Nacionales
Bar aclara no practicó discriminación racial
La Chismosa Bar, del ensanche Piantini.
SANTO DOMINGO.- La gerencia del Bar Restaurant La Chismosa, de esta Capital, aclaró que en ese establecimiento no se practicó discriminación racial la noche del sábado once de mayo, como denunciaron las doctoras Jazmín Izquierdo y Yocasta Carmona.
Alegó que lo que sucedió fue que se limitó el acceso de varias personas que no contaban con las reservaciones correspondientes en un evento especial donde la mayor parte de las mesas estaban prepagadas.
En un comunicado de prensa, el establecimiento de diversión explica que cuando la doctora Izquierdo llegó al local acompañada de otras personas, ya la reserva para diez invitados contratada por una cliente para celebrar un cumpleaños había sido sobrepasada, y “el personal tiene estrictas instrucciones de controlar el acceso para evitar que se exceda el número de personas que recomiendan las normas de seguridad”.
Sin embargo, precisa que a raíz del lamentable incidente el Bar Restaurant ha decidido colocar letreros en los lugares más visibles del local reafirmando la política de no discriminación por motivo de color de piel, raza, código de vestimenta no pre-establecido, peinado o apariencia física”.
“Por igual tendremos letreros con el código de vestimenta y las políticas de reservación y pre pago de nuestras mesas. Además, instalaremos cámaras de vídeo y sonido en los lugares de acceso a nuestro establecimiento para facilitar el trabajo de las autoridades en el cumplimiento de sus facultades de supervisión”, indica.
Apunta la declaración que en las redes sociales abundan imágenes gráficas que evidencian que en el establecimiento no se ejercen prácticas discriminatorias por razones raciales, tal como se puede apreciar en las siguientes direcciones: www.foursquare.com, www.facebook.com y # lachismosa via instagram.
El comunicado
El texto completo del comunicado es el siguiente:
Con el debido respeto que nos merecen las señoras Jazmin Izquierdo y Yocasta Carmona, deseamos informar a la opinión pública que en el Bar Restaurant La Chismosa está estrictamente prohibido discriminar por razones raciales o de cualquier otra naturaleza.
“El sábado 11 de mayo del año en curso tuvimos un evento especial, con el Disc Jockey de fama mundial Adrian Lux. Para esa noche la mayor parte de las mesas estaban prepagadas, y el resto del local estaba reservado. Una clienta había reservado espacio para diez personas para celebrar su cumpleaños. Cuando la señora Izquierdo se presenta, va acompañada de otras dos personas y otras cuatro estaban aguardando para entrar bajo la misma reservación. El rechazo de la entrada a esta persona, y a las otras seis que aguardaban entrar bajo la misma reservación, se debió a que el cupo había sido sobrepasado. Nuestro personal tiene estrictas instrucciones de controlar el acceso para evitar que se exceda el número máximo de personas que recomiendan las normas de seguridad. Otras personas seguían entrando porque tenían su mesa pre pagada, habían salido y vuelto a ingresar o tenían reservaciones no agotadas. Luego de que se impidiera la entrada por las razones indicadas, la clienta que realizó la reservación continuó celebrando su cumpleaños en nuestro establecimiento sin ninguna otra dificultad.
Nuestra política de acceso se relaciona con el cumplimiento de las leyes que impiden la entrada de clientes más allá del cupo máximo autorizado para el local. También tenemos una política de expulsión en caso de que alguna persona se conduzca de manera inadecuada, ponga en peligro la seguridad del local y de sus clientes, así como un código de vestimenta, como ocurre en establecimientos de esta naturaleza en todas partes en el mundo.
Las pruebas contundentes de que en nuestro local no se ejercen prácticas discriminatorias por razones raciales se encuentran en las redes sociales (Instagram, Facebook, Twiter, especificamente en el # hashtag de La Chismosa y Foursquare), donde cualquier persona, e incluso las autoridades, podrán obtener centenares de fotografías subidas por nuestros propios clientes, en la que se puede comprobar la integración racial que se produce todas las noches en nuestro establecimiento.
A raíz de esta experiencia hemos decidido colocar letreros en los lugares más visibles de nuestro establecimiento con nuestra política de no discriminación por motivo de color de piel, raza, código de vestimenta no pre-establecido, peinado o apariencia física. Por igual tendremos letreros con el código de vestimenta y las políticas de reservación y pre pago de nuestras mesas. Además, instalaremos cámaras de vídeo y sonido en los lugares de acceso a nuestro establecimiento para facilitar el trabajo de las autoridades en el cumplimiento de sus facultades de supervisión.
Lamentamos mucho el escándalo que ha ocurrido, pero esperamos que el mismo sirva para comprometer a todos los que trabajamos en establecimientos de esta naturaleza a respetar el mandato constitucional de no discriminación, con el cual estamos firmemente comprometidos”.///
Nacionales
Fiscal acusado de corrupción tenia millones, cheques y dólares que son pruebas en su contra.
Santo Domingo, R.D.-Una copia de un cheque de administracion superior al millón de pesos, además de los 10 mil dólares que fueron incautados al fiscal Aurelio Valdez Alcántara y presentados como evidencia del presunto soborno que recibió, el Ministerio Público presentó otras pruebas en el caso.
Asimismo, la Dirección de Persecución afirma haberle incautado un recibo de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a su nombre correspondiente a una transferencia inmobiliaria, cuyo contrato de venta asciende a 6 millones de pesos.
El cheque y el recibo de la transferencia del inmueble tienen como fechas el 17 y 23 de diciembre de 2025, tres meses antes de Valdez Alcántara ser detenido. Les fueron ocupados durante un allanamiento a su residencia en Santo Domingo Este.
Su apresamiento se ejecutó «en flagrante delito» en una entrega controlada por la Procuraduría General. Según la imputación, ejerció coacción continua contra el exgerente de Atención al Usuario del Senasa, Roberto Canaán Acta, para que este accediera a la entrega de lo que le pedía.
La solicitud de medida de coerción también menciona «un recibo de depósito de cheques de fecha 15 de mayo de 2024 del Banco de Reservas» de más de 571 mil pesos «a nombre de Aurelio Valdez Alcántara» como otro de los comprobantes incautados en el allanamiento a su domicilio.
Contra el fiscal se solicita un año de prisión preventiva, como medida de coerción, audiencia que ha sido aplazada en dos ocasiones, la última vez el martes 7 de este mes de abril, cuando se postergó para el próximo viernes 10.
En las descripciones de las pruebas en el expediente, se menciona, igualmente, una solicitud de liquidación de préstamo hipotecario, de fecha 17 de diciembre del 2025, emitida por una entidad financiera a Valdez Alcántara sobre un inmueble ubicado en el sector Tropical del Este. El «crédito hipotecario» es de un valor de 4 millones de pesos.
En su residencia se ocupó también «la cantidad de 20 billetes de cien dólares para un total de 2,000,00 dólares americanos».
Los 10 mil dólares atribuidos al soborno, el Ministerio Público indica que les fueron hallados en el sunroof (ventana del techo del vehículo) luego de su reunión con Canaán Acta, en horas de la tarde del 27 de marzo, en el área de parqueos del cuarto piso de una plaza comercial en el Distrito Nacional.
Según el Ministerio Público, el fiscal Aurelio Valdez Alcántara «advirtió a Canaán sobre la inminencia de su judicialización, condicionando la impunidad al pago del soborno» consistente en 200 mil dólares, los cuales luego les bajó a 150 mil.
Exigía el dinero»a cambio de alterar el curso de los procesos de investigación puestos a su cargo».
El procurador fiscal entró a formar parte en el Ministerio Público en agosto del 2017 y, en el 2020, al equipo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en donde «se incorporó a la investigación y a la litigación de varios procesos», informa el mismo expediente judicial.
Santo Domingo, R.D.-Las lluvias que se han producidos en las últimas horas en el país causaron daños a las instalaciones de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo.
Fotos panorámicas fueron proporcionados a los medios de comunicacion del derrumbe de una pared que rodea la residencia de varios diplomáticos de la embajada, próximo a la avenida República de Colombia. También se observan residuos acumulados sobre un puente que cruza la parte trasera de la propiedad.
La embajada respondió a una solicitud de información indicando que se encuentra evaluando la situación junto a las autoridades dominicanas.
«Estamos al tanto de reportes sobre posibles daños en propiedades de la Embajada tras las recientes condiciones climáticas. La seguridad de nuestro personal y visitantes es nuestra prioridad, y nos encontramos evaluando y gestionando la situación en coordinación con autoridades dominicanas», afirmó Michelle Angulo, vocera de la Embajada de Estados Unidos.
La mañana de este miércoles, el Gran Santo Domingo amaneció afectado debido a las intensas lluvias registradas durante gran parte de la madrugada, producto de los efectos de una vaguada que incide sobre el territorio nacional.
Desde tempranas horas, residentes en distintos sectores del Distrito Nacional, así como en Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste, reportaron inundaciones en calles y viviendas, lo que ha dificultado significativamente el desplazamiento hacia sus lugares de trabajo y centros educativos.
- Mientras tanto, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones del tiempo continuarán influenciadas por una vaguada. Sin embargo, prevé que comiencen a disminuir de forma gradual durante el transcurso de la tarde, especialmente en el Gran Santo Domingo.
A través de una nota de prensa, el meteorólogo del Indomet, Heriberto Fabián, explicó que se registran aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en las regiones noreste, sureste —incluido el Gran Santo Domingo—, la zona fronteriza y parte del suroeste.
En cuanto a las alertas meteorológicas, la entidad mantiene bajo alerta a las provincias San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Barahona, Azua y Peravia.
SANTO DOMINGO.- Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, al cumplirse el primer aniversario de la tragedia del Jet Set, declaró que el Ministerio Público tiene la misión constitucional de tutelar los derechos de las víctimas y evitar que el proceso judicial se convierta en un ejercicio de dilaciones innecesarias.
Reynoso subrayó que las aproximadamente 400 víctimas, entre fallecidos y heridos, así como sus familiares y la sociedad dominicana en general, tienen el derecho inalienable a recibir una respuesta judicial en un tiempo oportuno.
Recordó que este caso que afecta a cientos de víctimas directas, a la vez mantiene en vilo a miles de ciudadanos y a la sociedad en general, que, en uso legítimo de sus derechos a una respuesta del sistema de justicia, demandan transparencia y celeridad.
“Las víctimas merecen una respuesta en un plazo razonable. Estamos hablando de un dolor que afecta a miles de personas, y el sistema de justicia tiene la obligación de responder a ese clamor sin permitir que se abuse de manera indebida de las vías procesales para entorpecer el fondo del proceso”, manifestó la procuradora.
La máxima autoridad del Ministerio Público calificó como totalmente innecesario el pedido de contraperitaje solicitado por la defensa de los acusados, así como su autorización por parte del tribunal.
Reynoso señaló que el argumento de un supuesto explosivo carece de fundamento técnico frente a un expediente robusto que contiene evidencias contundentes sobre las fallas estructurales del edificio que alojaba el Jet Set.
Además, indicó que los propietarios sobrecargaron el techo, el cual no fue concebido para el cambio de uso ni la sobrecarga que colocaron los acusados Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat.
Berenice sostuvo que, si los acusados están compungidos y sienten respeto por la dignidad de las víctimas, no deberían entorpecer el conocimiento del fondo del proceso, solicitando contraperitajes absurdos.
“Sus acciones muestran total incoherencia con sus palabras”, afirmó Reynoso.
Indicó que resulta jurídicamente irrelevante pretender evaluar la carbonatación del concreto o realizar otros estudios geofísicos profundos, cuando la estructura ya había emitido señales inequívocas de fatiga mecánica, que fueron previamente advertidas y deliberadamente ignoradas por los responsables del local.
Recordó que la ciencia de la ingeniería forense establece que, ante un cuadro de fallas visibles y progresivas, la causa jurídica no reside en la microestructura del material, sino en la falta de medidas de mitigación inmediatas.
“Por tanto, someter el proceso a pruebas de cromatografía de gases para detectar explosivos o estudios de suelos kársticos sin que exista un solo indicio fáctico que los sustente, solo es un ejercicio de especulación técnica que busca distar sobre la responsabilidad y postergar, injustificadamente, la decisión judicial sobre un evento lamentable cuya peligrosidad era previsible y evitable”, aseveró Reynoso.
La procuradora general de la República enfatizó que el debido proceso jamás puede ser una prerrogativa exclusiva de los imputados, sino un derecho fundamental que asiste a todas las partes involucradas en el proceso penal.
Bajo esta premisa, Reynoso sostuvo que el acceso a una justicia pronta y cumplida constituye la tutela judicial efectiva a la que tienen derecho todas las víctimas y la sociedad en su conjunto.
“El debido proceso es una garantía de las partes; así como protege la presunción de inocencia, también protege el derecho de las víctimas a que su causa sea conocida sin dilaciones indebidas y bajo el principio de razonabilidad”, indicó.
“Dilatar el proceso con argumentos que contradicen la evidencia técnica, más que ejercer un derecho de defensa constituye una franca vulneración del derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación”, puntualizó Yeni Berenice Reynoso.
La procuradora general de la República garantizó que el Ministerio Público agotará todas las medidas dentro de su ámbito de competencia para asegurar que las víctimas reciban la decisión judicial a la que tienen derecho.
Sostuvo que el órgano persecutor reafirma su firme compromiso con las víctimas y ha presentado un expediente sólido que sustenta la responsabilidad penal de los involucrados.
Al mismo tiempo, dijo, se mantendrá vigilante ante cualquier intento de desvirtuar los hechos con teorías alejadas de la realidad técnica y científica del caso.