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Fiscal no toma aún decisión sobre la querella contra LF
Parte de los abogados que se concentraron frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
SANTO DOMINGO. Luego de escuchar al dirigente opositor Guillermo Moreno y a los abogados del ex presidente Leonel Fernández, la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, dijo que no ha tomado ninguna decisión respecto a las acusaciones que hace el primero al ex mandatario de supuestra prevaricación y lavado de activos.
Hablando a través de la oficina de prensa de la Fiscalía, la representante del Ministerio Público dijo escuetamente que este viernes en una vista de la querella se limitó a escuchar a las partes.
Moreno ratifica acusaciones
De su lado, Moreno declaró que ratifica en todas sus partes lo expresado en la querella y dijo que pidió a la Fiscal que investigue a profundidad y analice el expediente que él presentó, el cual tiene elementos suficientes para someter a la Justicia al ex gobernante.
“Asistirnos a la cita que nos hizo la procuradora fiscal del Distrito Nacional y frente a ella vinimos a testificar los términos de nuestra querella contra Leonel Fernández y la Fundación Global, Democracia y Desarrollo y le expusimos detalladamente el conjunto de pruebas”, expuso.
El exprocurador general de la República, Radhamés Jiméndez Peña, dijo en nombre de los abogados del expresidente que éstos confían en la profesionalidad, independencia y buena aplicación de derecho de la fiscal Reynoso, y exhortó a ésta a archivar el expediente.
Tras tildar de “charlatán” a Guillermo Moreno, dijo que éste sólo busca “un figurero” a través de los medios”.
Abogados peledeístas expresan apoyo
Desde temprano, decenas de abogados del PLD estuvieron frente y dentro del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva manifestando apoyo al ex mandatario, quien el pasado 24 de enero fue acusado por Moreno de supuesta prevaricación y lavado de activos a través de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) bajo su mando. Muchos de ellos vociferaron slogans tales como «Ruge el león», «Vuelve y Vuelve Leonel»; otros levantaron pancartas en contra de Moreno y de apoyo a Fernández.
Fernández no asistió a la vista pues para el procedimiento jurídico resulta innecesaria su presencia, declaró Miguel Valerio, miembro del consejo de la defensa del exgobernante. Sin embargo, aclaró, en caso de que la querella sea admitida, el exdignatario sí estaría obligado a asistir al tribunal.
Moreno, candidato en las elecciones generales de mayo pasado, denunció que Fernández se valió de un conjunto de empresas para recaudar altas sumas de dinero que luego pasaron a Funglode en calidad de donación.
También aseguró tener en su poder cheques y recibos de pagos como pruebas, por lo que pidió a la Fiscalía investigar el caso en aras de ampliar las evidencias.
El expresidente ha puesto bajo su disposición un considerable patrimonio económico que maneja a su provecho, y eso constituye una forma de enriquecimiento ilícito violatorio a la Constitución y la ley penal dominicana, recalcó.
En noviembre pasado, Moreno presentó otra querella contra Fernández, en la cual lo responsabilizó del gran déficit fiscal de 2012, pero fue considerada carente de fundamentos legales por el procurador general, Francisco Domínguez.
La existencia de un déficit fiscal del sector público no implica, en sí mismo, la comisión de un delito por parte de quienes ejercen la función pública, apuntó el funcionario.
Entró por la parte trasera
El presidente de Alianza País, en compañía de sus abogados Jorge Luis Polanco y Cristóbal Rodríguez, ingresó por la puerta trasera del Palacio de Justicia al despacho de la Fiscal . Tiempo después, a las 2:20 de la tarde, la fiscal inició la vista para decidir la querella que interpuso moreno contra Fernández.
Los abogados de Fernández y Funglode son el ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Manuel Rodríguez del Orbe; el ex procurador general de la República, Radhaméz Jiménez Peña, así como Juan Antonio Delgado, Marino Félix, Miguel Valerio y Ramón Núñez.
El ex fiscal de la Provincia Santo Domingo, Perfecto Acosta, dijo que que el sometimiento de Moreno es temerario e infundado. Entiende que la fiscal Yeni Berenice Reynoso no tendrá otro camino que declararlo inadmisible. «Es totalmente imposible que el Ministerio Público le dé curso a esa querella, ya que no reúne los elementos constitutivos de una infracción», expresó.
almomento.net
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.