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El 90% de la electricidad será a base de carbón, agua y gas natural
(Redacción CDN/ Foto archivo )
La transformación se producirá a partir del 2016, cuando terminen los proyectos diseñados por el Gobierno
Si la apuesta del Gobierno en materia eléctrica se da, para el 2016, cuando concluya el período de la actual administración, la matriz de generación habrá dado un giro de aproximadamente 180 grados en su componente de costo, al quedar integrada mayoritariamente por los componentes gas natural y carbón mineral.
Para entonces, el fuel oil, en sus dos categorías o variedades (números 1 y 6) habrá descendido de un 52% que aportan actualmente, a sólo 4%. Por tratarse del combustible de generación más costoso, se espera que ese cambio implique una reducción de costos entre 600 y 800 millones de dólares.
La meta estatal, presentada a través de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), busca incorporar en los años 2015 y 2016 al menos 1,100 megavatios generados a base de gas y carbón, los dos combustibles de generación más barata.
La demanda para el 2016 ha sido proyectada en un nivel máximo de 2,902 megavatios, y la capacidad instalada, si se cumplen las previsiones de las autoridades, sería de 3,772 megavatios, que demandaría una inversión global de US$3,000 millones.
La programación diseñada por la CDEEE ha sido planteada sobre la base de dos proyectos, uno de dos plantas de 300 megas cada una, a carbón, y una tercera de 500 megas, a ser generados a base de gas natural.
El vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Bichara Jiménez, ha planteado en distintas ocasiones y diferentes escenarios que el punto esencial, aunque no el único, para enfrentar el déficit financiero del sector es cambiar la matriz de generación, para hacerla más eficiente y económica.
El pasado día 12, la CDEEE lanzó un nuevo proceso de licitación pública internacional para la selección del contratista que ejecutará los trabajos de ingeniería, procura y construcción (EPC) de dos unidades termoeléctricas en base a carbón con una capacidad de 300 MW cada una.
Se trata del punto de partida para la implementación de un ambicioso programa que busca transformar el esquema de generación eléctrica, que ahora está formado de la siguiente manera: 32% de generación a base de fuel oil número 6; 20%, con fuel oil número 2; 23%, de gas natural, 12% de hidroeléctrica, 11% de carbón y 2% eólica.
Según las previsiones de la CDEEE, al concluir el programa, en el 2016, el gas natural habrá escalado a una participación del 55% de la generación, el carbón mineral a 25%, la hidroeléctrica subirá a 13%, el fuel oil número 6 descenderá a una participación de apenas un 4%, mientras que el número uno estará fuera del modelo de generación. La energía eólica mantendrá su ponderación de un 2% y la solar aportará un 1%.
El impacto económico positivo se producirá por la vía del aumento de la participación de la generación a base de gas natural, carbón mineral y agua, que son las fuentes más baratas de producir electricidad. En esos tres conceptos descansará, a partir del 2016, el 90% de la generación.
La salida del mercado de las generadoras que utilizan fuel oil número 1 y la reducción de las que operan con la variedad número 2 de ese combustible, pondría a la CDEEE y a las distribuidoras de electricidad, en una posición más ventajosa, porque dependerían menos del llamado mercado “spot” para suplir las necesidades mínimas del país, cuando por cualquier circunstancia sale una o dos de las plantas que tienen contratos de suministros de electricidad.
Por lo regular, las unidades de ese mercado marginal son más antiguas y operan a base de diésel, y su costo de generación ronda los 29 centavos de dólar el kilo, lo que arrastra hacia arriba el costo, por una especie de indexación a la ineficiencia que se aplica contractualmente.
La producción más económica actualmente es la producida vía las hidroeléctricas, que representa ahora el 12%, y la generada por gas natural, que es el 23% de la oferta.
En los períodos en los que a las autoridades eléctricas son flexibles y dan luz ininterrumpidamente a todos los sectores, el costo promedio de compra aumenta y con ello el déficit. Esas situaciones ocurren en las navidades y en períodos electorales.
Las plantas ineficientes son las que están ubicadas en el bloque de costo de producción a partir de 16.2 centavos de dólar el kilovatio. Cada vez que entran al sistema plantas ubicadas en ese nivel, el precio de compra de las Edes aumenta al menos cinco centavos de dólar el kilovatio, arrastrando la generación restante al bloque ineficiente.
Los proyectos diseñados por CDEEE se fundamentan esencialmente en generación a base de carbón y gas natural, dos combustibles cuyos precios en los próximos 27 años anticipan estabilidad. Para el 2040 se espera que el millón de BTU fluctúe entre 7 y 8 centavos de dólar. l
Correlación de fuerza en el mercado cambiará
Una vez entren en operación los proyectos diseñados por las autoridades eléctricas, la propiedad de la generación habrá cambiado, dándole al Gobierno un mecanismo más contundente para negociar con los generadores privados, cuyos contratos vencen en el 2016. Ahora el Estado es dueño del 12% que aportan las hidroeléctricas y del 50% de las que producen las generadoras Itabo y EgeHaina.
El Caribe
Santo Domingo. El Sistema Electrónico de Manejo de Casos de Inspección (SICIT) fue puesto en marcha por Ministerio de Trabajo, con la finalidad de mejorar el acceso a información, disponibilidad y recolección de datos de las actividades de cumplimiento laboral e inspección del trabajo.
El nuevo sistema se integra con los programas informáticos que maneja el Ministerio de Trabajo y permite que los usuarios del mismo puedan verificar y consultar, desde cualquier lugar, toda la información relacionada con la labor de inspección del trabajo.
Esta nueva herramienta está disponible en las Representaciones Locales y asegura el inicio, seguimiento y gestión del proceso de la inspección del trabajo, registro administrativo y generación de estadísticas.
La nueva plataforma digital facilita la digitalización de la información recopilada por los inspectores de trabajo, el planeamiento y programación de visitas a empresas, centros y lugares de trabajo, administrar usuarios y sus perfiles y poder realizar auditorías de los procesos.
Santo Domingo, R.D.-Mucha oscuridad prevalece todavía sobre la incautación histórica de 9.8 toneladas de cocaína en el Puerto Multimodal Caucedo a principio de diciembre, lo que ha generado diversas contradicciones sobre su procedencia, que incluye a Colombia, Guatemala y Honduras, cuyas autoridades dominicanas aun no cuentan con una versión definitiva del caso.
Mientras declaraciones presidenciales confunden sobre la trazabilidad, las autoridades dominicanas aún no dan su versión definitiva.
Fue el pasado 6 de diciembre cuando la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) confiscó dos contenedores con sustancias ilícitas. Eran movilizadas en 320 sacos, que en total contenían de 9,587 paquetes. Ese día, las autoridades informaron que llegaron al país procedentes de Guatemala y el destino final era Bélgica.
Aunque ningún país había asumido la responsabilidad, ya que esto pondría en evidencia la falta de seguridad e incluso la posible complicidad entre entidades gubernamentales y el narcotráfico, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó ayer que la droga provenía de su país, específicamente de grupos armados del Catatumbo.
«Ya quedó claro que la contaminación tuvo lugar en la República Dominicana y que aquí las luchas de seguridad siguen firmas en la lucha contra el narcotráfico«, dijo el 12 de diciembre el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León.
Estas declaraciones surgieron un día después de que Francisco Jiménez, ministro de Gobernación para Guatemala, asegurara que en su país el caso estaba «cerrado», debido a que la República Dominicana descartó que el cargamento se produjera en ese país centroamericano.
Monto en el que se valoró la carga de la cocaína.
«No tocó suelo hondureño»
El Gobierno de Guatemala explicó que el contenedor fue inspeccionado mediante tecnología de escáner. El cargamento partió desde Veracruz, México, y realizó una escala en Puerto Cortés, Honduras, antes de ser interceptado en el puerto de Caucedo, en la provincia Santo Domingo.
Sin embargo, la Dirección General de Aduanas de Honduras confirmó que, según los registros y la trazabilidad del contenedor, este no llegó a ningún puerto hondureño, según los informes certificados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
«No hay actualizaciones sobre las 9.8 toneladas»
A pesar de que el presidente Luis Abinader informó el 13 de diciembre que la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) elaboraban un informe sobre el alijo de 9.8 toneladas de droga, Diario Libre contactó hoy a la DNCD, desde donde se reiteró que la Procuraduría General de la República (PGR) es la entidad encargada de la investigación.
El operativo para el histórico decomiso se extendió por más de 20 horas, luego de que un aviso de inteligencia alertara a los agentes sobre movimientos inusuales en uno de los bloques de la terminal portuaria. Esta alerta permitió coordinar un despliegue estratégico para inspeccionar y asegurar el área, lo que culminó en el decomiso.
- Ese día, la DNCD dijo que el contenedor en que fue encontrada la droga provenía de Guatemala y estaba destinado para llegar a Bélgica, en Europa. El 9 de diciembre las autoridades incineraron el cargamento.
Santo Domingo, R.D.-En opinión de diversos sectores de la vida nacional la sentencia del Tribunal Constitucional representa una nueva esperanza para el pueblo dominicano, por lo que La Republica reproduce un articulo publicado con respecto al tema.
La importancia de esta decisión no debe subestimarse. Históricamente, los partidos políticos han monopolizado las candidaturas, estableciendo barreras que excluyen a ciudadanos honestos y capaces que no desean someterse a la maquinaria partidaria. En este sentido, la sentencia del Tribunal Constitucional abre una puerta hacia la diversificación y la renovación política, algo imprescindible en nuestro contexto.
He escuchado opiniones divididas sobre este fallo. Algunos detractores argumentan que podría facilitar la entrada de recursos ilícitos en las campañas, ya que los candidatos independientes no contarían con los controles internos que supuestamente ejercen los partidos. Sin embargo, esta preocupación ignora un hecho evidente: desde 1961, los partidos en nuestro país han sido cómplices de candidaturas financiadas por lavadores, narcotraficantes y otros elementos oscuros.
Los datos son claros: numerosos congresistas de los partidos mayoritarios han sido sometidos a la justicia, y varios cumplen condenas en el extranjero. Este historial demuestra que la corrupción no es exclusiva de candidatos independientes, sino un problema sistémico en la política dominicana.
La sentencia de marras permite que personas desvinculadas de los partidos tradicionales puedan aspirar a cargos como senador, diputado o regidor. Este cambio es revolucionario porque reduce la dependencia del clientelismo partidario y abre espacios para ciudadanos con agendas independientes, capaces de priorizar el bienestar colectivo sobre los intereses particulares de los partidos.
Esta disposición no es exclusiva de la República Dominicana. Países como México, Colombia, Chile, Perú, Argentina, Canadá y Estados Unidos permiten candidaturas independientes, con variaciones en los requisitos y regulaciones. En muchos de estos países, las candidaturas independientes han demostrado ser una herramienta para oxigenar la política y acercarla a los ciudadanos.
La Junta Central Electoral ha anunciado la asignación de 1,500 millones de pesos a los partidos políticos para el 2025, una medida originalmente impulsada por José Francisco Peña Gómez con el objetivo de evitar que los partidos dependieran de recursos ilícitos. No obstante, la realidad dista mucho del ideal de Peña. Los partidos han convertido este financiamiento en una herramienta de control, en lugar de un medio para promover la transparencia.
Por si fuera poco, los partidos han abandonado las elecciones primarias en favor de encuestas manipuladas, utilizando estos métodos para seleccionar a candidatos que protegen sus intereses. Las cifras son alarmantes: un aspirante a regidor necesita aproximadamente 20 millones de pesos para competir; un diputado, más de 50 millones; y un senador dijo que había invertido más de 150 millones. Estas cantidades plantean preguntas inevitables: ¿De dónde proviene este dinero? ¿Deben los políticos recurrir al uso indebido de sus funciones para recuperarlo? ¿O estarán sometidos a la voluntad de sus donantes?
El fallo del Tribunal Constitucional ha sido bien recibido por la mayoría del Pueblo dominicano, y su alcance no puede pasarse por alto: permite la candidatura presidencial independiente. Este avance abre una oportunidad sin precedentes para que ciudadanos ajenos a los partidos políticos tradicionales aspiren a la posición más alta del país.
Con esta decisión, el sistema político dominicano se acerca un poco más a la verdadera representación democrática, donde el poder no es monopolio de los partidos, sino una expresión genuina de la voluntad ciudadana. Sin embargo, este nuevo panorama trae consigo retos importantes, como garantizar la transparencia en el financiamiento de estas candidaturas y establecer reglas claras que fomenten la equidad en la competencia electoral.
El desafío ahora recae en la sociedad dominicana: aprovechar este hito para fortalecer nuestra democracia y evitar que los mismos vicios que han plagado a los partidos tradicionales se trasladen a esta nueva modalidad de participación política.