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El 90% de la electricidad será a base de carbón, agua y gas natural
(Redacción CDN/ Foto archivo )
La transformación se producirá a partir del 2016, cuando terminen los proyectos diseñados por el Gobierno
Si la apuesta del Gobierno en materia eléctrica se da, para el 2016, cuando concluya el período de la actual administración, la matriz de generación habrá dado un giro de aproximadamente 180 grados en su componente de costo, al quedar integrada mayoritariamente por los componentes gas natural y carbón mineral.
Para entonces, el fuel oil, en sus dos categorías o variedades (números 1 y 6) habrá descendido de un 52% que aportan actualmente, a sólo 4%. Por tratarse del combustible de generación más costoso, se espera que ese cambio implique una reducción de costos entre 600 y 800 millones de dólares.
La meta estatal, presentada a través de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), busca incorporar en los años 2015 y 2016 al menos 1,100 megavatios generados a base de gas y carbón, los dos combustibles de generación más barata.
La demanda para el 2016 ha sido proyectada en un nivel máximo de 2,902 megavatios, y la capacidad instalada, si se cumplen las previsiones de las autoridades, sería de 3,772 megavatios, que demandaría una inversión global de US$3,000 millones.
La programación diseñada por la CDEEE ha sido planteada sobre la base de dos proyectos, uno de dos plantas de 300 megas cada una, a carbón, y una tercera de 500 megas, a ser generados a base de gas natural.
El vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Bichara Jiménez, ha planteado en distintas ocasiones y diferentes escenarios que el punto esencial, aunque no el único, para enfrentar el déficit financiero del sector es cambiar la matriz de generación, para hacerla más eficiente y económica.
El pasado día 12, la CDEEE lanzó un nuevo proceso de licitación pública internacional para la selección del contratista que ejecutará los trabajos de ingeniería, procura y construcción (EPC) de dos unidades termoeléctricas en base a carbón con una capacidad de 300 MW cada una.
Se trata del punto de partida para la implementación de un ambicioso programa que busca transformar el esquema de generación eléctrica, que ahora está formado de la siguiente manera: 32% de generación a base de fuel oil número 6; 20%, con fuel oil número 2; 23%, de gas natural, 12% de hidroeléctrica, 11% de carbón y 2% eólica.
Según las previsiones de la CDEEE, al concluir el programa, en el 2016, el gas natural habrá escalado a una participación del 55% de la generación, el carbón mineral a 25%, la hidroeléctrica subirá a 13%, el fuel oil número 6 descenderá a una participación de apenas un 4%, mientras que el número uno estará fuera del modelo de generación. La energía eólica mantendrá su ponderación de un 2% y la solar aportará un 1%.
El impacto económico positivo se producirá por la vía del aumento de la participación de la generación a base de gas natural, carbón mineral y agua, que son las fuentes más baratas de producir electricidad. En esos tres conceptos descansará, a partir del 2016, el 90% de la generación.
La salida del mercado de las generadoras que utilizan fuel oil número 1 y la reducción de las que operan con la variedad número 2 de ese combustible, pondría a la CDEEE y a las distribuidoras de electricidad, en una posición más ventajosa, porque dependerían menos del llamado mercado “spot” para suplir las necesidades mínimas del país, cuando por cualquier circunstancia sale una o dos de las plantas que tienen contratos de suministros de electricidad.
Por lo regular, las unidades de ese mercado marginal son más antiguas y operan a base de diésel, y su costo de generación ronda los 29 centavos de dólar el kilo, lo que arrastra hacia arriba el costo, por una especie de indexación a la ineficiencia que se aplica contractualmente.
La producción más económica actualmente es la producida vía las hidroeléctricas, que representa ahora el 12%, y la generada por gas natural, que es el 23% de la oferta.
En los períodos en los que a las autoridades eléctricas son flexibles y dan luz ininterrumpidamente a todos los sectores, el costo promedio de compra aumenta y con ello el déficit. Esas situaciones ocurren en las navidades y en períodos electorales.
Las plantas ineficientes son las que están ubicadas en el bloque de costo de producción a partir de 16.2 centavos de dólar el kilovatio. Cada vez que entran al sistema plantas ubicadas en ese nivel, el precio de compra de las Edes aumenta al menos cinco centavos de dólar el kilovatio, arrastrando la generación restante al bloque ineficiente.
Los proyectos diseñados por CDEEE se fundamentan esencialmente en generación a base de carbón y gas natural, dos combustibles cuyos precios en los próximos 27 años anticipan estabilidad. Para el 2040 se espera que el millón de BTU fluctúe entre 7 y 8 centavos de dólar. l
Correlación de fuerza en el mercado cambiará
Una vez entren en operación los proyectos diseñados por las autoridades eléctricas, la propiedad de la generación habrá cambiado, dándole al Gobierno un mecanismo más contundente para negociar con los generadores privados, cuyos contratos vencen en el 2016. Ahora el Estado es dueño del 12% que aportan las hidroeléctricas y del 50% de las que producen las generadoras Itabo y EgeHaina.
El Caribe
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Son imprescriptibles actos de corrupcion de exministros de Danilo Medina por tratarse de criminalidad organizada, dice MP.
Santo Domingo, R.D.-La titular de la Procuraduria Especializada de Persecucion de Corrupcion Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, sostuvo al responderlle a la defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, que la corrupción administrativa, como la que se le imputa al exfuncionario y a otros más de los gobiernos del expresidente Danilo Medina, «son casos de criminalidad organizada«, los cuales la ley establece que son «imprescriptibles».
Durante la continuación de la réplica ante el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Ortiz sostuvo que la acusación contra Guerrero y los también exministros Gonzalo Peralta y José Ramón Peralta son procesos de criminalidad organizada porque «contienen todas y cada una de las características» de la criminalidad compleja u organizada.
Tiene la particularidad de ser «un grupo de funcionarios públicos que se coalicionan, que se asocian con empresarios, con testaferros, que pagan sobornos, que mueven activos, que falsifican documentos, que crean estrategias para estafar al Estado», aseveró.
Sostuvo que no solamente la Ley 10-05 del Código Procesal Penal, modificada por la 97-25, contempla que el crimen organizado es imprescriptible, también los tratados internacionales, a los cuales está suscrito la República Dominicana y que tienen el mismo imperio de la normativa local.
La procuradora adjunta manifestó también que, en cuanto al plazo razonable, la jurisprudencia y los acuerdos internacionales han concluido que la extinción de la acción penal no puede plantearse con un simple «conteo matemático» en casos de corrupción como los que se conocen actualmente en el país por la complejidad de estos procesos.
Las indagatorias por las que se llevó a los tribunales se hicieron en el 2021 por los hechos que se le cuestionan durante su gestión en el Ministerio de Hacienda, añadió Ortiz.
La titular de al Pepca citó que el Tribunal Constitucional, en su sentencia TC-0770-24 y la Corte Interamericana han establecido que, aunque los plazos están establecidos por ley, «hay condiciones y circunstancias que deben verificarse para establecer la razonabilidad de esos plazos. Dilaciones del proceso propias de la misma dinámica de los procesos», subrayó.
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La defensa del exministro de Hacienda aseguró que en la réplica que ha hecho el Ministerio Público no ha logrado presentar ni una sola prueba que otorgue posibilidad de que el exfuncionario sea condenado por las acusaciones.
María del Pilar Zuleta, del equipo de abogados de Guerrero, sostuvo que debe preocupar que el órgano acusador manifieste que el plazo para investigar en el proceso penal no tiene un límite, cuando no es así.
«El Código Procesal Penal le fija unos límites para investigar, especialmente cuando el ciudadano está sometido a medidas de coerción«, sostuvo Pilar Zuleta fuera del tribunal a periodistas.
Otro de los puntos que, según dice hay que cuestionar, es sobre que en la acusación no se deben depositar las pruebas, solo enunciarlas.
«Y estas dos afirmaciones del Ministerio Público son preocupantes porque demuestran que no están dispuestos a someterse al debido proceso para hacer sus acusaciones«, dijo la abogada.
San Francisco de Macorís.-Un médico general, identificado como Wilber Polanco Sanz, quien trabaja en una policlínica en el municipio de Las Guáranas, provincia Duarte, fue acusado de violar a una joven haitiana, de 20 años de edad, mientras acudió a ese centro a hacerse una sonografía.
La joven indicó que después de que el doctor le introdujo el transductor endovaginal y le informó que no estaba embarazada, le dijo que tenía “una enfermedad, no sé cómo se llama, unos cositos y él me dijo que no es peligroso», que me pondría unos medicamentos y se me iban a quitar. «Después él dijo que me volteara encima de la cama”, y supuestamente abusó de ella diciéndole que “era un procedimiento normal”.
Tras la acción, dijo que el galeno la amenazó con llamar a Migración si informaba lo ocurrido.
De acuerdo a la fiscal de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, Sandra Sierra Difó, el galeno tiene tres denuncias por haber violado a otras mujeres, por lo que, al intercambiar información con el cuerpo del orden, fue detenido.
Al ser cuestionado sobre las acusaciones, Polanco Sanz negó los hechos y dijo que la joven que supuestamente es evangélica no sabía que para el estudio había que introducirle un aparato por su vagina.
“Ella parece que es evangélica y sintió vergüenza y se tapó la cara”. “Le introduzco el transductor, le hago el estudio y le entrego su estudio; la secretaria se lo entra en un sobre y la paciente sale muy normal”, dijo.
“Ahora díganme ustedes, ¿una persona a la que uno haya intentado abusar de ella, como ella dice, que yo me desnudé, que la violé, que le introduje los dedos, va a salir caminando normal? Yo tengo todo grabado; ella puede decir que hasta la cabeza le introduje, pero es su palabra contra la mía; yo tengo cámaras, que dicen cómo salió ella de allá”, sostuvo Polanco.
De acuerdo a la fiscal, se están realizando todas las investigaciones necesarias para sustentar el caso. El profesional de la salud será sometido a la justicia en las próximas horas.
SANTO DOMINGO.-Mirna Ortiz, procuradora de corte, sostuvo este miércoles que la defensa del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez se muestra desordenada y continúa presentando argumentos débiles frente a las pruebas aportadas por el Ministerio Público en el proceso judicial que se lleva en su contra por corrupción administrativa.
“Tenemos tres días escuchando incidentes planteados de forma desorganizada, que no permiten al tribunal concretar ciertamente cuáles son las pretensiones de las partes y el tribunal dio un plazo hasta el miércoles a las 2:00 de la tarde para que organicen su estrategia y se presenten de forma organizada en el tribunal”, dijo la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Mirna Ortiz, quien representó al Ministerio Público en la audiencia junto a los fiscales Emmanuel Ramírez y Aurelio Valdez, ofreció detalles del proceso en respuesta a preguntas de periodistas que cubren el juicio que se ventila en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
En la jornada de este miércoles la defensa del acusado Alfredo Solano Augusto continuó presentando incidentes.
Conforme al expediente, Rodríguez Sánchez malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador General de la República.
También, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.