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El 90% de la electricidad será a base de carbón, agua y gas natural
(Redacción CDN/ Foto archivo )
La transformación se producirá a partir del 2016, cuando terminen los proyectos diseñados por el Gobierno
Si la apuesta del Gobierno en materia eléctrica se da, para el 2016, cuando concluya el período de la actual administración, la matriz de generación habrá dado un giro de aproximadamente 180 grados en su componente de costo, al quedar integrada mayoritariamente por los componentes gas natural y carbón mineral.
Para entonces, el fuel oil, en sus dos categorías o variedades (números 1 y 6) habrá descendido de un 52% que aportan actualmente, a sólo 4%. Por tratarse del combustible de generación más costoso, se espera que ese cambio implique una reducción de costos entre 600 y 800 millones de dólares.
La meta estatal, presentada a través de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), busca incorporar en los años 2015 y 2016 al menos 1,100 megavatios generados a base de gas y carbón, los dos combustibles de generación más barata.
La demanda para el 2016 ha sido proyectada en un nivel máximo de 2,902 megavatios, y la capacidad instalada, si se cumplen las previsiones de las autoridades, sería de 3,772 megavatios, que demandaría una inversión global de US$3,000 millones.
La programación diseñada por la CDEEE ha sido planteada sobre la base de dos proyectos, uno de dos plantas de 300 megas cada una, a carbón, y una tercera de 500 megas, a ser generados a base de gas natural.
El vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Bichara Jiménez, ha planteado en distintas ocasiones y diferentes escenarios que el punto esencial, aunque no el único, para enfrentar el déficit financiero del sector es cambiar la matriz de generación, para hacerla más eficiente y económica.
El pasado día 12, la CDEEE lanzó un nuevo proceso de licitación pública internacional para la selección del contratista que ejecutará los trabajos de ingeniería, procura y construcción (EPC) de dos unidades termoeléctricas en base a carbón con una capacidad de 300 MW cada una.
Se trata del punto de partida para la implementación de un ambicioso programa que busca transformar el esquema de generación eléctrica, que ahora está formado de la siguiente manera: 32% de generación a base de fuel oil número 6; 20%, con fuel oil número 2; 23%, de gas natural, 12% de hidroeléctrica, 11% de carbón y 2% eólica.
Según las previsiones de la CDEEE, al concluir el programa, en el 2016, el gas natural habrá escalado a una participación del 55% de la generación, el carbón mineral a 25%, la hidroeléctrica subirá a 13%, el fuel oil número 6 descenderá a una participación de apenas un 4%, mientras que el número uno estará fuera del modelo de generación. La energía eólica mantendrá su ponderación de un 2% y la solar aportará un 1%.
El impacto económico positivo se producirá por la vía del aumento de la participación de la generación a base de gas natural, carbón mineral y agua, que son las fuentes más baratas de producir electricidad. En esos tres conceptos descansará, a partir del 2016, el 90% de la generación.
La salida del mercado de las generadoras que utilizan fuel oil número 1 y la reducción de las que operan con la variedad número 2 de ese combustible, pondría a la CDEEE y a las distribuidoras de electricidad, en una posición más ventajosa, porque dependerían menos del llamado mercado “spot” para suplir las necesidades mínimas del país, cuando por cualquier circunstancia sale una o dos de las plantas que tienen contratos de suministros de electricidad.
Por lo regular, las unidades de ese mercado marginal son más antiguas y operan a base de diésel, y su costo de generación ronda los 29 centavos de dólar el kilo, lo que arrastra hacia arriba el costo, por una especie de indexación a la ineficiencia que se aplica contractualmente.
La producción más económica actualmente es la producida vía las hidroeléctricas, que representa ahora el 12%, y la generada por gas natural, que es el 23% de la oferta.
En los períodos en los que a las autoridades eléctricas son flexibles y dan luz ininterrumpidamente a todos los sectores, el costo promedio de compra aumenta y con ello el déficit. Esas situaciones ocurren en las navidades y en períodos electorales.
Las plantas ineficientes son las que están ubicadas en el bloque de costo de producción a partir de 16.2 centavos de dólar el kilovatio. Cada vez que entran al sistema plantas ubicadas en ese nivel, el precio de compra de las Edes aumenta al menos cinco centavos de dólar el kilovatio, arrastrando la generación restante al bloque ineficiente.
Los proyectos diseñados por CDEEE se fundamentan esencialmente en generación a base de carbón y gas natural, dos combustibles cuyos precios en los próximos 27 años anticipan estabilidad. Para el 2040 se espera que el millón de BTU fluctúe entre 7 y 8 centavos de dólar. l
Correlación de fuerza en el mercado cambiará
Una vez entren en operación los proyectos diseñados por las autoridades eléctricas, la propiedad de la generación habrá cambiado, dándole al Gobierno un mecanismo más contundente para negociar con los generadores privados, cuyos contratos vencen en el 2016. Ahora el Estado es dueño del 12% que aportan las hidroeléctricas y del 50% de las que producen las generadoras Itabo y EgeHaina.
El Caribe
Santo Domingo, R.D.-Eran presuntos miembros de una red criminal dedicada al narcotráfico dos hombres y una mujer que fueron encontrados muertos con múltiples impactos de balas en la carretera Federico Basilis de Jarabacoa y la ciudad de Santiago, según la La Policía Nacional.
informó que los dos hombres encontrados muertos con múltiples impactos de bala en la carretera Federico Basilis de Jarabacoa, eran presuntos miembros de una red criminal dedicada al narcotráfico, y se les vincula directamente con el reciente asesinato de una mujer en Santiago de los Caballeros.
Los fallecidos fueron identificados como Natanael Peña, alias “El Cha”, y un hombre conocido hasta el momento como “La Rata”.
Según el informe preliminar, estos hombres mantenían una disputa por el control de puntos de drogas con Margarita Díaz García, alias “La China”, quien fue ultimada recientemente en La Yagüita de Pastor, en Santiago.
Las autoridades señalan que Díaz García y su pareja, Roberto Hans Sánchez Tejada, alias “El Flaco”, operaban la distribución de sustancias en esa zona.
El cruce de información entre la Dirección de Investigación (Dicrim) de La Vega y Santiago conectó ambos casos. La Policía Científica confirmó que los casquillos recolectados en la escena del asesinato de «La China» en Santiago coinciden en todas sus características con los levantados donde hallaron a «El Cha» y «La Rata», en el sector La Virgen de Jarabacoa.
El análisis de cámaras de seguridad permitió a las autoridades identificar el vehículo utilizado en el ataque de Santiago: una yipeta Honda CR-V, rojo vino (placa G-763855). El vehículo había sido rentado por Ruddy Manuel Moran Almonte, alias “La Pólvora”, un reconocido delincuente de la zona.
Durante los operativos desplegados en Jarabacoa, la Policía retuvo la yipeta mencionada, la cual era conducida por Erika Martínez Peralta, de 26 años. Al ser interrogada, la joven confesó que «La Pólvora» le había ordenado abandonar el vehículo.
Martínez Peralta guió a unidades élites de la Policía hasta una villa en el sector El Pedregal, donde se escondían los prófugos. Al notar la presencia policial, los hombres armados huyeron hacia una zona boscosa cerca del río Baiguate. Durante la persecución cayó abatido Miguel Marine Rodríguez, alias “La Cabra”.
A «La Cabra» se le ocupó una pistola calibre 9 milímetros. Los análisis balísticos confirmaron que esa fue el arma utilizada tanto en el asesinato de «La China» en Santiago, como en la ejecución de «El Cha» y «La Rata» en Jarabacoa.
La información del GPS proporcionada por la empresa de alquiler de vehículos evidenció que el sistema registró que la yipeta hizo una parada a las 4:15 de la madrugada del 20 de mayo de 2026 en el sector La Virgen, en Jarabacoa. Este fue el lugar y la hora exacta en la que los sicarios ejecutaron y abandonaron los cuerpos de Natanael Peña y el apodado «La Rata».
Santo Domingo, R.D.-Fue aprobado en primera lectura en la Cámara de Diputados el proyecto que tiene el objetivo de reformar la Ley 16-92 del Código de Trabajo, el cual contiene diversas variaciones con respecto al documento actual.
Una de las alteraciones está centrada en la licencia por paternidad otorgada a los trabajadores. Para el Gobierno, el nuevo contenido que tendría la regulación laboral representa “un aumento del 100%”, ya que elevaría el periodo de dos a cuatro días.
“Hemos logrado consensos en aumento en un 100% de la licencia por paternidad a cargo de la empresa”, comunicó el 26 de agosto de 2024 el entonces ministro Luis Miguel De Camps, quien dirigió los diálogos realizados con empresarios y sectores sindicales antes de presentar la base del proyecto de ley que en la actualidad conoce el Congreso Nacional.
En las discusiones que han desarrollado durante más de un año, los legisladores habían acordado elevar la cantidad de días a siete, pero, finalmente, se limitaron a respaldar la recomendación enviada por el Poder Ejecutivo.
“Cuatro días laborables de licencia por paternidad con disfrute de salario para el caso de alumbramiento de la esposa o de la pareja debidamente registrada en la empresa”, dicta el nuevo texto que contendría el artículo 54 del documento.
Asimismo, algunos congresistas entendían necesario incluir a los hermanos en la lista de parientes que son considerados cuando el empleado requiera de una licencia por duelo establecida en cuatro días.
Esto significa que únicamente los familiares que aplican para ese caso son los abuelos, padres, hijos o la pareja del asalariado.
Por otro lado, los representantes de la cámara baja aprobaron también la realización de un cambio en la entrega de las propinas a los empleados de hoteles, restaurantes, cafés, barras y bares, “en general en los establecimientos comerciales donde se expande comida o bebida para su consumo en esos mismos lugares”.
Aunque se registraron intentos por parte de algunos senadores y diputados de eliminar ese apartado, la propuesta legislativa mantuvo el 10% de gratificación que debe entregar el empleador, recolectado de un tributo colocado a cuenta pagada por el consumidor. Esta bonificación no incluye al personal que integra el área gerencial y administrativa.
Según establece la pieza, los trabajadores y empleadores de los establecimientos podrán acordar que el repartimiento porcentual de la propina derive de criterios que “tomen en consideración la generación del porcentaje de propina en cada una de las áreas de servicios de los establecimientos, así como la posibilidad de incluir a quienes no asistieron a sus labores ese día”.
Uno de los temas más conflictivos dentro del proceso de debate que ha causado el tema de la reforma laboral es la cesantía, luego de que el sector empresarial haya manifestado en diversas ocasiones la intención que tienen de modificarla, a través de la colocación de un límite.
El proyecto legislativo también agrega una figura antes no contemplada para los procesos judiciales: El juez conciliador.
Este tendría la responsabilidad de proponer soluciones razonables, a través de reflexiones que considere oportunas, para intentar que el empleador y el asalariado logren un acuerdo cuando tengan conflictos reportados ante los juzgados.
Asimismo, los diputados colocaron un tope para establecer una duración máxima de 24 meses para el término de los procesos judiciales.
Momentos después de que la sociedad conociera sobre la aprobación del documento legislativo, alrededor de 80 colectivos comerciales se pronunciaron a través del Consejo Nacional de las Empresas Privadas (Conep) para expresar su rechazo, ya que “aspectos pueden incrementar costos laborales, generar incertidumbre jurídica y dificultad para generar nuevos empleos formales”.
Los diputados aún no han reaccionado a las debilidades, según aseguran los comerciantes, que contiene supuestamente el proyecto de ley.
Santiago, R.D. – Las labores en los tribunales del pais fueron paralizadas por jueces, juezas y servidores judiciales que denuncian “abandono”, sobrecarga laboral y el deterioro extremo en que aseguran opera actualmente el Poder Judicial.
Vestidos de negro, con pancartas en alto y lanzando consignas frente al Palacio de Justicia de Santiago, cientos de magistrados y empleados judiciales protagonizaron una jornada de protesta que suspendió miles de audiencias y dejó prácticamente paralizada gran parte de la administración de justicia en República Dominicana.
La manifestación, respaldada por más de 450 jueces y más de 2,000 servidores judiciales a nivel nacional, fue definida por sus organizadores como un “grito desesperado” ante años de reclamos ignorados por las autoridades del sistema judicial.
“Este es un día histórico y trascendental para la judicatura nacional”, declaró la magistrada Esther Carolina Reyes Aracena, jueza sustituta de presidente en funciones del Segundo Tribunal Colegiado de Santiago, al explicar que la protesta busca obligar a las autoridades a escuchar las denuncias acumuladas durante años.
Tras el acto, jueces y empleados se trasladaron a sus respectivos tribunales para realizar la cancelación simbólica de los roles de audiencia, oficializando así el paro nacional de 24 horas, que impactará directamente miles de procesos judiciales pendientes.
La jornada alcanzó su punto más fuerte con la lectura del “Manifiesto por la Dignidad de la Justicia”, pronunciado por el magistrado Rubén Uceta, quien lanzó duras críticas contra la gestión administrativa del Poder Judicial y denunció un escenario de “crisis institucional”.
“La justicia no puede sostenerse únicamente sobre vocación, sacrificio personal y compromiso individual. La justicia requiere condiciones materiales, humanas, salariales e institucionales”, expresó el juez ante decenas de magistrados y servidores que respondían con aplausos y consignas.
El documento describe un sistema judicial golpeado por la falta de jueces, déficit de personal, bajos salarios, exceso de expedientes, renuncias masivas, inseguridad y deterioro de las infraestructuras judiciales.
Según denunciaron, la escasez de personal ha obligado a muchos empleados a asumir funciones equivalentes a las de dos, tres y hasta cuatro personas, mientras magistrados manejan cargas laborales que calificaron como “inhumanas”.
Los jueces también cuestionaron el manejo del presupuesto institucional, denunciando que, mientras tribunales operan en precariedad, se destinan millones de pesos a gastos considerados innecesarios.
Entre los ejemplos señalados, mencionaron el montaje de un árbol navideño valorado en cerca de 11 millones de pesos, así como gastos en publicidad, eventos, viajes, restaurantes e influencers.
“No a la industrialización de la justicia. No a la desigualdad salarial. No a la dilapidación de recursos en privilegios y campañas publicitarias”, proclamó Uceta durante la lectura del manifiesto.
“Ya no es tiempo de diagnósticos ni de planificación; es tiempo de decisiones concretas y ejecutables”, advirtieron.
El manifiesto dejó claro que la protesta no está dirigida contra una persona específica, sino contra “un modelo de gestión” que, según denunciaron, ha ignorado sistemáticamente los reclamos de jueces y servidores judiciales.