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El 90% de la electricidad será a base de carbón, agua y gas natural
(Redacción CDN/ Foto archivo )
La transformación se producirá a partir del 2016, cuando terminen los proyectos diseñados por el Gobierno
Si la apuesta del Gobierno en materia eléctrica se da, para el 2016, cuando concluya el período de la actual administración, la matriz de generación habrá dado un giro de aproximadamente 180 grados en su componente de costo, al quedar integrada mayoritariamente por los componentes gas natural y carbón mineral.
Para entonces, el fuel oil, en sus dos categorías o variedades (números 1 y 6) habrá descendido de un 52% que aportan actualmente, a sólo 4%. Por tratarse del combustible de generación más costoso, se espera que ese cambio implique una reducción de costos entre 600 y 800 millones de dólares.
La meta estatal, presentada a través de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), busca incorporar en los años 2015 y 2016 al menos 1,100 megavatios generados a base de gas y carbón, los dos combustibles de generación más barata.
La demanda para el 2016 ha sido proyectada en un nivel máximo de 2,902 megavatios, y la capacidad instalada, si se cumplen las previsiones de las autoridades, sería de 3,772 megavatios, que demandaría una inversión global de US$3,000 millones.
La programación diseñada por la CDEEE ha sido planteada sobre la base de dos proyectos, uno de dos plantas de 300 megas cada una, a carbón, y una tercera de 500 megas, a ser generados a base de gas natural.
El vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Bichara Jiménez, ha planteado en distintas ocasiones y diferentes escenarios que el punto esencial, aunque no el único, para enfrentar el déficit financiero del sector es cambiar la matriz de generación, para hacerla más eficiente y económica.
El pasado día 12, la CDEEE lanzó un nuevo proceso de licitación pública internacional para la selección del contratista que ejecutará los trabajos de ingeniería, procura y construcción (EPC) de dos unidades termoeléctricas en base a carbón con una capacidad de 300 MW cada una.
Se trata del punto de partida para la implementación de un ambicioso programa que busca transformar el esquema de generación eléctrica, que ahora está formado de la siguiente manera: 32% de generación a base de fuel oil número 6; 20%, con fuel oil número 2; 23%, de gas natural, 12% de hidroeléctrica, 11% de carbón y 2% eólica.
Según las previsiones de la CDEEE, al concluir el programa, en el 2016, el gas natural habrá escalado a una participación del 55% de la generación, el carbón mineral a 25%, la hidroeléctrica subirá a 13%, el fuel oil número 6 descenderá a una participación de apenas un 4%, mientras que el número uno estará fuera del modelo de generación. La energía eólica mantendrá su ponderación de un 2% y la solar aportará un 1%.
El impacto económico positivo se producirá por la vía del aumento de la participación de la generación a base de gas natural, carbón mineral y agua, que son las fuentes más baratas de producir electricidad. En esos tres conceptos descansará, a partir del 2016, el 90% de la generación.
La salida del mercado de las generadoras que utilizan fuel oil número 1 y la reducción de las que operan con la variedad número 2 de ese combustible, pondría a la CDEEE y a las distribuidoras de electricidad, en una posición más ventajosa, porque dependerían menos del llamado mercado “spot” para suplir las necesidades mínimas del país, cuando por cualquier circunstancia sale una o dos de las plantas que tienen contratos de suministros de electricidad.
Por lo regular, las unidades de ese mercado marginal son más antiguas y operan a base de diésel, y su costo de generación ronda los 29 centavos de dólar el kilo, lo que arrastra hacia arriba el costo, por una especie de indexación a la ineficiencia que se aplica contractualmente.
La producción más económica actualmente es la producida vía las hidroeléctricas, que representa ahora el 12%, y la generada por gas natural, que es el 23% de la oferta.
En los períodos en los que a las autoridades eléctricas son flexibles y dan luz ininterrumpidamente a todos los sectores, el costo promedio de compra aumenta y con ello el déficit. Esas situaciones ocurren en las navidades y en períodos electorales.
Las plantas ineficientes son las que están ubicadas en el bloque de costo de producción a partir de 16.2 centavos de dólar el kilovatio. Cada vez que entran al sistema plantas ubicadas en ese nivel, el precio de compra de las Edes aumenta al menos cinco centavos de dólar el kilovatio, arrastrando la generación restante al bloque ineficiente.
Los proyectos diseñados por CDEEE se fundamentan esencialmente en generación a base de carbón y gas natural, dos combustibles cuyos precios en los próximos 27 años anticipan estabilidad. Para el 2040 se espera que el millón de BTU fluctúe entre 7 y 8 centavos de dólar. l
Correlación de fuerza en el mercado cambiará
Una vez entren en operación los proyectos diseñados por las autoridades eléctricas, la propiedad de la generación habrá cambiado, dándole al Gobierno un mecanismo más contundente para negociar con los generadores privados, cuyos contratos vencen en el 2016. Ahora el Estado es dueño del 12% que aportan las hidroeléctricas y del 50% de las que producen las generadoras Itabo y EgeHaina.
El Caribe
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Fiscal acusado de corrupción tenia millones, cheques y dólares que son pruebas en su contra.
Santo Domingo, R.D.-Una copia de un cheque de administracion superior al millón de pesos, además de los 10 mil dólares que fueron incautados al fiscal Aurelio Valdez Alcántara y presentados como evidencia del presunto soborno que recibió, el Ministerio Público presentó otras pruebas en el caso.
Asimismo, la Dirección de Persecución afirma haberle incautado un recibo de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a su nombre correspondiente a una transferencia inmobiliaria, cuyo contrato de venta asciende a 6 millones de pesos.
El cheque y el recibo de la transferencia del inmueble tienen como fechas el 17 y 23 de diciembre de 2025, tres meses antes de Valdez Alcántara ser detenido. Les fueron ocupados durante un allanamiento a su residencia en Santo Domingo Este.
Su apresamiento se ejecutó «en flagrante delito» en una entrega controlada por la Procuraduría General. Según la imputación, ejerció coacción continua contra el exgerente de Atención al Usuario del Senasa, Roberto Canaán Acta, para que este accediera a la entrega de lo que le pedía.
La solicitud de medida de coerción también menciona «un recibo de depósito de cheques de fecha 15 de mayo de 2024 del Banco de Reservas» de más de 571 mil pesos «a nombre de Aurelio Valdez Alcántara» como otro de los comprobantes incautados en el allanamiento a su domicilio.
Contra el fiscal se solicita un año de prisión preventiva, como medida de coerción, audiencia que ha sido aplazada en dos ocasiones, la última vez el martes 7 de este mes de abril, cuando se postergó para el próximo viernes 10.
En las descripciones de las pruebas en el expediente, se menciona, igualmente, una solicitud de liquidación de préstamo hipotecario, de fecha 17 de diciembre del 2025, emitida por una entidad financiera a Valdez Alcántara sobre un inmueble ubicado en el sector Tropical del Este. El «crédito hipotecario» es de un valor de 4 millones de pesos.
En su residencia se ocupó también «la cantidad de 20 billetes de cien dólares para un total de 2,000,00 dólares americanos».
Los 10 mil dólares atribuidos al soborno, el Ministerio Público indica que les fueron hallados en el sunroof (ventana del techo del vehículo) luego de su reunión con Canaán Acta, en horas de la tarde del 27 de marzo, en el área de parqueos del cuarto piso de una plaza comercial en el Distrito Nacional.
Según el Ministerio Público, el fiscal Aurelio Valdez Alcántara «advirtió a Canaán sobre la inminencia de su judicialización, condicionando la impunidad al pago del soborno» consistente en 200 mil dólares, los cuales luego les bajó a 150 mil.
Exigía el dinero»a cambio de alterar el curso de los procesos de investigación puestos a su cargo».
El procurador fiscal entró a formar parte en el Ministerio Público en agosto del 2017 y, en el 2020, al equipo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en donde «se incorporó a la investigación y a la litigación de varios procesos», informa el mismo expediente judicial.
Santo Domingo, R.D.-Las lluvias que se han producidos en las últimas horas en el país causaron daños a las instalaciones de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo.
Fotos panorámicas fueron proporcionados a los medios de comunicacion del derrumbe de una pared que rodea la residencia de varios diplomáticos de la embajada, próximo a la avenida República de Colombia. También se observan residuos acumulados sobre un puente que cruza la parte trasera de la propiedad.
La embajada respondió a una solicitud de información indicando que se encuentra evaluando la situación junto a las autoridades dominicanas.
«Estamos al tanto de reportes sobre posibles daños en propiedades de la Embajada tras las recientes condiciones climáticas. La seguridad de nuestro personal y visitantes es nuestra prioridad, y nos encontramos evaluando y gestionando la situación en coordinación con autoridades dominicanas», afirmó Michelle Angulo, vocera de la Embajada de Estados Unidos.
La mañana de este miércoles, el Gran Santo Domingo amaneció afectado debido a las intensas lluvias registradas durante gran parte de la madrugada, producto de los efectos de una vaguada que incide sobre el territorio nacional.
Desde tempranas horas, residentes en distintos sectores del Distrito Nacional, así como en Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste, reportaron inundaciones en calles y viviendas, lo que ha dificultado significativamente el desplazamiento hacia sus lugares de trabajo y centros educativos.
- Mientras tanto, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones del tiempo continuarán influenciadas por una vaguada. Sin embargo, prevé que comiencen a disminuir de forma gradual durante el transcurso de la tarde, especialmente en el Gran Santo Domingo.
A través de una nota de prensa, el meteorólogo del Indomet, Heriberto Fabián, explicó que se registran aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en las regiones noreste, sureste —incluido el Gran Santo Domingo—, la zona fronteriza y parte del suroeste.
En cuanto a las alertas meteorológicas, la entidad mantiene bajo alerta a las provincias San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Barahona, Azua y Peravia.
SANTO DOMINGO.- Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, al cumplirse el primer aniversario de la tragedia del Jet Set, declaró que el Ministerio Público tiene la misión constitucional de tutelar los derechos de las víctimas y evitar que el proceso judicial se convierta en un ejercicio de dilaciones innecesarias.
Reynoso subrayó que las aproximadamente 400 víctimas, entre fallecidos y heridos, así como sus familiares y la sociedad dominicana en general, tienen el derecho inalienable a recibir una respuesta judicial en un tiempo oportuno.
Recordó que este caso que afecta a cientos de víctimas directas, a la vez mantiene en vilo a miles de ciudadanos y a la sociedad en general, que, en uso legítimo de sus derechos a una respuesta del sistema de justicia, demandan transparencia y celeridad.
“Las víctimas merecen una respuesta en un plazo razonable. Estamos hablando de un dolor que afecta a miles de personas, y el sistema de justicia tiene la obligación de responder a ese clamor sin permitir que se abuse de manera indebida de las vías procesales para entorpecer el fondo del proceso”, manifestó la procuradora.
La máxima autoridad del Ministerio Público calificó como totalmente innecesario el pedido de contraperitaje solicitado por la defensa de los acusados, así como su autorización por parte del tribunal.
Reynoso señaló que el argumento de un supuesto explosivo carece de fundamento técnico frente a un expediente robusto que contiene evidencias contundentes sobre las fallas estructurales del edificio que alojaba el Jet Set.
Además, indicó que los propietarios sobrecargaron el techo, el cual no fue concebido para el cambio de uso ni la sobrecarga que colocaron los acusados Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat.
Berenice sostuvo que, si los acusados están compungidos y sienten respeto por la dignidad de las víctimas, no deberían entorpecer el conocimiento del fondo del proceso, solicitando contraperitajes absurdos.
“Sus acciones muestran total incoherencia con sus palabras”, afirmó Reynoso.
Indicó que resulta jurídicamente irrelevante pretender evaluar la carbonatación del concreto o realizar otros estudios geofísicos profundos, cuando la estructura ya había emitido señales inequívocas de fatiga mecánica, que fueron previamente advertidas y deliberadamente ignoradas por los responsables del local.
Recordó que la ciencia de la ingeniería forense establece que, ante un cuadro de fallas visibles y progresivas, la causa jurídica no reside en la microestructura del material, sino en la falta de medidas de mitigación inmediatas.
“Por tanto, someter el proceso a pruebas de cromatografía de gases para detectar explosivos o estudios de suelos kársticos sin que exista un solo indicio fáctico que los sustente, solo es un ejercicio de especulación técnica que busca distar sobre la responsabilidad y postergar, injustificadamente, la decisión judicial sobre un evento lamentable cuya peligrosidad era previsible y evitable”, aseveró Reynoso.
La procuradora general de la República enfatizó que el debido proceso jamás puede ser una prerrogativa exclusiva de los imputados, sino un derecho fundamental que asiste a todas las partes involucradas en el proceso penal.
Bajo esta premisa, Reynoso sostuvo que el acceso a una justicia pronta y cumplida constituye la tutela judicial efectiva a la que tienen derecho todas las víctimas y la sociedad en su conjunto.
“El debido proceso es una garantía de las partes; así como protege la presunción de inocencia, también protege el derecho de las víctimas a que su causa sea conocida sin dilaciones indebidas y bajo el principio de razonabilidad”, indicó.
“Dilatar el proceso con argumentos que contradicen la evidencia técnica, más que ejercer un derecho de defensa constituye una franca vulneración del derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación”, puntualizó Yeni Berenice Reynoso.
La procuradora general de la República garantizó que el Ministerio Público agotará todas las medidas dentro de su ámbito de competencia para asegurar que las víctimas reciban la decisión judicial a la que tienen derecho.
Sostuvo que el órgano persecutor reafirma su firme compromiso con las víctimas y ha presentado un expediente sólido que sustenta la responsabilidad penal de los involucrados.
Al mismo tiempo, dijo, se mantendrá vigilante ante cualquier intento de desvirtuar los hechos con teorías alejadas de la realidad técnica y científica del caso.