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Fiscal no toma aún decisión sobre la querella contra LF
Parte de los abogados que se concentraron frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
SANTO DOMINGO. Luego de escuchar al dirigente opositor Guillermo Moreno y a los abogados del ex presidente Leonel Fernández, la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, dijo que no ha tomado ninguna decisión respecto a las acusaciones que hace el primero al ex mandatario de supuestra prevaricación y lavado de activos.
Hablando a través de la oficina de prensa de la Fiscalía, la representante del Ministerio Público dijo escuetamente que este viernes en una vista de la querella se limitó a escuchar a las partes.
Moreno ratifica acusaciones
De su lado, Moreno declaró que ratifica en todas sus partes lo expresado en la querella y dijo que pidió a la Fiscal que investigue a profundidad y analice el expediente que él presentó, el cual tiene elementos suficientes para someter a la Justicia al ex gobernante.
“Asistirnos a la cita que nos hizo la procuradora fiscal del Distrito Nacional y frente a ella vinimos a testificar los términos de nuestra querella contra Leonel Fernández y la Fundación Global, Democracia y Desarrollo y le expusimos detalladamente el conjunto de pruebas”, expuso.
El exprocurador general de la República, Radhamés Jiméndez Peña, dijo en nombre de los abogados del expresidente que éstos confían en la profesionalidad, independencia y buena aplicación de derecho de la fiscal Reynoso, y exhortó a ésta a archivar el expediente.
Tras tildar de “charlatán” a Guillermo Moreno, dijo que éste sólo busca “un figurero” a través de los medios”.
Abogados peledeístas expresan apoyo
Desde temprano, decenas de abogados del PLD estuvieron frente y dentro del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva manifestando apoyo al ex mandatario, quien el pasado 24 de enero fue acusado por Moreno de supuesta prevaricación y lavado de activos a través de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) bajo su mando. Muchos de ellos vociferaron slogans tales como «Ruge el león», «Vuelve y Vuelve Leonel»; otros levantaron pancartas en contra de Moreno y de apoyo a Fernández.
Fernández no asistió a la vista pues para el procedimiento jurídico resulta innecesaria su presencia, declaró Miguel Valerio, miembro del consejo de la defensa del exgobernante. Sin embargo, aclaró, en caso de que la querella sea admitida, el exdignatario sí estaría obligado a asistir al tribunal.
Moreno, candidato en las elecciones generales de mayo pasado, denunció que Fernández se valió de un conjunto de empresas para recaudar altas sumas de dinero que luego pasaron a Funglode en calidad de donación.
También aseguró tener en su poder cheques y recibos de pagos como pruebas, por lo que pidió a la Fiscalía investigar el caso en aras de ampliar las evidencias.
El expresidente ha puesto bajo su disposición un considerable patrimonio económico que maneja a su provecho, y eso constituye una forma de enriquecimiento ilícito violatorio a la Constitución y la ley penal dominicana, recalcó.
En noviembre pasado, Moreno presentó otra querella contra Fernández, en la cual lo responsabilizó del gran déficit fiscal de 2012, pero fue considerada carente de fundamentos legales por el procurador general, Francisco Domínguez.
La existencia de un déficit fiscal del sector público no implica, en sí mismo, la comisión de un delito por parte de quienes ejercen la función pública, apuntó el funcionario.
Entró por la parte trasera
El presidente de Alianza País, en compañía de sus abogados Jorge Luis Polanco y Cristóbal Rodríguez, ingresó por la puerta trasera del Palacio de Justicia al despacho de la Fiscal . Tiempo después, a las 2:20 de la tarde, la fiscal inició la vista para decidir la querella que interpuso moreno contra Fernández.
Los abogados de Fernández y Funglode son el ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Manuel Rodríguez del Orbe; el ex procurador general de la República, Radhaméz Jiménez Peña, así como Juan Antonio Delgado, Marino Félix, Miguel Valerio y Ramón Núñez.
El ex fiscal de la Provincia Santo Domingo, Perfecto Acosta, dijo que que el sometimiento de Moreno es temerario e infundado. Entiende que la fiscal Yeni Berenice Reynoso no tendrá otro camino que declararlo inadmisible. «Es totalmente imposible que el Ministerio Público le dé curso a esa querella, ya que no reúne los elementos constitutivos de una infracción», expresó.
almomento.net
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.