Nacionales
Bar aclara no practicó discriminación racial
La Chismosa Bar, del ensanche Piantini.
SANTO DOMINGO.- La gerencia del Bar Restaurant La Chismosa, de esta Capital, aclaró que en ese establecimiento no se practicó discriminación racial la noche del sábado once de mayo, como denunciaron las doctoras Jazmín Izquierdo y Yocasta Carmona.
Alegó que lo que sucedió fue que se limitó el acceso de varias personas que no contaban con las reservaciones correspondientes en un evento especial donde la mayor parte de las mesas estaban prepagadas.
En un comunicado de prensa, el establecimiento de diversión explica que cuando la doctora Izquierdo llegó al local acompañada de otras personas, ya la reserva para diez invitados contratada por una cliente para celebrar un cumpleaños había sido sobrepasada, y “el personal tiene estrictas instrucciones de controlar el acceso para evitar que se exceda el número de personas que recomiendan las normas de seguridad”.
Sin embargo, precisa que a raíz del lamentable incidente el Bar Restaurant ha decidido colocar letreros en los lugares más visibles del local reafirmando la política de no discriminación por motivo de color de piel, raza, código de vestimenta no pre-establecido, peinado o apariencia física”.
“Por igual tendremos letreros con el código de vestimenta y las políticas de reservación y pre pago de nuestras mesas. Además, instalaremos cámaras de vídeo y sonido en los lugares de acceso a nuestro establecimiento para facilitar el trabajo de las autoridades en el cumplimiento de sus facultades de supervisión”, indica.
Apunta la declaración que en las redes sociales abundan imágenes gráficas que evidencian que en el establecimiento no se ejercen prácticas discriminatorias por razones raciales, tal como se puede apreciar en las siguientes direcciones: www.foursquare.com, www.facebook.com y # lachismosa via instagram.
El comunicado
El texto completo del comunicado es el siguiente:
Con el debido respeto que nos merecen las señoras Jazmin Izquierdo y Yocasta Carmona, deseamos informar a la opinión pública que en el Bar Restaurant La Chismosa está estrictamente prohibido discriminar por razones raciales o de cualquier otra naturaleza.
“El sábado 11 de mayo del año en curso tuvimos un evento especial, con el Disc Jockey de fama mundial Adrian Lux. Para esa noche la mayor parte de las mesas estaban prepagadas, y el resto del local estaba reservado. Una clienta había reservado espacio para diez personas para celebrar su cumpleaños. Cuando la señora Izquierdo se presenta, va acompañada de otras dos personas y otras cuatro estaban aguardando para entrar bajo la misma reservación. El rechazo de la entrada a esta persona, y a las otras seis que aguardaban entrar bajo la misma reservación, se debió a que el cupo había sido sobrepasado. Nuestro personal tiene estrictas instrucciones de controlar el acceso para evitar que se exceda el número máximo de personas que recomiendan las normas de seguridad. Otras personas seguían entrando porque tenían su mesa pre pagada, habían salido y vuelto a ingresar o tenían reservaciones no agotadas. Luego de que se impidiera la entrada por las razones indicadas, la clienta que realizó la reservación continuó celebrando su cumpleaños en nuestro establecimiento sin ninguna otra dificultad.
Nuestra política de acceso se relaciona con el cumplimiento de las leyes que impiden la entrada de clientes más allá del cupo máximo autorizado para el local. También tenemos una política de expulsión en caso de que alguna persona se conduzca de manera inadecuada, ponga en peligro la seguridad del local y de sus clientes, así como un código de vestimenta, como ocurre en establecimientos de esta naturaleza en todas partes en el mundo.
Las pruebas contundentes de que en nuestro local no se ejercen prácticas discriminatorias por razones raciales se encuentran en las redes sociales (Instagram, Facebook, Twiter, especificamente en el # hashtag de La Chismosa y Foursquare), donde cualquier persona, e incluso las autoridades, podrán obtener centenares de fotografías subidas por nuestros propios clientes, en la que se puede comprobar la integración racial que se produce todas las noches en nuestro establecimiento.
A raíz de esta experiencia hemos decidido colocar letreros en los lugares más visibles de nuestro establecimiento con nuestra política de no discriminación por motivo de color de piel, raza, código de vestimenta no pre-establecido, peinado o apariencia física. Por igual tendremos letreros con el código de vestimenta y las políticas de reservación y pre pago de nuestras mesas. Además, instalaremos cámaras de vídeo y sonido en los lugares de acceso a nuestro establecimiento para facilitar el trabajo de las autoridades en el cumplimiento de sus facultades de supervisión.
Lamentamos mucho el escándalo que ha ocurrido, pero esperamos que el mismo sirva para comprometer a todos los que trabajamos en establecimientos de esta naturaleza a respetar el mandato constitucional de no discriminación, con el cual estamos firmemente comprometidos”.///
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.