Nacionales
Gobierno presenta su plan para combatir el crimen
El presidente Medina pide a la población integrarse a este esfuerzo para garantizar una paz duradera
El presidente Danilo Medina anuncia el plan de seguridad ciudadana del Gobierno.
El Gobierno presentó ayer el plan de Seguridad Ciudadana, durante un acto encabezado por el presidente Danilo Medina, en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional.Esta iniciativa consiste en la aplicación de una serie de programas que incluyen la reforma de la Policía, la implementación del Sistema Integrado de Emergencias 911, el programa de prevención Vivir Tranquilo y un plan para el registro y control de motocicletas.
También, la estrategia de seguridad vial, maniobras para el control de droga, y medidas para el refuerzo de la Procuraduría General de la República, el registro y control de armas y un observatorio de la violencia.
En su discurso, Medina enfatizó en que “el Gobierno ya está en marcha” y va a “trabajar sin descanso para que este plan lleve la tranquilidad a las madres y padres dominicanos, la tranquilidad que merecen”.
Asimismo, hizo un llamado a la población a sumarse a los esfuerzos del Gobierno por un país más seguro. Dijo que el proyecto necesita de todos los dominicanos y que debe motivar el entusiasmo de toda la población.
“Necesitamos de la esperanza y la participación de cada uno de los dominicanos y dominicanas”.
Medidas en vigencia
Entre las medidas ya en vigencia, el jefe de la Policía destacó la puesta en marcha de un Plan Especial de Acción Inmediata, en áreas identificadas por su mayor vulnerabilidad.
José Armando Polanco Gómez dijo que el plan iniciará en unos 180 barrios del Distrito Nacional, provincia Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, y La Altagracia, cinco lugares cuya extensión representa el 17% del territorio nacional donde habita el 53% de la población y se registra el 64% de los delitos y crímenes del país.
Este operativo será apoyado por 2,000 nuevos efectivos policiales. “jóvenes, reentrenados, bien equipados y remunerados, conscientes de su responsabilidad como servidores públicos apegados a normas éticas y morales. Además de los supervisores que se encargarán de direccionar y fiscalizar la acción de estos policías”, detalló el jefe de la Policía.
Polanco Gómez dijo que en la primera etapa serán incorporados ocho camiones, 15 camionetas y 80 motocicletas y en el transcurso del año se integrarán nuevas unidades.
Registro de placas
De su lado, la Autoridad Metropolitana de Transporte ampliará su presencia lanzando a las calles 300 nuevos agentes y 100 motocicletas con el objetivo de mejorar sustancialmente el patrullaje en las autopistas Las Américas y Duarte, y las principales vías públicas de la capital y la provincia Santo Domingo.
El director de la Autoridad Metropolitana de Transporte también detalló un plan de registro de placas de motocicletas en coordinación con la Dirección General de Impuestos Internos. En la primera etapa del plan de registros de placas a motocicletas se instalarán unos cinco furgones o puntos de servicios móviles ubicados dos en Santo Domingo, uno en Santiago, uno en la provincia La Altagracia y otro en San Cristóbal. En estos puntos se realizará el registro de emisión de placas y matrículas provisionales con vigencia de 90 días. También se entregará a cada motorista un chaleco reflectivo y un seguro contra accidente gratis por un año.
Dos pilares
El ministro de la Presidencia y coordinador de la Comisión de Seguimiento de este plan, Gustavo Montalvo, dijo que el mismo se sustenta sobre dos pilares fundamentales que son la persecución y prevención del delito, tras considerar que es de la única manera en que se lograrán resultados duraderos. Explicó que esto ayudará a tener calles más seguras, a proteger la vida y los bienes de nuestra ciudadanía y a atacar las estructuras del crimen organizado que, según cifras de la Policía, son responsables del 60% de los delitos que se producen en nuestro país. “Las estrategias de prevención nos permitirán atacar las causas profundas de la violencia y la delincuencia, para garantizar una pacificación duradera de nuestra sociedad”, afirmó.
Montalvo expuso también que el plan, en el que trabaja de forma coordinada gran parte del gabinete del Gobierno, se ha diseñado a partir de las mejores prácticas del continente, de experiencias propias y de las nuevas ideas surgidas de los actuales equipos de gestión.
Enfatizó, además, que se han creado los mecanismos que garanticen su inmediata puesta en marcha. “Es decir, que lo que está sobre el papel sea, en efecto, realidad”.
El objetivo central del Gobierno es poner fin al desamparo que aún sufre la población y hacer llegar la presencia del Estado a todos los rincones del país.
“Vamos a hacer cumplir el imperio de la ley en todo el territorio de la República, garantizando a cada ciudadano ese derecho humano básico que es la seguridad”.También hizo hincapié en la necesidad de poner en marcha cambios profundos, sociales y culturales, que lleven a la reconstrucción del tejido social y a la creación de una cultura de solidaridad y convivencia pacífica.
Asimismo, se refirió a los cambios estructurales que vivirá la institución policial. “Sabemos que la Policía tiene el desafío de ganarse la confianza con su buen proceder y predicando con el ejemplo, y velaremos para que así sea”. Montalvo dijo que hay seis mil agentes policiales al servicio de particulares que serán rescatados e integrados a la prevención. “Para poner como ejemplo, ningún país tiene tantos policías al servicio de las misiones diplomáticas como nosotros y vamos a instalar en estos el principio de reciprocidad. Es decir, vamos a dotar a cada embajada de tantos agentes como ellos nos faciliten en sus respectivos países”.
Funcionarios detallan planes inmediatos
El ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, explicó los detalles del programa Vivir Tranquilo, asegurando que ayudará a combatir las causas profundas de la delincuencia y la inseguridad, que no son otras que la pobreza y la desigualdad. Asimismo, el presidente de la DNCD, Rolando Rosado Mateo, expresó que “para enfrentar el problema de las drogas el Gobierno ha decidido intensificar las acciones e incrementar los recursos sobre los dos aspectos fundamentales del problema: el narcotráfico internacional y el narcomenudeo o microtráfico”.
Mientras que el procurador Francisco Domínguez Brito destacó que fortalecer la investigación será clave para evitar la impunidad, para lo cual se ampliará la capacitación continua y especializada a fiscales.
Danilo Medina
Éste es otro gran sueño en el que les pido que compartan conmigo y por el que quiero que trabajemos juntos”.
G. Montalvo
“Debemos hablar con franqueza. Hay agentes que ensombrecen el digno nombre de nuestra Policía con sus actuaciones”.
Ascenso
El nuevo plan establecerá la carrera profesional policial y la meritocracia como único camino hacia el ascenso.
El Caribe
Nacionales
Fiscal acusado de corrupción tenia millones, cheques y dólares que son pruebas en su contra.
Santo Domingo, R.D.-Una copia de un cheque de administracion superior al millón de pesos, además de los 10 mil dólares que fueron incautados al fiscal Aurelio Valdez Alcántara y presentados como evidencia del presunto soborno que recibió, el Ministerio Público presentó otras pruebas en el caso.
Asimismo, la Dirección de Persecución afirma haberle incautado un recibo de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a su nombre correspondiente a una transferencia inmobiliaria, cuyo contrato de venta asciende a 6 millones de pesos.
El cheque y el recibo de la transferencia del inmueble tienen como fechas el 17 y 23 de diciembre de 2025, tres meses antes de Valdez Alcántara ser detenido. Les fueron ocupados durante un allanamiento a su residencia en Santo Domingo Este.
Su apresamiento se ejecutó «en flagrante delito» en una entrega controlada por la Procuraduría General. Según la imputación, ejerció coacción continua contra el exgerente de Atención al Usuario del Senasa, Roberto Canaán Acta, para que este accediera a la entrega de lo que le pedía.
La solicitud de medida de coerción también menciona «un recibo de depósito de cheques de fecha 15 de mayo de 2024 del Banco de Reservas» de más de 571 mil pesos «a nombre de Aurelio Valdez Alcántara» como otro de los comprobantes incautados en el allanamiento a su domicilio.
Contra el fiscal se solicita un año de prisión preventiva, como medida de coerción, audiencia que ha sido aplazada en dos ocasiones, la última vez el martes 7 de este mes de abril, cuando se postergó para el próximo viernes 10.
En las descripciones de las pruebas en el expediente, se menciona, igualmente, una solicitud de liquidación de préstamo hipotecario, de fecha 17 de diciembre del 2025, emitida por una entidad financiera a Valdez Alcántara sobre un inmueble ubicado en el sector Tropical del Este. El «crédito hipotecario» es de un valor de 4 millones de pesos.
En su residencia se ocupó también «la cantidad de 20 billetes de cien dólares para un total de 2,000,00 dólares americanos».
Los 10 mil dólares atribuidos al soborno, el Ministerio Público indica que les fueron hallados en el sunroof (ventana del techo del vehículo) luego de su reunión con Canaán Acta, en horas de la tarde del 27 de marzo, en el área de parqueos del cuarto piso de una plaza comercial en el Distrito Nacional.
Según el Ministerio Público, el fiscal Aurelio Valdez Alcántara «advirtió a Canaán sobre la inminencia de su judicialización, condicionando la impunidad al pago del soborno» consistente en 200 mil dólares, los cuales luego les bajó a 150 mil.
Exigía el dinero»a cambio de alterar el curso de los procesos de investigación puestos a su cargo».
El procurador fiscal entró a formar parte en el Ministerio Público en agosto del 2017 y, en el 2020, al equipo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en donde «se incorporó a la investigación y a la litigación de varios procesos», informa el mismo expediente judicial.
Santo Domingo, R.D.-Las lluvias que se han producidos en las últimas horas en el país causaron daños a las instalaciones de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo.
Fotos panorámicas fueron proporcionados a los medios de comunicacion del derrumbe de una pared que rodea la residencia de varios diplomáticos de la embajada, próximo a la avenida República de Colombia. También se observan residuos acumulados sobre un puente que cruza la parte trasera de la propiedad.
La embajada respondió a una solicitud de información indicando que se encuentra evaluando la situación junto a las autoridades dominicanas.
«Estamos al tanto de reportes sobre posibles daños en propiedades de la Embajada tras las recientes condiciones climáticas. La seguridad de nuestro personal y visitantes es nuestra prioridad, y nos encontramos evaluando y gestionando la situación en coordinación con autoridades dominicanas», afirmó Michelle Angulo, vocera de la Embajada de Estados Unidos.
La mañana de este miércoles, el Gran Santo Domingo amaneció afectado debido a las intensas lluvias registradas durante gran parte de la madrugada, producto de los efectos de una vaguada que incide sobre el territorio nacional.
Desde tempranas horas, residentes en distintos sectores del Distrito Nacional, así como en Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste, reportaron inundaciones en calles y viviendas, lo que ha dificultado significativamente el desplazamiento hacia sus lugares de trabajo y centros educativos.
- Mientras tanto, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones del tiempo continuarán influenciadas por una vaguada. Sin embargo, prevé que comiencen a disminuir de forma gradual durante el transcurso de la tarde, especialmente en el Gran Santo Domingo.
A través de una nota de prensa, el meteorólogo del Indomet, Heriberto Fabián, explicó que se registran aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en las regiones noreste, sureste —incluido el Gran Santo Domingo—, la zona fronteriza y parte del suroeste.
En cuanto a las alertas meteorológicas, la entidad mantiene bajo alerta a las provincias San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Barahona, Azua y Peravia.
SANTO DOMINGO.- Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, al cumplirse el primer aniversario de la tragedia del Jet Set, declaró que el Ministerio Público tiene la misión constitucional de tutelar los derechos de las víctimas y evitar que el proceso judicial se convierta en un ejercicio de dilaciones innecesarias.
Reynoso subrayó que las aproximadamente 400 víctimas, entre fallecidos y heridos, así como sus familiares y la sociedad dominicana en general, tienen el derecho inalienable a recibir una respuesta judicial en un tiempo oportuno.
Recordó que este caso que afecta a cientos de víctimas directas, a la vez mantiene en vilo a miles de ciudadanos y a la sociedad en general, que, en uso legítimo de sus derechos a una respuesta del sistema de justicia, demandan transparencia y celeridad.
“Las víctimas merecen una respuesta en un plazo razonable. Estamos hablando de un dolor que afecta a miles de personas, y el sistema de justicia tiene la obligación de responder a ese clamor sin permitir que se abuse de manera indebida de las vías procesales para entorpecer el fondo del proceso”, manifestó la procuradora.
La máxima autoridad del Ministerio Público calificó como totalmente innecesario el pedido de contraperitaje solicitado por la defensa de los acusados, así como su autorización por parte del tribunal.
Reynoso señaló que el argumento de un supuesto explosivo carece de fundamento técnico frente a un expediente robusto que contiene evidencias contundentes sobre las fallas estructurales del edificio que alojaba el Jet Set.
Además, indicó que los propietarios sobrecargaron el techo, el cual no fue concebido para el cambio de uso ni la sobrecarga que colocaron los acusados Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat.
Berenice sostuvo que, si los acusados están compungidos y sienten respeto por la dignidad de las víctimas, no deberían entorpecer el conocimiento del fondo del proceso, solicitando contraperitajes absurdos.
“Sus acciones muestran total incoherencia con sus palabras”, afirmó Reynoso.
Indicó que resulta jurídicamente irrelevante pretender evaluar la carbonatación del concreto o realizar otros estudios geofísicos profundos, cuando la estructura ya había emitido señales inequívocas de fatiga mecánica, que fueron previamente advertidas y deliberadamente ignoradas por los responsables del local.
Recordó que la ciencia de la ingeniería forense establece que, ante un cuadro de fallas visibles y progresivas, la causa jurídica no reside en la microestructura del material, sino en la falta de medidas de mitigación inmediatas.
“Por tanto, someter el proceso a pruebas de cromatografía de gases para detectar explosivos o estudios de suelos kársticos sin que exista un solo indicio fáctico que los sustente, solo es un ejercicio de especulación técnica que busca distar sobre la responsabilidad y postergar, injustificadamente, la decisión judicial sobre un evento lamentable cuya peligrosidad era previsible y evitable”, aseveró Reynoso.
La procuradora general de la República enfatizó que el debido proceso jamás puede ser una prerrogativa exclusiva de los imputados, sino un derecho fundamental que asiste a todas las partes involucradas en el proceso penal.
Bajo esta premisa, Reynoso sostuvo que el acceso a una justicia pronta y cumplida constituye la tutela judicial efectiva a la que tienen derecho todas las víctimas y la sociedad en su conjunto.
“El debido proceso es una garantía de las partes; así como protege la presunción de inocencia, también protege el derecho de las víctimas a que su causa sea conocida sin dilaciones indebidas y bajo el principio de razonabilidad”, indicó.
“Dilatar el proceso con argumentos que contradicen la evidencia técnica, más que ejercer un derecho de defensa constituye una franca vulneración del derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación”, puntualizó Yeni Berenice Reynoso.
La procuradora general de la República garantizó que el Ministerio Público agotará todas las medidas dentro de su ámbito de competencia para asegurar que las víctimas reciban la decisión judicial a la que tienen derecho.
Sostuvo que el órgano persecutor reafirma su firme compromiso con las víctimas y ha presentado un expediente sólido que sustenta la responsabilidad penal de los involucrados.
Al mismo tiempo, dijo, se mantendrá vigilante ante cualquier intento de desvirtuar los hechos con teorías alejadas de la realidad técnica y científica del caso.