país.
Este operativo será apoyado por 2,000 nuevos efectivos policiales. “jóvenes, reentrenados, bien equipados y remunerados, conscientes de su responsabilidad como servidores públicos apegados a normas éticas y morales. Además de los supervisores que se encargarán de direccionar y fiscalizar la acción de estos policías”, detalló el jefe de la Policía.
Polanco Gómez dijo que en la primera etapa serán incorporados ocho camiones, 15 camionetas y 80 motocicletas y en el transcurso del año se integrarán nuevas unidades.
Registro de placas
De su lado, la Autoridad Metropolitana de Transporte ampliará su presencia lanzando a las calles 300 nuevos agentes y 100 motocicletas con el objetivo de mejorar sustancialmente el patrullaje en las autopistas Las Américas y Duarte, y las principales vías públicas de la capital y la provincia Santo Domingo.
El director de la Autoridad Metropolitana de Transporte también detalló un plan de registro de placas de motocicletas en coordinación con la Dirección General de Impuestos Internos. En la primera etapa del plan de registros de placas a motocicletas se instalarán unos cinco furgones o puntos de servicios móviles ubicados dos en Santo Domingo, uno en Santiago, uno en la provincia La Altagracia y otro en San Cristóbal. En estos puntos se realizará el registro de emisión de placas y matrículas provisionales con vigencia de 90 días. También se entregará a cada motorista un chaleco reflectivo y un seguro contra accidente gratis por un año.
Dos pilares
El ministro de la Presidencia y coordinador de la Comisión de Seguimiento de este plan, Gustavo Montalvo, dijo que el mismo se sustenta sobre dos pilares fundamentales que son la persecución y prevención del delito, tras considerar que es de la única manera en que se lograrán resultados duraderos. Explicó que esto ayudará a tener calles más seguras, a proteger la vida y los bienes de nuestra ciudadanía y a atacar las estructuras del crimen organizado que, según cifras de la Policía, son responsables del 60% de los delitos que se producen en nuestro país. “Las estrategias de prevención nos permitirán atacar las causas profundas de la violencia y la delincuencia, para garantizar una pacificación duradera de nuestra sociedad”, afirmó.
Montalvo expuso también que el plan, en el que trabaja de forma coordinada gran parte del gabinete del Gobierno, se ha diseñado a partir de las mejores prácticas del continente, de experiencias propias y de las nuevas ideas surgidas de los actuales equipos de gestión.
Enfatizó, además, que se han creado los mecanismos que garanticen su inmediata puesta en marcha. “Es decir, que lo que está sobre el papel sea, en efecto, realidad”.
El objetivo central del Gobierno es poner fin al desamparo que aún sufre la población y hacer llegar la presencia del Estado a todos los rincones del país.
“Vamos a hacer cumplir el imperio de la ley en todo el territorio de la República, garantizando a cada ciudadano ese derecho humano básico que es la seguridad”.También hizo hincapié en la necesidad de poner en marcha cambios profundos, sociales y culturales, que lleven a la reconstrucción del tejido social y a la creación de una cultura de solidaridad y convivencia pacífica.
Asimismo, se refirió a los cambios estructurales que vivirá la institución policial. “Sabemos que la Policía tiene el desafío de ganarse la confianza con su buen proceder y predicando con el ejemplo, y velaremos para que así sea”. Montalvo dijo que hay seis mil agentes policiales al servicio de particulares que serán rescatados e integrados a la prevención. “Para poner como ejemplo, ningún país tiene tantos policías al servicio de las misiones diplomáticas como nosotros y vamos a instalar en estos el principio de reciprocidad. Es decir, vamos a dotar a cada embajada de tantos agentes como ellos nos faciliten en sus respectivos países”.
Funcionarios detallan planes inmediatos
El ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, explicó los detalles del programa Vivir Tranquilo, asegurando que ayudará a combatir las causas profundas de la delincuencia y la inseguridad, que no son otras que la pobreza y la desigualdad. Asimismo, el presidente de la DNCD, Rolando Rosado Mateo, expresó que “para enfrentar el problema de las drogas el Gobierno ha decidido intensificar las acciones e incrementar los recursos sobre los dos aspectos fundamentales del problema: el narcotráfico internacional y el narcomenudeo o microtráfico”.
Mientras que el procurador Francisco Domínguez Brito destacó que fortalecer la investigación será clave para evitar la impunidad, para lo cual se ampliará la capacitación continua y especializada a fiscales.
Danilo Medina
Éste es otro gran sueño en el que les pido que compartan conmigo y por el que quiero que trabajemos juntos”.
G. Montalvo
“Debemos hablar con franqueza. Hay agentes que ensombrecen el digno nombre de nuestra Policía con sus actuaciones”.
Ascenso
El nuevo plan establecerá la carrera profesional policial y la meritocracia como único camino hacia el ascenso.
El Caribe
Santo Domingo, R.D.-Eran presuntos miembros de una red criminal dedicada al narcotráfico dos hombres y una mujer que fueron encontrados muertos con múltiples impactos de balas en la carretera Federico Basilis de Jarabacoa y la ciudad de Santiago, según la La Policía Nacional.
informó que los dos hombres encontrados muertos con múltiples impactos de bala en la carretera Federico Basilis de Jarabacoa, eran presuntos miembros de una red criminal dedicada al narcotráfico, y se les vincula directamente con el reciente asesinato de una mujer en Santiago de los Caballeros.
Los fallecidos fueron identificados como Natanael Peña, alias “El Cha”, y un hombre conocido hasta el momento como “La Rata”.
Según el informe preliminar, estos hombres mantenían una disputa por el control de puntos de drogas con Margarita Díaz García, alias “La China”, quien fue ultimada recientemente en La Yagüita de Pastor, en Santiago.
Las autoridades señalan que Díaz García y su pareja, Roberto Hans Sánchez Tejada, alias “El Flaco”, operaban la distribución de sustancias en esa zona.
El cruce de información entre la Dirección de Investigación (Dicrim) de La Vega y Santiago conectó ambos casos. La Policía Científica confirmó que los casquillos recolectados en la escena del asesinato de «La China» en Santiago coinciden en todas sus características con los levantados donde hallaron a «El Cha» y «La Rata», en el sector La Virgen de Jarabacoa.
El análisis de cámaras de seguridad permitió a las autoridades identificar el vehículo utilizado en el ataque de Santiago: una yipeta Honda CR-V, rojo vino (placa G-763855). El vehículo había sido rentado por Ruddy Manuel Moran Almonte, alias “La Pólvora”, un reconocido delincuente de la zona.
Durante los operativos desplegados en Jarabacoa, la Policía retuvo la yipeta mencionada, la cual era conducida por Erika Martínez Peralta, de 26 años. Al ser interrogada, la joven confesó que «La Pólvora» le había ordenado abandonar el vehículo.
Martínez Peralta guió a unidades élites de la Policía hasta una villa en el sector El Pedregal, donde se escondían los prófugos. Al notar la presencia policial, los hombres armados huyeron hacia una zona boscosa cerca del río Baiguate. Durante la persecución cayó abatido Miguel Marine Rodríguez, alias “La Cabra”.
A «La Cabra» se le ocupó una pistola calibre 9 milímetros. Los análisis balísticos confirmaron que esa fue el arma utilizada tanto en el asesinato de «La China» en Santiago, como en la ejecución de «El Cha» y «La Rata» en Jarabacoa.
La información del GPS proporcionada por la empresa de alquiler de vehículos evidenció que el sistema registró que la yipeta hizo una parada a las 4:15 de la madrugada del 20 de mayo de 2026 en el sector La Virgen, en Jarabacoa. Este fue el lugar y la hora exacta en la que los sicarios ejecutaron y abandonaron los cuerpos de Natanael Peña y el apodado «La Rata».
Santo Domingo, R.D.-Fue aprobado en primera lectura en la Cámara de Diputados el proyecto que tiene el objetivo de reformar la Ley 16-92 del Código de Trabajo, el cual contiene diversas variaciones con respecto al documento actual.
Una de las alteraciones está centrada en la licencia por paternidad otorgada a los trabajadores. Para el Gobierno, el nuevo contenido que tendría la regulación laboral representa “un aumento del 100%”, ya que elevaría el periodo de dos a cuatro días.
“Hemos logrado consensos en aumento en un 100% de la licencia por paternidad a cargo de la empresa”, comunicó el 26 de agosto de 2024 el entonces ministro Luis Miguel De Camps, quien dirigió los diálogos realizados con empresarios y sectores sindicales antes de presentar la base del proyecto de ley que en la actualidad conoce el Congreso Nacional.
En las discusiones que han desarrollado durante más de un año, los legisladores habían acordado elevar la cantidad de días a siete, pero, finalmente, se limitaron a respaldar la recomendación enviada por el Poder Ejecutivo.
“Cuatro días laborables de licencia por paternidad con disfrute de salario para el caso de alumbramiento de la esposa o de la pareja debidamente registrada en la empresa”, dicta el nuevo texto que contendría el artículo 54 del documento.
Asimismo, algunos congresistas entendían necesario incluir a los hermanos en la lista de parientes que son considerados cuando el empleado requiera de una licencia por duelo establecida en cuatro días.
Esto significa que únicamente los familiares que aplican para ese caso son los abuelos, padres, hijos o la pareja del asalariado.
Por otro lado, los representantes de la cámara baja aprobaron también la realización de un cambio en la entrega de las propinas a los empleados de hoteles, restaurantes, cafés, barras y bares, “en general en los establecimientos comerciales donde se expande comida o bebida para su consumo en esos mismos lugares”.
Aunque se registraron intentos por parte de algunos senadores y diputados de eliminar ese apartado, la propuesta legislativa mantuvo el 10% de gratificación que debe entregar el empleador, recolectado de un tributo colocado a cuenta pagada por el consumidor. Esta bonificación no incluye al personal que integra el área gerencial y administrativa.
Según establece la pieza, los trabajadores y empleadores de los establecimientos podrán acordar que el repartimiento porcentual de la propina derive de criterios que “tomen en consideración la generación del porcentaje de propina en cada una de las áreas de servicios de los establecimientos, así como la posibilidad de incluir a quienes no asistieron a sus labores ese día”.
Uno de los temas más conflictivos dentro del proceso de debate que ha causado el tema de la reforma laboral es la cesantía, luego de que el sector empresarial haya manifestado en diversas ocasiones la intención que tienen de modificarla, a través de la colocación de un límite.
El proyecto legislativo también agrega una figura antes no contemplada para los procesos judiciales: El juez conciliador.
Este tendría la responsabilidad de proponer soluciones razonables, a través de reflexiones que considere oportunas, para intentar que el empleador y el asalariado logren un acuerdo cuando tengan conflictos reportados ante los juzgados.
Asimismo, los diputados colocaron un tope para establecer una duración máxima de 24 meses para el término de los procesos judiciales.
Momentos después de que la sociedad conociera sobre la aprobación del documento legislativo, alrededor de 80 colectivos comerciales se pronunciaron a través del Consejo Nacional de las Empresas Privadas (Conep) para expresar su rechazo, ya que “aspectos pueden incrementar costos laborales, generar incertidumbre jurídica y dificultad para generar nuevos empleos formales”.
Los diputados aún no han reaccionado a las debilidades, según aseguran los comerciantes, que contiene supuestamente el proyecto de ley.
Santiago, R.D. – Las labores en los tribunales del pais fueron paralizadas por jueces, juezas y servidores judiciales que denuncian “abandono”, sobrecarga laboral y el deterioro extremo en que aseguran opera actualmente el Poder Judicial.
Vestidos de negro, con pancartas en alto y lanzando consignas frente al Palacio de Justicia de Santiago, cientos de magistrados y empleados judiciales protagonizaron una jornada de protesta que suspendió miles de audiencias y dejó prácticamente paralizada gran parte de la administración de justicia en República Dominicana.
La manifestación, respaldada por más de 450 jueces y más de 2,000 servidores judiciales a nivel nacional, fue definida por sus organizadores como un “grito desesperado” ante años de reclamos ignorados por las autoridades del sistema judicial.
“Este es un día histórico y trascendental para la judicatura nacional”, declaró la magistrada Esther Carolina Reyes Aracena, jueza sustituta de presidente en funciones del Segundo Tribunal Colegiado de Santiago, al explicar que la protesta busca obligar a las autoridades a escuchar las denuncias acumuladas durante años.
Tras el acto, jueces y empleados se trasladaron a sus respectivos tribunales para realizar la cancelación simbólica de los roles de audiencia, oficializando así el paro nacional de 24 horas, que impactará directamente miles de procesos judiciales pendientes.
La jornada alcanzó su punto más fuerte con la lectura del “Manifiesto por la Dignidad de la Justicia”, pronunciado por el magistrado Rubén Uceta, quien lanzó duras críticas contra la gestión administrativa del Poder Judicial y denunció un escenario de “crisis institucional”.
“La justicia no puede sostenerse únicamente sobre vocación, sacrificio personal y compromiso individual. La justicia requiere condiciones materiales, humanas, salariales e institucionales”, expresó el juez ante decenas de magistrados y servidores que respondían con aplausos y consignas.
El documento describe un sistema judicial golpeado por la falta de jueces, déficit de personal, bajos salarios, exceso de expedientes, renuncias masivas, inseguridad y deterioro de las infraestructuras judiciales.
Según denunciaron, la escasez de personal ha obligado a muchos empleados a asumir funciones equivalentes a las de dos, tres y hasta cuatro personas, mientras magistrados manejan cargas laborales que calificaron como “inhumanas”.
Los jueces también cuestionaron el manejo del presupuesto institucional, denunciando que, mientras tribunales operan en precariedad, se destinan millones de pesos a gastos considerados innecesarios.
Entre los ejemplos señalados, mencionaron el montaje de un árbol navideño valorado en cerca de 11 millones de pesos, así como gastos en publicidad, eventos, viajes, restaurantes e influencers.
“No a la industrialización de la justicia. No a la desigualdad salarial. No a la dilapidación de recursos en privilegios y campañas publicitarias”, proclamó Uceta durante la lectura del manifiesto.
“Ya no es tiempo de diagnósticos ni de planificación; es tiempo de decisiones concretas y ejecutables”, advirtieron.
El manifiesto dejó claro que la protesta no está dirigida contra una persona específica, sino contra “un modelo de gestión” que, según denunciaron, ha ignorado sistemáticamente los reclamos de jueces y servidores judiciales.