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Bar aclara no practicó discriminación racial
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14 años agoon
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LA REDACCIÓNSANTO DOMINGO.- La gerencia del Bar Restaurant La Chismosa, de esta Capital, aclaró que en ese establecimiento no se practicó discriminación racial la noche del sábado once de mayo, como denunciaron las doctoras Jazmín Izquierdo y Yocasta Carmona.
Alegó que lo que sucedió fue que se limitó el acceso de varias personas que no contaban con las reservaciones correspondientes en un evento especial donde la mayor parte de las mesas estaban prepagadas.
En un comunicado de prensa, el establecimiento de diversión explica que cuando la doctora Izquierdo llegó al local acompañada de otras personas, ya la reserva para diez invitados contratada por una cliente para celebrar un cumpleaños había sido sobrepasada, y “el personal tiene estrictas instrucciones de controlar el acceso para evitar que se exceda el número de personas que recomiendan las normas de seguridad”.
Sin embargo, precisa que a raíz del lamentable incidente el Bar Restaurant ha decidido colocar letreros en los lugares más visibles del local reafirmando la política de no discriminación por motivo de color de piel, raza, código de vestimenta no pre-establecido, peinado o apariencia física”.
“Por igual tendremos letreros con el código de vestimenta y las políticas de reservación y pre pago de nuestras mesas. Además, instalaremos cámaras de vídeo y sonido en los lugares de acceso a nuestro establecimiento para facilitar el trabajo de las autoridades en el cumplimiento de sus facultades de supervisión”, indica.
Apunta la declaración que en las redes sociales abundan imágenes gráficas que evidencian que en el establecimiento no se ejercen prácticas discriminatorias por razones raciales, tal como se puede apreciar en las siguientes direcciones: www.foursquare.com, www.facebook.com y # lachismosa via instagram.
El comunicado
El texto completo del comunicado es el siguiente:
Con el debido respeto que nos merecen las señoras Jazmin Izquierdo y Yocasta Carmona, deseamos informar a la opinión pública que en el Bar Restaurant La Chismosa está estrictamente prohibido discriminar por razones raciales o de cualquier otra naturaleza.
“El sábado 11 de mayo del año en curso tuvimos un evento especial, con el Disc Jockey de fama mundial Adrian Lux. Para esa noche la mayor parte de las mesas estaban prepagadas, y el resto del local estaba reservado. Una clienta había reservado espacio para diez personas para celebrar su cumpleaños. Cuando la señora Izquierdo se presenta, va acompañada de otras dos personas y otras cuatro estaban aguardando para entrar bajo la misma reservación. El rechazo de la entrada a esta persona, y a las otras seis que aguardaban entrar bajo la misma reservación, se debió a que el cupo había sido sobrepasado. Nuestro personal tiene estrictas instrucciones de controlar el acceso para evitar que se exceda el número máximo de personas que recomiendan las normas de seguridad. Otras personas seguían entrando porque tenían su mesa pre pagada, habían salido y vuelto a ingresar o tenían reservaciones no agotadas. Luego de que se impidiera la entrada por las razones indicadas, la clienta que realizó la reservación continuó celebrando su cumpleaños en nuestro establecimiento sin ninguna otra dificultad.
Nuestra política de acceso se relaciona con el cumplimiento de las leyes que impiden la entrada de clientes más allá del cupo máximo autorizado para el local. También tenemos una política de expulsión en caso de que alguna persona se conduzca de manera inadecuada, ponga en peligro la seguridad del local y de sus clientes, así como un código de vestimenta, como ocurre en establecimientos de esta naturaleza en todas partes en el mundo.
Las pruebas contundentes de que en nuestro local no se ejercen prácticas discriminatorias por razones raciales se encuentran en las redes sociales (Instagram, Facebook, Twiter, especificamente en el # hashtag de La Chismosa y Foursquare), donde cualquier persona, e incluso las autoridades, podrán obtener centenares de fotografías subidas por nuestros propios clientes, en la que se puede comprobar la integración racial que se produce todas las noches en nuestro establecimiento.
A raíz de esta experiencia hemos decidido colocar letreros en los lugares más visibles de nuestro establecimiento con nuestra política de no discriminación por motivo de color de piel, raza, código de vestimenta no pre-establecido, peinado o apariencia física. Por igual tendremos letreros con el código de vestimenta y las políticas de reservación y pre pago de nuestras mesas. Además, instalaremos cámaras de vídeo y sonido en los lugares de acceso a nuestro establecimiento para facilitar el trabajo de las autoridades en el cumplimiento de sus facultades de supervisión.
Lamentamos mucho el escándalo que ha ocurrido, pero esperamos que el mismo sirva para comprometer a todos los que trabajamos en establecimientos de esta naturaleza a respetar el mandato constitucional de no discriminación, con el cual estamos firmemente comprometidos”.///
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Pro Consumidor intensifica vigilancia y advierte sanciones por falsas ofertas del Viernes Negro
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19 horas agoon
noviembre 16, 2026La institución supervisa establecimientos comerciales y plataformas digitales para evitar descuentos ficticios, aumentos artificiales de precios y publicidad engañosa durante la temporada de compras.
SANTO DOMINGO, RD. – El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) anunció el fortalecimiento de sus operativos de inspección en establecimientos comerciales de distintas ciudades de República Dominicana, con el propósito de prevenir irregularidades en las promociones y descuentos anunciados con motivo del Viernes Negro.
El director ejecutivo de la entidad, Eddy Alcántara, advirtió que los negocios que recurran a ofertas falsas, publicidad engañosa o modificaciones artificiales de precios podrían enfrentar sanciones conforme a las disposiciones legales vigentes.
El funcionario explicó que la institución mantiene labores de supervisión durante todo el año, pero incrementa los controles en períodos de alta actividad comercial, cuando numerosos establecimientos ofrecen promociones especiales para atraer compradores.
Entre los productos de mayor vigilancia figuran los electrodomésticos y otros artículos de alta demanda, cuyos precios suelen experimentar importantes variaciones durante estas jornadas comerciales.
Verificarán que los descuentos sean reales
Como parte de las acciones preventivas, Pro Consumidor utiliza registros de precios recopilados antes del inicio de las promociones, los cuales posteriormente compara con las ofertas anunciadas por los establecimientos.
Este mecanismo permite identificar posibles incrementos injustificados antes de aplicar supuestos descuentos, una práctica que podría inducir a los consumidores a creer que están obteniendo mayores beneficios económicos.
Alcántara explicó que los comerciantes deben respetar las condiciones publicitadas y proporcionar información precisa sobre los precios, la disponibilidad de mercancías y las restricciones de las promociones.
Compras por internet también estarán bajo vigilancia
La supervisión no se limitará a las tiendas físicas, debido al crecimiento de las ventas realizadas mediante páginas web, redes sociales y plataformas digitales.
El titular de Pro Consumidor alertó sobre los riesgos asociados a promociones que presentan información incompleta, condiciones ocultas o enlaces que conducen a páginas de procedencia desconocida.
En ese sentido, recomendó a los compradores verificar la identidad y confiabilidad de los establecimientos antes de realizar pagos electrónicos.
Asimismo, aconsejó comparar precios, revisar las garantías, confirmar los plazos de entrega y comprobar si existen cargos adicionales que puedan incrementar el costo final de los productos.
Comercios deben cumplir con la Ley 358-05
El funcionario recordó que la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario, núm. 358-05, establece obligaciones destinadas a garantizar información clara, veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos al público.
La normativa también contempla mecanismos de protección frente a prácticas comerciales que puedan perjudicar los intereses económicos de los ciudadanos.
En consecuencia, los establecimientos deberán informar de manera visible la duración de sus promociones, las condiciones para acceder a los descuentos y la disponibilidad de los artículos anunciados.
El incumplimiento de estas disposiciones podría dar lugar a actuaciones administrativas y sanciones, según la naturaleza de las infracciones detectadas.
Exhortan a denunciar ofertas fraudulentas
Pro Consumidor llamó a los ciudadanos a mantenerse atentos ante promociones que aparenten ofrecer grandes rebajas, pero que no reflejen una reducción real del precio habitual de los productos.
La institución también exhortó a conservar facturas, comprobantes de pago y evidencias de las ofertas publicitadas, documentos que pueden resultar útiles al momento de presentar una reclamación.
Alcántara reiteró que los consumidores pueden denunciar cualquier irregularidad mediante los canales oficiales de la entidad.
Con el reforzamiento de estos operativos, Pro Consumidor busca garantizar una temporada comercial más transparente, proteger el bolsillo de los compradores y prevenir prácticas engañosas durante las ofertas del Viernes Negro.
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Cámara de Cuentas detecta irregularidades en contratos del INAIPI por más de RD$195 millones
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19 horas agoon
noviembre 16, 2026Una auditoría especial identificó pagos millonarios sin suficientes controles de asistencia, inconsistencias en facturas y posibles responsabilidades administrativas, civiles y penales en contrataciones de servicios de seguridad.
SANTO DOMINGO, RD. – Una investigación especial realizada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana reveló múltiples irregularidades en contratos suscritos entre el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) y la empresa Servicios Nacional de Seguridad Integral, SRL (Senase), por un monto global de RD$195.4 millones.
La auditoría, solicitada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), examinó operaciones correspondientes al período comprendido entre enero de 2020 y marzo de 2025, aunque los contratos evaluados comenzaron a ejecutarse en 2022.
La investigación se desarrolla en el contexto de la denominada Operación Lobo, un proceso judicial relacionado con una presunta estructura de sobornos en la que figuran empresarios y miembros de organismos militares y policiales.
No obstante, el informe de la Cámara de Cuentas no establece una vinculación directa entre sus hallazgos y los imputados de ese expediente.
Más de RD$111 millones pagados sin controles suficientes
Uno de los principales hallazgos establece que el INAIPI realizó pagos por RD$111,901,581 sin disponer de registros completos que permitieran comprobar la asistencia y las horas efectivamente trabajadas por el personal de seguridad contratado.
Según el organismo fiscalizador, los expedientes carecían de reportes individuales, bitácoras y controles de entrada y salida, lo que dificultó verificar la prestación real de los servicios antes de autorizar los desembolsos.
La Cámara de Cuentas indicó que esta situación presenta indicios de responsabilidad penal, conforme a las disposiciones legales citadas en su informe.
En total, los auditores examinaron siete procesos de compras que originaron ocho contratos por RD$195,473,395, incluidas sus modificaciones.
De ese monto, la institución desembolsó RD$174,253,101, distribuidos entre los años 2023, 2024 y 2025.
Detectan facturas con fechas inconsistentes
Otra de las observaciones señala pagos por RD$55,732,959 correspondientes a facturas que presentaban diferencias entre las fechas de emisión, los períodos facturados y la vigencia de los contratos.
El informe identificó documentos emitidos antes de concluir los períodos de servicio, así como facturaciones relacionadas con fechas anteriores al inicio contractual.
También fueron señalados RD$25,322,089 facturados bajo contratos correspondientes a zonas distintas de aquellas donde supuestamente se prestaron los servicios de vigilancia.
Estas situaciones reflejan, según los auditores, debilidades en los mecanismos de supervisión y control de las contrataciones públicas.
Irregularidades en horas de servicio y modificaciones contractuales
La investigación identificó 673,634 horas facturadas que no contaban con reportes suficientes para verificar su clasificación.
Asimismo, se detectaron RD$5,550,170 correspondientes a 38,070 horas adicionales a las contratadas y RD$1,005,053 por diferencias en la clasificación de horas diurnas y nocturnas.
Otro hallazgo está relacionado con una modificación contractual que elevó en un 93 % el monto original de uno de los contratos, superando el límite legal del 50 % señalado por la Cámara de Cuentas.
El órgano fiscalizador también cuestionó la ausencia de motivaciones suficientes en determinadas actas del Comité de Compras y Contrataciones, así como deficiencias en los documentos de respaldo de varios procesos.
Exdirectora del INAIPI responde a los señalamientos
La exdirectora ejecutiva del INAIPI, Besaida Santana de Báez, presentó sus observaciones y argumentos de defensa ante los auditores.
Sobre los pagos cuestionados, sostuvo que existían controles de facturación firmados y sellados en los centros donde se prestaron los servicios.
En cuanto a las modificaciones contractuales, explicó que respondieron a necesidades institucionales relacionadas con la salida de personal militar y el aumento de centros que requerían vigilancia.
También señaló que determinadas operaciones fueron realizadas durante una administración posterior a su salida de la institución.
Sin embargo, después de examinar los argumentos y documentos presentados, los auditores mantuvieron las observaciones, al considerar que no se aportaron elementos suficientes para subsanar las irregularidades identificadas.
Informe señala posibles responsabilidades penales
La Cámara de Cuentas concluyó que los procesos examinados presentan un nivel insuficiente de cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y contractuales aplicables.
De acuerdo con el informe, las nueve observaciones identificadas comprometen posibles responsabilidades administrativas, mientras que una también involucra responsabilidad civil y otras dos presentan indicios de responsabilidad penal.
El organismo explicó que los hallazgos que pudieran constituir infracciones penales sustentan la remisión de los resultados al Ministerio Público, institución responsable de determinar las acciones investigativas o judiciales correspondientes.
La existencia de estas observaciones no constituye por sí misma una declaración de culpabilidad de los funcionarios o particulares involucrados.
Como parte de sus recomendaciones, la Cámara de Cuentas solicitó al INAIPI elaborar un plan de acciones correctivas dentro de un plazo de 25 días hábiles a partir de la notificación del informe.
Los resultados de esta auditoría colocan nuevamente bajo escrutinio los mecanismos de contratación, fiscalización y manejo de recursos públicos, especialmente en servicios tercerizados que requieren controles permanentes para comprobar su ejecución y justificar los pagos realizados por el Estado.
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DGII descarta multas inmediatas por incumplimiento de facturación electrónica
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20 horas agoon
noviembre 16, 2026La entidad tributaria asegura que no aplicará sanciones ni cerrará negocios por el momento, aunque advierte que la ley no permite conceder otra prórroga general.
SANTO DOMINGO, RD. – La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) anunció este lunes que, por el momento, no impondrá multas, sanciones administrativas ni dispondrá el cierre de establecimientos comerciales a los contribuyentes que no hayan completado su incorporación al sistema de facturación electrónica dentro del plazo establecido.
La disposición fue comunicada luego del vencimiento, el pasado domingo 15 de noviembre de 2026, del período fijado para que los pequeños contribuyentes cumplieran con esta obligación tributaria.
Mediante un comunicado, la institución procuró llevar tranquilidad a los comerciantes y demás sectores económicos que todavía se encuentran realizando los trámites necesarios para adoptar el nuevo mecanismo de emisión de comprobantes fiscales.
No obstante, la administración tributaria precisó que la suspensión temporal de las medidas sancionadoras no representa una extensión formal del plazo legal.
En ese sentido, explicó que la Ley núm. 32-23 de Facturación Electrónica y su Reglamento de Aplicación núm. 587-24 no permiten establecer una nueva prórroga general para el cumplimiento de esta disposición.
La DGII reiteró que mantendrá sus programas de orientación, asistencia técnica y acompañamiento dirigidos a facilitar la transición hacia el sistema digital, particularmente entre aquellos contribuyentes que enfrentan dificultades para completar su incorporación.
Asimismo, exhortó a los negocios que todavía no han concluido el procedimiento a continuar las gestiones correspondientes, a fin de regularizar su situación y evitar posibles consecuencias administrativas en el futuro.
La implementación de la facturación electrónica forma parte del proceso de modernización del sistema tributario dominicano, orientado a fortalecer los mecanismos de control fiscal, mejorar la transparencia de las operaciones comerciales y facilitar el cumplimiento de las obligaciones impositivas.
Aunque la decisión representa un alivio temporal para los contribuyentes rezagados, la obligación de incorporarse al sistema continúa vigente, por lo que los establecimientos comerciales deberán completar el proceso conforme a las disposiciones legales aplicables.
Hasta el momento, la DGII no ha anunciado una fecha específica para comenzar a aplicar las sanciones relacionadas con el incumplimiento de esta obligación.

