Nacionales
Gobierno presenta su plan para combatir el crimen
El presidente Medina pide a la población integrarse a este esfuerzo para garantizar una paz duradera
El presidente Danilo Medina anuncia el plan de seguridad ciudadana del Gobierno.
El Gobierno presentó ayer el plan de Seguridad Ciudadana, durante un acto encabezado por el presidente Danilo Medina, en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional.Esta iniciativa consiste en la aplicación de una serie de programas que incluyen la reforma de la Policía, la implementación del Sistema Integrado de Emergencias 911, el programa de prevención Vivir Tranquilo y un plan para el registro y control de motocicletas.
También, la estrategia de seguridad vial, maniobras para el control de droga, y medidas para el refuerzo de la Procuraduría General de la República, el registro y control de armas y un observatorio de la violencia.
En su discurso, Medina enfatizó en que “el Gobierno ya está en marcha” y va a “trabajar sin descanso para que este plan lleve la tranquilidad a las madres y padres dominicanos, la tranquilidad que merecen”.
Asimismo, hizo un llamado a la población a sumarse a los esfuerzos del Gobierno por un país más seguro. Dijo que el proyecto necesita de todos los dominicanos y que debe motivar el entusiasmo de toda la población.
“Necesitamos de la esperanza y la participación de cada uno de los dominicanos y dominicanas”.
Medidas en vigencia
Entre las medidas ya en vigencia, el jefe de la Policía destacó la puesta en marcha de un Plan Especial de Acción Inmediata, en áreas identificadas por su mayor vulnerabilidad.
José Armando Polanco Gómez dijo que el plan iniciará en unos 180 barrios del Distrito Nacional, provincia Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, y La Altagracia, cinco lugares cuya extensión representa el 17% del territorio nacional donde habita el 53% de la población y se registra el 64% de los delitos y crímenes del país.
Este operativo será apoyado por 2,000 nuevos efectivos policiales. “jóvenes, reentrenados, bien equipados y remunerados, conscientes de su responsabilidad como servidores públicos apegados a normas éticas y morales. Además de los supervisores que se encargarán de direccionar y fiscalizar la acción de estos policías”, detalló el jefe de la Policía.
Polanco Gómez dijo que en la primera etapa serán incorporados ocho camiones, 15 camionetas y 80 motocicletas y en el transcurso del año se integrarán nuevas unidades.
Registro de placas
De su lado, la Autoridad Metropolitana de Transporte ampliará su presencia lanzando a las calles 300 nuevos agentes y 100 motocicletas con el objetivo de mejorar sustancialmente el patrullaje en las autopistas Las Américas y Duarte, y las principales vías públicas de la capital y la provincia Santo Domingo.
El director de la Autoridad Metropolitana de Transporte también detalló un plan de registro de placas de motocicletas en coordinación con la Dirección General de Impuestos Internos. En la primera etapa del plan de registros de placas a motocicletas se instalarán unos cinco furgones o puntos de servicios móviles ubicados dos en Santo Domingo, uno en Santiago, uno en la provincia La Altagracia y otro en San Cristóbal. En estos puntos se realizará el registro de emisión de placas y matrículas provisionales con vigencia de 90 días. También se entregará a cada motorista un chaleco reflectivo y un seguro contra accidente gratis por un año.
Dos pilares
El ministro de la Presidencia y coordinador de la Comisión de Seguimiento de este plan, Gustavo Montalvo, dijo que el mismo se sustenta sobre dos pilares fundamentales que son la persecución y prevención del delito, tras considerar que es de la única manera en que se lograrán resultados duraderos. Explicó que esto ayudará a tener calles más seguras, a proteger la vida y los bienes de nuestra ciudadanía y a atacar las estructuras del crimen organizado que, según cifras de la Policía, son responsables del 60% de los delitos que se producen en nuestro país. “Las estrategias de prevención nos permitirán atacar las causas profundas de la violencia y la delincuencia, para garantizar una pacificación duradera de nuestra sociedad”, afirmó.
Montalvo expuso también que el plan, en el que trabaja de forma coordinada gran parte del gabinete del Gobierno, se ha diseñado a partir de las mejores prácticas del continente, de experiencias propias y de las nuevas ideas surgidas de los actuales equipos de gestión.
Enfatizó, además, que se han creado los mecanismos que garanticen su inmediata puesta en marcha. “Es decir, que lo que está sobre el papel sea, en efecto, realidad”.
El objetivo central del Gobierno es poner fin al desamparo que aún sufre la población y hacer llegar la presencia del Estado a todos los rincones del país.
“Vamos a hacer cumplir el imperio de la ley en todo el territorio de la República, garantizando a cada ciudadano ese derecho humano básico que es la seguridad”.También hizo hincapié en la necesidad de poner en marcha cambios profundos, sociales y culturales, que lleven a la reconstrucción del tejido social y a la creación de una cultura de solidaridad y convivencia pacífica.
Asimismo, se refirió a los cambios estructurales que vivirá la institución policial. “Sabemos que la Policía tiene el desafío de ganarse la confianza con su buen proceder y predicando con el ejemplo, y velaremos para que así sea”. Montalvo dijo que hay seis mil agentes policiales al servicio de particulares que serán rescatados e integrados a la prevención. “Para poner como ejemplo, ningún país tiene tantos policías al servicio de las misiones diplomáticas como nosotros y vamos a instalar en estos el principio de reciprocidad. Es decir, vamos a dotar a cada embajada de tantos agentes como ellos nos faciliten en sus respectivos países”.
Funcionarios detallan planes inmediatos
El ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, explicó los detalles del programa Vivir Tranquilo, asegurando que ayudará a combatir las causas profundas de la delincuencia y la inseguridad, que no son otras que la pobreza y la desigualdad. Asimismo, el presidente de la DNCD, Rolando Rosado Mateo, expresó que “para enfrentar el problema de las drogas el Gobierno ha decidido intensificar las acciones e incrementar los recursos sobre los dos aspectos fundamentales del problema: el narcotráfico internacional y el narcomenudeo o microtráfico”.
Mientras que el procurador Francisco Domínguez Brito destacó que fortalecer la investigación será clave para evitar la impunidad, para lo cual se ampliará la capacitación continua y especializada a fiscales.
Danilo Medina
Éste es otro gran sueño en el que les pido que compartan conmigo y por el que quiero que trabajemos juntos”.
G. Montalvo
“Debemos hablar con franqueza. Hay agentes que ensombrecen el digno nombre de nuestra Policía con sus actuaciones”.
Ascenso
El nuevo plan establecerá la carrera profesional policial y la meritocracia como único camino hacia el ascenso.
El Caribe
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.